Fiscal Pelazzo: “La Cámara no fue permeable a la presión”

Por Diego Martínez

“Evidentemente no fueron permeables a esas presiones”, dice con satisfacción el fiscal jujeño Pablo Pelazzo. La referencia alude a los jueces de la Cámara Federal de Salta, que confirmó el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y de su ex administrador Alberto Lemos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Las presiones refieren a notas guionadas por la defensa del empresario que aparecieron en su diario amigo La Nación.

–La Cámara consideró probado el aporte de vehículos de Ledesma para los secuestros y el “conocimiento y voluntad” de que era para detenciones o traslados de personas secuestradas. ¿Está conforme? –Sólo en parte. Como sostuvimos al apelar, entendemos que ese conocimiento se extiende a la cadena de delitos que eran parte del plan de la dictadura. Es muy difícil creer que en aquel momento quien colaboraba en un secuestro no colaboraba para que esa persona no apareciera más. Y en el medio además se torturaba, es difícil suponer que sólo participaban del secuestro. Ya antes del golpe hay pruebas de gente secuestrada como parte de persecuciones que denunciaba el sindicato.
–Un testigo contó que lo colgaron de un árbol para pegarle y le decían “éste es el zurdo que hizo el paro” en el ingenio, que había una camioneta de Ledesma y sugirió que los torturadores se comunicaban con la empresa. ¿Cómo se explica el procesamiento por secuestros y no por tormentos? –En ese caso fue un testigo pero Blaquier no fue indagado por ese hecho. Esto pasó con un montón de víctimas y ahora se deben instruir nuevas causas. En términos generales los jueces se limitan a imputar dolo sólo por el aporte de las camionetas, dicen no encontrar elementos materiales que den cuenta de la participación en tormentos, como si fuera necesario encontrar elementos de tortura en las oficinas de Ledesma o sobrevivientes que cuenten haber sido torturados en la empresa. Para nosotros el tabicamiento es una forma autónoma de tortura, que se inicia cuando te ponen una venda, y eso ocurría durante el secuestro. Es autónomo, no es un empujón para subir a alguien a una camioneta. Además era sistemático.
–¿Qué dicen ellos sobre el uso de las camionetas? –Fueron cambiando de discurso. Primero negaban rotundamente haberlas aportado. Cuando ya era insostenible dijeron que “podía ser” por donaciones al hospital y a Gendarmería, y sugirieron que no habían borrado el logo de Ledesma. Más adelante hicieron distintos planteos y juegos de palabras para intentar probar que los testigos no dijeron lo que dijeron. Ahora en La Nación insisten con que nunca prestaron camionetas, cuando hay pruebas hasta en Salta, donde dos personas dijeron haber visto una camioneta de Ledesma en el destacamento de Gendarmería en Orán y se corroboró en el libro de ingresos: figuraba nombre de los choferes, dominio y decía “procedente de Ingenio Ledesma” el 24 de marzo de 1976.
–El procesamiento es para Blaquier como partícipe necesario y para Lemos como secundario porque uno facilitó los vehículos y el otro ejecutó la orden. ¿Coincide? –No, para nosotros en ambos casos hay participación primaria, porque cómplice es quien participa en un hecho ajeno. Hay un informe de la Comisión Nacional de Valores donde Lemos figura como integrante del directorio de Ledesma, es decir que no sólo era administrador.
–Lemos admitió ante Olga Arédez que pusieron cuarenta vehículos al servicio de la dictadura “para limpiar el país de indeseables”. Otro directivo, Mario Paz, se ufanaba de que Ledesma puso mucha plata para el golpe. ¿Qué dicen sobre sus dichos del pasado? –Lemos lo niega, dice que nunca habló con Olga Arédez en esos términos. En el otro caso la defensa es graciosa. Paz, ya fallecido, admitió su colaboración en el documental Sol de Noche, hay horas de filmación con pruebas interesantes. En un momento apareció un escrito de una persona diciendo que Paz le contó que le ofrecieron plata para que dijera algo escrito para el documental. Pero cuando le propone hacerlo constar ante escribano, Paz se muere y nadie puede dar fe. Es absurdo, todo Jujuy sabía que Paz era alguien comprometido con la empresa y con la dictadura.
–La Cámara dice que el aporte de Ledesma fue “desde la creación de la unidad de Gendarmería” y que un año antes del golpe ya habían prestado vehículos a la policía para trasladar gremialistas detenidos, según figura en panfletos. ¿Podría ampliarse la imputación a hechos de 1975? –Sí, hay muchos expedientes incorporados como prueba, sobre todo por la ley 20.840 o “antisubversiva” que se aplicaba a perseguidos políticos. Está ese panfleto donde se denuncia el uso de camionetas, e incluso el juez admite que no se explica el porqué de un destacamento de Gendarmería a 400 kilómetros de la frontera, no hay explicación lógica.
–Salvo que esté al servicio de la empresa. –Exacto.
–Blaquier sigue libre, la Cámara dice que no hay riesgo de fuga y sólo tiene prohibido salir del país. ¿Teme la fuga? –Sí, sobre todo porque el pedido de detención nuestro se funda en que hay muchos más delitos que se les deben reprochar a Blaquier y a Lemos, con lo cual aumenta la expectativa de pena y se presume mayor la probabilidad de que quieran entorpecer la investigación y evadir la Justicia. A su vez está la capacidad económica, que se vio en el editorial de La Nación. Pueden entorpecer de esa forma pero también de otras más directas.
–La Cámara destaca el grado de organización del servicio de seguridad de Ledesma, sostiene que tenía “su propio servicio de informaciones, registros y documentación”. ¿Qué tan activo sigue ese servicio? –La respuesta más contundente entiendo que surgió del allanamiento del juez (Fernando) Poviña a la empresa: encontró material de seguimiento de las marchas por la conmemoración de la Noche del Apagón, con detalle de participantes, número de inscripción de vehículos, oradores, panfletos y muchos detalles, en dos libros anillados de casi 500 páginas.
–El fallo de la Cámara se dio en el contexto de una campaña de medios amigos de Blaquier para desacreditar a fiscales y jueces. ¿Le preocupa la incidencia de ese lobby? –Estaba más preocupado antes. Los editoriales de La Nación estaban claramente dirigidos a deslegitimar el proceso y a presionar a los jueces. Evidentemente no fueron permeables a esas presiones, pero el impacto no deja de ser fuerte, sobre todo en Libertador General San Martín. A partir de la operación que iniciaron desde que se los citó a indagatoria trataron de instalar el miedo, la idea de que si la causa avanza la empresa puede cerrar, cuando acá sólo se persigue a dos personas por su responsabilidad concreta en delitos de lesa humanidad.

Un boleto de regreso forzado

Por Diego Martínez

La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó ayer por unanimidad el fallo que ordenó la extradición de Otilio Roque Romano, el ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza procesado por delitos de lesa humanidad que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad. Los jueces trasandinos ratificaron con su fallo que el ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano no es un perseguido político y destacaron que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Si el Tribunal Oral Federal de Mendoza accede al pedido de acumular las causas elevadas e incorporar a Romano a la lista de acusados, planteo que hoy formulará el Ministerio Público Fiscal, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos militares, policías y cinco ex jueces acusados de omitir, denunciar e investigar secuestros, torturas, violaciones y homicidios.

El fallo de la sala segunda de la Corte Suprema que pone punto final a la estadía de Romano en Chile lleva las firmas de Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, quienes confirmaron la decisión que había tomado el 18 de junio el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo. El pronunciamiento confirma además la resolución tomada a principios de 2012 por el Ministerio del Interior de Chile, que al descartar “la existencia de un fundado temor de persecución” echó por tierra la estrategia de victimización de Romano, quien pretendía hacerse pasar por víctima de “una venganza de personeros de izquierda”.
Los magistrados destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de los delitos de lesa humanidad”, y consideraron “idóneos” los antecedentes penales de Romano enviados por la Justicia Federal de Mendoza. Ante el pedido de la defensa para que se considerara la negativa de la Argentina a extraditar a Santiago Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán, los jueces supremos apuntaron que “el hecho que el Estado requirente se haya puesto en su momento en una situación que conllevó infringir el principio de reciprocidad no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción” de tratados y convenios internacionales.
El juez federal Walter Bento y luego la Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces subrogantes, habían procesado a Romano cuando todavía estaba en funciones como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones, protagonizados por militares y policías cuyanos. Los delitos que omitió investigar ocurrieron entre 1975, con la aplicación sistemática de la “ley antisubversiva” 20.840, y 1983, cuando terminó la dictadura. Romano se desempeñó en aquellos años como fiscal federal y eventualmente como juez federal subrogante de Mendoza.
En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se especializó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la dictadura. En paralelo, se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y pérdida de fueros, que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión rumbo a Chile y pidió refugio como perseguido político. Comenzó entonces la lucha de los organismos de derechos humanos y de la Justicia mendocina para extraditarlo, proceso que le valió un changüí de dos años en libertad.
El avance de las causas en ese período le permitirá a Romano compartir el banquillo de los acusados no sólo con torturadores de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con viejos compañeros. En febrero llegaron al tribunal que integran Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade las causas que tienen como imputados a los ex jueces Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos solicitó ayer, apenas conocido el fallo de la Corte chilena, la acumulación de causas para que Romano pueda ser juzgado a partir del 11 de noviembre en “un megajuicio con casi 40 imputados”, se esperanzó el abogado Pablo Salinas. Hoy formulará idéntico reclamo el fiscal federal Dante Vega, en representación del Ministerio Público Fiscal. “Estamos en condiciones de tener a todo el aparato organizado de poder en el banquillo. Será el juicio más importante de la provincia”, destacó el fiscal.

Procesaron a Sanguinetti por el caso Ledo

El juez no dio por probado que Sanguinetti haya tenido participación directa en el secuestro, pero dijo que debía cuidarlo. En la causa está involucrado el jefe del Ejército, César Milani, quien hizo el sumario en el que se consideró a Ledo desertor.

 

Alberto Agapito Ledo

Por Diego Martínez

El coronel retirado Esteban Sanguinetti, impune durante 37 años, fue procesado ayer con prisión preventiva por el secuestro y el homicidio calificado del conscripto Alberto Agapito Ledo en 1976. El juez federal Daniel Bejas no dio por probada la versión que los compañeros de Ledo le transmitieron a su madre, según la cual Sanguinetti tuvo participación directa en la desaparición, pero lo procesó porque como jefe de compañía del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja tenía la obligación de cuidar la vida y la integridad de los soldados bajo su mando. Bejas destacó en los fundamentos de su resolución “la indiferencia” de las autoridades militares, que no ordenaron buscar al soldado desaparecido, y encomendó al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación de los hechos, tarea que en el fuero militar estuvo a cargo del entonces subteniente César Milani, actual jefe del Ejército, quien luego de “las averiguaciones practicadas” tras la desaparición concluyó que Ledo “fugó del vivac” ubicado en un predio de Monteros, Tucumán.

Ledo estudió historia en la Universidad Nacional de Tucumán hasta diciembre de 1975. Al mes siguiente se incorporó como conscripto al batallón riojano y el 20 de mayo de 1976 fue trasladado a un predio de las afueras de Monteros donde el Ejército había comenzado a construir una escuela. Su madre, Marcela Brizuela de Ledo, recibió cartas de Alberto todas las semanas durante meses. El 4 de julio, cuando cumplía 21 años, fue a visitarlo y se encontró con la noticia que le transmitieron otros colimbas: Sanguinetti sacó a Ledo del campamento a la una de la madrugada del 17 de junio en un vehículo del Ejército y nunca más lo vieron.
El sumario por “deserción” estuvo a cargo de Milani. Sanguinetti sostuvo en su declaración indagatoria que, como oficial sumariante, Milani era “responsable de la investigación profunda del caso” y tenía “la misión de dejar constancia por escrito de todo lo relacionado con ese hecho”. Según las ocho fojas del sumario que hizo públicas el CELS, Milani recibió la orden de investigar doce días después de la desaparición. “De las averiguaciones practicadas” concluyó que Ledo “fugó” del campamento militar “durante la noche” del 17 de junio y nunca regresó. Detalló la ropa que llevaba, aseguró “que no ha recibido malos tratos” y que como “conocía las leyes penales” había incurrido en “deserción simple”, figura que el Ejército utilizó para encubrir las desapariciones de soldados.
Sanguinetti es el primer procesado por la desaparición de Ledo. Sus superiores en la cadena de mandos eran Osvaldo Pérez Bataglia y Jorge Pedro Malagamba. Durante su indagatoria, dijo que como ingeniero civil lo habían designado jefe de una compañía vial del Batallón y lo habían enviado a Tucumán con 150 soldados a sus órdenes. “Ledo era para mí un soldado más”, dijo. Afirmó que nunca hizo recorridas con nadie y sugirió que la fuga no debía sorprender porque el predio estaba a 500 metros de la ruta 38 y “las necesidades fisiológicas se hacían a campo abierto”, alejándose lo máximo posible por cuestiones “de decoro”.
Según el procesamiento, el conscripto que relató la salida de Sanguinetti con Ledo no pudo ser ubicado. Bejas apuntó que la investigación “no tuvo mayores avances” desde 2009 y encomendó profundizarla. No fundó el procesamiento en las acciones directas de Sanguinetti, sino en su “obligación positiva de custodia y protección de las personas bajo su guarda”. Como jefe de compañía y miembro de la estructura jerárquica del Batallón 141, con mando sobre la tropa, tenía “el deber de defender en forma explícita los bienes e intereses” de los subordinados a su cargo, más aún si lo estaban por obligación y en un contexto de terrorismo de Estado, escribió. Remarcó que los jefes militares tenían “un control absoluto y discrecional” sobre los soldados y llamó la atención sobre “la indiferencia” ante la fuga, ya que no ordenaron buscar al supuesto fugado. Sanguinetti seguirá con arresto domiciliario en su departamento al menos hasta que los médicos forenses dictaminen si está en condiciones de ser trasladado a una cárcel.

Una fuga planificada con su debido tiempo

Días antes de condenar a los dos represores ahora prófugos, el tribunal que los juzgó reforzó su guardia ante la posibilidad de que huyeran. Hay sospechas de complicidad judicial en la tramitación del traslado para ser atendidos en el Hospital Militar, de donde se fugaron.

 

Por Diego Martínez

En los días previos a la sentencia que recibieron los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, los jueces del Tribunal Oral Federal de San Juan que finalmente los condenaron por delitos de lesa humanidad tomaron nota de las versiones sobre una posible fuga y ordenaron reforzar las custodias durante los traslados y en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan donde se desarrollaron las audiencias. El miércoles 3 de julio, mientras sus defensores terminaban los alegatos, ambos militares presentaron escritos pidiendo ser trasladados de urgencia al penal de Marcos Paz, escala previa al Hospital Militar Central Cosme Argerich, donde ya tenían turnos asignados que había gestionado la mujer de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada del hospital de la avenida Luis María Campos. El tribunal frustró la maniobra al rechazar los pedidos, el jueves 4 los condenó y el lunes 8 se inició la feria judicial en San Juan. Los datos que comienzan a surgir tras la fuga sugieren que el objetivo de los represores era escabullirse antes de la sentencia y ponen de manifiesto que cayeron en oídos sordos las señales de alerta sobre una posible fuga.

Jorge Olivera y Gustavo De Marchi

Olivera y De Marchi, más allá de los secuestros, tormentos, violaciones y asesinatos que los hermanan con centenares de represores, no son dos militares más. Olivera, que en 1976 era un teniente primero de 25 años, tuvo a su cargo las tareas de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, donde cometió los delitos que le valieron una condena a prisión perpetua. Pasada la dictadura se recibió de abogado y pidió la baja del Ejército con el grado de mayor, el último al que podía llegar por ascenso directo, sin que la comisión de acuerdos del Senado se detuviera a analizar sus antecedentes. Después supo defender a un ícono del terrorismo de Estado como el general Carlos Guillermo Suárez Mason, participó del alzamiento carapintada en 1987, se benefició con la ley de obediencia debida y en el año 2000 llegó a burlar a la Justicia de Italia con la ayuda de inteligencia del Ejército. En diciembre de 2007 se ordenó su captura y estuvo once meses prófugo, hasta que la Policía Federal lo detuvo en Vicente López.
De Marchi pertenece a una familia de ganaderos de Corrientes y es hermano del empresario y capitán retirado Juan Carlos De Marchi, a quienes sus camaradas bautizaron El Electricista, por sus destrezas con la picana eléctrica. Juan Carlos supo presidir la Sociedad Rural de Corrientes y recibió en 2008 una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en su provincia. Gustavo, ahora prófugo, les advirtió a quienes lo acusaban que era un “prisionero político” y que ellos eran sus “enemigos”, y se ufanó de haber sido entrenado para fracturarle la tráquea a una persona con un movimiento de apenas dos dedos.
Durante los quince meses que duró el primer juicio a represores de San Juan, tanto Olivera como De Marchi se mostraron físicamente saludables y no manifestaron ningún problema psicológico, kinesiológico o dermatológico como los que finalmente invocaron con éxito para conseguir el traslado y lograr la fuga. Durante todo ese período estuvieron presos en el Penal de Chimbas, el mismo al que Olivera iba y venía con detenidos a los que interrogaba durante la dictadura.
En junio, a medida que se acercaba el final del juicio, llegaron a oídos de fiscales, querellantes y jueces distintos rumores sobre la planificación de una fuga en el traslado de los imputados desde el Penal de Chimbas hasta el rectorado de la universidad. El tribunal que integraron Raúl Fourcade, Héctor Cortés y Alejandro Piña reclamó entonces más agentes al Servicio Penitenciario de San Juan, que los trasladaba cada día hasta la sala de audiencias, y también a la Policía Federal, que tenía a su cargo la custodia del edificio.
El 3 de julio, mientras el tribunal trabajaba contrarreloj para poder dictar la sentencia antes del inicio de la feria judicial, Olivera y De Marchi, por separado, presentaron sendos escritos en los que pedían el traslado a Marcos Paz por supuestos problemas de salud. En ambos casos adjuntaron turnos que ya se habían gestionado en el Hospital Militar, según informó a Página/12 una alta fuente de la Justicia de San Juan. Durante un cuarto intermedio Olivera pidió una audiencia privada con el tribunal, que se la concedió pero en presencia de fiscales, abogados querellantes y defensores. Reiteró entonces el pedido de ser llevado con urgencia a Marcos Paz con el argumento de ver a su madre, supuestamente afectada por problemas de salud, y a su esposa, la psicóloga con grado militar Marta Noemí Ravasi, con quien dijo que intentaba recomponer un vínculo afectivo. El tribunal rechazó de hecho el pedido y anunció para el día siguiente la instancia de las “últimas palabras”.
El miércoles 4, después de las condenas, los jueces ordenaron poner a los represores a disposición del Servicio Penitenciario Federal para que los trasladara al penal que considerara pertinente. Olivera y De Marchi estuvieron en Chimbas hasta el martes 16, cuando por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que habría decidido trabajar los primeros días de la feria, los penitenciarios los trasladaron hasta Marcos Paz. Después el juez civil Miguel Angel Gálvez, como subrogante del juzgado federal, firmó la autorización para llevarlos al Hospital Militar. Gálvez declaró ayer que no recordaba el motivo invocado por los condenados, que no revisó el expediente porque entendía que ya estaba en conocimiento de Rago Gallo y que se limitó a firmar el escrito. El abogado querellante Fernando Castro acusó ayer por la tramitación del traslado a la secretaria Paula Carena de Yanello, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, a quien el tribunal que condenó a los represores ordenó investigar por su actuación durante la dictadura. Tal como informó ayer Página/12, Rago Gallo es íntimo amigo del ex camarista Otilio Romano, el hombre fuerte del Poder Judicial de Cuyo que frenó sistemáticamente el avance de las causas de lesa humanidad hasta que las acusaciones de su propia actuación en el terrorismo de Estado lo llevaron a fugarse hacia Chile para evitar terminar en la cárcel.

Para evitar nuevos puntos de fuga

INVESTIGAN LA FUGA DE DOS CONDENADOS Y PIDEN QUE NO SE TRASLADE A REPRESORES A HOSPITALES MILITARES

Por Diego Martínez

El gobierno nacional dispuso una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que sonrieron hace tres semanas al escuchar su condena por delitos de lesa humanidad y se fugaron el jueves del Hospital Militar Central Cosme Argerich. La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Argerich y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos. Distintas carteras del Ejecutivo denunciaron a los jueces que ordenaron el traslado, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal responsables de custodiar a los presos y a militares del Argerich. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en el hospital (ver recuadro). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios, ordenó que el SPF no traslade a ningún represor a ningún centro de salud militar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una acordada para que ningún juez envíe a represores procesados o condenados a unidades médicas de las Fuerzas Armadas.

Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.

El trasfondo de la fuga incluye actores del Poder Judicial, militares, médicos y penitenciarios. La señora de Olivera, militante católica que despotrica contra los “zurdos” y “el marxismo” y está sospechada de haber sido informante del Ejército durante la dictadura (ver recuadro), habría iniciado la gestión del traslado ante el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, un encumbrado miembro de la familia judicial cuyana que supo encabezar su amigo personal Otilio Romano (el ex camarista que se fugó a Chile para no ser detenido por su rol en la dictadura) y uno de los primeros jueces en pronunciarse contra la aplicación de la ley de medios. Una alta fuente oficial contó que Rago Gallo recibió de manos de Ravasi los certificados del Hospital Militar pidiendo la derivación de los represores, armó los expedientes y antes de iniciar la feria judicial dejó redactadas las resoluciones con las órdenes de traslado, que firmó finalmente el juez que lo subrogó, Miguel Angel Gálvez. En el caso de Olivera se invocaron problemas dermatológicos, y psiquiátricos en el de De Marchi, patologías que no implicaban riesgo de vida y no justificaban ningún traslado, destacó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia.
Olivera y De Marchi, condenados el 4 de julio último a prisión perpetua y 25 años de cárcel respectivamente, fueron trasladados más de mil kilómetros hasta el penal bonaerense de Marcos Paz. Desde allí, el jueves a primera hora salieron rumbo al Hospital Militar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Según la denuncia que presentó ayer el director del SPF, Víctor Hortel, “personal de Seguridad y Traslados” entregó a los represores “al personal del hospital en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”. “Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”, agrega. “No obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos”, concluye el relato de los hechos. Además de la investigación de los penitenciarios y de los jueces sanjuaninos, Hortel pidió que se investigue “al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad”, apuntó, y enfatizó que “no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido nosocomio”, en referencia a la psicóloga Ravasi.La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dispuso el congelamiento de los bienes de los prófugos.
Por la tarde, en otro comunicado, Alak informó sobre la firma de la resolución por la cual el Ejecutivo dispuso ofrecer una recompensa de dos millones de pesos a quienes brinden “información determinante para la detención” de Olivera o De Marchi. El ministro le solicitó a la Corte Suprema, en tanto, que instruya a todos los tribunales inferiores para que no dispongan traslados a ningún hospital dependiente de las Fuerzas Armadas de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. “Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”, escribió Alak, y pidió que sean derivados al Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de Ezeiza, que “está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”. “Ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria”, solicitó.
El Ministerio de Justicia explicó ayer que “para no incurrir en los delitos de desobediencia o violación de los deberes de funcionario público”, el SPF cumplió con la orden del traslado “a pesar de que se presentaba como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”. Consumada la fuga, ayer instruyó a esa fuerza para que no vuelva a trasladar a ningún represor detenido al Cosme Argerich y ordenó que se apelen las decisiones en ese sentido. Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud anunciaron además que firmarán el lunes un convenio de creación de una comisión médica para que evalúe el estado de todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad internados en centros hospitalarios de las Fuerzas Armadas, para luego determinar si deben permanecer allí o pueden ser trasladados al hospital de Ezeiza o a cárceles comunes

“El grado de humillación que sufrieron es inenarrable”

Durante seis años, Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo investigaron y realizaron entrevistas a sobrevivientes para reconstruir cómo funcionaba el centro clandestino asentado en Córdoba y los horrores que sufrieron las víctimas.

Por Diego Martínez

La Perla fue el mayor centro clandestino del interior del país. La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración es tal vez uno de los intentos más fructíferos por narrar lo inenarrable. Los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo hurgaron durante seis años en testimonios de sobrevivientes, hicieron entrevistas, procesaron archivos y contaron en 478 páginas, con un nivel de detalle poco común, la experiencia que sobrevivientes y especialistas coinciden en calificar de intransferible.

–Pertenecen a generaciones distintas: la de los desaparecidos y la de los hijos. ¿Cómo fue la decisión y la experiencia de armar el libro juntos?

Ana Mariani: –La idea de escribir sobre ese siniestro lugar y las consecuencias que todavía hoy se padecen surgió a instancias del periodista Sergio Carreras, quien señaló la carencia de investigaciones periodísticas sobre la historia reciente de Córdoba realizadas en Córdoba. Pero con Carreras coincidimos en que necesitaba a alguien que me acompañara en el arduo trabajo que significaba esta investigación. Así fue como afortunadamente se cruzó en mi camino Alejo, que tenía 25 años y unos deseos enormes de trabajar a la par mía. Cada día que pasaba me iba dando cuenta de que el pertenecer a dos generaciones era provechoso. Alejo no había nacido cuando el golpe de Estado de 1976 y podía tener esa mirada desprovista de prejuicios, imprescindible para la finalidad de la investigación.

Alejo Gómez Jacobo: –La decisión y la experiencia fueron de la mano: en lo personal sabía que no sólo era una posibilidad única de trabajar con alguien de la trayectoria de Ana, lo que significaría una madurez profesional, sino el desafío generacional de hacer frente a una temática que poco se toca y mucho se oculta entre los jóvenes, casi siempre por desconocimiento y otro tanto por temor. Fue un camino largo y con muchas dificultades, pero seguimos adelante en equipo: cuando uno dudaba, el otro empujaba. Cada uno aportó desde su lugar y el complemento fue más fructífero de lo que esperábamos. El resultado es un libro que arroja una mirada distinta, porque no sólo es un material documental, sino que conlleva un intento de sanación del vacío que quedó entre aquella generación tan golpeada y la que creció con la certeza de la democracia.

–El libro arranca contando la construcción del edificio como compensación al Ejército por una cesión de terrenos. ¿Fue pensado como campo de concentración?

A.G.J.: –Poco se sabe sobre las intenciones iniciales del Ejército. Sin embargo, se pueden ir reconstruyendo fragmentos con voces y fechas que permiten inferir que La Perla fue construida, entre otras cosas, con el propósito del exterminio. Para 1975, Menéndez asumía en el Tercer Cuerpo y los mandos castrenses ya habían decidido que Isabel tenía las horas contadas. El predio donde se ubica La Perla es, lamentablemente, el lugar justo para la “solución final” implementada: a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba, alejado de toda civilización y en pleno terreno del Ejército. Es decir que nadie podía ayudar a los secuestrados, a merced de la voluntad absoluta y mesiánica de sus captores.

–Cuentan que en 1977 hubo madres que llegaron al alambrado de La Perla a preguntar por sus hijos, que en 1976 hubo testigos de fusilamientos, y arriesgan que Córdoba fue de los lugares donde se supo sobre el terrorismo de Estado desde el primer momento. ¿A qué lo adjudican? ¿Y cuál fue el nivel de conocimiento del grueso de la sociedad cordobesa en esos años?

A.G.J.: –Córdoba es históricamente una de las provincias más politizadas del país, y no fue casual que las Fuerzas Armadas hayan concentrado el núcleo de la represión en el eje Córdoba-Santa Fe-Buenos Aires. La fortaleza de fábricas y gremios hicieron de Córdoba un foco para las reivindicaciones sociales y, por ende, un objetivo negro para el Ejército. Es decir que en Córdoba siempre hubo conciencia plena del momento histórico y político que se vivía. De todas maneras, el conocimiento sobre lo que ocurrió después, ya con la Junta en el poder, es materia de discusión: hay quienes dicen que se sabía, pero no se podía hacer nada frente a semejante aparato; otros que nada se sabía; y muchos apuntan que era imposible no saber, pero que la sociedad prefirió mirar hacia otro lado y luego fingir un supuesto desconocimiento para lavar sus culpas. Como sea, y más allá de la valentía de las Madres o de algunos testigos ocasionales de fusilamientos, la sociedad cordobesa, igual que el resto del país, estaba paralizada por la maquinaria de terror que el Ejército ejecutó a la perfección.

A.M.: –Si bien en un primer momento se podía ignorar la existencia de La Perla como campo de concentración, algunos sobrevivientes relatan que cuando pasaban por el lugar, comentaban: “Si nos traen acá, no salimos con vida”. Además, los operativos para los secuestros eran tan ostentosos que la gente no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Pero el miedo, como dice Alejo, fue una de las armas de quienes tomaron el poder, y los militares sabían muy bien que la sociedad estaba indefensa ante esa maquinaria de terror. Lo que sí es alarmante es que en la actualidad todavía pueda haber personas que nieguen esa negra historia reciente.

–Las mujeres sufrieron una violencia doble: tortura y violencia sexual, explican, y cuentan la exposición de mujeres desnudas y vendadas ante la tropa. ¿Cuánto se logró avanzar en Córdoba respecto de la violencia de género como delito específico? ¿Qué receptividad tuvo el Poder Judicial?

A.M.: –El grado de humillación que sufrieron todos los secuestrados y desaparecidos, sin excepción, es inenarrable. Pero en el caso de las mujeres, los abusos y la violencia sexual fueron una constante. Que se las expusiera desnudas ante la mirada de cantidad de gente es terrible, humillante y violento. Los testimonios en este aspecto son muy fuertes, como estar atadas de pies y manos al elástico de la cama en la sala de torturas, desnudas y rodeadas de los represores que se reían y burlaban mientras las sometían a los tormentos más grandes. Una de las sobrevivientes nos relató que la humillación es tan terrible como la tortura. Este tipo de prácticas aberrantes buscaba la destrucción psíquica y la afectación de la dignidad de las personas. Hace bastante tiempo que se viene trabajando en ese sentido y se está instruyendo una causa sobre estos delitos que se podría elevar a juicio.

Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo. Foto Bibiana Fulchieri.

–Una sobreviviente cuenta que la primera trompada en cautiverio en el D2 se la dio la Cuca Antón, una mujer policía que todos temían, y que “por suerte” no estaba la Tía Pereyra, que interrogaba e “instruía a todos”. ¿Son casos aislados o hubo otras mujeres que participaron de la represión ilegal? Y a Ana, como mujer, ¿qué lectura hace del rol de esas mujeres?

A.M.: –Antes que nada quiero aclarar que Mirta Graciela Antón, alias “la Cuca”, está cumpliendo una condena de siete años en la cárcel de Bouwer, desde julio de 2009, por la causa UP1, y ahora está nuevamente imputada en la megacausa La Perla. Esta mujer fue central dentro de la estructura represiva del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, al igual que la conocida como la Tía Pereyra, muerta ya, que de acuerdo con testimonios era terrible a la hora de torturar. De allí que esa sobreviviente nos relató que “por suerte” estaba de vacaciones la Tía, porque la tortura hubiera sido más feroz aún. Personalmente creo que el mal, el sadismo (como pellizcar los pezones, en lo que se dice era una “especialidad” de Graciela Antón), corresponde a cuestiones del género humano. Pero considero que es una discusión que supera esta entrevista.

–Una historia atípica es la del hijo del comandante de Gendarmería al que obligaban a integrar el grupo de tareas a sus 16 años, y que ya adulto termina aportando información a la Justicia y a ustedes. ¿Cómo fue el quiebre de ese hombre, que admite haberse criado en una familia nazi?

A.M.: –Además de ser atípica, es la primera vez que el hijo de un represor de Córdoba da testimonio para un libro. Su padre es uno de los imputados en la megacausa y, de acuerdo con lo que nos relató, lo obligó desde que tenía 15 años a destruir documentos, libretas de estudiantes y libros que levantaban en las casas, y a participar de los secuestros. A los 17 años comenzó a sufrir un estado de paroxismo por todo lo que había visto, hecho y vivido. Se despertaba con convulsiones y ataques de pánico, y todavía hoy no logra dormir una noche entera. Guardó un secreto durante 36 años y no deja de sorprender que se haya animado a contarlo. Cuando le preguntamos el porqué de su necesidad de contarlo ahora, su respuesta fue que comenzó a repudiar dentro de él lo que había hecho, es decir lo que le había obligado a hacer su padre. No podía más con sus recuerdos y al saber que estábamos investigando para un libro sobre un campo de concentración, después de ir a la Justicia, recurrió a nosotros. Pensamos, entre otras cosas, que el sentimiento de culpa fue el disparador de su decisión.

–Los guardias de La Perla, igual que en Campo de Mayo, eran gendarmes, que entre otras tareas buscaban a los secuestrados para llevarlos “al pozo” o a la muerte. Un sobreviviente cuenta que eran norteños, humildes y que algunos sufrían. ¿Están identificados? ¿Alguno colaboró con la Justicia?

A.G.J.: –La mayoría no están identificados y muchos se alejaron por completo para evitar correr el riesgo de quedar involucrados en la matanza. Hubo sin embargo unas pocas voces de gendarmes que se atrevieron a denunciar y cuyos testimonios fueron lapidarios, sobre todo en el primer juicio, en 2008. Tal vez el más importante fue el de un gendarme de apellido Beltrán, que relató una ocasión en que Luis Manzanelli, uno de los represores más temibles, fusiló a una pareja indefensa en un predio del Tercer Cuerpo. Beltrán fue amenazado y expulsado de Gendarmería por negarse a participar en el fusilamiento, y más de tres décadas después contó esta situación en el juicio, ante la mirada fija de Manzanelli en el banquillo de los acusados. El gendarme demostró una dignidad íntegra que le costó su trabajo y su carrera.

–Uno de los torturadores más brutales, el sargento Tejada, alias “Texas”, sacaba cartas de secuestrados a familiares y a la vez les llevaba fotos de los hijos. ¿Tiene explicación ese comportamiento?

A.G.J.: –La explicación podría encontrarse en dos aspectos que caracterizaron a la mayoría de los represores de La Perla: su mesianismo y sus contradicciones internas, que se fueron agudizando a medida que entraron en contacto con los secuestrados a los que debían fusilar. En el caso de Texas, influyeron muchas cosas: su manejo de un poder absoluto que le permitía llevar a cabo acciones inexplicables, como llevar cartas a los hijos de una pareja que acababa de torturar; su resentimiento hacia sus jefes, dado que tenía un origen humilde y según ex prisioneros se sentía excluido de los mandos superiores; y sus contradicciones, que lo llevaron a confesarle a una sobreviviente que a veces dudaba de si estaba bien lo que hacía en La Perla, es decir torturar. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que había sido formado en la Escuela de las Américas en Panamá y fue uno de los torturadores más temibles.

–Varios sobrevivientes cuentan que los represores hablaban de “pozos” y “traslados”, y que llegaron a leer “disposición final” en algunas fichas. También que el camión “iba y volvía en poco tiempo”, por lo que suponen fusilamientos y entierros cerca de La Perla. ¿Cómo fue hasta ahora la búsqueda de desaparecidos en Córdoba? ¿Hubo entierros cerca de ese campo?

A.M.: –El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) está trabajando en la ciudad de Córdoba desde febrero de 2003, cuando la Justicia federal ordenó la excavación y exhumación en el cementerio San Vicente de restos de desaparecidos. Además están realizando tareas en los predios de La Perla, ya que muchos sobrevivientes coinciden en los tiempos cortos en que los camiones iban y volvían para los “traslados”. Existe el testimonio de José Julián Solanille, un trabajador de los campos aledaños a La Perla, que expresó, tanto en el Juicio a las Juntas como en la actual megacausa, haber visto enterramientos clandestinos en la zona; cuerpos arrojados desde un helicóptero, fusilamientos, enterramientos, cuerpos hacinados en el fondo de un pozo de agua. En uno de los testimonios del libro, una persona que quería conocer la suerte de unos amigos se reunió con un militar que le dijo: “Estuvieron en La Perla. Pero si usted me pregunta dónde están enterrados, no se lo puedo decir, porque hemos cambiado alambrados, sacamos árboles, alteramos todo para que ni siquiera nosotros sepamos en qué lugar están esas tumbas”. El EAAF, a pesar de la inmensidad de los predios de La Perla, sigue trabajando en la búsqueda, ya que el clamor de los familiares sigue siendo encontrar a sus seres queridos.

–El libro cuenta con un nivel de detalle poco común los comportamientos más brutales de militares que siguen vivos y seguramente tienen familiares y amigos. ¿Tienen indicios sobre las reacciones en el entorno cercano de los represores a medida que conocen sus comportamientos?

A.M.: –En el juicio que se está realizando comenzamos a observar que en las últimas audiencias empiezan a hacerse notar los familiares y amigos de los imputados. Detrás del vidrio que separa a los militares, policías y civiles acusados, están algunos de ellos con carteles con inscripciones y fotos de muertos por organizaciones armadas. Así como hay familiares con fotos de sus desaparecidos, ellos van con esas pancartas. En una de las audiencias, cuando una testigo relataba que un militar la había manoseado de manera insistente, la esposa de ese imputado se sonreía y negaba con la cabeza mientras la testigo hablaba. La misma actitud manifiesta cada vez que se relata que su marido era uno de los que torturaba.

–Muchos sobrevivientes califican de “experiencia intransferible” la del campo de concentración. Ustedes trabajaron varios años para traducirla en palabras. ¿Sienten que lograron ese objetivo?

A.G.J.: –Trabajamos sin parar durante seis años porque nos parecía imprescindible, además de una deuda histórica como país, que se conociera la magnitud aniquiladora del mayor campo de concentración del interior de la Argentina y sus consecuencias sociales, culturales y generacionales, que todavía seguimos padeciendo. Ese era nuestro objetivo: un aporte periodístico y documental para quienes lo sufrieron, para quienes no vivieron esa etapa y para aquellos que niegan que eso haya ocurrido. Además, en mi caso, implicaba volver a tender puentes entre mi generación y la que quedó sepultada o herida en los ‘70. De todas maneras, nuestro objetivo no fue transferir la experiencia del horror de cada sobreviviente porque, como ellos dicen, es imposible. Nosotros les pedimos prestada su palabra para comunicarla, pero la experiencia de sobrevivir a La Perla es única, personal y queda encerrada en el cuerpo de quien la sufrió.

A.M.: –Sin ninguna duda, la de los campos de concentración, como cualquier situación límite, es una experiencia intransferible. Nosotros sólo fuimos intermediarios. El libro está basado en su totalidad en testimonios porque creemos que sólo quien vivió el infierno puede dar cuenta de él. Y entendiéndolo así, desde que comenzamos a recorrer este doloroso camino, supimos que teníamos que estar por fuera del relato.

El rol de la Iglesia

La Iglesia Católica aparece en distintos planos: la intimidad entre Menéndez y el cardenal Primatesta, la monja testigo del secuestro que debe irse del país para hacer una denuncia, la orden de monseñor Tortolo para que seminaristas encarcelados no puedan leer la Biblia, el “profundo cristianismo” del represor apodado “Monseñor” o “Juan XXIII”. ¿Cómo definirían el papel de la Iglesia ante el terrorismo de Estado en Córdoba?

A.M.: –Durante el terrorismo de Estado en Córdoba, la Iglesia le cerró las puertas a la mayoría de los familiares que recurría a pedir por sus seres queridos. Además, como relatamos en el capítulo “El Tercer Cuerpo y la Iglesia”, también se las cerraron al sacerdote y a los cuatro seminaristas que cometieron el “pecado” de realizar trabajos sociales en villas y con grupos de jóvenes, razón por la cual los sometieron al macabro recorrido por distintos campos de concentración de Córdoba. Y si hoy están con vida, es por la rápida actuación de esa monja compañera de ellos que no fue secuestrada, porque ese día no estaba en la casa, y se movilizó rápidamente. Cuando se pudo escapar y llegar a Estados Unidos (ella era norteamericana), luchó hasta presentar un informe sobre la situación en la Argentina en el Senado, que resultó en una gran presión internacional sobre el régimen dictatorial. Habría que agregar que además de la estrecha relación entre el entonces arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta, y Luciano Benjamín Menéndez, también existían estrechos lazos entre éstos y algunos políticos, empresarios y funcionarios de la Justicia. Está comprobado que hubo múltiples complicidades. Además, lo que narran los sobrevivientes en el libro se va corroborando con los testimonios que escuchamos diariamente en el juicio más grande que se ha llevado a cabo en Córdoba, con 43 imputados y 16 causas, con algunas acumuladas, por hechos cometidos de 1975 a 1978, que se ha dado en llamar “megacausa La Perla”.

–Una sobreviviente cuenta que en el D2 escuchaba las misas de Primatesta en la Catedral y que los represores iban a misa y volvían a torturarlos. ¿Cuál fue el rol de los capellanes en Córdoba? ¿Dónde recibían “auxilio espiritual” los torturadores de La Perla?

A.G.J.: –Algunos capellanes –porque no se puede decir que fueron todos– colaboraron por convencimiento o conveniencia con el proyecto aniquilador de la Junta Militar, y Córdoba no fue la excepción. Es decir que fueron partícipes en tanto bendecían la conciencia de los torturadores y negaban información, pese a las súplicas de los padres de desaparecidos. Córdoba es una provincia donde la Iglesia pisa fuerte y ello quedó demostrado en los vínculos de poder entre la cúpula eclesiástica y el mismo Menéndez. Como un pilar más de la represión, el rol de muchos capellanes fue el de dar el visto bueno a la matanza en nombre de Dios y en aras de salvar al país de una supuesta amenaza comunista. Uno de los represores de La Perla les contó a sobrevivientes que tenía un cura amigo que bendecía sus acciones y con el que se confesaba para “depurar” cualquier culpa por lo que estaba haciendo.

Así pagan, Videla

Por Diego Martínez

 

En mayo de 1987, cuando el Congreso se aprestaba a tratar la obediencia debida, 5400 personas dieron el visto bueno para respaldar con su firma una solicitada de “reconocimiento y solidaridad” con Jorge Rafael Videla por defender “a la Nación de la agresión subversiva”. Hace dos meses la alta sociedad despidió a José Alfredo Martínez de Hoz con 91 avisos fúnebres en el diario La Nación. Ayer, tras la muerte de Videla, condenado y preso en cárcel común, apenas 18 avisos en el diario de los Mitre reflejaron el triste y solitario final de quien fuera considerado durante no menos de veinte años ejemplo de militar y hasta estadista.

La mayor parte de los avisos los firman allegados a la familia. Sólo dos admiradores se pronuncian sobre la “injusticia” de las condenas que alcanzó a escuchar. Delia Goti de Azumendi apuntó que el dictador estaba “injustamente privado de su libertad”. Vecina de Recoleta, la señora tiene especial consideración con responsables políticos de masacres. En 2007, siempre en La Nación, expresó su “consternación” por el procesamiento de Fernando de la Rúa por los muertos que dejó al huir de la Casa Rosada.

El segundo aviso reivindica abiertamente a Videla. “Comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida”, descargó bronca el teniente coronel y abogado Rubén Brandariz. “Murió en injusto cautiverio”, lamentó, y pidió “que su muerte sirva a la verdad, la justicia y la paz entre argentinos”. El cordobés Brandariz pasó a retiro en mayo de 1976 con 51 años y, salvo que haya sido recontratado como personal de Inteligencia, no participó de la “guerra” de su ídolo. Más discreto fue el aviso de Tito Román. “Gracias, mi Tte. Gral.”, invocó el grado que Videla había perdido después de su primera condena en 1985. “Desde Córdoba despido a quien asumió con coraje grandes responsabilidades y sirvió al país con graves riesgos”, lo elogió Enrique Finocchietti. Así se llama el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba y se llamaba el secretario de Obras Públicas de Martínez de Hoz.

La única promoción del Colegio Militar que despidió a Videla fue la 81ª. La mayor parte de sus miembros nacieron en 1930, alcanzaron su máxima jerarquía durante la dictadura y pasaron a retiro tras el retorno de la democracia. Héctor Ríos Ereñú y José Caridi fueron jefes del Ejército durante la presidencia de Alfonsín. Varios rinden cuentas por su rol en el terrorismo de Estado. Víctor Pino, juzgado en Córdoba junto a Videla, fue condenado a doce años de prisión. Pino fue jefe de un regimiento del que dependían las brigadas que participaron de traslados de presos políticos y fue condenado por tres homicidios. Federico Antonio Minicucci fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada del que dependía el centro clandestino Pozo de Banfield y afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en la causa Plan Cóndor. Manuel Fernando Saint Amant fue condenado en diciembre a prisión perpetua como jefe del área militar 132 por la masacre de calle Juan B. Justo y la desaparición de seis militantes en San Nicolás. “La Promoción 81 del Colegio Militar despide a su querido oficial instructor, 1948-1951, con cariño y respeto”, volvieron a unirse ayer.

Juicio a los fusiladores de Capilla del Rosario

En agosto de 1974, el Ejército fusiló a catorce combatientes de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se habían entregado tras el frustrado intento de tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Los diarios de la época dieron cuenta de un “combate”; la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón felicitó a los militares, y los abogados que denunciaron el fusilamiento fueron asesinados o apresados durante años. Hoy, a las 9, a 38 años de los crímenes, el Tribunal Oral Federal de Catamarca comenzará a juzgar por la Masacre de Capilla del Rosario, como pasó a la historia, a los militares retirados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta, quien ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba.

El ERP planificó dos operaciones simultáneas para conseguir armas a mediados de 1974. Los objetivos: la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba, y el Regimiento 17. En la medianoche del sábado 10 de agosto, dos jóvenes en bicicleta se toparon en Banda de Varela, a pocos kilómetros de Catamarca, con un grupo de guerrilleros que se preparaba para la operación. Los ciclistas alertaron a la policía, que llegó al lugar en cuatro patrulleros. Se produjo entonces un enfrentamiento que terminó con dos militantes muertos y dos policías heridos. El ERP ordenó la retirada y sus militantes se dispersaron en tres grupos. Algunos consiguieron autos y lograron volver al campamento base en los montes tucumanos. Otros fueron detenidos en la ciudad y años después serían condenados sin conocer al juez. El tercer grupo, al mando de Antonio Fernández, del buró político del PRT-ERP, terminó aislado en las lomadas de Capilla del Señor, en Collagasta, departamento de Fray Mamerto Esquiú.

Cinco militantes que bajaron al pueblo a conseguir alimentos fueron capturados y torturados para arrancarles información sobre sus compañeros. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron al campamento se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía. Los jefes del Regimiento 17 informaron al Tercer Cuerpo de Ejército, convocaron a todos sus oficiales, e iniciaron un rastrillaje junto con la policía con el fin de “aniquilar” a los militantes, según consta en el libro histórico del regimiento. Cuando el abogado tucumano Mario Marca le pidió al ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro que intercediera para evitar más muertes, el funcionario se comunicó con el coronel Eduardo Cubas, jefe del Regimiento 17, quien le respondió que no había posibilidad de diálogo porque el Ejército “salía con instrucciones de aniquilar”. La orden la había dado el segundo comandante del Tercer Cuerpo, general Antonio Vaquero. Marca fue detenido un día después y estuvo nueve años preso.

Los guerrilleros resistieron, pero ante la superioridad numérica y de poder de fuego de militares y policías depusieron las armas y se entregaron. El mismo lunes 12 fueron fusilados. Los cuerpos fueron trasladados en helicópteros y camiones a la morgue del cementerio municipal, donde se los pudo ver con manchas de pólvora, infinidad de impactos y huesos rotos. Las autopsias de tres médicos forenses establecieron que “todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia”. Algunos fueron baleados en los brazos, ante “un gesto defensivo reflejo”. El 20 de agosto, la flamante viuda de Perón, presidenta de la Nación, felicitó a los militares por “la encomiable actitud de arrojo y valor demostrado”, que “ha dejado sentado el prestigio de la fuerza”. Entre los abogados que por esos días denunciaron las torturas y ejecuciones estuvieron Ricardo Curuchet y Silvio Frondizi, asesinados por la Triple A al mes siguiente. El ERP, en tanto, decidió responder al “asesinato indiscriminado” con “una ejecución de oficiales indiscriminada”. “Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las leyes de la guerra”, informó desde la revista Estrella Roja.

Los guerrilleros fusilados en Catamarca eran Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (Héctor Moreno), Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari. Cinco fueron enterrados como NN en el cementerio, el resto fue devuelto gradualmente a sus familiares.

La causa se inició en 2004 a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN. El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari, ambos militantes tupamaros. Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados. En mayo de 2009, el coronel retirado Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre. Con el grado de capitán, en 1974 Nakagama era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17. Siguió sus pasos Carrizo Salvadores, que entonces era asistente personal del jefe del regimiento y que en 2004 llegó a ser jefe de policía de Jujuy. Finalmente, fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya fue condenado por su actuación en La Perla. En 2010, la Cámara Federal de Tucumán confirmó los procesamientos y dictaminó que el fusilamiento era un crimen de lesa humanidad y por ende imprescriptible.

El tribunal que a partir de hoy escuchará a 65 testigos lo integran Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas (camarista en Tucumán) y Carlos Jiménez Montilla (juez del Tribunal Oral de Tucumán). Los acusados llegan a juicio en prisión: Carrizo y Nakagama en Catamarca, Acosta en el penal de Bower, en Córdoba. Están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad”. Además del Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a familiares, actuarán como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca.

Represión en el Hospital Borda

HUMBERTO HERRERA, DEL TALLER PROTEGIDO 19

“Los internados estaban consternados”

Por Diego Martínez

“Nunca imaginé que tendría que ver esa imagen. Es muy difícil de elaborar y de procesar.” La imagen: cientos de policías pertrechados para la guerra repartiendo palos, gases y balas de goma contra enfermeros, médicos, pacientes y periodistas. Quien no sale del asombro es Humberto Herrera, carpintero que desde 1989 enseña(ba) su oficio en el Taller Protegido 19 del Hospital Borda, demolido el viernes por el gobierno porteño para concretar el sueño de Mauricio Macri de construir allí un centro cívico.

Humberto llegó antes de las siete de la mañana y se encontró con un escenario impensado. “Estaba todo cercado por la infantería. Habían abierto el portón que da a la calle Perdriel, lo rompieron porque estaba soldado. Por compañeros supimos que habían entrado operarios, que estaban adentro y ya habían sacado algunas cosas al parque”, relató. “Había una enorme cantidad de policías, un cordón que va desde el paredón de Perdriel hasta la Unidad 20. Es que hace falta mucha gente, son dos hectáreas las que el gobierno quiere tomar”, explica.

“Empezamos a convocar y de a poco se fueron juntando trabajadores del Hospital y de organizaciones. Como sabíamos que el taller estaba protegido por medidas judiciales, pedíamos que se presentara un responsable del operativo y mostrara qué autorización tenía. Pero no nos permitían ingresar, tampoco a los periodistas. Se producen los primeros forcejeos y esta gente reacciona violentamente, empiezan los palos, empujones, con mucha agresividad, y se producen cuatro o cinco avanzadas de la infantería hacia los trabajadores tratando de hacernos retroceder”, relató. “Cuando llegan los primeros legisladores y muestran sus credenciales, primero no los dejan entrar, después consiguen una entrevista con alguien que admite que no tienen autorización y que tienen que retirarse. Les dan un plazo de diez minutos, y ahí empezamos a ver a través del cordón de infantería cómo se derrumbaba la construcción”, recordó Herrera.

–¿Los pacientes ven la demolición de su taller?

–Sí, hay pacientes que a esa hora están afuera de los pabellones. Algunos tienen actividades en instituciones como los talleres protegidos, pero otras implican trasladar elementos, actividades cotidianas del hospital. Además los pacientes andan con cierta libertad, no están encerrados. Los internos estaban consternados, no entendían bien qué estaba pasando. Hay distintos estados por los que atraviesan los pacientes. Esas patologías tienen mucho que ver con el registro de la realidad que se vive, pero en general todo el mundo estaba consternado.

Herrera trabajaba en la rehabilitación de internos: enseñaba en el edificio demolido a fabricar muebles para hospitales y reparticiones públicas de la ciudad. "Desde que se deshabilitó el Taller 19 estaba en otro edificio haciendo trabajos de mantenimiento y producción, sin pacientes todavía. Algunos que estaban en condiciones de salir fueron a otra sede, otros perdieron la continuidad del tratamiento. El nuevo taller está activándose lentamente y no reúne las condiciones que el gobierno dice, hay muchos problemas por el ruido y no hay espacio para que funcione un taller de carpintería y herrería. El típico taller 19 es dificultoso que pueda volver a funcionar", advierte.

--¿Imaginó algún vez a la policía reprimiendo en el Borda?

--No, nunca imaginé que tendría que ver esa imagen. Es muy difícil de elaborar y de procesar. Nosotros teníamos nuestra actividad en el taller pero además participábamos de actividades en todo el parque del hospital. Frente al 19 hay otro predio que el gobierno toma que es una cancha de fútbol donde se hicieron campeonatos y vinieron figuras célebres. Hay actividad artística con el Frente de Artistas, es inconcebible que pase todo esto es un lugar donde hay tanta vida. Si tenemos en cuenta toda la vida interna de un hospital psiquiátrico, no se está perdiendo sólo el dispositivo del taller protegido, hay muchas otras actividades altamente perjudicadas.

Herrera repasa de memoria algunas pérdidas provocadas por las palas mecánicas y se detiene en una obra artística. "En esa parte del predio quedó un elefante hecho con papel mayé. No sabemos qué van a hacer, es una obra de arte. Este operativo avasalló con todo, incluso en TV se puede ver que todas nuestras pertenencias y herramientas quedaron tiradas a la intemperie. Es que estaban de algún modo protegidas en el edificio. Sacamos cosas personales pero el resto no porque estaba bajo el amparo de una medida cautelar, nadie podía tocar nada. La diferencia es que el gobierno violó una decisión de la justicia mientras nosotros estábamos a la espera de una resolución armónica y civilizada".

PABLO VILLAN, FOTOGRAFO. UNO DE LOS PERIODISTAS AGREDIDOS

“Tiraban a mansalva”

La represión de la Policía Metropolitana no reparó en enfermeras, pacientes y tampoco en periodistas. Pablo Villán, fotógrafo del diario Crónica, fue uno de los 16 cronistas y reporteros gráficos que se contabilizaron entre las víctimas. Consultado por Página/12, contó que durante los siete años en Crónica le tocó cubrir varios episodios de violencia pero nunca había visto “a la policía tirar a mansalva a todo lo que se mueva”.

“Cuando llegamos con un cronista la policía no nos dejaba pasar. Unos enfermeros y médicos metieron presión hasta que entramos todos, serían las diez y media. El clima era muy tenso. Ya los compañeros de ATE y CTA junto con los trabajadores del lugar denunciaban enfrentamientos. Media hora después empezó el foco en el que tuve el accidente”, contó.

“Primero veo que la infantería se forma y agarran a una enfermera, una mujer con un bastón, y se la llevan para atrás entre cinco policías, incluidas varias mujeres. Veo a mi compañero filmando con el celular, me acerco para hacer la foto y me agarran desde atrás, me zamarrean, me tiran al piso. Primero un policía, después dos o tres más, todos con chombas de la Metropolitana. Ahí me doblo y me esguinzo el tobillo”, recuerda. “Mientras me zamarrean levanto los brazos para que me dejen y en ese momento alcanzo a ver a fotógrafos de La Razón y Télam, les pido que saquen fotos, y ahí me dejan y alcanzo a ver cómo se llevan a la enfermera. No le logro hacer la cara pero sí cómo la arrastran entre cuatro o cinco, uno de cada mano y de cada pie”, relata.

Villán recordó que “después hubo varios focos de violencia hasta al menos las dos de la tarde”. Cuando con otros fotógrafos intentaron ubicarse detrás de los policías, uno les dijo “no pueden”. “¿Cómo que no se puede? Nunca lo había escuchado en mi vida. Pero no respondió nada, sólo dijo ‘váyanse’. No le dimos bolilla y seguimos trabajando, tratando de cuidarnos porque la represión era a mansalva”, apuntó.

Entre las imágenes que quedaron grabadas en la mente del reportero recordó a “varias mujeres, enfermeras, doctoras o psicólogas, muy nerviosas, intentando trasladar a pacientes desencajados a lugares seguros”. “También hice la foto de un chico que, mientras se hacían asambleas, estaba tirado en el pasto, pensando, como en otro mundo.” “Escuché a la tarde a Macri diciendo que eran todos activistas pero la verdad es otra: yo vi gente que estaba trabajando y que llamaba desesperada a sus colegas de otros hospitales”, destacó. Villán, de 35 años, siete como trabajador del diario Crónica, apunta que le tocó cubrir episodios de violencia pero “ver a la policía tirar a mansalva a todo lo que se mueva, no”. “Estuve en el Parque Indoamericano, fue más jodido pero sin policía de por medio”.