En Rosario empieza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad
Tres oficiales retirados del Ejército y dos agentes civiles que actuaron en Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu serán juzgados desde hoy por 29 privaciones de la libertad, torturas y 17 homicidios agravados.
Rosario comenzará a vivir hoy su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. En el banquillo se sentarán tres oficiales retirados del Ejército y dos agentes civiles de inteligencia, imputados por secuestros, torturas y homicidios ordenados por los ex jefes del Segundo Cuerpo, generales Ramón Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri. Los delitos que llegan a juicio se investigaron en las causas conocidas como “Quinta de Funes” y “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”, dos centros clandestinos de la ciudad. El imputado más conocido es el coronel Pascual Guerrieri, que ya tiene una condena, pero goza de arresto domiciliario por ser mayor de 70 años. El más atípico es Eduardo Constanzo, que el año pasado, amenazado de muerte por sus ex camaradas, entregó información sobre víctimas y victimarios.
Raquel Negro, embarazada de siete meses, fue secuestrada en enero de 1978 en Mar del Plata junto con su hijo Sebastián. A pocas cuadras cayó su compañero Tulio Valenzuela. El grupo de tareas del Segundo Cuerpo los trasladó desde Mar del Plata hasta Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. La pareja simuló colaborar hasta lograr la liberación de la criatura de un año y medio. Galtieri decidió luego enviar a sus hombres a México junto con Valenzuela, con la misión de matar o ayudar a secuestrar a miembros de la conducción de la organización, pero infravaloró al oficial montonero: en cuanto tuvo libertad de movimientos, Tucho Valenzuela denunció la operación y obligó al futuro dictador a levantar la quinta.
Tulio y Raquel habían analizado la propuesta a solas y habían acordado cómo desbaratarla, sacrificio mediante de la mujer embarazada tomada como rehén por el Ejército Argentino. Raquel fue trasladada a parir al Hospital Militar de Paraná y aún permanece desaparecida. Tenía 28 años y una larga carrera: JP, Movimiento Villero Peronista, FAR y Montoneros. En enero pasado, su hija nacida en cautiverio recuperó la identidad y conoció a Sebastián. Valenzuela murió un par de años después en el marco de la contraofensiva contra la dictadura. El caso es el más famoso del juicio: Miguel Bonasso lo relató hace 25 años en Recuerdo de la muerte.
Guerrieri será juzgado junto con los tenientes coroneles Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, que participaron del “Operativo México”, y los civiles Constanzo y Walter Salvador Pagano, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121. El Tucu Constanzo es el primer imputado que llega a juicio tras brindar información sobre delitos cometidos por sus compañeros. Adujo que mientras estaba detenido en un cuartel militar “me quiso matar dos veces el teniente coronel Amelong” y que, por entonces, febrero de 2008, otros represores operaban para que se le revocara la domiciliaria, se lo trasladara a una cárcel, “y que me pase lo mismo que a (Héctor) Febres”, el prefecto de la ESMA que murió envenenado. Excepto Guerrieri y Constanzo, con arresto hogareño, los otros tres imputados estuvieron hasta la semana pasada en el penal de Marcos Paz.
“Quinta de Funes” y “Fábrica Militar” tramitaron por separado durante la instrucción. Como las elevaciones tenían imputados comunes, el Tribunal Oral Federal 1 decidió unificarlas para lograr un proceso más abarcativo en términos de víctimas. Igual, será un botón de muestra frente a las dimensiones del terrorismo de Estado en Santa Fe. Se los juzgará por 29 privaciones ilegales de la libertad y torturas, y 17 homicidios agravados, de personas que continúan desaparecidas. La Cámara Federal porteña que en 1985 juzgó a los ex comandantes dio por probados 668 secuestros en Santa Fe y sólo durante la gestión de Díaz Bessone, hasta octubre de 1976, se registraron 170 desaparecidos.
El tribunal a cargo del juicio lo preside Otmar Paulucci y lo integrarán Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. La acusación oficial estará a cargo de la fiscal Mabel Colalongo y como querellantes actuarán los abogados de HIJOS Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos. Los imputados tendrán defensores oficiales.
Las audiencias se harán en el segundo piso de Boulevar Oroño 940. La sala fue cuestionada por el espacio “Juicio y Castigo Rosario”, que reúne a testigos, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, porque sus dimensiones son “irrisorias” y obligarán a las víctimas a rozarse con sus torturadores. El presidente del tribunal responsabilizó a los gobiernos local y provincial, a los que requirió sin suerte una sala adecuada. Como sólo podrán ingresar treinta personas, las audiencias se transmitirán en vivo en un salón de la Cámara Federal, donde trabajará la prensa. Una pantalla gigante difundirá en la vereda las imágenes de las audiencias que el tribunal autorizó a transmitir por radio y televisión.
Juicio y Castigo Rosario iniciará la jornada a las 7.30 con una radio abierta frente a tribunales. A las 18 se realizará un acto masivo. Para hoy y mañana se prevé la lectura de la elevación de la causa y los respectivos pedidos de querella y fiscalía. Luego los imputados tendrán su primera oportunidad de declarar, con todas las garantías del Estado de derecho. A partir de la semana próxima comenzarán a declarar los noventa testigos. Antes de fin de año se dictará la sentencia.
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