Empezó el primer juicio oral y público a Bignone y otros jefes de Campo de Mayo
En un galpón de Munro, el último presidente de facto empezó a escuchar las acusaciones en su contra como responsable de cuatro centros clandestinos. El general Espósito fue excluido por su estado de salud. El general Verplaetsen se retiró por “problemas diarreicos”.
Ante una sala colmada por más de trescientas personas, una docena de camarógrafos, y con los rostros de los desaparecidos en alto sobre las manos de sus seres queridos, comenzó ayer en un galpón de Munro el primer juicio oral y público al dictador Reynaldo Bignone y a otros ex jefes de Campo de Mayo durante la última dictadura. La noticia del día fue la ausencia del general retirado Eduardo Alfredo Espósito, que por problemas de salud fue excluido del juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del que dependían cuatro centros clandestinos de tortura y exterminio, fue autorizado a retirarse a poco del comienzo con diagnóstico de “diarrea autocontenida”.
El escenario del proceso al último dictador es la antítesis del subsuelo de Comodoro Py, donde en semanas se comenzará a juzgar a los represores de la ESMA. El tribunal y las partes, incluidos los imputados, se mueven con comodidad sobre un escenario que ocupa la mitad de la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento “José Hernández”, separados por policías y dos hileras de vallas a la altura del área grande. En la otra mitad trabajan los reporteros gráficos y se ubican los allegados a las víctimas y a los militares, que ayer se contaban con los dedos de una mano. A la izquierda de los jueces hay una bandera argentina. Sobre sus cabezas no está Jesucristo crucificado. Tampoco hay policías ni judiciales de traje hostigando a la prensa o a las Madres para que se saquen los pañuelos. Sólo habrá que ver cuánto rinden los ventiladores los días en que el sol caliente el techo de chapas.
A las 9.47 ingresaron al tribunal los siete imputados, todos mayores de ochenta años. El general Santiago Riveros, al menos a la distancia, aparenta menos. El rostro pálido de Bignone, que sobresale por la altura, sugiere varios años más. Todos tienen el pelo blanco excepto el ex comisario Germán Montenegro, el único policía, a quien los militares dejaron solo durante el cuarto intermedio. El más a gusto con el rol que no eligió parecía ayer el coronel Alberto Roque Tepedino: petiso y corpulento, el pecho inflado, ceño fruncido, anteojos negros pese a las nubes. La imagen se condice con el imaginario de lo que podría ser un ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y poco tiene que ver con la del anciano en camiseta y con bolsitas de hacer los mandados retratado hace seis años mientras violaba su arresto domiciliario.
La audiencia inicial comenzó con una serie de comunicaciones de Marta Milloc, presidenta del tribunal. El último informe de los médicos forenses sobre la salud de Espósito destacó su “deterioro neurológico”, explicó la jueza. La resolución de excluirlo se tomó el miércoles pasado y ayer fue notificada a las partes. Luego informó que las audiencias se realizarán de martes a jueves porque dos jueces son titulares en otros tribunales, y agregó que se tratará de respetar el pedido de las defensas para que no superen las cinco horas, de modo de “preservar a sus defendidos”.
Por último hizo constar en actas que a primera hora, cuando agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron a retirar a Verplaetsen del Hospital Militar, los médicos entregaron un informe en el cual le recomendaron “24 horas de reposo” por el cuadro diarreico. Como el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo manifestó que el mal aún lo aquejaba, a las 10.06, veinte minutos después de llegar, fue autorizado a retirarse. El último párrafo de Milloc fueron quejas por los inconvenientes para encontrar una sala acorde (ver aparte) y disculpas a los pibes del barrio que se quedaron sin cancha de fútbol.
La lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que continuará hoy, estuvo a cargo de las secretarias Gabriela Basualdo y Débora Damonte. Sus voces se combinaron con el ruido de la lluvia, que por momentos golpeó duro contra las chapas, y con los bombos de los compañeros de Cacho Scarpati, el principal testigo de la causa, que falleció el año pasado. Desde la primera fila, a la altura de la media cancha, escuchaban atentas Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora; Sara Derothier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Judith Said, del Archivo Nacional de la Memoria; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak –que escuchó sin pestañear las críticas del tribunal–, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. A sus espaldas, cientos de jóvenes, mayoría de remeras negras del “Peronismo 26 de Julio”, y de organizaciones sociales nucleadas en “Justicia Zona Norte” y la Comisión Campo de Mayo. También estuvieron presentes Iris y Floreal Avellaneda, padres del Negrito, la primera víctima de Campo de Mayo por la que se hizo justicia, dos meses atrás, con las condenas de Riveros, Verplaetsen & Cía.
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Dimes y diretes para destinar un lugar al juicio
En la Justicia se tiran la pelota
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF-1) de San Martín dedicó ayer un párrafo especial a la cabeza del Poder Judicial y a otros poderes del Estado por las dificultades para conseguir una sala adecuada para juzgar a Bignone & Cía., situación que obligó a postergar una semana el inicio del debate. “Desde que recibimos la causa comenzamos las gestiones”, relató su presidenta, Marta Milloc. “Libramos oficio al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia con el fin de que se alquile una sala acorde, sin perjuicio de las gestiones oficiosas y pacientes del doctor (Héctor) Sagretti. No obtuvimos ninguna alternativa favorable”, afirmó. “Quien no tenía obligación institucional de resolver el problema ofreció estas instalaciones”, agregó, en referencia al intendente de Vicente López, Osvaldo García.
La postura del TOF-1, en línea con las críticas de las querellas, no se condice con el relato del tribunal supremo, para el cual “el tema estaba solucionado” y, “en cualquier caso, la solución pasaba por el Consejo de la Magistratura y por el propio tribunal” de San Martín. Según explicó a Página/12 el coordinador de la unidad de superintendencia de la Corte para juicios de lesa humanidad, Walter Venditti, “la situación fue abordada en varias reuniones y, según información del propio tribunal oral del 21 de septiembre, el inicio del debate estaba garantizado en la sala del Centro Cultural Munro”, que había “facilitado la Municipalidad de Vicente López”. Todo ello “sin perjuicio de que la Intendencia de la Cámara Federal de San Martín había conseguido un salón que reunía todas las condiciones en jurisdicción del municipio de San Martín, que finalmente fue rechazado porque al tribunal no le convenía, tal como nos lo hizo saber el Consejo de la Magistratura a través de la Dirección de Administración”, agregó.
“La Corte se enteró del nuevo inconveniente el viernes 23 de octubre por un llamado del doctor Sagretti, y desde ese momento se reactivaron en la emergencia las gestiones con los organismos pertinentes”, explicó Venditti. Tal como informó Página/12 ayer, la marcha atrás del Japonés García se produjo ante las quejas de vecinos y comerciantes de la avenida Vélez Sarsfield, quienes adujeron que el proceso “complicaría la circulación y bajaría las ventas”. “Finalmente, a partir de la nueva gestión –continuó el funcionario de la Corte–, el intendente de Vicente López, que había negado de manera repentina el auditorio antes citado, facilitó el lugar” donde ayer comenzó el juicio. “No existieron reclamos formales o informales a esta Corte, ni de los jueces actuantes ni de organismos de derechos humanos o querellas de la causa”, concluyó.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/134561-43407-2009-11-03.html
Treinta y dos años después
“Siento la nostalgia de pensar que pasaron 32 años y muchas de las mujeres de los obreros navales están muertas. Otras fueron torturadas y no pueden venir porque nunca se recuperaron psicológicamente. Algunas incluso no pudieron tener hijos con sus compañeros”, recordó ayer, entre lágrimas, Rufina Gastón. Es la mujer de Aldo Omar Ramírez, uno de los trece desaparecidos del astillero Astarsa, visto en cautiverio en Campo de Mayo. “Empezó a militar a los 14 años. A los 18 fue con los ‘cóndores’ a Malvinas. A los 22 empezó a militar en la JTP. Yo hacía trabajo social con otras mujeres de delegados en Rincón de Milberg, en Tigre, donde estaba el astillero Mastrina. En noviembre de 1975 lo secuestraron la primera vez”, recordó. “Aquí en Munro empezó a militar en la JP y aquí lo levantaron sus secuestradores. Estar hoy en este juicio es como empezar a cerrar el ciclo de memoria, verdad y justicia. Y es al mismo tiempo muy loco tener enfrente a estos tipos, ver la edad que tienen y saber que pronto se van a morir”, reflexionó.
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