El turno de los jueces chilenos

Un juez chileno solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista destituido por participar en delitos de lesa humanidad. El magistrado también requirió informes sobre el pedido de refugio presentado por Romano.

El ex camarista mendocino Otilio Romano ya nombró un abogado en Chile.

Publicado en PáginaI12.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Adalis Oyarzún, le solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista mendocino Otilio Romano, destituido por el Consejo de la Magistratura por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, por los que ya tiene procesamiento firme. El magistrado también le pidió al Ministerio del Interior de su país que le informe en qué estado se encuentra el trámite por el pedido de refugio político presentado por el ex hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza en agosto pasado, luego de huir en avión a Chile justo cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo y dejarlo sin fueros.

Romano fue durante años un pilar fundamental para obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad en las tres provincias de Cuyo, donde siguió actuando como juez incluso después de haber sido procesado. Esa particular situación fue posible gracias a una medida cautelar que le concedió un juez ad hoc y que permitió demorar durante casi un año el avance del proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. El 24 de agosto, un día antes de la sesión que terminaría con su suspensión como magistrado, Romano se tomó un vuelo de LAN rumbo a Chile, donde pidió asilo político, un beneficio que no incluye a imputados por delitos de lesa humanidad pero que le permite ganar tiempo hasta que el Estado chileno analice el caso y se pronuncie.
Una de las últimas señales de vida de Romano fue a principios de diciembre, cuando a través de un abogado presentó una carta ante la misma Cámara Federal de Mendoza para decir que se consideraba despedido, ya que el Consejo de la Magistratura le suspendió el pago de haberes (estimado en 40 mil pesos mensuales por tratarse de un camarista) al considerar que huir del país para no enfrentar un proceso judicial es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.
El 15 de diciembre, luego de un proceso en ausencia en el que varios sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza testimoniaron sobre la pasividad de Romano ante las denuncias por secuestros, torturas y violaciones, el Consejo, con voto unánime, lo separó del cargo por haber omitido en forma sistemática denunciar e investigar graves violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, a partir de fines de 1975. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, concluyó el jury.
“Ya lo vamos a traer, lo va a traer la Justicia”, declaró un día después la presidenta Cristina Fernández en Mendoza. “El Gobierno, como corresponde, va a pedir la extradición al gobierno de Chile”, agregó. Al mismo tiempo, el juez federal Walter Bento activó la orden de detención pedida por los abogados de los organismos de derechos humanos y por el fiscal general Omar Palermo, hasta entonces supeditada a la destitución.
En los últimos días de diciembre, Bento envió a la Cancillería un extenso formulario que, vía Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, debía llegar al máximo tribunal trasandino. El nombre completo de Otilio Roque Irineo Romano, mientras tanto, figura con foto y demás datos personales en un listado de las 315 personas más buscadas por Interpol junto con narcotraficantes y terroristas.
El estado de los trámites sobre Romano fue publicado por el diario trasandino El Mercurio, donde también se informó que la defensa del ex juez en Chile está a cargo de Claudio Feller Schleyer, profesor y director del departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de ese país y abogado especializado en temas criminales y delitos de carácter económico. Las gestiones de su abogado chileno sugieren que resistirá desde el otro lado de la cordillera, sin volver a huir a un tercer país. La decisión de detenerlo y extraditarlo está ahora en manos de la Corte Suprema de Chile. Si decide avanzar, la última palabra la tendrá el presidente Sebastián Piñera.