Críticas de los organismos de derechos humanos por la acordada de la Corte sobre los juicios a los represores
Los querellantes señalaron que no se ordenaron medidas concretas y que el diagnóstico está desactualizado.
Excepto por la exhortación a los jueces para que se sacudan la modorra y por la insinuación de utilizar sus facultades de superintendencia por medio de la flamante Unidad para Delitos de Lesa Humanidad, la acordada que la Corte Suprema de Justicia emitió el lunes como reacción a la polvareda que levantó la orden de la Cámara de Casación de liberar a Astiz, Acosta & Cía. generó un amplio rechazo de organismos de derechos humanos y querellantes en causas a represores. “Tardía, reiterativa, indignante”, fueron algunos de los calificativos que sondeó Página/12.
El informe que acompañó la acordada atrasa no menos de seis meses. Para los cortesanos, el juicio de Neuquén que terminó el 18 de diciembre aún “se está celebrando”, el que hace seis meses concluyó con la condena al general Carlos Caggiano Tedesco está “en etapa de juicio oral” y la causa de los ex jefes de áreas militares porteños “se podría incorporar” con la de Jorge Olivera Rovere. La unificación ya es un hecho y el juicio tiene fecha de inicio.
“Es insuficiente. A partir de un diagnóstico conocido y desactualizado, la Corte no ordena medidas concretas para superar los obstáculos que describe”, consideró Andrea Pochak del CELS. “Las agencias del Estado siguen actuando sin coordinación. Existe una unidad del Ministerio Público que realiza gran parte de las funciones que la Corte encomienda a la unidad de superintendencia. La problemática reclama acciones más enérgicas”, afirmó.
“Ratifica lo que venimos documentando hace dos años”, apuntó Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento que depende de la Procuración General de la Nación. “Admite que el Poder Judicial debe asumir su responsabilidad por la mora, abona el reclamo de celeridad y los problemas que venimos marcando y terminan de hacer crisis ahora”, resumió. Consultado sobre la creación de una unidad de superintendencia, Auat consideró que “cuando se asume el déficit y se identifican las causas, ya se está en camino de solucionarlo y toda herramienta puede ser idónea”. “Lo importante es la actitud que pone de manifiesto. Es fundamental que la unidad tenga capacidad operativa para dar las respuestas que las circunstancias exigen”, agregó. “Es muy importante que haya exhortado a los jueces a buscar mecanismos para que las causas avancen en coordinación con el Ministerio Público. Ahora hace falta que los jueces tomen nota”, rescató Pablo Parenti, coordinador de la unidad fiscal.
“Llega tarde. Los problemas tienen años, la Corte debió haber tomado cartas hace tiempo. Enumera obviedades que no profundiza, no da pautas generales porque no puede, pero tampoco específicas”, lamentó Ana Oberlin, de H.I.J.O.S. “La creación de la unidad es correcta en tanto canalice los pedidos del resto de los actores y sirva como contralor para los jueces que demoran causas, pero de nada servirá si se convierte en otra instancia burocrática que sobrecargue a los jueces que trabajan”, advirtió.
“No soluciona nada, no reestructura, no evita que liberen represores, sólo reitera lineamientos de la Procuración”, consideró Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! “Es una actualización falaz del que hace un año hizo (José Luis) Mandalunis”, titular de la Unidad de Asistencia y Seguimiento que la Corte creó en julio de 2007 con facultades similares a la que anunció el lunes. “Sindican a las querellas como responsables de pedir juicios por todos los hechos cuando ninguna causa se retrasó por las querellas. Están disfrazando de discusión jurídica un debate político: el de los límites del juzgamiento. Pretenden que aceptemos juzgar sólo casos paradigmáticos”, intuyó Godoy. “Es indignante que se señale como problema la exigencia de investigaciones completas y no fragmentadas. Las querellas tenemos el deber de pedir que se impute a todos los responsables y no a algunos como de hecho ocurre”, coincidió Oberlin.
“Reconoce en forma implícita que el Estado incumple su obligación de garantizar plazos razonables”, rescató Luciano Hazán, de Abuelas de Plaza de Mayo. “Asume con timidez el gobierno del Poder Judicial, espacio alarmantemente vacío, y reconoce por primera vez la necesidad de un cambio profundo en un proceso penal ineficaz y violador de garantías. Sin embargo, mira para otro lado ante problemas evidentes y sólo se dedica a pedir recursos, salida corporativa y conservadora. En esa tónica, avala la violación de la ley que oralizó los recursos al seguir a los jueces de Cámara en su intención de limitar la norma pero no da ningún argumento ni estudio que demuestre la imposibilidad del cambio. Mientras tanto la Cámara del Crimen aplica la ley con esfuerzo y sin su respaldo”, explicó.
“La Corte habla de demoras pese a que tiene una responsabilidad enorme y tardó dos años en resolver un incidente. Su rol en casos como Bussi o Patti da vergüenza. Enumera problemas que todos conocemos”, afirmó Pablo Llonto, abogado de la causa Campo de Mayo. “El problema es estructural. La Justicia está colapsada. Cada vez se presenta más gente, tratan de meter miles de casos en una botella y a cinco años de su reapertura las megacausas ESMA y Campo de Mayo no tienen un solo condenado. Es una situación especial y merece un tratamiento especial”, planteó Llonto.
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