La causa Posadas a juicio

INCLUYE AL DICTADOR BIGNONE Y A OTROS SEIS MILITARES Y CIVILES

Inmediatamente después del golpe de 1976, el hospital de Haedo fue ocupado por una patota que hasta armó un centro de torturas interno. El juez Rafecas elevó a juicio el caso, pero pueden pasar años antes de las audiencias.

Por Diego Martínez

Reynaldo Bignone, último dictador, era en 1976 delegado en Bienestar Social.

El juez federal Daniel Rafecas elevó ayer a juicio oral y público la causa por secuestros y torturas a médicos, enfermeros y empleados del Hospital Posadas durante los días posteriores al golpe de Estado de 1976. La elevación abarca a cinco imputados, incluido el dictador Reynaldo Bignone, en tanto otros seis estuvieron en la mira de la Justicia por su participación en los mismos delitos pero murieron a tiempo de no rendir cuentas. Por conexidad con otros expedientes vinculados con el Primer Cuerpo de Ejército, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que acumula juicios por crímenes de lesa humanidad para no menos de un lustro, dato no menor si se considera que tres imputados tienen más de 80 años.

El 28 de marzo de 1976 el policlínico Posadas, en Haedo, fue ocupado por una patota al mando del general Bignone, delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social, que designó como interventor al coronel médico Agatino Di Benedetto. En los días posteriores fueron detenidas cuarenta personas, distribuidas luego en comisarías, cárceles y la Superintendencia de Seguridad Federal. Seis fueron trasladadas a El Chalet, centro clandestino ubicado en la residencia del flamante director, dentro del predio del hospital, donde fueron interrogadas bajo tortura. El médico Jorge Roitman y el empleado Julio Quiroga nunca reaparecieron. A mediados de abril de 1976 se instaló en el hospital un grupo de tareas que los empleados llamaban “Swat”, con la misión de proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. La banda, integrada por varios civiles, ostentaba sus armas en los pasillos y participaba de operativos en la calle y en domicilios particulares.

Los imputados que llegan a juicio, además de Bignone y Di Benedetto, son el brigadier Hipólito Rafael Mariani, que como jefe de la Brigada Aérea de El Palomar tenía bajo su jurisdicción El Chalet, y dos civiles miembros del grupo “Swat” que varias víctimas reconocieron durante sus secuestros: Luis Muiña y Argentino Ríos. Según el procesamiento de Rafecas de diciembre de 2007, los seis integrantes del grupo de tareas que murieron antes de ser citados por la Justicia son el coronel Julio Ricardo Esteves, el subcomisario Ricardo Antonio Nicastro y los miembros del grupo de tareas José Faraci, Oscar Raúl Teves, José Meza y Carlos Domingo Ricci.

De los cinco imputados que pueden llegar a ser juzgados, Di Benedetto tiene 85 años, Bignone 81 y el brigadier Comes, condenado a 25 años de prisión (domiciliaria) como responsable de Mansión Seré, festejó ayer sus 82. Los tres gozan de arresto domiciliario. Ríos, de 64, y Muiña, de apenas 54, pasan sus días en el penal de Marcos Paz.

La edad de los represores sería un dato menor si los tribunales orales federales no estuvieran colapsados. Pero no es el caso. El TOF-5 comenzará a juzgar el 10 de febrero al ex comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, y a cuatro ex jefes de áreas militares. Hacia fin de año sería el turno del primer juicio a los marinos de la ESMA, con 22 imputados y centenares de testigos. En qué orden y cuándo llegarán a juicio el resto de las causas acumuladas sigue siendo un misterio. Antes que la causa del hospital Posadas ingresaron elevaciones por delitos cometidos en los centros clandestinos El Atlético, El Banco, El Olimpo, El Vesubio y también en la provincia de La Pampa, que formaba parte del Primer Cuerpo de Ejército. En diciembre la Corte Suprema de Justicia admitió que la congestión en los tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF-5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales. Aún no se conoce la respuesta.

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OTRO TESTIGO COMPROMETE A UN CAMARISTA MENDOCINO CON EL TERRORISMO DE ESTADO

Cuando la Justicia se quedó muda

Un abogado dijo que el entonces secretario del juzgado federal Carlos Martín Pereyra González le confesó haber visto a una detenida torturada en la Jefatura de Policía. Se suma a otros testimonios que señalan al juez.

Por Diego Martínez

Los acusados en San Luis: Carlos Plá, David Becerra, Luis Orozco, Miguel Angel Fernández Gez y Juan Pérez.

La relación del Poder Judicial con el terrorismo de Estado volvió al centro de la escena en San Luis. Durante la última audiencia testimonial del juicio a dos militares y tres ex policías, un abogado que durante la dictadura asistió a familiares de desaparecidos declaró que el entonces secretario del juzgado federal, Carlos Martín Pereyra González, le confesó haber visto a una detenida torturada en la Jefatura de Policía. El actual juez de la Cámara Federal de Mendoza, denunciada ante el Consejo de la Magistratura por excarcelar a todos los represores cuyanos procesados por crímenes de lesa humanidad, negó la semana pasada haber recibido denuncias de torturas y dijo que ignoraba “la magnitud de lo que estaba pasando”.

“A mi estudio llegaban familiares de presos políticos y más que defender lo que yo hacía era lobby”, arrancó Carlos Samper. El abogado contó que “al día siguiente del operativo de La Toma”, en referencia a las detenciones de Graciela Fioche-tti y Víctor Fernández el 21 de septiembre de 1976, fue a tribunales a buscar información ya que “era bastante amigo del juez (Francisco) Allende y del secretario Pereyra González”. Fue entonces que el joven magistrado “con tono amargado” le confesó: “He asistido a un espectáculo terrible que no quiero volver a ver en mi vida. He visto a esta chica torturada, pero por suerte parece que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver de Fiochetti, quemado y con las falanges cortadas.

Samper no es el primer testigo que vincula a Su Señoría con un cuerpo picaneado. Jorge Velázquez, ex miembro del Departamento de Investigaciones de la policía, declaró ante la Justicia que el secretario presenció el interrogotario de la mujer de 21 años. La semana pasada el camarista explicó que los dichos de Velázquez eran producto del “odio demencial” que le tomó en 1985, cuando como juez federal de San Luis lo condenó a 16 años de prisión.

El magistrado también negó haber recibido denuncias de torturas, aunque varios ex presos políticos sugieren lo contrario. En diciembre de 1976, durante un careo ante el juez Allende y su secretario, Juan Cruz Sarmiento se retractó de una declaración anterior porque aseguró que había sido obtenida bajo torturas de Plá y del comisario Víctor Becerra. Allí murió su denuncia. Aníbal Olivera explicó que “en la Justicia federal sabían bien lo que pasaba en la Jefatura de Policía porque estaban pared de por medio” y agregó que su primera denuncia por apremios la presentó ante Allende y Pereyra González, en la cárcel de La Plata, en febrero de 1977. “Me trataron casi como si ellos también fueran torturadores. Cuando dije lo que nos habían hecho me dijeron a los gritos que lo que estaba haciendo era un desacato a la autoridad”, agregó.

Durante su declaración, Pereyra González –igual que Allende– admitió haber devuelto al Ejército sin ordenar ninguna medida de prueba el sumario ordenado por el coronel Miguel Fernández Gez que sindicó a Montoneros como posible autor de la muerte de Fiochetti (identificada en 1985) y el “NN masculino” junto al cual la ejecutaron. El juez y su secretario lo habían solicitado a pedido de los padres de Domingo Chacón, desaparecido días antes, para verificar quién era el NN. Un día antes de la aparición de los cadáveres quemados también había presentado un hábeas corpus el padre de Santana Alcaraz, aún desaparecido. Juez y secretario no ordenaron exhumar los cuerpos y devolvieron el sumario en silencio. “No supe de desapariciones en ese momento, ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”, aseguró con lágrimas Pereyra González. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya pidieron copia certificada de su declaración.

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Para que no salgan más

RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA LIBERTAD A REPRESORES

La Secretaría de Derechos Humanos y el colectivo Justicia Ya! apelaron la decisión de tres jueces la Cámara de Casación Penal, quienes liberaron a tres comisarios que dirigieron el Pozo de Arana.

Por Diego Martínez

El centro clandestino funcionó en la comisaría de Arana: en la imagen, una inspección del juicio a Von Wernich.

Fueron jefes del Pozo de Arana, por el que pasaron decenas de desaparecidos, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró un paredón ametrallado y miles de fragmentos de restos óseos quemados. Nunca aportaron un dato a la Justicia ni a los deudos de las víctimas. Gozaron de impunidad y anonimato durante tres décadas y pasaron sólo veinte meses con arresto domiciliario. En diciembre los jueces Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi, de la Cámara Nacional de Casación Penal, adujeron que no hay razones para pensar que deseen fugarse ni obstruir la causa y los liberaron, con el visto bueno de los fiscales Juan Martín Romero Victorica y Raúl Pleé. Ante la gravedad institucional del caso y en base a jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revea la decisión, que calificó como una “arbitrariedad manifiesta, (de) carácter escandaloso e irracional”. El mismo reclamo fue presentado por el colectivo de organismos Justicia Ya!.

El comisario Miguel Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, centro clandestino del circuito Camps. Los comisarios Bernabé Corrales y Rubén Páez fueron jefes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, de la que dependía Arana. Los tres fueron detenidos en 2007 por orden del juez federal Arnaldo Corazza, que los procesó con prisión preventiva, domiciliaria por tener más de 70 años. El juez y la Cámara Federal platense les negaron la excarcelación. La Sala III de Casación, en cambio, consideró que no intentaron sustraerse de la Justicia, no violaron la prisión hogareña, no tienen intenciones de esfumarse ni de obstruir la investigación, y les revocó la domiciliaria.

El Código Procesal Penal encomienda a los fiscales la responsabilidad de apelar la medida. Pero Romero Victorica y Pleé no lo hicieron. Según el escrito de Eduardo Duhalde, secretario de derechos humanos y querellante en la causa, la competencia de la Corte y su obligación de exigirla se justifica por varias razones: la “manifiesta arbitrariedad” del fallo, la “gravedad institucional” que conlleva, “el efecto atemorizante” que genera en víctimas y testigos –máxime con Julio López desaparecido y “amenazas que aún continúan recibiendo” los querellantes– y también las obligaciones que el Estado asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El escrito enfatiza que la excarcelación no se debe aplicar de manera automática, tal como fijó la Corte Suprema (casos Bramajo en 2006, Pereyra en 2007, Suárez Mason en 2008), la Comisión Interamericana (informe 2/97), fallos de la Corte Penal Internacional y de los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Sugiere que se debe considerar la gravedad de los delitos y las altas penas en juego. Destaca que los imputados forman parte de “una estructura de poder que permanece funcionando corporativamente y continúa con la perpetración de los delitos”, en tanto las víctimas siguen desaparecidas.

En base al caso López, Duhalde destaca que existe un “aparato criminal que hasta hoy opera como mecanismo de intimidación”, enfatiza “el riesgo legítimo de que los testigos sean amenazados”, la obligación de garantizar sus derechos a la integridad física y psíquica, y la posibilidad de que los represores intenten “borrar las pocas huellas del pasado que han quedado en pie”. Por último, destaca “la incongruencia” y el criterio “palmariamente inequitativo” de la sala que integran Ledesma, Tragant y Riggi, por otorgar excarcelaciones a imputados en delitos de lesa humanidad y denegarlas en casos de delitos comunes. Si Casación rechaza el recurso, la Secretaría apelará ante la Corte.

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Avances en terreno desconocido

OCHO REPRESORES PROCESADOS POR ACTUAR EN EL CIRCUITO ZARATE-CAMPANA

Se trata de una causa sobre una serie de centros clandestinos en la zona norte que la Justicia nunca había investigado. Renunció el juez Alberto Suares Araujo, que tiene esta pesquisa junto a la megacausa Campo de Mayo.

Por Diego Martínez

El represor Santiago Omar Riveros, responsable de Campo de Mayo.

A comienzos de 1976 compartió con Videla, Viola & Cía. la gestación del golpe de Estado. Ya en dictadura fue director de Fabricaciones Militares y ministro de Obras y Servicios Públicos. Durante un tercio de siglo el muñón de la Justicia no lo rozó. Recién a fines de diciembre, a sus 85 años, el general de división Diego Ernesto Urricariet fue procesado con prisión preventiva, domiciliaria por la edad, por privaciones ilegales de la libertad en la Fábrica Militar de Tolueno Sintético, de Campana. El juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, procesó también a otros siete militares, marinos y prefectos por secuestros y tormentos en el circuito represivo de Zárate-Campana, dictó cuatro faltas de mérito y después renunció.

La investigación forma parte de la megacausa Campo de Mayo, ex sede del mayor centro clandestino del Ejército, que cuenta con medio centenar de represores identificados que aún no fueron indagados ni detenidos. Ante la constante aparición de nuevas víctimas, los querellantes le reclaman a la Procuración General de la Nación, por el momento sin éxito, la creación de una unidad especial con dedicación exclusiva, similar a la de la ESMA o el Primer Cuerpo, abocada a indagar sobre los crímenes en la ex Zona IV.

La investigación sobre delitos de lesa humanidad en el norte bonaerense comenzó en 2004, cuando la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, denunció ante el juez federal Federico Faggionatto Márquez la posible existencia de restos óseos en el ex Tiro Federal de Campana. Las excavaciones no tuvieron resultado positivo pero sirvieron para que un grupo de sobrevivientes declarara por primera vez ante la Justicia. A fines de 2004, luego de varias inspecciones oculares, Faggionatto Márquez consideró probada la existencia del circuito represivo, pero no avanzó sobre los responsables.

A partir de una directiva de la Cámara Federal de San Martín para que en esa jurisdicción se investiguen todos los delitos de lesa humanidad ocurridos en la Zona IV, que abarcó once partidos, los casos de Campana pasaron en 2008 al juzgado de Suares Araujo. El magistrado avanzó sobre los jerarcas de Campo de Mayo y elevó cinco fragmentos de la megacausa al Tribunal Oral Federal No 1 de San Martín, que el 25 de marzo comenzará a juzgar a cuatro militares y un policía por secuestrar, torturar y asesinar a Floreal Avellaneda, de 14 años.

Quién es quién

En la primera semana de diciembre, por primera vez desde la reapertura de la causa, Suares Araujo indagó a catorce célebres desconocidos por secuestros y tormentos en Zárate-Campana. A cuatro los procesó con prisión preventiva, domiciliaria por ser post-70:

- Urricariet fue director de Fabricaciones Militares. De él dependía la Fábrica de Tolueno, que según el juez “funcionaba como jefatura de área o un equivalente dentro de la Zona IV para asuntos relacionados con la subversión”. Según el inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante 1976, Urricariet participó en reuniones con Videla, Viola, Suárez Mason & Cía., en las que se gestó el golpe de Estado. En 1981 fue ministro de Obras y Servicios Públicos del dictador Viola.

- El coronel e ingeniero químico Carlos Antonio Castagna (73), que dirigía la Fábrica de Tolueno, fue procesado por siete secuestros y tormentos agravados.

- El entonces capitán de fragata Sergio Buitrago (78) fue jefe del Arsenal Naval de Zárate, donde funcionó un centro clandestino que, entre otros sobrevivientes, reconoció Juan Puthod, titular de la Casa de la Memoria de Zárate secuestrado durante 28 horas el año pasado. El juez procesó a Buitrago como partícipe necesario en secuestros y tormentos pero no por las violaciones a mujeres en cautiverio que constan en la causa, pues consideró que ningún marino pudo haber impartido semejante orden.

- El prefecto correntino Servando Ortega (74), jefe de Prefectura en Zárate, era responsable del puerto, donde funcionó otro centro de detención.

Los ex número dos del Arsenal y de la Fábrica de Tolueno fueron procesados como partícipes secundarios y por ende excarcelados. Suares Araujo no duda que conocían los hechos pero explica que no tenían personal a cargo:

- El entonces capitán de corbeta Jorge Bernardo (71), segundo de Buitrago, fue el único que aportó un dato: después del 24 de marzo, en un galpón del Arsenal, se apostaron infantes de Marina que no rendían cuentas a nadie.

- El teniente coronel e ingeniero químico Pedro Carmelo Scarlata (67), ex jefe de producción de la Fábrica de Tolueno, fue procesado como partícipe secundario en siete secuestros y tormentos.

Suares Araujo amplió el procesamiento del general Santiago Riveros (83), ex jefe del Comando de Institutos Militares, por 15 allanamientos ilegales, 32 secuestros, 48 tormentos y tres robos agravados, y también el del ex comisario Juan Fernando Meneghini (72), superior de Luis Patti en la 1ª de Escobar. Ambos gozan de arresto domiciliario.

Antes de recibir la citación, murió el vicealmirante Carlos Oscar Albino, responsable del barco patrullero “ARA Murature”, donde funcionó otro centro de torturas. Aún no rindió cuentas ante la Justicia su segundo, capitán de navío Marcos Gerardo Parera, quien según su abogado, el ex juez de la dictadura Norberto Giletta, estaría internado en el Hospital Naval por problemas cardíacos.

Con falta de mérito se beneficiaron el ex jefe del área militar 115, coronel Alberto Ramón Schollaert (reconoció que ocupó ese cargo “en la lucha contra la subversión” pero no en el circuito Zárate-Campana) el prefecto mayor Leonel Dagoberto Brashich y los ex comisarios Samuel Diamante y Santiago Olivera, quienes coincidieron en que el responsable de la comisaría de Campana era Franklin Leonetti. El juez resolvió postergar la indagatoria del ex subcomisario Domingo Fortunato hasta que declare Leonetti, si es que vive.

Luego de firmar los procesamientos, el 23 de diciembre, Suares Araujo presentó su renuncia, que debe aceptar o rechazar la presidenta Cristina Fernández. Lo subroga Juan Manuel Yalj, que esta semana denegó un pedido de excarcelación del coronel Luis Sadí Pepa (83) y declaró inconstitucional la ley que obliga a tribunales inferiores a acatar plenarios de Casación como el del caso “Díaz Bessone”, que recomienda excarcelar a los represores si no se demuestra que en libertad van a fugarse u obstaculizar las causas.

La instrucción realizada en el circuito Zárate-Campana abarca una porción ínfima de los secuestros, tormentos y asesinatos cometidos en zona norte. Las indagatorias de diciembre incluyeron los casos de apenas tres desaparecidos (Carlos Souto, Luis y Guillermo Damico) cuando sólo en Escobar hay más de sesenta. “Medio centenar de imputados aún no fueron indagados. Van desde Albano Harguindeguy, por haber ordenado traslados a Campo de Mayo, hasta capitanes y tenientes que dirigían escuelas militares o comisarios de la policía”, explica el abogado Pablo Llonto.

Ante la constante aparición de nuevas víctimas, tanto la Comisión Campo de Mayo como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicitaron a la Procuración la creación de una unidad especial con un equipo de trabajo abocado a los casos de la ex Zona IV. El procurador Esteban Righi no accedió aún al pedido pero nombró como fiscales coadyuvantes de Marcelo García Berro, para actuar ante el Tribunal Oral Federal No 1 de San Martín, a Juan Patricio Murray, fiscal federal de San Nicolás, y a Javier De Luca, fiscal general ante los Tribunales Orales Federales porteños.

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Las cuentas pendientes de la Justicia

PEDIRAN QUE SE INVESTIGUE A UN EX JUEZ Y A UN CAMARISTA DE SAN LUIS

Por Diego Martínez

El juez federal de San Luis durante la dictadura, Eduardo Allende, y su secretario Carlos Pereyra González, actual camarista federal mendocino, admitieron que familiares de desaparecidos presentaban hábeas corpus pero negaron haber recibido denuncias de torturas, tal como indicaron testigos del juicio a militares y policías que instruye el Tribunal Oral Federal. En base a un sumario instruido por la policía a partir del “hallazgo” de dos cadáveres NN en Salinas del Bebedero, que los magistrados pidieron y devolvieron al Comando de Artillería 141 sin ordenar ninguna medida, pese a que habían recibido denuncias de desapariciones, el abogado Enrique Ponce, de APDH, anticipó a Página/12 que pedirá que se investigue a ambos por posible encubrimiento en la privación ilegal de la libertad y los tormentos a los desaparecidos Pedro Ledesma y Santana Alcaraz.

El gran ausente del juicio es el obispo emérito Juan Rodolfo Laise, acusado por el coronel Miguel Fernández Gez de pedirle que hiciera desaparecer a un cura que quería casarse. Pese a que el tribunal nunca envió el exhorto para notificarlo, Laise informó por medio del abogado del arzobispado, Jorge Shortrede, que no piensa declarar. Ayer Cancillería le informó al tribunal su voluntad de notificar al cura e instrumentar la logística para que declare por videoconferencia. El problema es que el trámite demoraría no menos de diez días y para hoy están previstos los últimos testimonios. “Laise no es obispo en funciones y no tiene prerrogativas especiales. Declarar es una carga pública, lo contrario es desobedecer la orden del juez”, explicó el abogado de la APDH.

“No supe de desapariciones en ese momento, puedo asegurar que ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”, aseguró con lágrimas Pereyra González, que a diferencia de su declaración en los ‘80, según Ponce, ahora admitió que recibían hábeas corpus. Juan Vergés y Aníbal Oliveras señalaron que el juzgado no dio curso a denuncias por torturas que formularon al secretario, quien igual que el ex juez negó haberlas recibido.

Allende y Pereyra González admitieron haber devuelto al Comando sin ordenar ninguna medida el sumario policial ordenado por Fernández Gez que sindicó a Montoneros como posible autor de la muerte de Graciela Fiochetti, identificada en 1985, y de un “NN masculino”. Cuando Ponce le preguntó a Allende por qué no ordenó exhumar la tumba NN para verificar si allí estaba Domingo Chacón, cuya desaparición habían denunciado días antes sus padres, el ex juez se quedó mudo y sugirió que no tenía competencia. “¿Por qué no lo remitió al juez de turno?”, insistió el abogado. Allende no supo qué decir. El pedido de investigación se formalizará en los primeros días de febrero, cuando comiencen los alegatos.

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La Justicia en Bahía Negra

SIN CONDENAS Y MAS PROFUGOS EN CAUSAS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Con connivencia judicial se produjeron cuatro nuevas fugas de represores en Bahía Blanca, donde continúa lejos la posibilidad de llevar a juicio las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Por Diego Martínez

Al coronel Alvarez (foto), que ya estaba prófugo, se sumaron los represores Fantoni, González, Taffarel y Granada.

Cuatro nuevos prófugos con ayuda de Su Señoría. Apelaciones que hibernan durante meses en la Cámara Federal, la misma que el Consejo de la Magistratura investiga por perseguir a delegados gremiales. Magistrados que pese al reclamo de celeridad de la Corte Suprema de Justicia se niegan a suspender la feria judicial y asignan a otras tareas al personal designado para causas de la dictadura. Ni una sola diligencia para esclarecer el secuestro y asesinato de los obreros gráficos y sindicalistas del diario naval La Nueva Provincia. A tres décadas de los más brutales crímenes de lesa humanidad de su historia y a dos de una actuación judicial ejemplar para enfrentar las leyes de impunidad, Bahía Blanca no tiene un solo condenado y sigue lejana la posibilidad de concretar un juicio acorde a la magnitud del genocidio local.

Hace un año, Página/12 denunció que varios militares se profugaban con el visto bueno del juez federal Alcindo Alvarez Canale. La maniobra consistía en reiterarles varias veces la citación a indagatoria para que tuvieran tiempo de mudarse. Cuando Su Señoría concluía que no tenían intenciones de rendir cuentas ante la Justicia y ordenaba las detenciones, en sus casas sólo quedaban mirra y agua para los camellos. El único capturado de aquella tanda fue Julián “Laucha” Corres, que luego se escabulló de la Policía Federal. Otros se presentaron cuando quisieron y sigue bien guardado el coronel Aldo Mario Alvarez, el mismo que cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL.

En 2008 el método se perfeccionó. En lugar de declarar el secreto de sumario y ordenar las capturas en silencio, el juez notifica la medida al defensor oficial, que nada puede ni debe hacer antes de la detención, y le comunica al jefe de la cárcel de Villa Floresta nombre y apellido de los futuros huéspedes. Así toman conocimiento los abogados del resto de los imputados, incluidos los militantes Eduardo San Emeterio y Alfredo Bisordi, dueños de alertar a quien les plazca. De este modo, Alvarez Canale logra frustrar la medida que ordena en los papeles. Cuando recibe pedidos de intervenciones telefónicas o allanamientos para buscar documentación, Su Señoría los rechaza, notifica a las partes y deja constancia en el expediente principal, de modo que si más tarde la Cámara los acepta la medida perdió sentido, pues el dato es prácticamente público.

Un ejemplo reciente muestra la eficacia del método. El 10 de noviembre Alvarez Canale ordenó detener a los coroneles Hugo Carlos Fantoni, Luis Alberto González, Carlos Alberto Taffarel y Norberto Eduardo Condal, y al teniente coronel Jorge Horacio Granada. El único capturado, el jueves último en La Plata, fue Condal, que entre 1975 y 1979 alternó destinos entre el Destacamento de Inteligencia 181 y la Jefatura II del Cuerpo V, ambos en Bahía Blanca, y que fue condenado en 2004 como miembro de una asociación ilícita que realizaba tareas de espionaje sobre jueces, abogados y periodistas para informar al jefe de inteligencia del Ejército, general Jorge Miná, sobre las causas contra represores en Córdoba.

De los nuevos prófugos es el coronel Fantoni quien ostentó la mayor jerarquía durante la dictadura y el único que integró el Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. Su último domicilio conocido es en 9 de Julio 5072 (en Capital Federal). Los otros tres son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 al que pertenecía el fallecido suboficial Santiago Cruciani, hasta hoy el único interrogador identificado de La Escuelita:

- El entonces mayor Luis Alberto González fue en 1975 segundo jefe del Destacamento, que ese año tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce, y pasó a ser jefe en 1976, cuando se habilitó la mesa de torturas en el centro clandestino. En 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 que investiga el juez federal Ariel Lijo. Vivió sus últimos años en La Rioja 2464 y San Martín 2365 (Santa Fe).

- El entonces capitán Jorge Horacio Granada, que cobró fama por la ayuda económica que recibió de su amigo Luis Abelardo Patti durante el año que estuvo prófugo por sus andanzas en el Batallón 601, estuvo en Bahía Blanca entre 1975 y fines de 1977. Ese año fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo. Tiene casas en Santa Fe 3388 PB 5 (Capital) y en Bartolomé Cruz 1971 (Olivos).

- Carlos Alberto Taffarel integró el Destacamento entre 1976 y 1980, como teniente primero y luego capitán. Hasta que decidió guardarse vivió en O’Higgins 2300 7º B (Capital).

Con el nuevo aporte de Alvarez Canale, la causa bahiense es la segunda del país en cantidad de represores que burlan con éxito a la Justicia –la megacausa ESMA encabeza la lista, con seis, aunque tiene más de 50 procesados– y se eleva a 45 la cifra de prófugos por delitos de lesa humanidad, por lejos la más estable de todas las situaciones procesales desde que se reabrieron las causas. La Unidad Especial de Búsqueda del Ministerio de Justicia, creada el año pasado con cinco millones de pesos de presupuesto, más dos millones para pagar recompensas y el único fin de encontrar a los prófugos, aún no tiene ni siquiera un sitio web con la foto y el prontuario de cada uno.

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Para probar la tortura

EXHUMARAN LOS RESTOS DEL ABOGADO RADICAL MARIO AMAYA

A 32 años de su muerte, exhumarán el cadáver para corroborar los testimonios sobre el maltrato que sufrió Amaya en sus últimos meses. Fue secuestrado por Adel Vilas en 1976.

Por Diego Martínez

Hipólito Solari Yrigoyen había sido abogado de Mario Amaya y también fue detenido en 1976.

Treinta y dos años después de su muerte, producto de las torturas que recibió en el Cuerpo V de Bahía Blanca y en el penal de Rawson, los restos del abogado radical Mario Abel Amaya serán exhumados para corroborar los testimonios sobre el maltrato que sufrió durante sus últimos dos meses de vida. La medida ordenada por el juez federal Hugo Sastre tendrá lugar el 18 de febrero en el cementerio de Luján de Cuyo, San Luis.

Abogado ejemplar, defensor de presos políticos y amigo personal del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, Amaya murió el 19 de octubre de 1976 en la enfermería de la cárcel de Villa Devoto. Sus padecimientos habían comenzado dos meses antes, en la madrugada del 17 de agosto, cuando uniformados al mando del entonces mayor Carlos Alberto Barbot se lo llevaron de su casa de Trelew. El operativo había sido ordenado por el general Adel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V de Ejército, e incluyó la detención en Puerto Madryn de Hipólito Solari Yrigoyen, otro abogado de presos políticos que había defendido al correligionario Amaya durante la anterior dictadura militar.

Los golpes comenzaron durante el secuestro, siguieron durante el vuelo a Bahía Blanca y se volvieron rutina en el Batallón de Comunicaciones 181, donde pasaron una semana junto a otros treinta cautivos. Vendados, encapuchados, atados de pies y manos, a los padecimientos propios se sumaron las violaciones de los militares a una mujer secuestrada, que Solari Yrigoyen relató en 1985 durante el Juicio a las Juntas.

De allí pasaron a La Escuelita bahiense. “Fue el descenso al infierno: gritos, llantos, asfixia, electricidad –recordó el radical–. Un compañero habló y lo mataron ahí mismo. ‘No jode más, fuera de combate’, dijeron.” “Como Amaya tenía asma debieron interrumpir los tormentos. No podía respirar, lo autorizaron a dormir sentado”, agregó.

Ante la presión internacional, el 31 de agosto el general Vilas montó una parodia para simular que habían sido secuestrados por desconocidos. Amordazados y encapuchados, los trasladaron en una camioneta del Ejército, los tiraron al costado de una ruta cerca de Viedma y fraguaron un tiroteo que concluyó sin víctimas y permitió blanquear a los abogados.

El 11 de septiembre, junto a un grupo de economistas de la Universidad del Sur, los hicieron formar fila en la cárcel de Villa Floresta y los cargaron como bolsas de papas en el avión que los trasladó a Rawson, donde “sufrimos el más feroz de todos los castigos”, contó Solari. “Vas a pagar lo que hiciste como diputado, el mayor te tiene entre ojos”, les confesaban los guardias en referencia a Barbot, autoridad militar de la zona que tras el retiro se dedicó a la seguridad privada. En el pabellón de presos políticos hablaron por última vez. Amaya tenía la cabeza partida, tanto que a su amigo le costó reconocerlo. “No veo. Estoy mareado. No me dan remedios. Me estoy muriendo”, fue lo último que le dijo.

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La pista del amigo de Etchecolatz

EN LA CAUSA LOPEZ, INICIARON LAS PERICIAS EN EL AUTO HALLADO EN MAR DEL PLATA

El juez decretó el secreto de sumario cuando comenzó a estudiarse el vehículo en el que Julio López habría sido trasladado. El Gol estaba en la casa del médico Carlos Osvaldo Falcone, quien visitó dos veces al represor poco antes de la desaparición del testigo.

Por Diego Martínez

El hallazgo del auto es tomado “con esperanza pero con cautela” por la familia de López.

Mientras el Volkswagen Gol azul localizado en Mar del Plata, en el que habría sido trasladado Jorge Julio López tras su secuestro, comenzó a ser analizado en busca de rastros del testigo de-saparecido, el juez federal platense Humberto Blanco, que subroga al titular Arnaldo Corazza, decretó ayer el secreto de sumario en la investigación. El vehículo desmantelado, oxidado, sin patente ni faros ni ruedas, fue secuestrado el martes en la casa de Carlos Osvaldo Falcone, un médico retirado de la policía bonaerense que visitó al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz al menos en dos oportunidades durante los 45 días previos a la segunda desaparición de López, el 18 de septiembre de 2006.

“Tomamos el hallazgo con esperanza pero con cautela, para no crearnos falsas expectativas”, declaró Rubén López, hijo del testigo clave del juicio que concluyó con la condena a prisión perpetua de Etchecolatz.

Fuentes judiciales vinculadas a la investigación desmintieron la versión –que circuló ayer– de inminentes excavaciones en las afueras de Mar del Plata y confirmaron que la Asesoría Pericial de La Plata comenzó a analizar las agendas, celulares y documentos recolectados el martes durante los allanamientos que se realizaron en dos domicilios de Falcone, uno en Mar del Plata y el otro en Pehuajó, donde reside el policía.

El nombre de Falcone surgió a partir del relato de un testigo que no fue tenido en cuenta durante un año y medio. Entre otras, la pista volvió a ser investigada a partir de la reactivación de la causa en noviembre, cuando el caso López pasó a la secretaría especial para delitos de lesa humanidad a cargo de Juan Martín Nogueira. El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, aportó detalles del secuestro y la desaparición del cuerpo de López, que habría sido tirado en la zona de La Serena, en Mar del Plata, cerca del domicilio del médico cercano a Etchecolatz.

Carlos Osvaldo Falcone tiene 66 años y una larga trayectoria en la policía bonaerense. Pasó a retiro en octubre de 2005 con el grado de capitán, equivalente a comisario o subcomisario antes de que León Arslanian reestructurara la maldita policía. Su nombre figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y también entre las personas que el ex director de Investigaciones de Ramón Camps solicitó que fueran autorizadas a visitarlo en el penal de Marcos Paz. De los cruces registrados en la causa también surgen varios llamados a la residencia del genocida en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, que prueban su íntima relación con la familia de Etchecolatz.

Falcone lo visitó en la cárcel al menos dos veces: el 9 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, tres días antes del secuestro, el mismo día en que los abogados que patrocinan a López hicieron su alegato y pidieron la condena a perpetua del represor. Ambos registros no permiten descartar otros encuentros, pues como se comprobó en la investigación el Servicio Penitenciario Federal no registró la mayor parte de las visitas.

“El hallazgo de este auto lo tomamos con esperanza pero con cautela, para no crearnos falsas expectativas. Dicen que ahí habrían trasladado a mi viejo, pero primero hay que encontrar pruebas adentro del auto para empezar a tener una luz de esperanza”, dijo Rubén López, hijo del albañil. “Ojalá –agregó–. Dios quiera se encuentre algo como para empezar a tener un panorama de lo que pasó.”

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“Parece que hubieran sido títeres”

UN CORONEL CRITICO LA OBEDIENCIA DEBIDA

Por Diego Martínez

Fernández Gez (el segundo a la derecha) en los tribunales de San Luis.

La obediencia debida volvió al ruedo de un modo impensado. A dos décadas de la sanción de la ley que garantizó la impunidad a las Fuerzas Armadas, un lustro de su anulación en el Congreso y tres años desde que la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, por primera vez un militar imputado por crímenes de lesa humanidad argumentó ante un tribunal constitucional sobre el absurdo que implica no juzgar a secuestradores, torturadores y asesinos por el solo hecho de que cumplían órdenes superiores. “¡Parece que ustedes hubieran sido títeres manejados a control remoto!”, ironizó con bronca el coronel Miguel Angel Fernández Gez, ex jefe del Comando de Artillería 141 de San Luis, ante la pretendida inocencia del coronel Guillermo Daract, por entonces su asesor como jefe de la Plana Mayor del Comando, peculiar testigo en estos días.

Fernández Gez rinde cuentas ante el Tribunal Oral Federal puntano junto al capitán Carlos Plá y tres ex policías de San Luis por el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, previos secuestros y torturas de rigor. Hace más de un año, como informó Página/12, el coronel de 81 años declaró que mientras cumplía su arresto domiciliario recibió la visita de Daract y los tenientes coroneles Juan Carlos Moreno y Jerácimo Dante Quiroga. “Me exigieron que asumiera mi responsabilidad por haber sido el comandante”, dijo, y agregó que le relataron en detalle la ejecución de Fiochetti en septiembre de 1976. La visita había sido en octubre de 2006 pero decidió incluirla en el expediente un año después, tras la detención del Chueco Plá, que se reunió con sus camaradas en un bar porteño mientras estaba prófugo.

Daract se explayó lunes y martes sobre “ideas extrañas al sentir nacional” y la “moral occidental y cristiana”, dijo no conocer “a nadie que haya estado en contra de la lucha contra la subversión apátrida” y aseguró ignorar que las Fuerzas Armadas hayan torturado y matado también en San Luis. “Nunca lo hubiera aceptado”, afirmó, según la exhaustiva crónica del periodista Gustavo Senn. El militar admitió que luego de un enfrentamiento que culminó con la muerte de un militante montonero encontró “información que justificaba un procedimiento” y recomendó acciones rápidas, léase las detenciones e interrogatorios de las víctimas por las que se juzga a sus camaradas, pero se desvinculó de las consecuencias de sus consejos.

Daract admitió la visita a Fernández Gez pero no el motivo. No fueron a apretarlo sino a “solidarizarse”, dijo. Aseguró que no confesaron ninguna ejecución y que se enteró por Página/12 de la versión de su superior. Fue entonces cuando Carlos Mercado, abogado del imputado, pidió el careo, una discusión fuerte dominada por la vergüenza, que les impidió mirarse a los ojos. Daract no dudó en atribuir todas las responsabilidades al entonces comandante Fernández Gez, que con furia hizo trizas la legitimidad de la obediencia debida. “¡Parece que ustedes hubieran sido títeres manejados a control remoto, que no tenían participación en las decisiones y que el único responsable era yo! –gritó el viejo coronel–. ¡Tienen que hacerse cargo de su responsabilidad!”, reclamó en vano el comandante.

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Con mejor suerte que Astiz

LA CAMARA DE CASACION EXCARCELO A TRES REPRESORES PLATENSES

Se trata de Miguel Kearney, quien fue jefe del Destacamento de Arana, y Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, autoridades de la Brigada de Investigaciones. La decisión se basó en que, supuestamente, no hay peligro de que se fuguen o traben la investigación.

Por Diego Martínez

El Pozo de Arana, donde se encontraron fragmentos de restos óseos y un paredón con impactos de bala.

Hace treinta años comandaron el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones, dos de los principales centros clandestinos de La Plata. El brazo corto de la ley los alcanzó recién en mayo de 2007, pero nunca pisaron la cárcel. Como tienen más de setenta años gozaron de arresto domiciliario. Tampoco durante demasiado tiempo. Apenas veinte meses. El 22 de diciembre la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, con los votos de Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi, consideró que nunca intentaron sustraerse de la Justicia, que no hay razones para pensar que quieran fugarse y les concedió el derecho a esperar el juicio en libertad.

Tras la reapertura de causas de la dictadura, La Plata fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el capellán Cristian von Wernich. Pero no hubo aún un juicio acorde a la magnitud de las torturas y homicidios del circuito Camps. En el horizonte apenas se vislumbran el que juzgará a los jefes de la comisaría 5ª y a torturadores de la Unidad 9. Recién después podría llegar Arana y la Brigada de Investigaciones. Durante la espera, los represores mueren de viejos. En 2008, sólo en La Plata, fallecieron Juan Fiorillo, Mario Alberto Jaime y Carlos Vercellone.

Miguel Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, donde se acaban de encontrar fragmentos de restos óseos y un paredón repleto de impactos de bala. Por allí pasaron más de doscientos secuestrados, la mayoría desaparecidos. En 1986 la Cámara Federal porteña ordenó la detención del “Inglés” Kearney. No se concretó gracias a la Obediencia Debida. Los jueces de Casación consideraron para liberarlo que “no registra antecedentes penales”. Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales fueron jefe y subjefe de la Brigada, donde se interrogaba y distribuía a las víctimas a otras cuevas de Ramón Camps. El 30 de noviembre de 1977, cuando María Cifré de Iriart fue a ver a su hija, el comisario Páez le dijo “recién la llevaron”, en teoría, para liberarla. No volvió a verla. Es una de las víctimas por las que fue condenado Von Wernich. Corrales lo secundaba en el mando.

El juez Arnaldo Corazza y la Cámara platense les negaron la excarcelación a los represores. Los jueces Ledesma, Tragant y Riggi sostuvieron que, pese a la gravedad de los delitos y la elevada pena prevista, no hay peligro de fuga, no obstruyeron la investigación, son ancianos con familia como Dios manda y se portaron bien durante el arresto domiciliario. Días antes la misma Sala III había ordenado liberar a Daniel Jorge Lencinas, guardia de Arana. A diferencia del fallo de Casación que ordenó el cese de las preventivas de Astiz, Acosta & Cía., las liberaciones de los policías no habrían sido apeladas por ningún fiscal y por lo tanto se concretaron la semana pasada.

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“Falta compromiso de muchos jueces”

ENTREVISTA CON EL JUEZ ROBERTO FALCONE SOBRE LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA CON EL TERRORISMO DE ESTADO

Miembro del tribunal que instruye el Juicio por la Verdad en Mar del Plata, Falcone admite que “si hay impunidad es porque el Poder Judicial es funcional”. Reconoce el rol de la Corte Suprema y cree que las próximas acordadas “serán para apurar los juicios” a represores.

Por Diego Martínez

La responsabilidad judicial “en Mar del Plata se traduce en que no hubo aún un juicio oral”, cuenta Falcone.

En medio de las críticas de organismos de derechos humanos a la “desidia, indolencia o complicidad” de la Justicia, y tras el rechazo que generó la acordada de la Corte Suprema, el juez Roberto Atilio Falcone, miembro del Tribunal Oral Federal que desde hace ocho años instruye el Juicio por la Verdad en Mar del Plata, admite “falta de compromiso ético de la mayor parte de los jueces” para investigar los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado, pero reivindica al máximo tribunal. “La Corte hizo muchísimo. Esta ha sido la primera acordada, no creo que sea la última. Las próximas serán para apurar los juicios”, confía.

–El último año hubo 32 sentencias, pero hay más de 150 causas en instrucción, más de 500 procesados y apenas cuatro juicios confirmados. ¿Por qué cuesta tanto avanzar?

–En primer lugar, porque se empezó tarde. En 2001, cuando la Corte Interamericana dispuso en el caso “Barrios Altos” que amnistías e indultos contrariaban la Convención Americana, quedó claro que se debían investigar las violaciones cometidas durante la dictadura. El juez (Gabriel) Cavallo declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, algunos fiscales y jueces habían impulsado Juicios por la Verdad, pero eran casos aislados. Para peor, tanto en los Juicios de la Verdad como en los criminales reabiertos tras el fallo “Simón” de la Corte, en lugar de dotarse al Ministerio Público de flexibilidad para investigar, toda la actividad quedó a cargo de jueces instructores. En lugar de aprovechar la información recopilada, se inició cada pesquisa desde cero, con lo cual se perdió mucha prueba. Pero el motivo más importante es la falta de compromiso de muchos jueces y fiscales, que en Mar del Plata se traduce en que no hubo aún un juicio oral o que el primer procesamiento fue a un suboficial de un centro clandestino, pero no a quienes estaban por encima.

–Tras la resolución que ordenó liberar a Alfredo Astiz y otros represores, varios organismos hablaron de “desidia, indolencia o complicidad” de la Justicia. ¿Comparte el diagnóstico?

–Sí. Es clara la complicidad de sectores de la Justicia con el terrorismo de Estado y, en otros casos, la falta de compromiso. En Mar del Plata, personal de una fiscalía salía de noche a perseguir a disidentes políticos y se reunía fuera del horario judicial con el coronel jefe de la subzona a examinar informes de inteligencia. Hace dos meses, un juez le dictó orden de detención a esa persona (N. de R.: se refiere a Eduardo Ullúa, ex miembro de la CNU) y luego la revocó por contrario imperium. Las causas de 21 homicidios calificados, antes y después del golpe, no tienen más de treinta fojas: fotos del cadáver, autopsia y archivo, ni una testimonial.

–Igual la crítica apunta al presente.

–Es que no se investigaron antes ni ahora. Durante treinta años hubo un cerco de impunidad. Tuvo que venir la Corte en 2005 a decir que esas leyes eran inconstitucionales, pese a que el fallo de la CIDH era de 2001. Ya era evidente que no había compromiso. En algunos casos no existe el más mínimo sentimiento de misericordia hacia las víctimas, que desde hace treinta años deambulan por tribunales buscando justicia.

–Se suele hablar de planteos dilatorios de las defensas. ¿Es tan simple demorar una causa?

–Es simple si el juez no pone orden. En causas de lesa humanidad los planteos dilatorios están a la orden del día. La mayoría son totalmente improcedentes y están destinados al fracaso, pero igual producen un alargamiento de la instrucción.

–¿Los jueces tienen herramientas para resolverlos rápido?

–Las herramientas existen, pero también las mañas de los defensores y el visto bueno de algunos jueces. Si juez y Cámara rechazan un pedido de excarcelación y Casación, en vez de requerir el incidente respectivo, pide las actuaciones principales y demora un año en resolver, es evidente que las defensas van a usar ese alargamiento para decir que se está desconociendo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

–¿El problema se da también con defensores oficiales?

–Sí. Los defensores oficiales agotan todas las instancias y hacen planteos que jamás formulan respecto de imputados de a pie, del vulnerable, la obra tosca que llena los tribunales. El cese de preventivas que hoy discutimos, ¿respecto de quiénes se plantea? De autores de delitos penales tributarios o de terroristas de Estado, nunca del hombre de a pie. Zaffaroni lo dijo claramente: hay presos VIP. Esos planteos surgieron para esa gente, no para la presa fácil del sistema, el cliente habitual.

–¿Existen presiones para demorar los procesos?

–Las presiones se las pone uno. Hay fiscales y jueces sin compromiso y también oportunistas que aparecieron con el reverdecer de los derechos humanos recién cuando hubo una política direccionada a investigar. El retardo es por la falta de compromiso ético de la mayor parte de los jueces. En Mar del Plata hubo una causa paralizada ocho meses porque dos secretarías decían ser incompetentes, para despegarse del caso.

–¿Es consciente la corporación judicial de que defrauda a gran parte de la sociedad?

–En muchos casos sí. Creo que la Corte ha hecho en ese sentido una contribución importante, con el fallo Simón y con otros sin relación con el terrorismo de Estado, pero que reconocen la autonomía en el ejercicio de la acción penal al querellante particular y van a permitir que los jueces, con independencia de su voluntad, deban pronunciarse tarde o temprano sobre todos los casos que se les presenten.

–Los querellantes criticaron la última acordada de la Corte.

–Pero por otro motivo. Ocurre que muchas veces las querellas no están unificadas y hay que atender infinidad de planteos que pueden producir cierta demora. Pero decir que no se investiga el terrorismo de Estado por las querellas, cuando todos somos conscientes de que el Poder Judicial les cerró las puertas a las víctimas, es completamente desacertado. Esta Corte hizo muchísimo y el fallo Simón es el más importante de su historia. El reproche, desde un punto de vista procesal, no debe malinterpretarse. La Corte dijo con claridad que los responsables somos nosotros.

–Los organismos criticaron la acordada porque repitió un diagnóstico conocido y no aportó respuestas. ¿Le genera expectativas la creación de la Unidad de Superintendencia?

–Puede ser interesante, pero hay que acelerar el enjuiciamiento. Si hay cincuenta procesos en un tribunal, si se viola el derecho a ser juzgado sin dilaciones y salen fallos como el de Casación, está claro que una disposición general para redistribuir las causas no afecta la garantía de juez natural, ya que el juez no está predeterminado por ley antes de la comisión del delito. Hay que tomar decisiones para que se juzgue más rápido.

–Justamente, se critica el hecho de no tomar decisiones.

–Esta ha sido la primera acordada, no creo que sea la última. Las próximas serán para apurar los juicios.

–¿La actuación de los fiscales es equiparable a la de los jueces?

–El Ministerio Público tiene una oficina de coordinación que funciona, pero también los fiscales han hecho lo suyo. En Mar del Plata, antes de la inconstitucionalidad de las leyes, un fiscal pidió que se aplicara la obediencia debida respecto de tres violaciones que una mujer sufrió durante su cautiverio y, aunque hoy tenga licencia psiquiátrica, sigue siendo fiscal de la Constitución (N. de R.: se refiere a Jorge Gutiérrez). Otro desvirtuó directivas del procurador pese a que el Ministerio Público es una institución vertical. Si aún hay impunidad, es porque el Poder Judicial es funcional. Lo que pasó en la Argentina no hubiera podido pasar si la Justicia no hubiera mirado para otro lado. Hasta los neopunitivistas admiten hoy que el Poder Judicial es poco propenso a involucrarse con el terrorismo de Estado.

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Mar del Plata reclama justicia

Por Diego Martínez

Pese al cúmulo de pruebas recogidas por el Tribunal Oral Federal, que se volcaron a los juzgados de instrucción y derivaron en una denuncia ante el juez Norberto Oyarbide para que investigue delitos de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), versión local de la Triple A, Mar del Plata tiene apenas una docena de represores procesados y aún ve lejana la posibilidad de un juicio oral y público acorde a la magnitud de la represión ilegal que sufrió hace tres décadas.

–Mar del Plata lleva ocho años de Juicio por la Verdad pero no tiene un solo condenado, y el juicio con más chances para 2009 tendría apenas un imputado. ¿Cómo vive esa situación después de haber escuchado cientos de testimonios?

–El Juicio por la Verdad permitió un acopio de información fenomenal, pero tiene sus particularidades. Primero, no es una verdad dialogada sino tipo monólogo: sólo exponen víctimas y testigos, los imputados no son parte, con lo cual la información se resiente. Por otro lado, pese a que las investigaciones fueron profundas y a partir del fallo “Corres” de Casación dispusimos varias detenciones, cuando íbamos derivando las causas a primera instancia lamentablemente todo se iniciaba desde cero y se liberaba a los detenidos, que volvieron a ser detenidos recién cuatro o cinco años después. Ahí se ve la falta de compromiso.

–El mes pasado el juez Alejandro Castellanos dejó sin efecto su propia orden de detención contra un civil de la CNU que estaba prófugo. ¿Cómo se explica?

–Desde el punto de vista jurídico es inexplicable. No conozco las actuaciones, pero en treinta años de profesión, con quince como juez, no vi nunca una resolución semejante. Si un juez dispone la detención de una persona por su participación en homicidios calificados al amparo del terrorismo de Estado, si esa persona es habida y declara, el juez puede disponer su libertad por falta de mérito. Pero si no se presenta, si no está a derecho, si no da ninguna explicación, dejar sin efecto la orden de detención del prófugo en principio me parece llamativo.

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Un juicio oral que sigue silenciado

Una hija de desaparecidos reclama las grabaciones del juicio contra sus apropiadores

María Eugenia Sampallo Barragán reclamó una copia de las audiencias en las que se reconstruyó su historia. Como no tuvo respuesta, se quejó ante Casación e invocó la acordada de la Corte Suprema sobre la publicidad de los juicios a los represores.

Por Diego Martínez

María Eugenia Sampallo Barragán querelló a sus apropiadores.

Un mes después de prohibir el ingreso de reporteros gráficos a la última audiencia del juicio a los jefes de Mansión Seré, el Tribunal Oral Federal 5 tomó una nueva medida que atenta contra la publicidad de los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Esta vez rechazó sin fundamentos un pedido de María Eugenia Sampallo Barragán, quien querelló y logró la condena de sus apropiadores, para obtener una copia de las imágenes del juicio que marcó un quiebre en su vida. El tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo se limitó a responderle que lo tendría “presente” para cuando la Corte confirme la sentencia. La negativa fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que dos meses atrás también contrarió la orden de la Corte.

El 4 de abril pasado el TOF 5 condenó a diez años de prisión al capitán retirado Enrique Berthier, y a ocho y siete años al matrimonio formado por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por la sustracción de Sampallo Barragán, la primera hija de desaparecidos que impulsó el juicio contra quienes la criaron con una identidad falsa. Cuando la víctima solicitó copia de los videos de las audiencias en las que se reconstruyó su historia, el tribunal que integran Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado le respondió, sin argumentar el rechazo, que lo tendría “presente” para cuando la condena quedara firme. El plazo para que Casación y luego la Corte confirmen una sentencia es variable pero jamás breve: la única condena por delitos de lesa humanidad confirmada, al policía Julio Simón, data de agosto de 2006.

Ante la negativa, el abogado Tomás Ojea Quintana interpuso un recurso de reposición, que el tribunal volvió a rechazar sin fundamentos el 10 de diciembre, cuarenta días después de la acordada de la Corte Suprema que exigió “garantizar el derecho a la información en casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”. La última semana de diciembre, invocando el principio de publicidad pero también el derecho constitucional a la verdad, a la identidad y a la información, María Eugenia y su abogado recurrieron ante Casación.

Para la mujer que querelló a quienes durante años consideró sus padres “poder volver a observar los testimonios, las actitudes de los protagonistas del juicio y las afirmaciones de las partes significa acceder a una fuente de información fundamental para la construcción de la verdad de su historia y de su identidad, proceso que no se agotó con el juicio y la sentencia sino que, dada la gravedad de los crímenes cometidos, todavía continúa”, destaca el escrito.

Ojea Quintana recuerda que “el principio de publicidad del juicio oral señala que el juicio ya realizado no fue ni es secreto y menos aún para las partes”. Enfatiza que “todos los registros que expresan esa publicidad, ya sean actas o videos, deben ser de libre acceso” y no pueden considerarse como “un registro ‘interno’ del Tribunal dado que comprometen declaraciones de las partes, a las que no se les ha pedido autorización alguna”. El abogado cita en su respaldo la acordada 29 de la Corte, del 28 de octubre pasado, que para hacer operativa la publicidad encomendaba a los tribunales limitarse a decidir “la ubicación de cámaras de televisión y reporteros gráficos”, cuyo ingreso prohibió el TOF 5 una semana después.

Los antecedentes de Casación también van a contramano de la Corte. El 3 de noviembre la Sala IV rechazó una apelación del fiscal federal Félix Crous que denunciaba por “arbitrariedad manifiesta” la prohibición del tribunal que preside Gordo de transmitir audiencias iniciales, alegatos y sentencias de juicios a represores. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda apuntaron que no permitir el ingreso de fotógrafos y camarógrafos no era una decisión arbitraria porque el TOF “aseguró la participación del público en la medida de lo posible”. Como si la acordada de la Corte aún no hubiera entrado en vigencia, invitaron a los colegas del TOF 5 a considerar “en el futuro” la orden. El 10 de febrero comenzará un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Según la acordada de la Corte la audiencia inaugural debe ser transmitida por radio y televisión.

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La hora del debut en Bahía

Pidieron elevar a juicio la causa por crímenes de la dictadura

La fiscalía le solicitó al juez Alvarez Canale que convoque al primer proceso oral y público en la ciudad del sur bonaerense. Los acusados son cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo y tres ex integrantes de grupos de operaciones.

Por Diego Martínez

El fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, realizó la instrucción de la causa junto a su par Antonio Castaño.

El primer juicio oral y público a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura comienza a tomar forma. A treinta años de los hechos y tres de la reapertura de la causa, los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron al juez Alcindo Alvarez Canale la elevación a juicio de un primer tramo de la investigación. Abarca a cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la represión clandestina en toda la Patagonia, y a tres ex integrantes de los grupos operativos.

Los militares retirados que serían juzgados en 2010 son el general de brigada Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Jorge Delmé y Jorge Enrique Mansuetto Swendsen y los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los primeros cuatro integraban el Estado Mayor, donde se decidía el destino de cada secuestrado, que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos fallecidos) y Adel Vilas, recluido en su departamento de Bulnes 2087 y declarado insano por los mismos peritos que evaluaron a Emilio Massera.

El exhaustivo documento de 466 páginas destaca que “la dictadura instauró una máquina de muerte que no reconoce antecedentes en la historia de América Latina” y que la desaparición fue el “dispositivo de poder para vigilar y castigar a la totalidad del cuerpo social, para extirpar y edificar un nuevo orden en el que se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza cívico militar que promovió el golpe”. La elevación no incluye los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros del diario La Nueva Provincia que organizaron a los trabajadores, porque tanto Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de APDH bahiense, reclamaron la inhibición de Alvarez Canale y el avocamiento de Eduardo Tentoni, que investiga los crímenes de la Armada.

Los destinos y méritos de los imputados son los siguientes:

- Bayón, 82 años, fue jefe del Departamento Operaciones, del que dependía el “equipo de combate contra la subversión”. Teórico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra.

- El “mayor Delmé”, 72, como lo recuerdan las familias de las víctimas, era el encargado de negar información a quienes reclamaban por desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina.

- Páez, 77, fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, presidió un “Consejo de Guerra” que parodió un juicio a tres secuestrados y en 1977 fue trasladado a Campo de Mayo.

- Mansueto Swendsen, 77, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, escala previa y posterior a La Escuelita, y del área militar 511, dentro de la cual se cometieron todos los delitos de lesa humanidad de la zona.

- Masson, 56, entonces subteniente, comandó la sección “Infantería” de la “Agrupación Tropa”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hasta el centro clandestino.

- Méndez, 56, apodado “el Loco de la Guerra”, integraba la Compañía de Comando y Servicios pero se sumaba a los operativos clandestinos y a los trabajos en La Escuelita, según se ufanaba ante los oficiales de reserva.

- García Moreno, 65, comisionado en Operaciones, será juzgado por dos homicidios calificados y por el blanqueo de tres secuestrados de La Escuelita mediante un Consejo de Guerra.

Bayón, Delmé, Masson y Méndez esperarán el juicio en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. García Moreno, que allí era discriminado por peronista, en el penal de Marcos Paz. Gozan de arresto domiciliario Páez (en República Siria 945, San Rafael, Mendoza) por problemas de salud, y Mansueto Swendsen (Soler 111, piso 10, Bahía Blanca) por pertenecer a la alta sociedad bahiense. En la causa permanecen prófugos el coronel Aldo Mario Alvarez, ex gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y los capitanes Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.

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Lo que dejó 2008

Menéndez y Bussi, con sentencias

Por Diego Martínez

Un tribunal condena a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez. Córdoba es una fiesta. Otro dicta perpetua contra Antonio Domingo Bussi pero lo deja en el country. Media Tucumán arde. La Laucha Corres honra al apodo y se escabulle de su prisión VIP en la pétrea Bahía Blanca. Juan Evaristo Puthod desaparece durante 28 horas en Zárate: resurge el fantasma de Julio López. Cecilia Pando amenaza de muerte a las víctimas de Corrientes tras la condena a un dirigente de la Sociedad Rural Argentina. La Corte Suprema de Justicia dictamina que el Congreso no tiene facultades para excluir a un torturador: Luis Patti recupera la libertad durante ocho días. El Tribunal Oral Federal 5 porteño prohíbe a los fotógrafos disparar contra los jefes de Mansión Seré. Miles de personas marchan para exigir justicia por la segunda desaparición de Julio López. El Malevo Ferreyra logra evitar la detención con un balazo en su sien ante la cámara de Crónica TV. Casación ordena liberar a Astiz, Acosta & Cía. La Corte tiene la palabra.

El proceso de verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura aportó durante 2008 postales para todos los gustos. El balance, pese a los sapos, parece ser positivo. Sobre todo por la sucesión sin pausas de juicios orales y por lo general públicos, la mayoría en el interior del país: Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Neuquén y, aún en marcha, en San Luis. Todos concluyeron con condenas, treinta en total, desde los célebres Bussi & Menéndez hasta suboficiales y civiles ignotos, mayoría inevitable por la metódica clandestinidad del terrorismo de Estado. Hubo también dos absoluciones que, para disgusto de los admiradores tardíos de José Rucci, ratifican la independencia de los tribunales que juzgan genocidas.

Las 32 sentencias de 2008 dan pie a dos lecturas. La primera, optimista, indica que en el último año hubo más del doble de condenados que en el lustro posterior a la reapertura de los juicios. La segunda pone de manifiesto que los juicios por crímenes cometidos hace treinta años durarán más de una década.

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Un fixture al que le faltan varias fechas

Fijaron el día de inicio para cuatro juicios contra represores en 2009 y otros 23 procesos esperan su turno.

En la Capital, en febrero comenzará el juicio contra el general Jorge Olivera Róvere. El primer proceso contra Astiz y Acosta podría arrancar a fin de año, pero la condena se escucharía en 2010. El panorama completo en todo el país.

Por Diego Martínez

En Córdoba se realizó el año pasado el juicio a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores.

Mientras la cantidad de represores procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos supera el medio millar, treinta fueron condenados el último año, veinte murieron antes de llegar a juicio y los tres poderes del Estado se echan culpas unos a otros por las demoras, el programa de 2009 tiene apenas cuatro procesos confirmados y, en nota al pie, una certeza: al ritmo actual, la mayor parte de los militares, policías, sacerdotes y civiles que ejecutaron el terrorismo de Estado morirá sin condena.

El año judicial arrancará por excepción con una sentencia en enero. El Tribunal Oral Federal de San Luis dará su veredicto sobre el general Miguel Angel Fernández Gez, el capitán Carlos Esteban Plá y otros tres ex policías puntanos. Antes deberá concluir la ronda de testimoniales, que tendrá como figura estelar al arzobispo emérito Juan Rodolfo Laise, quien le encomendó al jefe militar de San Luis hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse.

El cronograma de juicios de 2009 tiene la mayoría de los casilleros vacíos. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS existen 27 causas elevadas que hacen cola en distintos tribunales federales, en tanto 150 aún están en etapa de instrucción. Desde 2006, cuando concluyó el primer juicio posterior a la reapertura de las causas (al policía Julio Simón, única condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia) hubo en total trece juicios, incluyendo el de San Luis, que no terminó. 2008 fue el año más prolífico: ocho juicios. Al ritmo de 2008 el proceso durará casi 19 años: hasta 2027.

De las 27 causas elevadas sólo cuatro tienen fecha de inicio confirmada:

- El 10 de febrero el Tribunal Oral Federal 5 porteño comenzará a juzgar a quien fue comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, de apenas 85 años, y a cuatro de sus subordinados, los ex jefes de áreas Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez.

- El mismo 10 de febrero el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzará a juzgar al octogenario ex gobernador, general de brigada Juan Carlos Colombo. El tribunal, que funciona en el garaje de una casa, declaró en septiembre la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Un mes antes la Cámara de Casación excarceló a todos los represores procesados de Formosa, pero como la lista de beneficiados no incluía a celebridades como Alfredo Astiz o Jorge Acosta el eco de los gritos de los querellantes no traspasó las fronteras de la provincia.

- El 23 de febrero el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar a Víctor Enrique Rei, oficial retirado de Gendarmería, por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Es el primer caso que llega a juicio tras un allanamiento que permitió obtener objetos personales del joven para extraer su ADN. Rei llegó a ser subjefe de inteligencia de Gendarmería y participó de secuestros, pero sólo será juzgado por apropiarse del joven.

- El 25 de marzo comenzarán en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín las audiencias por el caso de Floreal Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años secuestrado con su madre en abril de 1976. Su cadáver torturado, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya. Los imputados son los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García, los coroneles Horacio Harsich y César Fragni y el policía Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, donde la madre escuchó por última vez a su hijo.

La Justicia que mira y no ve

Hace un año y cuatro días, en un artículo sobre los juicios que se avecinaban Página/12 advirtió que “la mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5”.

El problema envejeció pero allí está. El tribunal que preside Guillermo Gordo aún no pudo fijar fecha para el primer juicio de la ESMA, argumento que la Cámara de Casación utilizó para ordenar el cese de la prisión preventiva de Astiz, Acosta & Cía. La semana pasada la Corte Suprema admitió que la congestión de los seis tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF 5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales, pedido que aún no obtuvo respuesta.

El TOF 5 acumula juicios a represores para no menos de un lustro. Recién hacia fines de 2009, cuando concluya el juicio a Olivera Róvere, comenzaría a juzgar a los marinos de la ESMA. De concretarse la unificación entre los principales fragmentos elevados por el juez Sergio Torres, el juicio tendrá 22 acusados en el banquillo. Cuando ese megaproceso termine será el turno del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, las cuevas del general Carlos Suárez Mason.

Carreteles sin hilo

Sobre el resto de los posibles juicios de 2009 no hay certezas pero sí indicios, aportados por la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, a partir de información recopilada de las fiscalías:

- En el TOF 6 porteño, cuando concluya el juicio a Rei, podría comenzar las audiencias de la causa “Plan Sistemático”: 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad de hijos de desaparecidos. Los imputados son los generales Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

- En el TOF 1, desde hace más de un año, espera turno la causa Plan Cóndor, con jerarcas como Videla, Riveros, Bussi, Menéndez y otra docena de generales post 70 que no están en condiciones de esperar demasiado.

- En San Martín ya se acumularon cinco elevaciones parciales contra los responsables de Campo de Mayo. Por cantidad de víctimas y victimarios es una megacausa similar a ESMA o Primer Cuerpo, aunque marcha a paso de tortuga. En condiciones de ser juzgados están, entre otros, los generales Bignone, Eduardo Espósito, Eduardo Guañabens Perelló y el coronel Carlos Tepedino, todos mayores de 70 con arresto domiciliario.

- Santa Fe pasará a la historia cuando juzgue por delitos de lesa humanidad, por vez primera, a un miembro del Poder Judicial: Víctor Hermes Brussa, secretario de un juzgado durante la dictadura. Lo acompañarán el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 coronel Domingo Marcellini, y los policías Mario Facino, Juan Perizzotti, Héctor Colombini, Eduardo Ramos y la carcelera María Eva Aebi, la primera mujer.

- En el TOF 1 de Rosario lleva ya un año de espera la causa Quinta de Funes, por la que deberán rendir cuentas el condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano. En el otro tribunal federal se juzgará al general Ramón Díaz Bessone y a parte de la patota que conducía el gendarme Agustín Feced.

- En Chaco serán juzgados los fusiladores de Margarita Belén: el ya condenado Horacio Losito más los coroneles Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Ricardo Reyes, los tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme, el teniente primero Luis Patetta y el mayor Ernesto Simoni.

- Córdoba, protagonista del proceso más impactante de 2008, con 300 personas en la sala y miles en las calles, tendrá otro juicio ejemplar por las ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín. Los acusados van desde el dictador Rafael Videla, pasando por el condenado Menéndez, sus muchachos del Destacamento 141 y, en la base de la pirámide, la patota del Departamento de Investigaciones (D2) de policía.

- En La Plata, que fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el cura Cristian Von Wernich, el juicio con más chances de concretarse es el de los represores de la Comisaría 5ª.

- En Mar del Plata, por la desaparición de Carlos Labolita, serán juzgados el teniente coronel Pedro Mansilla y el teniente primero Alejandro Duret. Por secuestros, violaciones y otras torturas también rendirá cuentas Gregorio Molina, suboficial de la Fuerza Aérea.

También durante 2009 serían juzgados en Salta los responsables de la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y se concretaría el primer juicio en Mendoza, donde todos los represores fueron excarcelados por la Cámara Federal. Tucumán podría volver a juzgar al general Menéndez y a tres de sus subordinados (Roberto Albornoz, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo) por el caso Romero Nikilson. En los últimos meses del año, en la inconmovible Bahía Blanca, podría comenzar el juicio a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V.

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