PEDIRAN QUE SE INVESTIGUE A UN EX JUEZ Y A UN CAMARISTA DE SAN LUIS
El juez federal de San Luis durante la dictadura, Eduardo Allende, y su secretario Carlos Pereyra González, actual camarista federal mendocino, admitieron que familiares de desaparecidos presentaban hábeas corpus pero negaron haber recibido denuncias de torturas, tal como indicaron testigos del juicio a militares y policías que instruye el Tribunal Oral Federal. En base a un sumario instruido por la policía a partir del “hallazgo” de dos cadáveres NN en Salinas del Bebedero, que los magistrados pidieron y devolvieron al Comando de Artillería 141 sin ordenar ninguna medida, pese a que habían recibido denuncias de desapariciones, el abogado Enrique Ponce, de APDH, anticipó a Página/12 que pedirá que se investigue a ambos por posible encubrimiento en la privación ilegal de la libertad y los tormentos a los desaparecidos Pedro Ledesma y Santana Alcaraz.
El gran ausente del juicio es el obispo emérito Juan Rodolfo Laise, acusado por el coronel Miguel Fernández Gez de pedirle que hiciera desaparecer a un cura que quería casarse. Pese a que el tribunal nunca envió el exhorto para notificarlo, Laise informó por medio del abogado del arzobispado, Jorge Shortrede, que no piensa declarar. Ayer Cancillería le informó al tribunal su voluntad de notificar al cura e instrumentar la logística para que declare por videoconferencia. El problema es que el trámite demoraría no menos de diez días y para hoy están previstos los últimos testimonios. “Laise no es obispo en funciones y no tiene prerrogativas especiales. Declarar es una carga pública, lo contrario es desobedecer la orden del juez”, explicó el abogado de la APDH.
“No supe de desapariciones en ese momento, puedo asegurar que ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”, aseguró con lágrimas Pereyra González, que a diferencia de su declaración en los ‘80, según Ponce, ahora admitió que recibían hábeas corpus. Juan Vergés y Aníbal Oliveras señalaron que el juzgado no dio curso a denuncias por torturas que formularon al secretario, quien igual que el ex juez negó haberlas recibido.
Allende y Pereyra González admitieron haber devuelto al Comando sin ordenar ninguna medida el sumario policial ordenado por Fernández Gez que sindicó a Montoneros como posible autor de la muerte de Graciela Fiochetti, identificada en 1985, y de un “NN masculino”. Cuando Ponce le preguntó a Allende por qué no ordenó exhumar la tumba NN para verificar si allí estaba Domingo Chacón, cuya desaparición habían denunciado días antes sus padres, el ex juez se quedó mudo y sugirió que no tenía competencia. “¿Por qué no lo remitió al juez de turno?”, insistió el abogado. Allende no supo qué decir. El pedido de investigación se formalizará en los primeros días de febrero, cuando comiencen los alegatos.
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