viernes, 10 de junio de 2011

Duhalde-Das Neves, cruzados del orden

Con un discurso con eje en la idea de reprimir el delito y poner orden, Duhalde se mostró junto al gobernador de Chubut en el Sheraton. Anunció también la candidatura de Camaño en la provincia y de Todesca en Capital.

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Mario Das Neves y Eduardo Duhalde anunciaron el respaldo de la Democracia Cristiana y el MID.

Publicado en PáginaI12.

Eduardo Duhalde y Mario Das Neves anunciaron ayer formalmente en el Hotel Sheraton la fórmula para competir en las elecciones presidenciales. “Necesitamos poner orden en este bendito país”, arengó el eterno piloto de tormentas de Lomas de Zamora, que enarboló como banderas “el hambre cero”, “la prevención y represión del delito” y la “concepción integral de los derechos humanos”. El gobernador de Chubut arremetió contra el gobierno nacional, al que calificó como “una banda”, y parafraseó a Beatriz Sarlo para dirigirse al jefe de Gabinete: “Conmigo no, Aníbal. Con nosotros no. Somos peronistas y nos conocemos”. Duhalde hizo un último guiño a los partidos que enfrentan “la caída de las instituciones” y anunció las candidaturas de Graciela Camaño en la provincia y de su ex viceministro de Economía Jorge Todesca en la ciudad de Buenos Aires.

Primero habló Das Neves, ovacionado por sus seguidores, mayoría en el Sheraton. “Les ganamos dos veces y vamos a seguir”, arrancó el chubutense, que amagó con renunciar a la política cuando vio peligrar la continuidad en sus pagos. Luego introdujo un matiz más bien K: “Pertenezco a una generación donde las utopías tenían un peso importante”, recordó y criticó “el falso progresismo”. “Nos quieren vender cosas con metodología propagandística”, dijo, y reivindicó a Martín Redrado, en primera fila. Dijo que el ex presidente del Central “puso el banco a trabajar para la gente” contra la voluntad de Néstor Kirchner, quien ante un pedido de “una mano” de Das Neves le habría respondido “dejá ese banco a los privados”.

Das Neves describió al Gobierno como “una banda que se sirve del Estado”. “Conmigo no, Aníbal. Con nosotros no. Somos peronistas y nos conocemos”, parafraseó a Sarlo para desmentir “que acá están los malos y allá los buenos”, idea que atribuyó al jefe de Gabinete. El chubutense aseguró que “el Estado oculta en forma perversa hechos de corrupción”, recordó que “fui parte de la gloriosa JP” y provocó a una juventud que no identificó: “Nosotros no peleábamos por cargos, no nos daban chequera ni nos mandaban de buchones a las empresas”. Por último, dijo que “con el blanqueo de los aportes no remunerativos” consiguió pagar “el 82 por ciento móvil a los jubilados”, logro que pretende aplicar en la Nación.

Los alfiles de Duhalde se sentaron en primera fila: Chiche, Camaño, los gremialistas Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas, Ramón Puerta, Carlos Brown, Miguel Angel Toma, Redrado y Javier Castrilli. “Dos presidenciables han tomado la decisión de trabajar juntos”, celebró Duhalde. Saludó a los trabajadores y dijo que “es mentira que haya un siete por ciento de desocupación”. Fundó su certeza en “las cartas que recibe Chiche con pedidos de trabajo”. Saludó “a los jóvenes” y aseguró que “no necesitamos más enfrentamientos ni más muertes”, aclaración relevante para quien debió adelantar su salida por la masacre del Puente Pueyrredón (luego diría que un objetivo de su interinato fue “construir la paz sin cascos ni bayonetas”). El tercer saludo fue para las Fuerzas Armadas. “Se las confunde con las de la dictadura”, dijo para alegría del Ñato Rico (ver aparte). Sugirió que están “arrinconadas” y “las estamos desperdiciando, igual que a las fuerzas policiales”. Contó que los policías tucumanos hicieron una huelga porque cobran 1800 pesos y reflexionó que por los bajos sueldos “se pasan a las filas del adversario”.

Duhalde agradeció a “dos partidos muy importantes” que lo respaldarán en la campaña: la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que “dio el más grande estadista que tuvo la Argentina”, en referencia a Arturo Frondizi, cuya imagen complementó los rostros de los candidatos en la pantalla de fondo. Después anunció las postulaciones: Camaño en provincia, Todesca en Ciudad, Puerta en Misiones y el midachi Miguel Del Sel por Unión-Pro en Santa Fe. Elogió a Camaño por el reconocimiento de sus pares y la diferenció del gobernador Daniel Scioli, sin nombrarlo: “Necesitamos un gobernador real. El actual, con suerte va a poder elegir a su secretario”, chicaneó.

“Necesitamos poner orden en este bendito país”, arengó. Vinculó orden con “competitividad” y propuso “terminar con el fantasma de la inflación”. Prometió “hambre cero” a partir de la “renta básica del ciudadano”. “Lo segundo lo pide la gente: prevención y represión del delito. Debemos gastar mucho dinero en eso”, recetó. Tercero: derechos humanos “integrales”.

Cerró con un mensaje al resto de la oposición. “A pesar de que naturalmente tuvimos problemas con otras fuerzas partidarias, hago llegar mi respetuoso saludo a las fuerzas que enfrentan la caída de la institucionalidad”, dijo y enumeró: socialismo, radicalismo, Frente Cívico y al “compañero de tantas batallas”, al que dejó plantado en la interna del fenecido Peronismo Federal: Alberto Rodríguez Saá. “Suerte”, le deseó.


El Ñato Rico, sin betún y resignado

“Hay que cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia”, afirmó Eduardo Duhalde, quien meses atrás visitó en la cárcel a condenados por crímenes de lesa humanidad, quien supo contar con el apoyo de la apologista del genocidio Cecilia Pando y convenció a represores presos para que pidieran votar en la interna del Peronismo Federal. El único matiz que agregó a la consigna de los organismos fue “sin aprietes políticos e ideológicos a los jueces”, tema que había mencionado durante su lanzamiento en el Luna Park, siempre sin precisiones ni ejemplos.

–¿Qué piensa de la política de memoria, verdad y justicia que Duhalde acaba de respaldar? –le preguntó Página/12 al ex carapintada Aldo Rico, candidato a intendente de San Miguel.

–Pienso lo mismo que le dije a Alfonsín en 1987: tiene que haber una solución política.

–¿Le preocupa no compartir la política de su aliado?

–Yo pienso lo mismo. Hubo 16 mil muertos, tiene que haber justicia de los dos lados.

–¿Hablan del tema con Duhalde?

–No, no lo hablamos.


viernes, 3 de junio de 2011

Cinco procesados por los vuelos

El abogado Gonzalo Alvarez de Tolosa, que visitaba la ESMA, y los pilotos de Aerolíneas Enrique de Saint Georges y Mario Arru –en funciones hasta su detención– están entre los procesados. Tres prefectos ahora en la mira judicial.


Por Diego Martínez
El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.

El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.

El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.

El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los embargó por 56 millones de pesos.

diemar75@gmail.com

jueves, 19 de mayo de 2011

Mendoza: confirmación del procesamiento de Romano


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El juez Otilio Roque Romano, procesado por casi cien hechos.

Publicado en PáginaI12.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó ayer el procesamiento de uno de sus miembros, el juez Otilio Roque Romano, por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El tribunal ratificó la responsabilidad penal del magistrado en 76 casos de secuestros, torturas y desapariciones, aunque agravó su situación procesal al modificar la calificación legal. Además de la omisión de investigar delitos de manera sistemática y prolongada en el tiempo, que le había adjudicado en primera instancia el juez federal Walter Bento, la Cámara reemplazó la calificación de partícipe secundario a partícipe necesario, que en caso de confirmarse en la etapa de juicio oral podría costarle a Romano una condena a prisión perpetua. Un día antes el juez Bento lo había procesado por otros 17 casos, que ahora debe analizar la Cámara. Paradójicamente, el camarista continúa en funciones gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Es un caso gravísimo, no se entiende que el propio Poder Judicial tenga tanta ambivalencia o ambigüedad”, reflexionó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de seguimiento y coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. “Por un lado se confirma y agrava el procesamiento de Romano por casi cien hechos y, por el otro, el Consejo de la Magistratura, es decir la cabeza administrativa o política, con todas las facultades a su alcance, va a la zaga y muy lejos de acompañar al poder jurisdiccional”, lamentó. “Es inexplicable, no hay consonancia, no hay comportamiento coherente. Romano no puede seguir en funciones, es un juez procesado por crímenes de lesa humanidad, no puede tener el más mínimo espacio de poder con semejante situación procesal. Es perentoria una decisión administrativa”, planteó el fiscal chaqueño, quien viene de celebrar la condena por la Masacre de Margarita Belén.

La decisión de la Cámara Federal mendocina fue rubricada por los jueces Pedro González, Roberto Naciff y Hugo Echegaray, e incluye a otros tres magistrados que prestaron servicios durante el terrorismo de Estado. En el caso de Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del Juzgado Federal de Mendoza, la confirmación fue automática porque el imputado no apeló el procesamiento de primera instancia. Carrizo fue responsabilizado hasta el momento por omitir investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. El segundo procesamiento firme recayó sobre Miret, en su caso por denegación de justicia contra 36 víctimas. El tercer procesado camino a juicio es Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión, pero en perjuicio de 22 personas y en carácter de juez federal subrogante. Petra Recabarren es primo hermano de Julio Petra, actual presidente de la Cámara Federal cuyana, quien tal como informó Página/12 el mes pasado hizo lobby ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la remoción de Naciff y Echegaray, justamente por contrariar la política histórica del tribunal de obstaculizar el avance de los procesos de lesa humanidad. Petra a secas es el mismo que después de prestarse a recusar a Bento fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico de Mendoza con su amigo Romano, compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line.

En el último punto de la parte resolutiva la Cámara ordenó ayer notificar su decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura “a los fines que estimen corresponder”. También el juez Bento había notificado sin suerte en marzo al organismo responsable de analizar y juzgar el desempeño de Sus Señorías. Tanto Miret como Romano renunciaron al cargo para intentar evitar el jury, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que les frustró la maniobra. Miret debió afrontar el proceso y terminó destituido por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Romano logró burlar al organismo gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada, denunciado a su vez por el sobreviviente del Departamento de Informaciones de la policía cuyana Fernando Rule como amigo íntimo y compañero de fuero del camarista durante la dictadura.

“La resolución de la Cámara de Mendoza es de suma trascendencia para el juzgamiento de hechos gravísimos de complicidad judicial con el terrorismo de Estado”, reflexionó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración. “La decisión del tribunal deja la causa en condiciones de ser elevada a juicio, lo que seguramente ocurrirá en muy poco tiempo. El Consejo de la Magistratura debe tomar nota de esta resolución y resolver urgentemente la situación de Romano. Es una situación de inusitada gravedad institucional que no puede quedar sin resolver”, alertó.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Acto de Abuelas por sus diez años en la causa Noble


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Publicado en PáginaI12.

Un millar de personas convocadas por Abuelas de Plaza de Mayo concurrió ayer a plaza Lavalle, frente a Tribunales, para exigirle al Poder Judicial que esclarezca la identidad de los niños adoptados de manera ilegal por la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. A diez años de la presentación de Abuelas como querellante y cuando la Cámara de Casación se apresta a pronunciarse sobre el fallo de la Cámara de San Martín que ordenó realizar los análisis de ADN con o sin el consentimiento de Marcela y Felipe, Estela de Carlotto se dirigió a ellos y les propuso “liberarse de la opresión” y les advirtió que “junto con la libertad sólo los espera el amor”. El abogado Pablo Llonto recordó que el jueves 26 será la audiencia en Casación y repudió la “vergonzante actitud del ex juez Gabriel Cavallo”, que diez años después de declarar inconstitucionales las leyes de impunidad defiende a la imputada Herrera de Noble. “Le vamos a decir una vez más que el derecho a la identidad es parte de nuestra historia y lo vamos a defender aquí y en cualquier parte”, advirtió.

“Conocer la verdad nos dio la posibilidad de elegir”, explicaba Manuel Gonçalvez desde una pantalla, mientras la plaza se cubría de banderas: H.I.J.O.S., Negros de Mierda, Peronismo Militante, La Cámpora, Juventud Sindical, Grupo Kolina, JP Evita, Frente Nacional de Mujeres K. El primer orador fue un joven de la JSP: repudió a “los malintencionados que preguntan desde cuándo la Juventud Sindical se consustanció con los derechos humanos”, reafirmó el compromiso con las Abuelas y criticó a “las corporaciones mediáticas bañadas en sangre”. El judicial Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, lamentó la existencia de “jueces con la ideología de la dictadura” y afirmó que “el movimiento obrero quiere saber quiénes son los padres de los Noble Herrera y que los responsables paguen en la cárcel”.

“Este es un lugar muy simbólico: un vetusto edificio recorrido tantos años pidiendo justicia”, arrancó Carlotto tras confesarse “conmovida por los bombos”. Calificó de “insoportable” pensar que pasaron diez años desde que Abuelas se presentó como querellante en el caso y explicó que “los convocamos para que nos transmitan fuerza”. “Parece que esta Justicia se inclina para el lado de los poderosos y se olvida del resto”, dijo, y la contrastó con “la buena gente que exige memoria, verdad y justicia”.

“Las Abuelas, con casi 34 años, queremos dejar un país con ciertas seguridades para los jóvenes, sobre todo la de que nadie deba transitar nuestro camino”, se esperanzó. Y fue al grano: “La situación de Marcela y Felipe es única. Todo lo hacemos por ellos. Queremos saber con ansiedad y amor si son los nietos que buscamos. Este acto es para ellos. Tienen que luchar, liberarse de la opresión”, rogó. “Viven en una jaula de oro, son rehenes de la historia”, definió la presidenta de Abuelas.

El segundo destinatario de su mensaje fue el Poder Judicial. “Esto no es un acto de presión. Estamos reclamando el derecho inalienable de ser libres, de Marcela, Felipe y los cuatrocientos nietos que no saben quiénes son.” “Tenemos la seguridad de que éste es un pueblo de lucha, que está de pie para defender la democracia”, agradeció, y cerró con “dos buenas nuevas”. La primera: la condena al ex policía Luis Falco. “Se hizo justicia, cárcel común”, gritó, y la plaza saltó con el himno de los juicios a represores: “Como a los nazis...”. La segunda “sugiere que algo bueno está por llegar: un apropiador, ex prófugo, detenido en Paraguay, el médico Atilio Bianco, va a ser extraditado”, anunció eufórica.

El abogado Pablo Llonto recordó que la viuda de Noble admitió en una carta abierta la posibilidad de que Marcela y Felipe fueran “víctimas de la represión ilegal”. “Nos preguntan por qué en la Argentina no hay un juez con coraje para decirle ‘basta’ al Grupo Clarín y ordenar los análisis de ADN”, planteó, y respondió: “En eso estamos, en la lucha de Abuelas, peleando por lo que más temprano que tarde será la verdad”.

“Marcela, Felipe: ¿no quisieran ser tan admirados como Cabandié, Donda y tantos otros nietos?”, preguntó el Negro Horacio Fontova. “Libérense, no sean cagones, los estamos esperando con los brazos abiertos.”

lunes, 16 de mayo de 2011

Vuelos. Entrevistas con Víctor Hugo Morales.

Entrevista, 11.5.11 (si no se puede escuchar, abrir desde el link siguiente):

http://www.continental.com.ar/oir.aspx?id=1470072


Entrevista de Víctor Hugo Morales con Horacio Verbitsky, 12.5.11:

http://www.continental.com.ar/oir.aspx?id=1470790

miércoles, 11 de mayo de 2011

Un vuelo a la cárcel

Detuvieron a cinco acusados de participar en los vuelos de la muerte. Tres son pilotos que habrían formado parte de la tripulación que arrojó al mar a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez

A diecisiete años de la confesión pública del ex capitán Adolfo Scilingo, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a cinco imputados por los vuelos de la muerte. El más conocido es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, defensor de sus compañeros de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío. Los ex pilotos Enrique José De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, en cambio, fueron imputados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que estudió planillas de Prefectura e identificó el vuelo del Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. El quinto detenido es el ex suboficial naval Rubén Ricardo Ormello, quien confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. Tanto De Saint George y Arru como el mecánico Ormello son empleados de Aerolíneas Argentinas.

El único detenido por los vuelos en el país era hasta el lunes el capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”. Su caso ya fue elevado al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía. Distinto es el caso del teniente Julio Alberto Poch, el piloto de Transavia extraditado desde España, quien goza de libertad desde que la Cámara Federal le ordenó al juez Torres reforzar los argumentos del procesamiento. Las nuevas detenciones se produjeron el lunes. Cuatro de los imputados prestaron ayer declaración en el juzgado de Torres, quien los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. A Torres de Tolosa, con un tumor cerebral, lo indagó el secretario Pablo Yadarola en la casa, donde quedó detenido con un policía en la puerta. El juez tiene ahora diez días para resolver sus situaciones procesales.

Teniente Vaca

Gonzalo Torres de Tolosa, pariente lejano del capitán Jorge Acosta, integraba el sector Automotores de la ESMA junto con Scilingo, quien lo conocía como “teniente Vaca”, el nombre de cobertura que usaba para ocultar su identidad. Juntos participaron del primer vuelo de la muerte que confesó el marino, ocurrido a mediados de 1977 en un Skyvan de Prefectura. El abogado había estado apenas un día detenido, en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió sin suerte su captura y extradición. Torres de Tolosa estuvo imputado en la megacausa ESMA desde 2005, cuando el fiscal federal Eduardo Taino lo incluyó en su acusación. El dictamen no le impidió recorrer durante años los pasillos de Comodoro Py para defender a sus camaradas en desgracia. El abogado es además uno de los cinco civiles condecorados el 12 de septiembre de 1978 por el ex almirante Emilio Massera por su “esfuerzo y abnegación” como integrante del Grupo de Tareas 3.3 “en operaciones reales de combate”.

El Colorado Ormello

Rubén Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada, tenía 21 años y prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su confesión, que Página/12 publicó hace veinte meses, la relataron ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura y para la que trabajó hasta el lunes en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruyó un operario. Las fuentes citaron un detalle que los paralizó: “Trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba. El 13 de agosto de 2009 Página/12 buscó a Ormello en su lugar de trabajo y en su casa de Godoy Cruz. Su esposa informó que estaba de viaje. El cronista dejó su teléfono y su mail, pero no recibió respuesta, ni antes ni después de la nota, publicada el 6 de septiembre de 2009.

Del Skyvan al Boeing

Las primeras denuncias sobre el uso de los Skyvan en vuelos de la muerte datan de 1983. Los registros de Prefectura que derivaron en las detenciones no los pidió el fiscal o el juez de la causa ESMA sino el fiscal Miguel Osorio, que decidió investigar vuelos en el marco del Plan Cóndor. La Unidad Fiscal que conducen Jorge Auat y Pablo Parenti procesó 2758 planillas de cuatro Skyvan, identificó vuelos anómalos y señaló en particular el del PA-51 del 14 de diciembre de 1977, que despegó del aeroparque Jorge Newbery a las 21.30, voló tres horas y diez minutos y, sin escalas ni pasajeros según el registro, retornó al punto de partida. Horas antes habían sido fotografiadas en la ESMA las monjas Domon y Duquet, cuyo cadáver apareció en las playas de San Bernardo seis días más tarde. De Saint George y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas. Hasta el mes pasado, cuando el fiscal Taiano pidió sus detenciones, volaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de los Boeing 747. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra. Días después del vuelo un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En Necochea vive aún libre e impune el jefe de los pilotos, prefecto general Hilario Fariña, a quien el Concejo Deliberante local podría declarar el jueves “persona no grata”.

diemar75@gmail.com

domingo, 8 de mayo de 2011

Dos versiones sobre el retorno de los qom a Formosa

El CELS y Félix Díaz, líder de la comunidad qom, aseguraron que no hubo “desalojo” del acampe. Nora Cortiñas, de Madres, denunció que intervino "una patota" de La Cámpora.
Por Diego Martínez
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Félix Díaz acampó durante cinco meses para exigir la restitución de tierras ancestrales en Formosa.

El Centro de Estudios Legales y Sociales y el líder de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz, informaron anoche mediante un comunicado que “el levantamiento del acampe en la Avenida 9 de Julio fue voluntario y no se trató de un desalojo”. La declaración se difundió un día después de que Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, denunciara que los aborígenes fueron expulsados “compulsivamente” por “una patota de jóvenes” de La Cámpora y de “organizaciones afines al gobierno”. “Es una canallada decir que los integrantes de la comunidad qom han sido presionados para levantar el campamento” porque esa medida “formaba parte del acuerdo al que habíamos llegado en la reunión que mantuvimos en Casa de Gobierno”, aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Los miembros de la comunidad qom acamparon durante cinco meses en la Avenida 9 de Julio para exigir la restitución de tierras ancestrales en Formosa, y justicia por la represión del 23 de noviembre, cuando la policía que responde al gobernador Gildo Insfrán con la complicidad de Gendarmería asesinó a Roberto López (abuelo qom de 62 años) y dejó un tendal de heridos, incluidos varios ancianos.

A fines de abril los qom extremaron las medidas para exigir una reunión con el Gobierno. Díaz y otros indígenas iniciaron el lunes 25 una huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio. Un día después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

El sábado 30 la Justicia contravencional porteña ordenó liberar el corte y el Ministerio de Seguridad apostó más de cien efectivos frente a los manifestantes. “No hay orden para negociar”, confió un colaborador de la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz luego de despejar la calle.

El lunes, Randazzo recibió finalmente al líder de la comunidad, en una mesa de negociación junto al CELS, el Serpaj, Madres Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”, precisó el CELS en el comunicado. “El Estado facilitó además los medios para garantizar el retorno de los qompi a Formosa en condiciones de seguridad, de acuerdo con uno de los puntos que exigió la CIDH cuando hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el CELS y la Defensoría General de la Nación”, agregó el organismo.

Los indígenas habían informado que tenían previsto mantener el acampe hasta mañana, cuando se realice la primera reunión con el Estado Nacional y de Formosa, para resolver luego en asamblea los pasos a seguir. El viernes a primera hora, sin embargo, varios camiones y un micro de Gendarmería se apostaron ante los manifestantes con la misión de trasladarlos a sus tierras. “Los levantaron de forma agresiva. Fue muy desagradable”, lamentó Cortiñas. “Era una especie de patota de jóvenes (que vinieron) a provocar esta situación”, agregó. “Fue compulsivamente: ‘acá se van o se van’”, contó, y confesó que “esto nos preocupa y nos duele, no es modo de actuar”.

“La decisión de suspender la protesta fue tomada por los miembros de la comunidad mediante una asamblea en función del compromiso firmado el lunes con el gobierno nacional”, sostiene el comunicado que suscribieron anoche el CELS y Félix Díaz. “El acampe era una medida extrema que la comunidad llevó adelante durante cinco meses, a la espera de ser recibida por funcionarios del Estado Nacional. Habiendo logrado este objetivo y con un compromiso firme de avanzar en la discusión de fondo por la propiedad de las tierras, los qom volvieron a mostrar su voluntad de diálogo y levantaron el acampe”, agrega. “Esta medida resulta esencial para fortalecer el espacio de negociación” que se abrirá mañana, concluye.

sábado, 7 de mayo de 2011

En busca de la revancha del interinato

Eduardo Duhalde lanzó ayer su campaña a la presidencia con un acto en el Luna Park
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Eduardo Duhalde se lanzó en el Luna Park, donde lo presentaron como “el hombre que hizo el milagro”.

Publicado sin firma en PáginaI12.

Con la eterna apelación a la figura del piloto de tormentas, esta vez sin nubes en el horizonte, Eduardo Duhalde lanzó ayer su candidatura presidencial por Unión Popular. Calificó al Gobierno de “perverso e intolerante” y propuso “cerrar las heridas del pasado con verdad y justicia, pero no desde una presión ideológica y política sobre los jueces sino desatándoles las manos”. Afirmó que fue perseguido por la Triple A y que las Madres de Plaza de Mayo lo acompañaron en los ’80. “Logramos pacificar el país sin tirar tiros”, aseguró sobre su mandato interino 2002/2003 el hombre que debió adelantar la entrega del poder por los asesinatos de Kosteki & Santillán en la estación Avellaneda.

“Todos con Duhalde, el hombre que hizo el milagro”, aseguraba una voz desde una combi de gastronómicos, mientras hombres y mujeres del conurbano llegaban al Luna Park a puro bombo y Diego Torres insistía con su “Color esperanza”. Durante la espera se leyeron tres adhesiones. Rodolfo Terragno confesó tener “grandes expectativas”. La juventud de Unión Popular reclamó “un país pacificado”. La tercera fue del salteño Juan Carlos Romero.

A las 19.05 el locutor gritó “demos la bienvenida al futuro presidente”, llovieron papelitos y entró Duhalde: jean, camisa, saco, pañuelo rojo, pelo blanco. En las primeras filas se vio a Ramón Puerta, Miguel Angel Toma, Graciela Camaño, Gerónimo Venegas y Luis Barrionuevo. “Quiero que mi abrazo se multiplique a los millones de desamparados”, arrancó Duhalde. Contó que el día de su asunción en 2002 Fidel Castro dijo que “sólo un loco se puede hacer cargo de la Argentina”, y le dio la razón: “Soy un loco de amor a mi patria y a mi pueblo”, arengó. Chiche miraba embelesada.

“Gobierno perverso, intolerante, anclado en el pasado”, piropeó. “Estoy harto de la intolerancia”, aseguró. Apuntó a “quienes dicen que soy de extrema derecha”, aseguró que fue perseguido por la Triple A y que “no soy de izquierda ni de derecha, soy peronista de Juan Domingo Perón”. Explotó el Luna. “La diferencia –le habló a la Presidenta– es que creo en la unidad, mientras usted se encarga de dividir todo lo que puede.”

“Tenemos diferencias en todo. Yo creo en otros derechos humanos, establecidos antes de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948: el derecho a la niñez, la ancianidad, la salud, pero en serio, señora”, predicó compungido. Contrastó la “concepción integral de los derechos humanos” con una política que pretendió acotada a la Justicia por los crímenes de la dictadura. “Tal vez sea un conflicto de culpa por lo que no hicieron”, chicaneó, y aseguró que asumió la intendencia de Lomas en los ’80 “rodeado de pañuelos blancos”. “Las Fuerzas Armadas están arrinconadas y humilladas”, pretendió, y lejos de las políticas de Defensa para integrar a los militares a la sociedad, comparó “la vocación patriótica” de los nuevos soldados con quienes deciden “entrar a la religión”.

De la gestión que comenzó en 2003 diferenció dos modelos. “El primero me tocó ponerlo en marcha” e implicó “el fin del Consenso de Washington”. De su mandato destacó la alianza con “la Iglesia Católica argentina”, que lo respaldó “en lo físico y lo espiritual”. “Logramos pacificar el país sin tirar tiros”, dijo con el rostro impávido. Luego agradeció “al padre de la democracia recuperada”, Alfonsín, que “me aportó dos ministros cuando muchos disparaban”, dijo y saludó a Jorge Vanossi. “El otro modelo comenzó cuando Kirchner creyó que era economista y se desprendió de (Roberto) Lavagna. No es un modelo productivo, enfrenta a todos como perros y gatos”, dijo.

Cerró con diez “objetivos”: 1. “Hambre cero” por medio de una “renta básica de ciudadanía”; 2. “inversión en prevención y represión del delito”; 3. “concepción integral de los derechos humanos”; 4. “lucha frontal contra los narcotraficantes” (alertó sobre “el peligro de los narco-Estados y repudió la “visión bélica de los norteamericanos”); 5. “cerrar las heridas del pasado con verdad y justicia, pero no desde una presión ideológica y política sobre los jueces sino desatándole las manos a la Justicia”, enunció y evitó explayarse, para frustración del paisano de Arrecifes que mostraba orgulloso un cartel con la tapa de B1, la revista de quienes reclaman impunidad para los represores; 6. “recuperar el federalismo”; 8. (salteó un número) “Paz definitiva en orden y libertad”; 7. “propongo un nuevo derecho: de arraigo”, que dijo haber inventado “hace treinta años”, que surgiría de sumar: entrega de tierras para construir más educación y trabajo, y que debería empezar “por el NEA y el NOA”; 9. “organismos de control en manos de la oposición, con participación de las ONG que trabajan sobre transparencia”; y 10. “shock de inversiones”.

“Fui el primer presidente surgido del movimiento obrero” y “quiero gremialistas que no se queden con la plata de los trabajadores”, dijo en el cierre. Recordó a Lorenzo Miguel, José Ignacio Rucci y Saúl Ubaldini como “honrados y honestos” y ubicó en esa línea al peón rural Venegas y al mozo Barrionuevo. Concluyó una vez más con la idea de “enfrentar la tormenta” y “entregar mi corazón en la batalla”, e invitó al hijo de Hugo del Carril a entonar la marcha peronista, que cantó todo el Luna excepto Martín Redrado, quien sólo atinó a aplaudir con la lengua paralizada.

sábado, 16 de abril de 2011

“No hice nada que no me haya autorizado Prefectura”

HILARIO RAMON FARIÑA, JEFE DE LOS PILOTOS ACUSADOS POR LOS VUELOS DE LA MUERTE

En 1976 y 1977 fue jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, del que dependían los tripulantes y mecánicos de los Skyvan. Asegura que nunca llevó a personas secuestradas y que no tiene “ni idea” de si esa era o no una práctica habitual.


Por Diego Martínez
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Hilario Ramón Fariña fue en 1976 y 1977 jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, del que dependían los pilotos y mecánicos de los Skyvan, el avión que protagonizó el vuelo de la muerte por el cual el fiscal Eduardo Taiano pidió esta semana la detención e indagatoria de tres pilotos. Según su legajo, Fariña tenía “poco prestigio entre sus superiores”. Ex subordinados consultados por Página/12 lo recuerdan como un hombre “temible”. En enero de 1984 fue denunciado ante el gobierno de Raúl Alfonsín como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. A pesar de la denuncia y de la confesión de Adolfo Scilingo, que estuvo a punto de caer al vacío mientras tiraba al mar a personas adormecidas desde un Skyvan, Fariña nunca rindió cuentas ante la Justicia. Pasó a retiro en 1986, fue en 2001 jefe de seguridad de la agencia Seguridad Zabala SRL, con domicilio en Villa Dominico, Avellaneda, y en 2007 Prefectura lo nombró “jefe honorario del Servicio de Aviación”. Hoy tiene 82 años y vive en Necochea.

–Lo llamo para hablar de los vuelos con secuestrados en los Skyvan cuando usted era jefe –propuso Página/12 el lunes, antes de que trascendiera la decisión de Taiano.

(Largo silencio) –Pregunte en Prefectura, dependíamos de Operaciones. Vaya al edificio Guardacosta. Todo lo que hacíamos está registrado ahí. En operaciones y en Aeroparque, en la torre.

–Vi los registros pero omitieron que volaban con secuestrados.

–Yo no hice ningún vuelo anormal.

–¿Cómo se explican vuelos de más de cuatro horas, nocturnos, que despegaban y aterrizaban en Aeroparque?

–Seguramente eran de adiestramiento. Mientras yo estuve no hice nada que no me haya autorizado Prefectura y que no me hayan mandado por radio.

–¿Trasladar a personas vendadas y drogadas era habitual o esporádico?

–No tengo idea, lo nuestro está todo escrito.

–Hay vuelos que no tienen ninguna finalidad registrada. ¿A qué se debe?

–Todos tienen. Puede ser alguno de mantenimiento, no sé, no me van a prestar un avión para pasear.

–¿Podrán ser vuelos en los que se tiraba gente al mar?

–No tengo idea. Lo que hemos hecho es lo que correspondía, era todo normal. En la torre de control tiene que estar guardado el motivo de cada vuelo. En forma clandestina jamás hemos salido.

–¿Cuál era su lugar físico de trabajo?

–En el puerto nuevo.

–¿Cada cuánto iba a Aeroparque?

–Cuando nos ordenaban algún vuelo, íbamos y cumplíamos. Aeroparque era un lugar público.

–Scilingo relató que...

(Interrumpe) –A Scilingo no lo conocí y no lo conozco, llame a la Armada.

–Scilingo estuvo a punto de caerse desde un Skyvan y ese avión dependía de usted. ¿Mintió Scilingo? ¿Admite que ese vuelo existió?

–No puedo admitir nada, tiene que preguntar en Prefectura.

–Prefectura no va a admitir nada, le pregunto a usted como persona y como piloto. ¿Se veían los detenidos desde la cabina? ¿En qué condiciones estaban?

–¿Quiénes? No lo sé.

–Es chiquito el Skyvan, no podían no ver si había personas vendadas.

–No llevé personas vendadas ni secuestradas. Vaya a Prefectura, a lo mejor ahí le informan. Nunca se hizo nada que no se registrara y no haya sido autorizado por Prefectura. No tengo nada para contarle que sea anormal.

–¿El vuelo que relató Scilingo sería un vuelo normal?

–No lo sé, no puedo contestar nada.

–Usted fue denunciado en 1984 por tirar secuestrados de la ESMA al mar. ¿Qué hicieron con esa denuncia en Prefectura?

–No sé, no me pregunte, yo a usted no le voy a decir nada.

–En las planillas consta la finalidad del vuelo. ¿Qué palabra usaban cuando trasladaban secuestrados?

–No tengo idea. Vaya a Prefectura, pregunte.

–Prefectura aportó casi tres mil planillas de vuelo. ¿Qué significa vuelo de “navegación”?

–Práctica de navegación. Para estar preparado ante una zona de tormenta, por ejemplo. El hombre tiene que estar capacitado para volar en cualquier condición. Hoy hay simuladores, en aquella época no existían.

–¿Los vuelos nocturnos eran habituales?

–Bueno, hasta los ’60 se volaba de sol a sol y después la torre se cerraba hasta el día siguiente. Después se hicieron también vuelos nocturnos, y para eso hay que practicar.

–Un vuelo en el que no consta finalidad, que dura casi cinco horas, despega y aterriza en Aeroparque, ¿qué finalidad pudo haber tenido?

–Siempre está la finalidad, en algún lado está escrito. Si no figura, no tengo la culpa. No éramos un ente desarticulado, siempre tuvimos dependencias, nos daban una orden y teníamos que comunicar a la torre.

–En muchos vuelos figura la cantidad de tripulantes y hasta se identifica a marinos o prefectos por su apellido. ¿Por qué los vuelos con detenidos figuran sin tripulación?

–Si no figuran es porque no se habrán transportado.

–Hay constancias de sobrevivientes que viajaron.

–No le puedo decir nada. Yo dependía de Operaciones, ellos digitaban, decían qué había que llevar, qué no.

–¿Usted ordenaba no registrar a los detenidos?

–Se registraba todo lo que se hacía.

–¿Hablaban entre ustedes de los vuelos de la muerte o era un tema tabú?

–Yo por lo menos lo he escuchado después.

–¿Cuándo?

–Cuando se empezó a ventilar.

–¿Y le resultó extraño o familiar?

–Bueno, siempre de todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía. Siempre digo como Falú, que toca la guitarra y alguna palabra...

–Los vuelos están probados, hay confesiones, hay personas identificadas que estuvieron en la ESMA.

–Averigüe si pertenecí a la ESMA o estuve en algún lugar. Yo era jefe de la división aviación de Pre-fec-tu-ra –levanta la voz.

–Sí, dependía de la Armada.

–Pero a mí la Armada no me daba órdenes.

–Se las daba a su jefe.

–Usted tiene que ir a la fuente.

–Por eso lo llamo.

–Hubo un montón de jefes.

–Pero usted fue jefe en 1976 y 1977.

–¿Eso qué tiene que ver?

–Son los años con más personas desaparecidas.

–No tengo nada que ver.

–¿Alguna hipótesis sobre el destino de los desaparecidos?

–Ninguna hipótesis, de nada.

–¿Ningún remordimiento?

–Tampoco. Tengo la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía. Lo que hice fue todo normal.


LOS CINCO SKYVAN QUE PREFECTURA USO DURANTE LA ULTIMA DICTADURA
Heladeras con alas

Por D.M.

El Skyvan es un avión irlandés fabricado desde 1962 por la compañía Short Brothers. Por sus formas se lo llamó caja de zapatos o heladera con alas. Atrás tiene una rampa que permite el acceso de un jeep y se distingue porque puede despegar o aterrizar en pistas cortas y terrenos poco aptos. La configuración de los aviones que llegaron a la Argentina permitía transportar a 18 pasajeros o hasta 1450 kilos de carga.

Prefectura adquirió en 1971 cinco aviones, todos activos durante la dictadura. Las planillas que el Departamento de Aviación le entregó al fiscal federal Miguel Osorio son de cuatro: faltan las del PA-53. La base de los Skyvan funcionaba durante el terrorismo de Estado en el Aeroparque Jorge Newbery. El hangar de Prefectura tiene 20 metros de ancho, uno menos que las alas de los aviones. En el hangar sólo se guardaban repuestos y asientos, que se sacaban o ponían según la finalidad del viaje. El mantenimiento y las reparaciones se hacían en la base aeronaval de Ezeiza.

Dos de los cinco aviones quedaron en Malvinas, donde sirvieron a la Fuerza de Tareas 80 en tareas de reconocimiento, búsquedas, sostén logístico, traslado de cargas, tropas y vehículos livianos. El PA-54 se accidentó al aterrizar en un hipódromo durante la huida ante un ataque inglés al aeródromo de Puerto Argentino. El PA-50 fue destruido por explosivos británicos en el aeródromo de la Isla Borbón.

Los tres aviones que operaron en el continente estuvieron en el hangar 4 de la base aérea de Morón hasta 1995, cuando los adquirió la empresa CAE Aviation, de Luxemburgo, que brinda servicios a terceros, desde estudios marítimos y reconocimientos hasta filmaciones de carreras. En junio de aquel año la firma británica Hunting Cargo Airlines alquiló los ex PA-52 y PA-53. El primero pasó luego a manos de Babcock Support Services, fue en 2002 la estrella de un documental que la BBC filmó en Belfast para celebrar los cuarenta años del primer vuelo, y en 2006 fue desmantelado para servir como fuente de repuestos. El PA-53 seguía hasta hace dos años en poder de CAE Aviation.

El PA-51 fue vendido en 2003 al correo privado GB Airlink, con base en Florida, y sirve para entregar en el Caribe y el sudeste de los Estados Unidos productos comprados en Miami. “Es para gente que viene de shopping”, le explicó el dueño a la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, que a fines de 2009 filmó el aparato y el libro de vuelos con los nombres de los prefectos que los pilotearon durante la dictadura. El avión que el 14 de diciembre de 1977 a la medianoche hizo un extenso vuelo de “navegación”, sin pasajeros según el registro de Prefectura, pasa sus días en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida.


El PA-51 con los colores de Prefectura.








El ex PA-51 hoy, al servicio de una empresa de correo privada.



ANTECEDENTES DE LOS PREFECTOS IMPUTADOS Y SUS SUPERIORES
Los protagonistas

Por D.M.

El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos. También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano tenían en 1977 el grado de oficiales principales. D’Agostino, oriundo de Bahía Blanca, era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en Aeroparque. Diecisiete días después del vuelo de la muerte, Zaldúa lo elogió por el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”. “Coopera sin reservas en cualquier tarea que se le encomienda”, celebró.

D’Agostino se retiró en 1994 y fue reincorporado tres años después como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura, cargo que aún ocupa. Consultado por Página/12 el lunes, antes de conocer la denuncia, afirmó que no responde preguntas porque permanece en actividad y aconsejó formularlas a Prefectura. Anoche aclaró que ya se presentó ante el juzgado de Sergio Torres. “Soy inocente de todo y la única forma de hablar es a través del juzgado”, advirtió.

De Saint Georges y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas Argentinas, igual que Carlos Giasone y Fernando Paganini, también ex pilotos de los Skyvan. Hasta fines de 1977 sus calificaciones eran óptimas. En el caso de De Saint Georges, Salinas destacó “su amor a la institución, que representa orgulloso”. Fariña elogió “su lealtad” y lo calificó como “incondicional para el servicio”. En el caso de Arru, lo consideraban “un excelente oficial” que “vuelca toda su responsabilidad y criterio personal, siempre exitoso”.

En mayo de 1978, luego de que trascendiera la intención de De Saint Georges de postularse en Aerolíneas, Zaldúa apuntó que notaba “ciertas reservas para brindarse por entero a la institución”. Comenzó por esos días contra los cuatro pilotos “una política agresiva, a efectos de afianzar el principio de autoridad”, tal como propuso el prefecto general Oscar René Elola, quien los cuestionó por “falta de vocación y apego institucional”. “Total falta de lealtad e indiferencia hacia la institución”, agregó el prefecto general Alberto Severo (sic) Mancuso. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Arru. En el caso de De Saint George, sus familiares apuntaron los teléfonos del cronista pero el piloto no devolvió los llamados.

Un detalle llamativo que señaló el fiscal Taiano en su escrito surge de los legajos de conceptos de los pilotos, donde se registra la cantidad de días, horas y décimas de horas de vuelo. Quien verificó los datos cada mes, durante años, en el caso de los tres imputados, fue el prefecto mayor Eduardo Gutiérrez. Por alguna extraña razón, en diciembre de 1977 no aparece su rúbrica sino la del prefecto mayor Armando Marcelo Nattero. Fue justamente ése el mes del vuelo por el que el juez federal Sergio Torres podría ordenar sus detenciones.


La impunidad de Prefectura

Por D.M.

Prefectura no tiene un solo condenado por su actuación durante la dictadura. Más allá del rol de los Skyvan, de pilotos y tripulantes, la fuerza actuó durante el terrorismo de Estado subordinada a la Armada, en la ESMA pero también en el resto del país. Héctor Febres fue quien más cerca estuvo de la condena: murió días antes, envenenado. También murieron impunes el subprefecto Roberto Rubén Carnot, alias Espejaime, que actuó en la ESMA, y Néstor López, El Alemán, interrogador de Campo de Mayo. Juan Antonio Azic sobrevivió a un intento de suicidio y podría recibir su sentencia este año junto con Acosta, Astiz & Cía. En la causa ESMA está procesado con preventiva Jorge Díaz Smith, continúa prófugo Gonzalo Sánchez, alias Chispa, y ¿sigue libre? Víctor Penna, alias Hugo.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, hay otros diez prefectos procesados: cuatro en la causa Campo de Mayo (Carlos Gerardi, Héctor Omar Maldonado, Servando Ortega y Roberto Rossin), tres en Mar del Plata (Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Pedro Luis Bustamante), dos en Bahía Blanca (Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que aconsejó “ralear” del diario La Nueva Provincia a dos delegados gremiales que luego fueron secuestrados y asesinados), y el restante en Goya, Corrientes (Luis Leónidas Lemos). En Bahía Blanca hubo detenciones de prefectos sobre cuyas situaciones procesales debe pronunciarse el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni.

lunes, 11 de abril de 2011

“Navegación nocturna”

Un fiscal pidió detener a los tripulantes del vuelo del que fueron arrojadas al mar la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y la monja francesa Léonie Duquet. Fue en un Skyvan de Prefectura el 14 de diciembre de 1977, dos horas después del montaje en la ESMA para adjudicar el secuestro a Montoneros.

Por Diego Martínez

El 14 de diciembre de 1977 entre las siete y las ocho de la tarde un secuestrado de la ESMA fotografió a Alice Domon y Léonie Duquet con un cartel de Montoneros de fondo y un ejemplar de La Nación en primer plano. La imagen de las monjas francesas, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada, es la última prueba de vida del grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz. A las 21.30 de aquel miércoles, día habitual de “traslados” en la ESMA, el Skyvan PA-51 de Prefectura Naval Argentina despegó desde el aeroparque Jorge Newbery. Según la planilla del vuelo no transportó pasajeros, voló tres horas y diez minutos, y, sin escalas, regresó al punto de partida. Seis días después aparecieron en playas de San Bernardo y Santa Teresita los restos de Duquet, que en 2005 identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense. El uso de los Skyvan está denunciado desde 1983 y es el avión del que estuvo a punto de caer Adolfo Scilingo mientras arrojaba prisioneros al mar. A partir de documentos obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio y del trabajo de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, que permitió por primera vez identificar un vuelo de la muerte concreto, el fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la detención e indagatoria de los tripulantes del Skyvan: Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. La decisión sobre sus futuros depende del juez federal Sergio Torres, que a más de tres lustros de la confesión de Scilingo todavía no indagó al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el superior que le acercaba a las personas drogadas para arrojar al vacío. Ayer al mediodía, a pedido de PáginaI12 y con el fin de evitar una nueva fuga en la causa ESMA, la fiscalía informó al juzgado de Torres que Arru debía volar a las nueve de la noche rumbo a Madrid como comandante de un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas.

Veintiocho años no es nada

El primer testimonio sobre los Skyvan lo aportó en marzo de 1983 el inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ex ayudante del general Harguindeguy. “Escuché al teniente de navío Norberto Ulises Pereiro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Nacional Naval para el transporte y lanzamiento en altamar de prisioneros políticos secuestrados”, dijo. “Estos aviones, de fabricación irlandesa, de buena capacidad de carga, y con una rampa en la parte trasera, cuya marca no recuerdo, resultan apropiados para la misión encargada”, precisó. El marino le contó “que un prisionero había arrastrado en su caída al vacío al suboficial encargado de su eliminación”. El contraalmirante retirado Pereiro era piloto de los L-188 Electra, el otro avión que la Armada usó para desaparecer enemigos. Fue agregado naval en Washington durante el menemismo y es el actual vicepresidente de la Sociedad Militar “Seguro de Vida”.

La segunda denuncia, sobre la que el Poder Judicial tomó nota la semana pasada, está en Conadep desde enero de 1984. Es una carta firmada por la “oficialidad joven y no corrupta de la Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”, que recibió el ministro del Interior de Alfonsín, Antonio Tróccoli. La nota ratificó el dato sobre los Skyvan y señaló a un responsable directo: “Hilario Ramón Fariña. Prefecto general --aviador-- era quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”, precisa el escrito. Fariña tiene hoy 82 años, 35 impune. Entrevistado por PáginaI12, negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”.

“La tripulación normal”

Scilingo confesó en 1990, en una carta al dictador Videla, su participación en dos vuelos, ambos desde aeroparque. “El primero, con trece subversivos, a bordo de un Skyvan de la Prefectura”, apuntó. Cinco años después relató la historia. “El sistema para eliminar a los elementos subversivos era orgánico. Mover aviones no los mueve una banda sino una fuerza armada”, explicó. En un pizarrón del casino de oficiales de la ESMA leyó los nombres de los verdugos. Vio cuando adormecieron a los secuestrados, cuando los cargaron al camión y luego al avión. Subió con su jefe, el “teniente Vaca”, a quien luego identificó como Torres de Tolosa. “Estábamos tan convencidos que nadie cuestionaba, no había opción. La mayoría hizo un vuelo, era para rotar gente, una especie de comunión”, aclaró, y categorizó victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo e “invitados especiales” que daban “apoyo moral”.

“Al salir de Aeroparque se daba un plan de vuelo: la base aeronaval de Punta Indio. Al llegar a Punta Indio se enfilaba mar afuera”, relató. “Se los desvestía desmayados y, cuando el comandante daba la orden en función de donde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos, uno por uno”, dijo. “En el Skyvan por la portezuela de atrás, que se abre de arriba hacia abajo. Es un gran portón pero sin posiciones intermedias. Está cerrada o está abierta, por lo cual se mantiene en posición de abierta. El suboficial pisaba la puerta, una especie de puerta basculante, para que quedaran 40 centímetros de hueco hacia el vacío. Después empezamos a bajar a los subversivos por ahí. Yo, que estaba bastante nervioso, casi me caigo y me voy por el vacío”, contó.

--¿Qué personal naval iba en cada vuelo?

--En la cabina iba la tripulación normal del avión.

--¿Y con los prisioneros?

--Dos oficiales, un suboficial, un cabo y el médico. En mi primer vuelo, el cabo de Prefectura desconocía totalmente cuál era la misión. Cuando se da cuenta entra en una crisis de nervios. Se puso a llorar. No entendía nada, se le trabucaban las palabras. Eso me puso nervioso. Le empecé a explicar y le dije que hable con los pilotos. Yo no sabía cómo tratar a un hombre de Prefectura en una situación tan crítica. Al final lo mandan a cabina. El Skyvan es una gran caja, con la cabina separada.

El Estado bobo

El juez Sergio Torres está a cargo de la causa ESMA desde 2003, cuando la confesión de Scilingo se conocía en todo el mundo. La investigación sobre los vuelos, sin embargo, nunca se activó. En 2005 el juez Julián Ercolini declinó su competencia para investigar la confesión del capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”, y se la envió a Torres, que recién acusó recibo cuatro años después, cuando PáginaI12 publicó la historia. Su procesamiento fue confirmado pero el juez no avanzó contra sus superiores. En el caso del teniente Julio Poch, el impulso de la investigación no fue de jueces argentinos sino del Reino de los Países Bajos. Sus superiores siguen impunes, igual que el suboficial Rubén Ricardo Ormello, autor de la tercera confesión judicializada, que PáginaI12 informó en 2009. Torres tampoco indagó a los aviadores y técnicos aeronáuticos condecorados por Massera por su actuación en “operaciones de combate” (sic) como miembros del Grupo de Tareas 3.3, capitanes Hugo Roberto Ortiz, Guido Paolini y Rodolfo Alberto Bogado. Hasta el imputado Carlos Capdevila renegó por la indiferencia de Su Señoría ante los datos precisos sobre represores que aportó el médico de la ESMA. “Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta”, lamentó.

El disparador de la investigación sobre los Skyvan fue un informe de la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, quien filmó en Estados Unidos uno de los cinco aviones que Prefectura usó durante la dictadura. Lewin volvió al país con una copia del “Historial técnico de vuelos”, que acompaña al aparato hasta el fin de sus días e incluye información valiosa como apellido del comandante, fecha, procedencia, destino y duración de cada vuelo. A fines de 2009 los datos ya estaban en el juzgado de Torres, abocado desde hace quince meses a conseguir una copia certificada de los documentos. No menos frustrante fue la respuesta del entonces ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, al pedido de PáginaI12 de tomar vista de los legajos de los pilotos: lo rechazó sin explicitar motivos, contrariando la política oficial de promover las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.

Tras la emisión del informe en Canal 13, el fiscal federal Miguel Osorio, que investiga traslados de secuestrados en el marco de la causa Plan Cóndor, le tomó testimonio a la periodista, analizó las irregularidades que surgían de los registros y solicitó a Prefectura la documentación sobre los Skyvan. A diferencia de la Armada, reticente a entregar las planillas de los Electra pese a las intimaciones de Osorio, Prefectura aportó 2.758 planillas de vuelos registrados entre 1976 y 1978, que además de la información del libro del avión incluyen datos imprescindibles como horarios, tripulación y finalidad.

Del estudio y la búsqueda de un correlato documental de los vuelos de la muerte se ocupó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración. Los registros se volcaron en un cuadro para visualizar regularidades y excepciones. En base al relato de Scilingo y a la velocidad de los Skyvan, se seleccionaron vuelos de más de dos horas y media. Descartados aquellos con destinos que la justifiquen, surgió que el despegue y aterrizaje de los restantes siempre tuvo lugar entre aeroparque y la base aeronaval de Punta Indio. El dato es sugestivo: los dos vuelos que confesó Scilingo partieron desde aeroparque. En su libro “Por siempre nunca más”, agregó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar”. La duración es aún más llamativa: los 40 o 50 minutos que tardaba un Skyvan para unir ambos puntos se extienden según los registros hasta cuatro horas y media, al límite de la autonomía del avión. Por último se considera la nocturnidad y la finalidad apuntada.

Los vuelos que sortean todos los filtros y en los que se menciona a aeroparque como punto de partida y llegada son once en tres años. En ninguno se registraron pasajeros. Diez tienen por finalidad la “instrucción”. Sólo uno, el del 14 de diciembre de 1977, tiene un objetivo diferente: “navegación nocturna”. Según la planilla de vuelo, el PA-51 voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, al mando de De Saint Georges, Arru y D’Agostino. Los primeros se fueron de Prefectura al año siguiente y vuelan tres veces por mes a Madrid como comandantes de vuelos de Aerolíneas Argentinas. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura. Diecisiete días después del vuelo con el grupo de la Santa Cruz un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”.


LA HISTORIA DEL GRUPO DE LA SANTA CRUZ

De la Huevera al Skyvan

Por D.M.

A mediados de 1977, a poco de las primeras rondas de Madres de Plaza de Mayo, el capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, le ordenó a Alfredo Astiz infiltrarse entre los familiares de desaparecidos. El teniente se presentó como Gustavo Niño y se adosó a Azucena Villaflor, a tal punto que varios pensaron que era su hijo. “No tenemos derecho a callarnos”, explicó en esos días la monja Alice Domon. “Sea lo que fuere lo que hayan podido hacer las personas secuestradas, y ni siquiera busco enterarme de ello, no hay derecho a torturar. Dios pedirá cuentas algún día”, aseguró ante un periodista.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, las Madres tenían previsto publicar una solicitada en La Nación para denunciar la situación de los desaparecidos. El jueves 8 juntarían la plata para pagarla. Esa tarde, mientras Azucena le aconsejaba a Astiz alejarse para protegerlo, los marinos secuestraron en La Boca a Remo Berardo, el hombre más joven del grupo. Tres horas después varios autos estacionaron frente a la iglesia de la Santa Cruz, de los padres pasionistas. Adentro daba misa el padre Fred Richards. Los familiares se reunieron en el jardín y cada uno contribuyó con sus ahorros. Astiz hizo un aporte mínimo, simuló culpa, dijo que iba a buscar plata y se fue. Minutos después, marinos, prefectos y policías, en jean, camisa y campera, arrastraron hacia los autos a seis mujeres y tres hombres. Esa misma noche fueron interrogados por un grupo de torturadores que encabezó Antonio Pernías. Un secuestrado que traducía diarios franceses en el sótano del casino de oficiales los vio encapuchados y engrillados, sentados en un banco frente a las salas de interrogatorio. Acosta puso música clásica a todo volumen pero no logró tapar los gritos. Luego los distribuyeron entre Capucha y Capuchita.

Azucena Villaflor no fue secuestrada esa noche porque le tocó hacer la colecta junto con Nora Cortiñas en la iglesia de Santa María de Betania, en Almagro. El viernes terminó de pasar en limpio las firmas de la solicitada y se peleó por última vez con La Nación, donde primero se resistieron a publicarla porque faltaba “el visto bueno del cuerpo jurídico”, después los obligaron a pasar a máquina casi mil nombres, y por último les rechazaron pagar con monedas y billetes chicos. “¡Este no es el diario de Mitre!”, renegó la fundadora de Madres. Por la plata que los marinos robaron en la Santa Cruz el aviso se publicó en tres cuartos de página y no completa como estaba previsto. Al final del texto se advirtió que “esta solicitada ha sido costeada con el aporte --en algunos casos muy sacrificado-- de las personas firmantes”. Azucena fue secuestrada cuando acababa de comprar el diario, el sábado 10 a primera hora. Esa misma mañana, en una capilla de Ramos Mejía, fue secuestrada la monja Léonie Duquet. Al mediodía del sábado el grupo marcado por Astiz ya estaba en la ESMA, donde los guardias se dirigían a las monjas como “hermanas”.

Ante la difusión de la noticia, el gobierno de Francia pidió explicaciones y los llamados del Ejército a la ESMA se multiplicaron. Acosta ideó entonces un montaje para desviar la atención. “Hay mucha polvareda por las monjas francesas. Vamos a sacar un comunicado informando que las secuestró un grupo armado y las vamos a trasladar”, le confío el capitán Pernías a una secuestrada. Acosta obligó a Domón a redactar una carta al obispo de Toulouse, de quien dependía la Congregación de las Misiones Extranjeras en Francia, en la que dijera estar prisionera “de un grupo disidente del gobierno de Videla” y reclamara la liberación de veinte presos políticos el día de Navidad. La carta está fechada el 14 de diciembre. Por otro lado se inventó un comunicado con el sello de Montoneros, reclamando, además de las liberaciones, que la Iglesia y el gobierno de Francia repudiaran a la dictadura. Está fechado el 15, llegó a France-Press el sábado 17 y fue título de La Nación del domingo: “Los montoneros secuestraron a las religiosas francesas”. La operación se completó con la foto. El prefecto Héctor Febres le encomendó a un secuestrado armar un lienzo con la palabra “Montoneros”, escudo, tacuara y metralla. La puesta en escena se armó en “la huevera”, una oficina montada en el sótano. Acomodaron un escritorio, pusieron dos sillas, colgaron el cartel de fondo y sentaron a las monjas, con hematomas en los pómulos y pálidas de terror. En primer plano, aunque ninguna lo tomó en sus manos, se observa el diario La Nación del día: 14 de diciembre de 1977. De título, una frase de Harguindeguy: “No habrá amnistía para los subversivos”, y una promesa: “liberaráse (sic) a los que estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad”.

El jueves, después del vuelo de “navegación” del Skyvan, La Nación informó por primera vez del secuestro de las monjas. “Dos desapariciones preocupan en París”, tituló. Apuntó que Le Monde, Le Figaro y France-Soir aportaron “precisiones diferentes” y sólo informó sobre “la hipótesis de una provocación montada para molestar al gobierno militar”. “En situaciones como la actual, nada es más desaconsejable que la ambigüedad informativa o la imitación del clásico gesto del avestruz”, escribió Luis María Bello, corresponsal en París. La cobertura se completó con un recuadro titulado “Vivas y con buena salud”, información que la Nunciatura le dio a la madre Marie-Joseph, superiora de la Congregación Notre Dame de la Mothe.

El sábado La Nación informó del repudio del gobierno a las desapariciones “de un grupo de personas, entre ellas dos religiosas”, que atribuyó a “la subversión encerrada en su nihilismo, (que) insiste con sus métodos de odio y destrucción”, y el domingo difundió el invento de Acosta. El martes 20 apareció en la playa el primero de los cinco cuerpos, enterrados como NN en el cementero de General Lavalle. Veintiocho años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a la monja Duquet, a Angela Aguad y a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

PáginaI12 analizó testimonios de sobrevivientes de la ESMA. Ninguno afirma con certeza el día del traslado, pero las estimaciones oscilan entre cinco y diez días de cautiverio, léase hasta el 13 o el 18 de diciembre. Varios apuntaron que “las monjas quemaban” y que apenas concluidos los interrogatorios Acosta decidió el traslado. Secuestrados que llegaron a la ESMA el fin de semana posterior al vuelo del 14 no tienen registro del grupo. Las escasas menciones son en pasado. “Cuando yo llego acababa de pasar lo de la Santa Cruz, las monjas y familiares, no vi nada de eso pero (escuché) comentarios muy a flor de piel”, relató el año pasado Rosario Quiroga, que llegó a la ESMA el sábado 17, trasladada desde Montevideo.

Jaime Dri llegó en el mismo vuelo, después de dos días de torturas. Miguel Bonasso relata en Recuerdos de la Muerte que, ya en la ESMA, el Tigre Acosta le preguntó: “¿por qué mataron (sic) a las monjas?”. Dri no sabía de qué le hablaba. Después lo dejaron hablar con dos compañeros a quienes daba por muertos, que le informaron sobre la infiltración de Astiz y el secuestro de los familiares y las monjas. “Las hicieron mierda. Yo las vi en Capucha”, le contó Horacio Maggio. “A la pobre Alice la llevaban al baño entre dos verdes porque no podía caminar. Y todavía me preguntaba por ese muchachito rubio… Ella seguía creyendo que era un familiar y que lo habían secuestrado”, agregó.

--¿Y luego…? –preguntó Dri.

--Las trasladaron –respondió Maggio.

Según el libro, el diálogo transcurrió durante el primer día de Dri en la ESMA. Los secuestrados le dijeron que era domingo. Sin embargo, Quiroga, trasladada en el mismo vuelo desde Uruguay, declaró que llegaron el sábado a primera hora, dato que coincide además con un vuelo del Skyvan PA-51 desde el aeropuerto de Carrasco. En el peor de los casos, el domingo 18 el “traslado” era parte del pasado.

Entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta, el sobreviviente Ricardo Coquet precisó que la orden de armar el cartel de Montoneros, léase cuando Acosta ya había decidido el traslado, fue “a los dos días del secuestro”, es decir el sábado 10. Miguel Lauletta, presente cuando se tomó la foto, calculó hace más de quince años ante el periodista Uki Goñi que el montaje fue a “las siete u ocho de la tarde”. “La idea de Acosta era sacar (la foto) con un diario y después ir trucando el diario para que mucho más tiempo después de haberlas eliminado se pensara que seguían vivas, una idea infantil que no se hizo nunca”, agregó. La única persona que arriesgó día y hora del vuelo fue el periodista que investigó el caso. “Los traslados en la ESMA usualmente ocurrían los miércoles”, escribió Goñi en su libro “Judas. La verdadera historia de Alfredo Astiz”. Precisó que la foto se tomó el miércoles 14 y concluyó que los secuestrados “fueron probablemente arrojados vivos esa misma noche a las aguas del océano Atlántico desde un avión de la Marina que habría despegado de Aeroparque aproximadamente a las 21”.

* PáginaI12 publicará mañana la historia de los pilotos, de los Skyvan de Prefectura y una entrevista al jefe de la División Aviación, de quien dependían los tripulantes de los vuelos de la muerte.


jueves, 24 de marzo de 2011

Un caso ya prescripto

FALLO DE CASACION SOBRE UN ATENTADO DE 1976
La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los delitos sindicados a organizaciones armadas durante la dictadura no configuran violaciones a los derechos humanos.
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Para los jueces, la imputación era “generalizada” y adolecía de “orfandad probatoria”.

Publicado sin firma en PáginaI12.

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes atribuidos a organizaciones armadas durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ende se encuentran prescriptos. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo se pronunciaron en el expediente por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido tres meses después del último golpe de Estado. Destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” que incluye desde el ex jefe montonero Mario Firmenich hasta sobrevivientes de la ESMA e incluso desaparecidos, y confirmaron los sobreseimientos. Los abogados José María Sacheri y Norberto Giletta anunciaron que apelarán la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

Al mediodía del 2 de julio de 1976 una bomba explotó en el comedor del edificio de Moreno 1431. El atentado provocó la muerte de 23 policías y de una mujer, civil, que visitaba a una amiga. Hubo sesenta heridos. La dictadura encabezada por Videla, Massera & Agosti hizo justicia a su manera. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”, firmaron dos días después en una pared de la iglesia de San Patricio los asesinos de los sacerdotes palotinos. La causa llevó finalmente el nombre de José María Salgado, un miliciano montonero que había trabajado hasta el día anterior como policía en Superintendencia. Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, fue torturado en la ESMA y entregado a la Federal, que antes de ejecutarlo le arrancó los ojos. “Abaten al autor de un trágico atentado”, titulaba Clarín el 4 de junio, al difundir el comunicado del Primer Cuerpo de Ejército sobre el supuesto “enfrentamiento armado”.

El primer intento de reabrir la causa fue frustrado por la jueza María Servini de Cubría. El pedido lo había formulado Hugo Biazzo, uno de los heridos, con el patrocinio de Giletta, ex juez de la dictadura y célebre por rechazar hábeas corpus por medio de su secretario Alfredo Bisordi, actual defensor del torturador Luis Patti. Los acusados por Giletta, que nunca llegaron a estar imputados por un fiscal, fueron Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Lila Pastoriza (ambos sobrevivientes de la ESMA), Norberto Habegger y Marcelo Kurlat, ambos desaparecidos. En 2007, la Cámara Federal confirmó que el atentado no era un delito de lesa humanidad. En 22 carillas los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah admitieron que era un episodio “aberrante”, pero que “no basta el inconmensurable daño ocasionado” para aplicar la imprescriptibilidad contemplada en el derecho penal internacional.

Los querellantes interpusieron un recurso de casación, que rechazó el martes la Sala I del tribunal penal. Los camaristas descartaron que Montoneros hubiera perpetrado crímenes generalizados contra la población y destacaron que ni siquiera está demostrado que Salgado haya sido el autor del atentado. “La orfandad probatoria es de un grado tal que impide formular cualquier tipo de imputación. Ni siquiera hay evidencias que arrojen mayores precisiones acerca de las circunstancias que rodearon el hecho”, destacó Madueño. “Ningún tribunal de Justicia puede aceptar con visos de seriedad la imputación que hace la querella en forma generalizada respecto de personas que dice pertenecieron a una agrupación que militaba en la época bajo la nominación Montoneros”, agregó.

Los magistrados rechazaron la aplicación de la categoría de lesa humanidad al hecho. “Para que una conducta sea calificada como de lesa humanidad, el acto debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. Esto es lo que se conoce como ‘elemento de contexto’”, apuntó Madueño. Enumeró cinco “elementos esenciales”: la existencia de un ataque; que se encuentre dirigido contra una población civil; que sea generalizado o sistemático; que la conducta del infractor forme parte del ataque, y que el autor sepa que su conducta forma parte de ese ataque.

Los jueces citaron como antecedente el fallo “René Derecho” de la Corte Suprema de Justicia, en el cual estableció que “lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”. Ante los delitos comunes, como la autoría no proviene de una estructura estatal o análoga, la víctima cuenta con la protección de la organización política que integra (en tal caso el Estado), que cuenta con medios para investigar y condenar a los culpables. En cambio, en los crímenes de lesa humanidad “las víctimas se encuentran absolutamente desamparadas porque la agresión proviene, por hipótesis, precisamente de la organización política que debe protegerla y defenderla, a lo que se suma la posibilidad de destruir pruebas y garantizar la clandestinidad por parte de quienes deberían investigar los delitos”.

miércoles, 23 de marzo de 2011

El último eslabón en la cadena del terror

Un fiscal anunció que se identificó el vuelo de la muerte de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo
La Unidad Especial de la Procuración analizó 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978. Al margen de Adolfo Scilingo, condenado en España, sólo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los “vuelos de la muerte”.

Por Diego Martínez
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La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.

El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.

El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.

El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.

Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.