Por Diego Martínez
El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.
El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.
El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.
El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los embargó por 56 millones de pesos.
diemar75@gmail.com
El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.
El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.
El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los embargó por 56 millones de pesos.
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