LA ULTIMA BATALLA DEL CRUZADO ALFREDO BISORDI
El ex juez de Casación, obsesionado por evitar el juicio al ex subcomisario represor, satura la causa de escritos, cuestiona a querellantes y a antropólogos, y al propio juez Juan Manuel Yalt, a quien además amenaza. “No me van a ganar por cansancio”, asegura.
El ex subcomisario Luis Patti lleva 16 meses privado legalmente de la libertad. Tiene procesamiento firme por seis secuestros, seis tormentos y un homicidio agravado. Fiscal y querellantes ya requirieron la elevación a juicio. El ex intendente de Escobar está en condiciones de ser juzgado con plenas garantías antes de que se cumpla el máximo previsto de tres años de prisión preventiva. El único obstáculo para poder demostrar su inocencia ante un tribunal imparcial es paradójicamente su abogado defensor Alfredo Horacio Bisordi, quien desde su renuncia a la Cámara de Casación y el blanqueo de su militancia está obsesionado en postergar hasta el infinito el comienzo del proceso. Para lograrlo satura la causa de escritos, cuestiona la legitimidad de los querellantes, los informes de los antropólogos forenses, y llega al extremo de sugerir que se falsean identificaciones de personas enterradas como NN para que familiares de desaparecidos cobren indemnizaciones. Tampoco duda en descalificar y amenazar al juez federal subrogante Juan Manuel Yalt, que esta semana tendrá oportunidad de poner coto a la estrategia dilatoria de Bisordi.
El viernes 3, cuando vencía el plazo para cuestionar los pedidos de elevación a juicio, Bisordi se instaló desde temprano en el juzgado federal de San Martín. Lejos de limitarse a pedir el sobreseimiento de su cliente, según él un simple oficial de calle apenas facultado para controlar documentos, presentó un extenso escrito para pedir la nulidad de todos los requerimientos, y otros 17 escritos para cuestionar la legitimidad de cada una de las querellas, con adjetivos previsibles para quien como juez de la Nación calificó a una sobreviviente de la ESMA de “delincuente terrorista”. El defensor insiste en que sólo viudos/as, padres e hijos de víctimas tienen derecho a exigir justicia, con la utópica esperanza de excluir del proceso a los organismos de derechos humanos y a las respectivas secretarías, nacional y provinciales. La discusión está zanjada desde hace años, pero todo vale para ganar tiempo.
Entre los querellantes particulares su mayor obsesión pasa por excluir a Gastón Goncalves, que es parte en la causa desde hace más de cuatro años y a quien el abogado histórico de Patti, Silvio Duarte, nunca cuestionó. No es un capricho infundado, ni odio a Los Pericos: el homicidio calificado de Roberto Gastón José Goncalves es hasta ahora el único por el que Patti será juzgado. Bisordi presentó cuatro escritos para cuestionarlo. En los primeros intentó desacreditar la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en 1996 exhumó del cementerio de Escobar e identificó a Goncalves. En el último sobrepasó todos los límites. “No está legalmente determinado que el presunto padre, Roberto Gastón José Goncalves, hubiese muerto a otro fin que no sea el de que sus parientes pudieran percibir una indemnización por su desaparición o larga ausencia con presunción de fallecimiento”, escribió. Goncalves militaba en Garín y Escobar, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez tres días más tarde, con signos de tortura, arriba de un patrullero estacionado en la comisaría donde trabajaba Patti. Pocos días antes el oficial de calle que llegaría a ser intendente de Escobar le había advertido: “Cuidate si querés seguir con vida”.
Al amplio abanico de enemigos declarados, a quienes califica de “terroristas” o intenta desacreditar por sus militancias de antaño, Bisordi incluyó en los últimos meses al propio juez de la causa, que desde enero reemplaza al renunciante Martín Suares Araujo. En escritos a los que accedió Página/12, el ex magistrado calificó a Juan Manuel Yalt de autista, irracional, sarcástico e ignorante del derecho. “Cualquier discusión jurídica que quiera plantear en este juzgado se convertirá siempre en un diálogo de sordos”, escribió. Lo acusó del “secuestro judicial” de Patti y le advirtió que “esa distracción puede costarle cara cuando el actual estado de cosas cambie y las instituciones de la República recuperen su vigencia y el prestigio perdido”. Lo imputó por instruir la causa “al servicio de fines ilícitos: la satisfacción de la venganza instrumentada desde el máximo poder político, en la que los jueces obran a sabiendas de que están colaborando en ese plan”. Le hizo notar que trabaja para “un régimen autoritario y decadente de gobierno, del que la justicia, con minúscula, forma parte”, y dejó en claro su voluntad de resistir: “En su juzgado no me van a ganar por cansancio. Me anima la firme decisión de no ser quien lleve la manija del cajón hasta la tumba en la que se han propuesto sepultar a mi defendido”.
Director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de San Martín, Yalt se hizo cargo de la causa en enero. Arrancó con pie firme: para rechazar la excarcelación del coronel Luis Sadi Pepa con argumentos propios, diferentes a los del fallo “Díaz Bessone” de la Cámara de Casación, Yalt dictó la inconstitucionalidad de una ley que obliga a los jueces a acatar fallos plenarios de un tribunal superior. Con Bisordi, a pesar de los insultos, las amenazas, la reiteración hasta el hartazgo de planteos con leves retoques de forma y el objetivo declarado de “ganarle por cansancio”, ha tenido hasta la generosidad de no “cargarle las costas”, que en castellano significa no cobrarle por el trabajo extra que las maniobras dilatorias generan a los empleados del juzgado.
Al margen de la habitual lentitud de la instrucción, que en San Martín impulsan sólo las querellas, el juicio a Patti sufrió varias postergaciones. Los abogados particulares Ana Oberlin y Pablo Llonto pidieron la elevación en noviembre. Un mes después se conoció la renuncia de Suares Araujo. Recién a fines del mes pasado el fiscal Jorge Sica siguió los pasos de los querellantes. Pidió que se juzgue a Patti, a su superior en la comisaría de Escobar, el ex comisario Juan Fernando Meneghini, y a los generales retirados Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Fernando Verplaetsen y Eduardo Espósito. En los próximos días el juez Yalt debe decidir si rechaza in límine los planteos de Bisordi y eleva la causa a juicio, o bien si corre vista a las partes y permite que la pelota siga corriendo, a la espera de que el huracán con el que sueña Bisordi destruya el proceso de verdad y justicia.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-123083-2009-04-12.html
Una línea de conducta
Durante la dictadura, Alfredo Bisordi, fue secretario del juez federal Norberto Giletta, que entonces rechazaba hábeas corpus a favor de desaparecidos y hoy defiende al general desaparecedor Jorge Olivera Róvere. En 1984 la Procuración General lo designó adjunto de Julio Strassera en el juicio a los ex comandantes. Renunció a la semana. Strassera contó que reivindicaba los métodos de la represión ilegal. Cuando Carlos Menem lo propuso para integrar la flamante Cámara de Casación, acusó de “marxistas” a los miembros de la Asociación de Abogados que lo impugnaron. Citado por la Comisión de Acuerdos del Senado, justificó por “las circunstancias históricas” la subordinación del Poder Judicial durante la dictadura. Hace una década la colectividad judía lo denunció por sus prejuicios antisemitas. Cuando se reabrieron las causas y los organismos lo recusaron, calificó como “delincuente subversiva” a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA. El exabrupto derivó en un pedido de destitución que el Consejo de la Magistratura convirtió en falta disciplinaria. El 24 de marzo de 2007, cuando Néstor Kirchner cuestionó la demora de los procesos, sostuvo que en 40 años de carrera judicial, que incluyen las últimas dos dictaduras, nunca hubo semejante intromisión presidencial. Renunció a la presidencia del tribunal en septiembre de 2007, luego de que sus pares le quitaran el apoyo para promover a su mujer y a su sobrina. Se jubiló en junio del año pasado en medio de un proceso de juicio político por cajonear expedientes en beneficio de hombres imputados por los mismos delitos que Patti. En agosto, ovacionado por Cecilia Pando, obtuvo la matrícula de abogado y blanqueó su militancia. Su primera cruzada frustrada, inspirada en los juicios para conocer el destino de los desaparecidos mientras las leyes de impunidad impedían juzgar a los represores, fue una denuncia para que se investiguen “actividades subversivas” entre 1959 y 1989. Además de Patti, defiende a Julio Alberto Cirino, ex agente civil del Batallón de Inteligencia 601.
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