Hoy se conocerá la sentencia por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Tercer Cuerpo
Los siete responsables del centro clandestino de detención La Perla escucharán hoy el veredicto del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. Será el primer fallo por terrorismo de Estado en la Justicia del interior del país.
Desde Córdoba
A los 81 años, luego de decidir sobre vidas y muertes en diez provincias norteñas y gozar de impunidad desde el indulto dictado por Carlos Menem en 1989, Luciano Benjamín Menéndez aprenderá hoy qué es la Justicia. A las 9.30 el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba le dará la oportunidad de volver a expresarse, sin picanas ni vendas de por medio. Por la tarde el juez Jaime Díaz Gavier le leerá su sentencia, junto con la de otros siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 que operaban en el centro clandestino La Perla. Tanto los fiscales como la acusación de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba solicitaron para el “Cachorro” de ojeras gigantes la pena de prisión perpetua y, por tratarse de delitos de lesa humanidad, su cumplimiento en una cárcel común. Será la primera sentencia por delitos de lesa humanidad del interior del país e, igual que la acusación y los alegatos, toda la provincia la podrá escuchar y ver en vivo por radio y televisión. Quienes no puedan acceder a una de las 160 butacas de la sala podrán ver la audiencia desde una pantalla gigante en el hall de ingreso.
El ex comandante del Cuerpo III de Ejército, uno de los asesinos más célebres del Norte argentino junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, es juzgado desde fines de mayo por los secuestros, torturas y fusilamientos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en diciembre de 1977. Lo acompañan en el banquillo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, el capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, jefe de la patota de “operativos especiales” (OP3), los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován, y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. El general de brigada retirado Arturo Gumersindo Centeno y el civil Ricardo Andrés Luján, torturador de La Perla, murieron impunes antes del juicio. El coronel César Emilio Anadón, jefe del Destacamento 141, se suicidó en 2004 mientras cumplía arresto domiciliario. No podrán ser condenados por la Justicia, pero sus nombres ya forman parte de la historia.
Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del PRT, fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. Varios sobrevivientes los vieron deshechos tras las sesiones de torturas. En la madrugada del 15 de diciembre los hombres de Menéndez los sacaron del centro clandestino y los asesinaron en un “operativo ventilador”, como llamaban al método de fusilar y simular enfrentamientos en la vía pública. La ejecución fue en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino, óptima esquina para obtener justicia terrenal. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. El resto permanece desaparecido.
Los acusadores pidieron que se condene a Menéndez y a Rodríguez como autores mediatos, por sus cargos jerárquicos, y al resto como coautores materiales. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega no solicitaron prisión perpetua sino 21 años de prisión porque no se les imputan los homicidios. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, que aquel año estuvo un mes arrestado por ladrón, el abogado Claudio Orosz solicitó que se investigue su rol en los homicidios, ya que varios sobrevivientes declararon que lo vieron hasta fines de 1977.
La Perla fue el mayor centro de exterminio del interior del país. Los organismos de derechos humanos calculan que pasaron por el lugar más de 2000 personas. Muchas de las víctimas asesinadas por orden de Menéndez fueron enterradas en el cementerio de San Vicente Catorce, incluida Palacios, y fueron identificadas por el EAAF. Otras, según testimonios de testigos, tuvieron que cavarse su propia fosa en distintos lugares del predio del cuartel, que hoy tiene varias hectáreas cubiertas con plantaciones de soja.
A la sentencia acudirán miembros de organismos de derechos humanos de todo el país, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. También el gobernador Juan Schiaretti, dato no menor en una provincia donde Menéndez con uniforme de gala llegó a compartir un palco oficial con Eduardo Angeloz. Hay más de un centenar de periodistas acreditados. La jornada incluirá arte callejero en las afueras de tribunales, con actividades organizadas por la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos”, que reúne a decenas de organizaciones sociales. La sentencia se conocería alrededor de las cuatro de la tarde.
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La fiscal y la jueza que instruyeron los juicios
“Aquí nadie busca venganza”
“Pensar en la generación que ha perdido este país realmente me duele. Me duele como ciudadana, como argentina, como madre y como fiscal de la Nación. Por eso digo que ante tanto dolor hay que hacer justicia. Aquí nadie busca venganza, sino justicia.” La frase pertenece a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. El 10 de junio se cumplieron diez años desde que comenzó a investigar el terrorismo de Estado en Córdoba y hoy por primera vez podrá escuchar una sentencia. Su trabajo duro y silencioso a la par de los organismos de derechos humanos locales fue determinante para poder arribar a alegatos con una cantidad abrumadora de pruebas. “Allanamos lo allanable y lo no allanable. Siempre íbamos en persona, porque únicamente nosotros sabíamos qué documentación buscábamos. En muchos lugares tuvimos que entrar con guantes de cirujano porque los documentos estaban llenos de pulgas”, relata. El plural de la tarea abarca a su equipo, que pasó de tres miembros en 1998 a ocho en el presente, y a la jueza Cristina Garzón de Lascano con el suyo.
El trabajo comenzó en 1998, cuando la Cámara Federal de Córdoba que nueve años antes se había quedado con las ganas de juzgar al general Luciano Benjamín Menéndez –indultado por Carlos Menem pese a que era sólo un procesado– resolvió delegar en la Justicia federal la investigación de los crímenes de la dictadura, tras una solicitud de Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María Elba Martínez. “No podíamos impulsar la acción penal, pero fue una etapa muy rica en producción de pruebas. Se tomaron infinidad de testimoniales y se hicieron allanamientos para secuestrar documentación”, recuerda. La lista incluye el Cuerpo III (“donde nunca encontré nada”), jefatura y comisarías de la policía provincial, delegación de la Policía Federal (“encontramos memos de la comunidad informativa en una boardilla”), domicilios particulares de represores a quienes se les secuestraron los discos rígidos de sus computadoras, y hasta la delegación local de la SIDE en 1999. “Logramos recolectar un material probatorio de lujo, mucho más del que la Cámara Federal tenía en los 180 para juzgar a Menéndez”, celebra. López de Filoñuk es consciente de que la sentencia de hoy será la primera de una serie que demorará años. “La de la Penitenciaría es unitaria y tiene que ir sola, no se puede acumular. Después tenemos causas por tormentos, desapariciones y muertes anteriores al golpe de Estado que estamos acumulando. Hay 96 víctimas anteriores al 24 de marzo. Y sólo por La Perla calculamos que habrá como mínimo dos o tres juicios, ya que es imposible acumular tantos casos en una megacausa”, anticipa. Obtener sentencias justas no es su único objetivo. “Es imprescindible saber dónde están los restos de los que mataron. El dolor no se va a agotar, pero sí mitigar un poco. Se han recuperado 90 cuerpos de los cuales tenemos identificados sólo 15.”
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En cárceles comunes
La agrupación Justicia Ya! anunció que “desde ayer (por el martes) otros cinco genocidas están en el lugar que les corresponde: la cárcel común”. Se trata del oficial Miguel Enrique Clements, experto en corrientes marinas que bajo el alias de “Goyo” actuó en la ESMA en la época de los vuelos de la muerte, y de los ex suboficiales Paulino Oscar Altamira (alias “Alfredo”), Daniel Néstor Cuomo (“Danilo”) y Juan de Dios Daer (“Oscar”), todos integrantes del grupo de tareas de ese centro clandestino. El martes en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres se desarrolló una rueda de reconocimiento de personas, por la denuncia efectuada por Justicia Ya!, y otro represor resultó identificado y detenido: Víctor Roberto Olivera, alias “Lindoro”, acusado de ser el asesino de Raimundo Villaflor. Cuatro sobrevivientes de la ESMA lo reconocieron, a pesar del tiempo transcurrido.
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Más archivos
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, encabezó el acto donde Francia entregó a la Argentina material digitalizado de la lucha contra la dictadura militar. La ceremonia se desarrolló en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), ubicado en la ex ESMA, donde el embajador de Francia, Frédéric Du Laurens, acercó varios CD con la documentación de la resistencia durante la última dictadura militar. Además estuvieron presentes el subsecretario de DD.HH., Rodolfo Mattarollo, que fue exiliado en Francia, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo.
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