El turno de Menéndez en el banquillo

Mañana comienza el primer juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad

El ex comandante del Cuerpo III de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino La Perla serán juzgados por secuestrar, torturar y fusilar a cuatro militantes del PRT en 1977.

Por Diego Martínez

El viernes se pintaron baldosas con los nombres de los cuatro ejecutados durante la última dictadura.

Luciano Benjamín Menéndez, alias Cachorro, 80 años, ex comandante del Cuerpo III de Ejército, jefe del área militar 311 y uno de los asesinos más célebres del norte argentino durante la última dictadura junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, será juzgado a partir de mañana por los secuestros, torturas y fusilamientos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en diciembre de 1977. Compartirá el banquillo de los acusados con siete miembros del Destacamento de Inteligencia 141 que operaban en el centro clandestino La Perla. Se trata del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba y el segundo del interior del país. Sobre la base del antecedente Febres, y para evitar sorpresas de último momento, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó el viernes trasladar a todos los acusados al Cuerpo III.

Cinco imputados serán juzgados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios: Menéndez, el sargento ayudante Luis Alberto Manzanelli, los sargentos primeros Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován, y el personal civil de inteligencia (PCI) Ricardo Alberto Ramón Lardone, que se hacía llamar Rodolfo Anselmo Raúl Lacaba. Los cuatro prestaban servicio en la sección tercera del Destacamento 141. El coronel (R) Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento; el capitán (R) Jorge Exequiel Acosta, jefe de operaciones, y el suboficial principal Carlos Alberto Vega serán juzgados sólo por los primeros dos delitos, ya que habrían demostrado que al momento de los homicidios estaban de licencia. El general de brigada (R) Arturo Gumersindo Centeno y el civil Ricardo Andrés Luján, torturador de La Perla, murieron impunes antes del juicio. El coronel (R) César Emilio Anadón, jefe del Destacamento 141, se suicidó en 2004 mientras cumplía arresto domiciliario. No podrán ser condenados por la Justicia, pero sus nombres forman parte de la historia.

El 19 de diciembre de 1977 el diario Córdoba, con el título “Subversivos abatidos”, citó un comunicado del Cuerpo III según el cual en la madrugada del 15 de diciembre las “fuerzas legales” habían matado en un enfrentamiento a Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo. “Los subversivos viajaban en un Torino sin chapa patente que abrió fuego contra los integrantes de la patrulla de las fuerzas de seguridad en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino”, óptima esquina para obtener justicia terrenal. El falso tiroteo “epilogó con el abatimiento de los sediciosos”, concluyó.

Brandalisis había sido secuestrado en la mañana del 6 de noviembre de 1977. Esa noche, al volver con sus dos hijas, su compañera Hilda Palacios se encontró en su casa a la patota del Destacamento. Ante el terror de las criaturas, la arrastraron al interior de la casa, la interrogaron y se la llevaron encapuchada rumbo a La Perla. Carlos Lajas fue secuestrado el mismo día, mientras cuidaba a un sobrino de seis meses. Dos días después, en la pensión que habitaba, fue capturado Raúl Cardozo.

En La Perla dejaron de tener nombre y apellido y pasaron a ser un número más de “La Cuadra”, el lugar donde eran abandonados los secuestrados mientras no recibían torturas físicas. Allí pasaron más de un mes, vendados, tirados en un colchón de paja y sometidos a todo tipo de tormentos. Los sacaron la noche del 14 de diciembre para matarlos en un “operativo ventilador”, como los genocidas cordobeses llamaban al método de fusilar y arrojar los cuerpos en la vía pública para simular un tiroteo. De ese modo los soldados de Menéndez intentaban demostrar su eficacia en la “lucha sin cuartel contra la subversión” y al mismo tiempo propalar el terror al resto de la sociedad.

Los restos de los cuatro militantes del PRT fueron trasladados al Hospital Militar y de allí a la morgue judicial, donde permanecieron ocho meses, hasta su sepultura clandestina el 3 de agosto de 1978 en el cementerio de San Vicente. El 11 de noviembre de 2004, luego de 27 años desaparecida, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Hilda Palacios y los restituyó a su familia. Fue la quinta de los catorce detenidos-desaparecidos que el EAAF identificó en Córdoba a partir de las excavaciones efectuadas en 1984. Brandalisis, Laja y Cardozo permanecen desaparecidos.

En octubre de 2002, la fiscal Graciela López de Filoñuk comenzó a investigar el caso. Un año después la jueza Cristina Garzón de Lascano ordenó las primeras detenciones y en junio de 2004 dictó los procesamientos con prisión preventiva, que la Cámara Federal confirmó en agosto de 2005. Los planteos dilatorios de las defensas de los represores ante la Cámara de Casación Penal permitieron estirar los plazos durante dos años. En noviembre pasado la jueza corrió vista a las partes para que formulen su acusación y en marzo la elevó a juicio oral y público.

La responsabilidad histórica de conducir las audiencias del primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Córdoba estará a cargo de Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, secretario del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma durante la última dictadura, recusado por HIJOS regional Córdoba y denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto. El TOF rechazó la recusación por “improcedente”, pero la agrupación podrá apelarla ante la Cámara de Casación cuando concluya el juicio. Como abogados querellantes en representación de las hijas de Hilda Palacios intervendrán los doctores Claudio Orosz y Martín Fresneda, de HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En nombre de los hermanos de Carlos Laja lo hará al abogado Mauro Ompré. La acusación estatal correrá por cuenta de Maximilano Hairabedián, fiscal del TOF-1, secundado por su par del TOF-2 Jorge Fabián Asís y por López de Filoñuk, quien desde 2002 impulsó la causa.

En la esquina de Sagrada Familia y Ejército Argentino (hoy Colón), el viernes se pintaron baldosas con los nombres de los cuatro ejecutados. Ayer se inauguró en la sede del Archivo y la Comisión Provincial por la Memoria una gigantesca huella digital en la que gradualmente se inscribirán los nombres de todas las víctimas del terrorismo de Estado de Córdoba entre 1969 y 1983. Mañana, a las 9.30, con la lectura de la elevación a juicio, comenzará la primera audiencia en el salón de usos múltiples de los Tribunales Federales, con capacidad para 160 personas. Los acusados tienen obligación de estar presentes, igual que el día de los alegatos y el de la sentencia. Por “razones de seguridad”, el viernes el Tribunal ordenó trasladar al Cuerpo III a los imputados que gozan de arresto domiciliario (Menéndez, Rodríguez y Vega) y a los que Casación excarceló en noviembre (Padován y Lardone). Por problemas de salud, Vega y Lardone fueron internados en el Hospital Militar de Córdoba.

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El despertar de La Rioja

Procesaron a tres represores por el asesinato de dos sacerdotes en 1976

Están acusados de matar a los sacerdotes Carlos Murias y Rogelio Longueville. Entre ellos, figura Luciano Benjamín Menéndez.

Por Diego Martínez

Luciano Benjamín Menéndez está detenido en el III Cuerpo de Ejército.

Por primera vez desde la restauración democrática, hace ya un cuarto de siglo, la Justicia de La Rioja procesó con prisión preventiva a dos militares retirados y un ex policía provincial por crímenes cometidos durante la última dictadura. Se trata del general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Cuerpo III; del vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, y del ex comisario Domingo Benito Vera, a cargo de la seccional de esa localidad. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena los procesó por el secuestro y asesinato, el 18 de julio de 1976, de los sacerdotes tercermundistas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville. En la misma resolución el juez le solicitó al fiscal Darío Illánez que investigue a dos ex miembros de la Triple A que fueron vistos junto a Estrella en Chamical el día de los crímenes.

El párroco francés Longueville y su vicario Murias fueron secuestrados en la noche del 18 de julio de la parroquia El Salvador. Sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad. Murias además tenía signos de torturas. La causa se reabrió a principios de 2007 pero comenzó a activarse hace dos meses, cuando Cristina Murias, hermana del cura, se presentó como querellante. El 19 de marzo el juez citó a los ex policías Vera y Juan Carlos “la Bruja” Romero, director de Investigaciones. Se negaron a hablar pero siguieron libres.

El 23 de abril se presentaron a declarar Estrella, de 74 años, a quien daban por muerto pero vivía en Ascochinga, Córdoba, y el ex alférez Miguel Ricardo Pessetta, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Juan Bosco, de Comodoro Rivadavia, la misma que cobijaba al ex CNU Héctor Oscar Corres hasta que trascendió su pasado. Ambos se negaron a declarar pero quedaron detenidos. Luego Pessetta explicó que en esos días estaba de visita familiar en Santa Fe y entregó una fotocopia de un registro de la Base de Chamical en el cual constaría su licencia.

Vera estaba citado para declarar el miércoles a la mañana pero no se presentó. Recién lo hizo a la medianoche, asesorado por un familiar, empleado judicial. Una vez más se abstuvo de testimoniar, pero esta vez el juez Herrera Piedrabuena ordenó su detención. Vera era en 1976 oficial principal, tenía a su cargo la comisaría de Chamical y está acusado de haber realizado tareas de inteligencia previas a los secuestros. Un día después, el jueves, el magistrado lo procesó junto con Estrella y Menéndez. El juez los considera partícipes necesarios de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio calificado por ensañamiento y alevosía de los sacerdotes, y embargó sus bienes por un millón de pesos. En la misma resolución benefició con falta de mérito a Pessetta y a la “Bruja” Romero. La medida será apelada por las abogadas de Murias, mientras continúa la investigación. El juzgado no logró dar aún con el paradero del suboficial Sergio Martínez, que supo ser vecino de Chamical. La Fuerza Aérea respondió que nadie con ese nombre integró sus filas.

En su resolución el juez solicitó al fiscal que investigue la participación de dos ex miembros de la Triple A: el célebre Aníbal Gordon, ya fallecido, y un hombre de apellido Save. Un ex espía argentino entrevistado el año pasado por Fabián Kovacic en el semanario uruguayo Brecha nombró entre los lugartenientes de Gordon a Miguel “Pepe” Save. Según un informe del periodista Enrique Lanzillotto, la pista que vincula a los paramilitares con el crimen surgió de la declaración de testigos que la mañana de los asesinatos vieron a Estrella conversar con dos desconocidos en un baño de la terminal de ómnibus de Chamical. Una de las testigos es la actual vicegobernadora María Teresa Luna, que entonces tenía 12 años. Otro es su padre, Aníbal. Con el retorno de la democracia, cuando el rostro de Gordon trascendió en publicaciones periodísticas, la joven lo reconoció como la misma persona que hablaba a las escondidas con el ultracatólico Estrella, que por disposición del juez se alojará en el Regimiento de Infantería Mecanizada 15 de La Rioja.

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El penal de Marcos Paz sigue sumando represores

LA CAUSA POR LA REPRESION EN BAHIA BLANCA SUMA MILITARES PROCESADOS

Por Diego Martínez

El juez federal Alcindo Alvarez Canale procesó con prisión preventiva a dos ex miembros del Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca. Se trata del coronel retirado Jorge Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, y del teniente coronel retirado Miguel Angel García Moreno. Ambos fueron trasladados al penal de Marcos Paz. El ex legislador porteño García Moreno fue procesado por su actuación como vocal en una parodia de juicio de un “Consejo de Guerra Especial Estable”, pero se benefició con faltas de mérito por los demás hechos por los que fue indagado como miembro del Departamento III de Operaciones. La causa bahiense tiene dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, jefe del Departamento II de Inteligencia, y Leonardo “Mono” Núñez, oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense que actuó como enlace entre La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien al menos hasta 2000 vivió en calle 27 al 3720 de La Plata.

El 19 de octubre de 1976 una patota secuestró a Pablo Bohoslavsky, Julio y Rubén Ruiz. Antes de llevarlos a La Escuelita los torturaron con un cable pelado en sus propias casas. Un mes después los tiraron en el Parque de Mayo. Mientras se aflojaban las vendas escucharon voces que discutían si perseguir o no a “los secuestradores”. Los socorristas les explicaron que los había “secuestrado la Triple A” y los trasladaron al Batallón 181, donde reconocieron la comida y los utensilios que usaban en La Escuelita. Los mismos actores simularon luego integrar un Consejo de Guerra que los condenó por tenencia de armas. En democracia la Justicia declaró la nulidad de esa farsa. Alvarez Canale procesó como partícipes necesarios de sus secuestros y tormentos a Mansueto, jefe del Batallón, y a García Moreno, quien actuó, en sentido literal, como vocal del Consejo de Guerra.

Mansueto también fue procesado por los secuestros y torturas de seis estudiantes de la Escuela Técnica 1. El 15 de enero de 1977, tras un mes en La Escuelita, los arrojaron en una ruta detrás del cementerio. Tras un simulacro de persecución y tiroteo los mismos militares preguntaron “¿quiénes son, muchachos?” y los cargaron en un camión que los llevó al Batallón 181. Durante una semana los curaron y los interrogaron para verificar la eficiencia de la parodia. En 1984, como jefe de Estado Mayor del Cuerpo V el coronel recibió a los estudiantes junto con una delegación de Conadep.

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La seducción del dinero

DEBATE SOBRE EL FONDO DE RECOMPENSA PARA UBICAR A REPRESORES PROFUGOS

Diputados sancionó la ley que autoriza el pago de recompensas para obtener información sobre represores prófugos. Norma Morandini (Memoria y Democracia), Diana Conti (Frente para la Victoria) y Emilio García Méndez (SI) explican pros y contras.

Por Diego Martínez

Los diputados Norma Morandini, Emilio García Méndez y Diana Conti, con posturas diferentes.

¿Debe el Estado recompensar a sus policías o agentes de inteligencia a cambio de datos que permitan capturar a represores prófugos? ¿Y a un criminal procesado por delitos de lesa humanidad que goza de arresto domiciliario? ¿Se debe premiar mañana a quien hoy encubre a un genocida? ¿Sólo por plata alguien denunciaría a ese vecino o pariente oscuro si el Estado difundiera su prontuario y su foto arriba del legendario Wanted?

Las preguntas debieron obtener respuesta en el Congreso, pero apenas llegaron a esbozarse. El miércoles, 44 senadores del Frente para la Victoria convirtieron en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que crea un Fondo de Recompensas que “incentive” el aporte de información “determinante” para encontrar a los 53 represores con pedido de captura por crímenes cometidos durante la dictadura. La iniciativa, que Diputados había aprobado por 113 votos a favor y 49 en contra, asigna un presupuesto de dos millones de pesos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos encargada de la búsqueda, y cinco millones al Fondo de Recompensas del que podrían beneficiarse agentes del Estado para cumplir la obligación por la que hoy cobran un sueldo. Sólo resta la promulgación presidencial. Para hacer público el debate que no fue, Página/12 entrevistó a una diputada que votó a favor, otra que votó en contra y un tercero que argumentó su “apoyo sin entusiasmo”.

Premiar sólo la virtud

“No creo que el fin justifique los medios. No se debe mercantilizar la obligación de cada ciudadano de colaborar con la Justicia”, sostiene Norma Morandini, del bloque Memoria y Democracia. “Los organismos de derechos humanos lograron con coraje y sin recursos que una sociedad que muchas veces les dio la espalda se apropiara de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué justo ahora, cuando existe una política de Estado para condenar los crímenes de lesa humanidad, ese mismo Estado apela a una recompensa para los cómplices o testigos y no al premio al reconocimiento social para quienes puedan aportar información?”, se pregunta la cordobesa, hermana de dos desaparecidos.

Morandini celebra la creación de la Unidad Especial, pero afirma que “no es en base a la recompensa monetaria que se debe instruir a los agentes del Estado encargados de buscar” a los prófugos. “Demasiados ejemplos prueban que la mano de obra no está desocupada y que existe una vinculación entre el pasado de terror y el presente de las fuerzas de seguridad. Introducir un elemento culturalmente espurio como el dinero distorsionará una acción que debe ser una virtud, un mérito, un favor, y no un oportunismo. Una de las peores herencias de la dictadura es la cultura de plantar pruebas, mentir, tener espías del Estado que difaman. Esa cultura debemos erradicarla, no premiarla con dinero”, argumenta.

Romper el muro de silencio

Diana Conti, del Frente para la Victoria, considera que “la recompensa es una herramienta válida en esta coyuntura, con miembros de Fuerzas Armadas o de seguridad presos o con arresto domiciliario. El sistema que existe para otros delitos los excluye. Pero en el caso del terrorismo de Estado, por la calaña de quienes participaron, creemos que tal vez a cambio de dinero aporten datos. Es para romper el muro de silencio”.

–¿Qué tan activa es hoy la búsqueda de represores prófugos?

–Se usa el mismo sistema que con cualquier prófugo. Las fuerzas de seguridad controlan las fronteras y un montón de lugares. Cuando se revisan los documentos salta el pedido de captura. Pero si la búsqueda tradicional no alcanza, a lo mejor con dinero alguno hable.

–¿Se analizó algún otro tipo de incentivo?

–Hay otros instrumentos que me parece bien que no se usen, por ejemplo la disminución de la pena a un arrepentido. Entre rebajar una pena y dar dinero se optó por lo segundo, aun sabiendo que el dato lo puede dar un delincuente de lesa humanidad o sus cómplices, ya que muchos protegen a sus compañeros de ruta, como pasó con Patti. (El ex comisario Luis Patti deberá afrontar un juicio por encubrir a los coroneles Jorge Granada y Luis Arias Duval mientras estaban prófugos de la Justicia.)

Conti considera que “cuando se quiere avanzar penalmente hay muchos estímulos o pruebas de una eticidad cuestionable. Países que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos crearon comisiones de paz que canjearon información por impunidad. Eso es mucho menos ético que ofrecer dinero para encontrar a un prófugo. Cada sociedad consigue verdad y justicia con los instrumentos constitucionales que tiene. Es mejor tener una ley y no que se utilice el dinero como lo hizo (el ex juez Juan José) Galeano en la causa AMIA”. (Galeano fue procesado, entre otras irregularidades, por entregar dinero de la SIDE al imputado Carlos Telleldín a cambio de declarar contra un grupo de policías.)

La brecha entre
teoría y práctica

Legislador de SI (ex ARI Autónomo) con una larga trayectoria académica en materia de criminología, Emilio García Méndez fue el único de los 113 diputados que argumentó durante la sesión su voto a favor del proyecto. “Debemos optar entre bienes jurídicos protegidos, y en este caso la persecución, detención y juzgamiento de autores de delitos de lesa humanidad aparece como un bien jurídico superior”, explicó. Para graficar su postura eligió “una cita del periodista brasileño Nelson Rodríguez: ‘Hay gente que por plata hasta es capaz de una buena acción’. Creo que esto justifica la existencia de este fondo premial”.

–¿Por qué aclaró que lo votaba “sin entusiasmo”?

–Porque si bien no quería negarme a otorgar esa herramienta, sabemos que quienes tienen información sobre el paradero de estos sujetos son miserables como ellos. Y porque así como no desconozco que el Gobierno tiene políticas de derechos humanos, no tiene una política procesal y operativa de derechos humanos. No hay ninguna correspondencia entre los planteos del Gobierno en esa materia y la operatividad de sus cuerpos de seguridad, que funcionan como planetas con órbitas propias.

García Méndez apunta que “organismos muy serios de derechos humanos han entregado a fiscales información determinante para capturar represores” y se pregunta: “¿Cómo es posible que sean los organismos y no los cuerpos de seguridad? No quiero que esto venga a lavar trapos sucios de falta de operatividad. Si las agencias de seguridad funcionaran en base a una política operativa de derechos humanos tan seria como la declarativa, no habría más de cuatro o cinco prófugos”.

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“Se sentían impunes”

La Masacre de Fátima

Por Diego Martínez

“Se sentían necesarios, casi héroes. Decían que todos los gobiernos los iban a buscar”, explicó. “Nos llevaban al baño, nos violaban. Todo se escuchaba. Se sentían impunes”, agregó. Incluso “camino a la sala de torturas pasábamos por oficinas con gente que hablaba, escribía a máquina y les daban de comer a chicos”. La descripción de Superintendencia de Seguridad Federal y su gente en 1976 pertenece a María del Socorro Alonso, sobreviviente que declaró ayer en la novena audiencia del juicio oral por la “Masacre de Fátima” ante el Tribunal Oral Federal Nº 5. “Eran unos psicópatas totales. En la sala de torturas te decían ‘sacate la ropita, sentate, subite a la parrilla’”, relató. A los imputados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone los mencionó entre quienes “tomaban declaraciones”. A Miguel Angel Timarchi como “un operativo”.

La primera testigo, Marta Ocampo, contó que tras el secuestro de su hermana Selma su padre recurrió a un amigo: el coronel Carlos Romanella. “Primero se preocupó, nos dijo ‘está en Coordinación Federal, no hay acusación seria, sólo asociación ilícita’. Después se borró porque lo amenazaban. No supimos más de él, pobre hombre”, contó. Horas después Romanella, de 83 años, dijo no recordar su gestión. “Pienso que traté de averiguar algo pero no averigüé nada”, resumió.

Miguel Bianco contó que durante su cautiverio habló con Jorge Argente, víctima de la masacre. “Yo te limpié, no me tires mierda”, le pidió Argente. “Quedate tranquilo, somos amigos, no tengo nada que decir. Ni vos ni yo tenemos que estar acá”, le aclaró Bianco. Al liberarlo le notificaron: “naciste de nuevo, pibe”. Adrián Merajver contó que el 19 de agosto “abrieron mi celda, uno preguntó ‘¿éste va o no va?’ y otro respondió ‘no, sigue’”. Al día siguiente un guardia dijo “se fueron treinta, y cinco por separado”. “Pensé ‘treinta en libertad y cinco a la cárcel’ o al revés. Todavía no teníamos idea de los de-saparecidos.” Lilia Amparo Jons contó que estuvo once días en Superintendencia junto con su marido. Una noche escucharon los gritos de su hijo Pantaleón Daniel Orfano, desaparecido, a quien un ex servicio del Ejército identificó ante la Justicia como una de las víctimas de Fátima.

María del Socorro Alonso contó que la detuvieron en la comisaría 24, de donde salió vendada hacia Superintendencia. “Era una carnicería, gritos, aullidos, personas tiradas como fardos”, relató. Durante su cautiverio contactó a ocho de las víctimas de la masacre. Contó que los guardias “se cebaron” con una chica judía de 16 años a quien violaban. “Nos habíamos convertido en gusanos humanos, seres humillados, pero era doblemente cruel lo que hacían con esta criatura.” Por otra secuestrada que entabló relación con un guardia supo que el “Francés” era Lapuyole. “No sé si el apodo era por el apellido o por el perfume”, aclaró. “Gallone se divertía diciendo que yo era livianita, me agarraba y me tiraba”, declaró. El policía, con anteojos de sol de marco dorado, la miraba impávido. El 19 de agosto un guardia les acercó Crónica con la noticia del asesinato del general Omar Actis. “Ahora van a pedir que entreguemos gente”, les anticipó. Esa noche hubo “un silencio muy especial” en el edificio. Al día siguiente “era vox populi que había pasado algo”. Entre los cautivos enumeró “peronistas, parte de la Columna Norte de Montoneros, dirigentes gremiales como los de Bendix y gente de la JTP de Judiciales”.

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Para que la ley no se use como mordaza

La Corte Interamericana intimó a la Argentina a modificar la legislación sobre calumnias e injurias

El tribunal internacional sostuvo que debe anularse el fallo contra el periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar al juez que estuvo a cargo de la causa de la masacre de San Patricio. Reclamó cambios para evitar violaciones a la libertad de expresión.

Por Diego Martínez

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y Eduardo Kimel, en la conferencia de prensa en la que anunciaron el fallo de la Corte IDH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel: le exigió que dejara sin efecto la condena en su contra, que lo indemnizara, reconociera su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión. Kimel había sido condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la investigación de la “masacre de San Patricio”, el asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976. Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo patrocinó ante el sistema interamericano, Kimel celebró la resolución del máximo tribunal regional en materia de derechos humanos, recordó que el proceso judicial le insumió 17 de sus 55 años y lamentó no poder compartir la buena nueva con su compañera Griselda Kleiner, fallecida en 2006.

La investigación sobre el más importante hecho de sangre sufrido en el país por la Iglesia Católica, que aún no se presentó como querellante, se publicó en 1989. “¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?”, se preguntó Kimel tras analizar el expediente. Recordó que la Justicia durante la dictadura fue “condescendiente cuando no cómplice”, destacó que “elementos decisivos” para esclarecer el caso “no fueron tomados en cuenta” y que “la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa”.

Rivarola lo querelló por calumnias (falsa imputación de un delito) e injurias (deshonra o descrédito). En 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y 20 mil dólares de indemnización por injurias. Incurrió en “un exceso injustificado, arbitrario e innecesario”, sostuvo. Un año después la Cámara de Apelaciones revocó la condena. Calificó al libro como “una breve crítica histórica” que “no ha excedido los límites éticos de su profesión”. En 1998 la Corte Suprema de Justicia menemista revocó la absolución y ordenó dictar una nueva sentencia. Adolfo Vázquez, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt apuntaron “falsedad de las imputaciones delictivas” y “dolo” del escritor “con la única intención de desacreditar al juez”. Los camaristas Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome acataron el lineamiento y condenaron a Kimel, entonces por calumnias. El rechazo de los recursos ante la Corte presentados por los abogados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) abrieron la instancia interamericana.

A fines de 2000, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a expresarse libremente y utilizar los “delitos contra el honor” para criminalizar la labor de la prensa. La Comisión se tomó su tiempo: en 2006 formuló al Estado una serie de recomendaciones y “ante la falta de avances” presentó el caso a la Corte. Consideró que “la mera existencia” de los tipos penales de calumnias e injurias, con la “ambigüedad, amplitud y apertura” con la que están formulados, “disuade a las personas de emitir opiniones críticas” sobre funcionarios. En octubre pasado, durante una audiencia pública en Bogotá, Colombia, funcionarios argentinos admitieron la violación al derecho a la libre expresión, a ser juzgado en un plazo razonable (el proceso duró nueve años) y se comprometieron a “adoptar medidas legislativas” para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Argentina suscribió en 1984.

El 2 de mayo, en la sentencia que se conoció ayer, la Corte consideró que la actual “tipificación amplia” de calumnias e injurias viola el principio de legalidad y recordó que en sociedades democráticas los funcionarios se exponen voluntariamente “al escrutinio y la crítica”. Consideró que en el caso Kimel “las autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia y celeridad” y que “la afectación a la libertad de expresión fue manifiestamente desproporcionada, por excesiva, en relación con la alegada afectación del derecho a la honra”. Sentenció al Estado a dejar sin efecto la condena, publicar la sentencia en el Boletín Oficial y un diario de amplia circulación, reconocer su responsabilidad en un acto público e indemnizar a Kimel con 30 mil dólares por daño material e inmaterial, que incluye desde la angustia y el descrédito sufridos hasta su alejamiento del periodismo de investigación. Finalmente, exigió al Estado “adecuar en un plazo razonable su derecho interno” a la Convención Americana, de modo que “las imprecisiones” de los tipos penales “no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

La sentencia “forma parte de una lucha por la libertad de expresión que lleva dos décadas” y “complementa el fallo que en 1993 derogó el delito de desacato”, destacó ayer Horacio Verbitsky, presidente del CELS. Kimel agradeció a las organizaciones que lo respaldaron a lo largo del proceso y relató que la acusación de Rivarola, quien “no paradójicamente comenzó su carrera en 1955”, lo colocó “en un terreno que no esperaba: el de la lucha inevitable por salvar el pellejo ante una condena penal”. Verbitsky recordó que en 1999, a partir de una denuncia de Carlos Menem en su contra, “la Argentina asumió el compromiso de modificar el Código Penal” en materia de calumnias e injurias. “Los sucesivos gobiernos ratificaron ese compromiso pero nunca lo cumplieron”, concluyó.

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Andrea Pochak, directora adjunta del CELS

Seis meses para cambiar

–¿Qué cambios en la legislación ordena el fallo?

–La Corte no entra en detalles sobre de qué manera tienen que modificarse las figuras de calumnias e injurias, no establece con puntos y comas cómo debe ser su nueva redacción, lo que hace es cuestionar la falta de precisión que tiene la ley argentina, sobre todo en materia penal: dice que son delitos ambiguos y poco certeros. Por otro lado, establece que debe limitarse su alcance, porque el caso Kimel demuestra que pueden ser aplicados a situaciones en las que está en juego información de interés público. Otra cosa que dice la Corte es que las opiniones no pueden ser motivo de sanción, ni en lo penal ni en lo civil. Las opiniones no pueden ser sometidas a un juicio de veracidad y, por lo tanto, no pueden ser sancionadas.

–¿A qué se refiere la Corte cuando define los delitos de calumnias e injurias como ambiguos y poco certeros?

–Argumenta que, como sostuvimos en nuestra presentación, en el caso de Kimel se usaron indistintamente las acusaciones por calumnias y por injurias. El querellante, que era un juez, parece haber dicho “como no tengo a mano el desacato porque no está vigente utilizo estas figuras”. El fallo señala que una misma conducta o expresión no puede ser interpretada como la comisión de dos delitos distintos y concluye que las figuras son poco certeras.

–¿Esta resolución es de cumplimiento obligatorio?

–Sí, los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios porque así está dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está en nuestra Constitución. La cultura jurídica argentina ha sido, además, la de cumplir con sus resoluciones.

–¿Hay plazos?

–Sí, la Corte estableció distintos plazos en función de las medidas que ordenó. Por ejemplo, para pagarle la indemnización a Kimel tiene un año, para anular la condena tiene seis meses y para cambiar la legislación habla de un “plazo razonable”.

–¿Cuál sería un plazo razonable?

–Creemos que la interpretación que hay que hacer del fallo es que la ley debe ser modificada en el mismo plazo dispuesto para la condena, seis meses. La orden es anular la condena y la única forma de anularla es presentar un recurso de revisión; para presentarlo hay pocas causales, y entre esos pocos caminos está la existencia de una ley más benigna. Es decir que el recorrido necesario sería modificar la legislación para luego presentar un recurso de revisión por el criterio de la ley más benigna.

–¿Cuál es el modo de concretar estos cambios en la legislación?

–Pasar por el Congreso: la reforma del Código Penal se hace por ley.

–¿Cómo influye este fallo en los casos por calumnias e injurias que hoy están en curso?

–El fallo es muy importante en ese sentido, porque interpreta el Código Penal argentino a la luz de la Convención Americana. Creo que va a impactar directamente sobre los juicios que están abiertos: si yo tengo un caso por calumnias e injurias, podría utilizar esta sentencia para señalar cuál es el criterio que debe aplicarse. Esta resolución de la Corte podría dar lugar a sobreseimientos en muchos de los casos abiertos.

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Damián Loreti, vicedecano

Requisitos y antecedentes

–Cuando la Corte le ordena al Estado argentino que “adecue la ley a la Convención Americana de Derechos Humanos”, ¿qué le está diciendo?

–Hay tres requisitos que marca la Convención para adecuar las figuras de calumnias e injurias. El principio básico es que no hay censura, una vez sentado esto lo que sigue es que en la aplicación de responsabilidades ulteriores se tienen que cumplir tres requisitos. El primero es el de legalidad: este requisito importa no sólo que haya una ley del Congreso, sino que la ley debe ser precisa, que esté claro qué es aquello que se considera prohibido. El segundo principio es el del fin legítimo. El fin legítimo opera en este caso en función de los estándares internacionales de protección de la libre expresión cuando señala que los funcionarios tienen que tener un mayor grado de permeabilidad a la crítica. La Corte dice que esta mayor permeabilidad se debe aplicar no sólo cuando se habla de un funcionario, sino cuando se informa sobre cuestiones de interés público. El tercer requisito es el principio de necesidad: en una sociedad democrática es necesario el menor de grado de limitación de la libertad de expresión para no generar efectos inhibitorios, la ley debe servir para proteger al fin legítimo.

–¿En qué se basan estos criterios?

–Muchos de ellos en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la Corte Interamericana fija como piso. También toman antecedentes propios como el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Se trata de un juicio a un periodista que había informado que en Europa un embajador costarricense había sido acusado de corrupción. La Corte dijo que sólo demostrar que los medios europeos habían publicado la información le quitaba responsabilidad al periodista de Costa Rica. Otro caso fue el de Canese contra Paraguay; en él se planteó que el uso del proceso penal podía ser restrictivo de la libertad de expresión.

–¿Qué proyectos hubo en la Argentina para modificar las figuras de calumnias e injurias?

–Hubo un primer proyecto que surgió del acuerdo que firmó Horacio Verbitsky en el ’99 con el Estado argentino en el marco de un proceso de solución amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual se presentó un proyecto de ley con las firmas de Jorge Yoma y José Genoud. Esa iniciativa perdió estado parlamentario; lo volvió a presentar Rodríguez Saá en la semana que estuvo a cargo de la presidencia. Más tarde Vilma Ibarra trabajó en el tema.

–¿Este fallo de la Corte tiene más peso que aquel acuerdo con la Comisión Interamericana?

–Sí, porque la Comisión sólo hace informes o da recomendaciones, pero la que resuelve dictando un fallo es la Corte.

–¿Qué sucedería si la Argentina no lo cumple?

–No hay medidas coercitivas, pero no hay ningún fallo que la Argentina no haya cumplido.

–¿La modificación de las figuras de calumnias e injurias puede hacerse rápidamente?

–Mi impresión personal es que sí. Una de las cosas que se plantean ahora es iniciar conversación con los ministerios que tengan competencia en el tema para empezar a trabajar. De hecho, los proyectos que surgieron a raíz de aquel proceso de solución amistosa se podían tomar como una base.

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Un monumento que pide justicia

El homenaje a las víctimas de Patti organizado por Juan Puthod

La Casa de la Memoria de Zárate recordó a Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso cerca del lugar en el que Patti los asesinó. El homenaje lo organizó Juan Puthod, quien fue secuestrado durante 28 horas e interrogado sobre este evento.

Por Diego Martínez

Juan Evaristo Puthod fue secuestrado después de hacer pública la organización de este acto.

“Convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan, a que se rebelen... Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre.” La primera y la última oración del poema de Eduardo Pereira Rossi, moldeadas sobre una estrella roja de ocho puntas, pueden leerse desde ayer en el kilómetro 103 de la ruta 9. Dos mil metros tierra adentro, hace hoy 25 años, el entonces oficial principal Luis Abelardo Patti terminó de matar a Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso, militantes montoneros secuestrados tres días antes en Rosario. Acto y monumento corrieron por cuenta de la Casa de la Memoria de Zárate, cuyo presidente Juan Evaristo Puthod fue secuestrado durante 28 horas después de hacer pública la organización del homenaje.

Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983. Los sacaron de un bar amordazados y vendados frente a testigos que vieron los abrazos de los captores. Tres días después un comunicado informó que habían sido “abatidos en un enfrentamiento” por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amado Spataro. En base a pericias que mostraban torturas y disparos a quemarropa, el juez Juan Carlos Marchetti los apresó por homicidio calificado. Pero ante las presiones se desdijo. La Cámara de San Nicolás confirmó el sobreseimiento provisorio. Un cuarto de siglo después justicia o impunidad dependen de la Cámara Federal de Rosario, que debe resolver el incidente de nulidad del sobreseimiento.

“¿A quién se le ocurrió la idea del monumento? ¿Qué tiene que ver (Sara Derotier de) Cobacho (secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires)? ¿Para qué refrescar la muerte de esos terroristas?”, fueron algunas de las preguntas que uno de los captores le formuló a Puthod el 1º de mayo. El hombre frágil, atado a una cama en el piso de una habitación, con una venda sobre el único ojo que la dictadura le dejó, le respondió que la idea era propia y nada tenía que ver Cobacho, Madre de Plaza de Mayo y única funcionaria que ayer se hizo presente.

El acto comenzó con el himno. En primera fila, cuatro Madres con sus pañuelos. En el fondo, la mirada profunda de Julio López y una leyenda: “Sin López no hay nunca más”. A treinta metros un paisano preparaba hamburguesas en una parrilla sobre un par de ladrillos. Hombres de 50, 60 años, que parecían reencontrarse, se abrazaban con fuerza. Con un largo sobretodo negro, Juan Puthod, que el jueves terminó de revocar el monumento, aclaró que sufría “problemas de salud” y lamentó “la muerte de un compañero que no soportó mi secuestro”. Destacó la necesidad de “resucitar la memoria, la identidad política de Carlón y el Viejo”. Y lo hizo: “Hoy estamos recordando a dos compañeros del peronismo revolucionario, dos montoneros”. Tenía en su mano el poema “Convocatoria”, pero “no quiero darle el gusto al otro sector de que me vean llorar”, aclaró. Esbozó una sonrisa y bajó del escenario.

Gladys Cambiaso explicó que el homenaje era “una reivindicación a todos los caídos en luchas populares”. Su hermana Ethel se limitó a decir “sinceras gracias”. Analía Pereira Rossi, de poncho negro, agradeció “a Sara, que me llevó por el camino de la verdad”. El diputado provincial Emir Gorostiza recordó que “en 1983 recuperamos el estado de derecho, pero aún no recuperamos el estado de justicia: eso ocurrirá sólo cuando la verdad esté en manos de las familias de cada compañero desaparecido”. Luego la cantante y compositora Teresa Parodi recitó “Convocatoria”, que provocó el mayor aplauso de la tarde.

Antonio Moreno, delegado municipal de Lima, explicó que “los pueblos se suicidan si no tienen memoria”, pero “la memoria sola no alcanza: necesitamos verdad y justicia”. El bancario Juan Argüello, el Negro, historió con orgullo que “tuvimos el coraje para empuñar las armas y enfrentar dictaduras” y rezongó de “la versión descafeinada de la historia”. “El Viejo Cambiaso, jefe indiscutido de los Montoneros presos, no era un utópico. Pasó en la cárcel dos dictaduras enteras. Carlón no sólo escribía poesía. Se jugaba la vida cotidianamente. Por eso eligió Argentina y no el exilio”, remarcó.

“Soy dura pero hoy estoy aflojando”, admitió Cobacho, que cerró el acto. Recordó que “el 9 de mayo de 1983, en mi casita de Merlo, Carlón me dio un beso y dijo ‘vuelvo el 15’. Nunca volvió”. Luego rememoró “cuando trajeron al Viejo al Regimiento de Santa Fe donde yo estaba secuestrada”. Admitió que su rol en la secretaría, querellante en 32 causas de la provincia, “es lo que me mantiene viva”. “Quizás no podamos llevar a todos a juicio, muchos represores están muriendo, pero es importante que vean que pedimos justicia, que no somos como ellos”, concluyó.

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La custodia no custodia

Juan Puthod es morocho, rapado. Martí Labró tiene pelo largo y blanco. La custodia aún no los distingue. “Es un desastre. Ya no creo más nada”, confiesa Graciela Lencina, compañera de Puthod. “El lunes reapareció el Volkswagen gris. Bajaron el vidrio, se dejaron ver. El martes la custodia no pudo acompañarnos a Rosario”, grafica. Pidieron que no los custodie la Bonaerense de Patti. Sólo consiguieron que no fueran de Zárate. Del expediente, ni noticias. Saben que el fiscal Orlando Bosca se opuso al cambio de fuero y que el juez Federico Faggionato Márquez aceptaría el caso, pero nadie confima nada. No tienen abogado. La causa por los desaparecidos locales, radicada en San Martín, no tiene un solo detenido.

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Las patotas de Menéndez

Procesan a militares, policías y civiles por delitos de lesa humanidad en Córdoba

Con dos resoluciones, la jueza Cristina Garzón de Lascano ordenó la prisión preventiva de quince militares, diez policías, dos agentes de inteligencia y dos civiles. La Cámara Federal hizo lo mismo con un interrogador de La Perla.

Por Diego Martínez

Luciano Benjamín Menéndez, jefe de la represión en la provincia de Córdoba.

A menos de dos semanas del comienzo del primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano procesó y dictó ayer la prisión preventiva a militares, policías y civiles por secuestros, torturas y homicidios calificados cometidos antes y después del golpe de Estado. Más allá del avance en los procesos, el abogado Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. regional Córdoba, destacó que sigue pendiente el traslado a cárceles comunes de los represores locales.

En enero de 1976 miembros del Ejército y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial secuestraron a 21 personas. Las trasladaron al centro clandestino La Rivera, donde fueron torturadas. La jueza procesó por sus secuestros, tormentos y homicidios agravados a los militares Luciano Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Héctor Pedro Vergez, Luis Gustavo Dietrichs, José Hugo Herrera y Luis Alberto Manzanelli, a los “personal civil de inteligencia” (PCI) Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, y a los civiles Emilio Morard y Ricardo Alberto Lardone, todos miembros del Destacamento de Inteligencia 141. Hizo lo propio con los policías Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Yabour, Alberto Luis Lucero, Fernando Andrés Pérez, Ricardo Cayetano Rocha, Calixto Luis Flores, Carlos Hugo Villarruel y Marcelo Luna, todos miembros del D2.

El 5 de julio de 1976, por orden del teniente coronel Víctor Pino, un grupo de presos fue obligado a desvestirse y apoyar los brazos contra un muro de la Unidad Penitenciaria 1. El cabo Miguel Angel Pérez recorrió la fila repartiendo bastonazos. Raúl Bauducco cayó al recibir un golpe en la cabeza. “¡Parate o te mato!”, le gritó Pérez. Como no obtuvo respuesta le murmuró algo al oído al teniente Enrique Pedro Mones Ruiz, que asintió en silencio. Pérez volvió, apuntó a la cabeza de Bauducco y disparó. Ambos fueron procesados por ese homicidio agravado.

El 14 de julio al mediodía, en la misma Unidad 1, el teniente Gustavo Adolfo Alsina se molestó al ver al preso político José Moukarzel hablar con un detenido. Lo sacó a un patio a la intemperie, lo hizo desnudar y lo ató de pies y manos con estacas. Le pegó, lo pateó y le tiró un baldazo de agua fría. A las once de la noche, ya inconsciente, lo sacaron en camilla al Hospital Penitenciario, donde murió dos horas después. Alsina y Menéndez deberán responder por ese crimen. Por otras torturas en la Unidad 1 fueron procesados el entonces teniente coronel Víctor Pino, el sargento Carlos Hiber Pérez y el cabo primero José Antonio Paredes.

El 30 de abril, luego de diez días secuestrados en el D2, pegado a la Catedral cordobesa, María Eugenia Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Chiavarini fueron asesinados en un simulacro de “intento de fuga”. El 17 de mayo, por orden del inspector mayor Raúl Telleldín, jefe de informaciones del D2, su banda se presentó en la cárcel con dos órdenes de traslado. En tres vehículos se llevaron, amordazados y encapuchados, a Diana Fidelman, Miguel Angel Moze, Luis Verón, Ricardo Young, Eduardo Hernández y José Svagusa. Pararon en Neuquén al 900. Los hicieron bajar y los fusilaron. Por esos nueve homicidios calificados Garzón de Lascano procesó a ocho policías del D2: Luna, Flores, Lucero, Yabour, Yanicelli, Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Angel Gómez.

La jueza procesó al teniente Osvaldo César Quiroga por los homicidios de Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. El 12 de agosto de 1976 los retiraron de la cárcel con una orden firmada por el general Juan Bautista Sasiaiñ y los mataron cerca del estadio Chateau Carreras. Por su complicidad en el homicidio de José Pucheta, Carlos Sgandurra y José Villada fue procesado el entonces subteniente Luis Alberto López. Como coautor de los homicidios de Ricardo Tramontini y Liliana Páez de Rinaldi fue procesado el coronel Vicente Meli. En todos los casos del presente párrafo también fue procesado el coronel Pino.

La Cámara Federal de Córdoba, en tanto, procesó ayer a Juan Eusebio Vega, ex miembro del Destacamento 141 a quien calificó como “interrogador” de La Perla, por el secuestro y los tormentos seguidos de muerte de Herminia Félix de Vergara el último día de 1976.

El alojamiento de los militares en el Cuerpo III y en Campo de Mayo, y el de los policías en la Guardia de Infantería de Córdoba, preocupa a los querellantes. “Tiene un régimen sumamente laxo. Lo denunciamos, el gobierno provincial pidió que los trasladaran, pero siguen allí por resolución de la jueza y la Cámara Federal, que emitió una resolución escandalosa. Mientras un preso común debe probar que está enfermo para ser trasladado a un hospital, la Cámara invirtió el principio general y sostuvo que debemos probar en cada caso que no deben estar en una cárcel VIP”, lamentó el abogado Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Córdoba.

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“Tenían una granada en el bolsillo”

Un testigo de Timarchi develó la enajenación

Por Diego Martínez

“Recibíamos a esquizofrénicos, delirantes, que venían con una granada en el bolsillo. Era evidente que iba a pasar algo”, explicó el médico Hugo Baloni durante una nueva audiencia del juicio por la Masacre de Fátima a cargo del Tribunal Oral Federal 5. Psiquiatra del Hospital Churruca durante la dictadura ofrecido como testigo por la defensa de Miguel Timarchi, uno de los tres imputados en la causa, Baloni relató que ni siquiera cuando un agente enfermo mató al cirujano que lo atendía la Policía Federal accedió a su pedido de quitarles el arma a los policías con desequilibrios psiquiátricos. “El estado policial dice que tienen que estar armados siempre”, le explicaron.

Timarchi sostiene, y así consta en su legajo, que para agosto de 1976 llevaba diez meses de licencia médica por la explosión de una granada. Baloni reconoció su firma en el legajo y resumió su primer diagnóstico: “problemas auditivos, neurológicos y psiquiátricos”. Cuando el abogado Carlos Broitman le preguntó “qué recomendación se daba a los pacientes con referencia al uso del arma”, dijo que era “un tema complejo” y remarcó dos momentos. El primero, cuando un enfermo psiquiátrico asesinó a un cirujano de 24 años. “A raíz de esa muerte volví a insistir en que no podían ir armados, pero no me oyeron”, aclaró. El segundo lo tuvo como protagonista:

–Pase, ¿qué hace acá? –le preguntó a un paciente a quien había ordenado internar en una clínica psiquiátrica.

–Vengo a matarlo –le respondió el policía. Sacó una 38 y le apuntó a la cabeza. Baloni pudo calmarlo y, con ayuda, desarmarlo.

Situó ambos hechos en 1978. Recién después “se decretó que toda la gente que fuera a psiquiatría dejara el arma en la guardia del hospital”. De allí la retiraban cuando salían del Churruca. Consultado sobre sus apuntes en el legajo de Timarchi enumeró “insomnio, descontrol, irritabilidad”. Explicó que el antipsicótico que le prescribió en mayo de 1977 era “un tranquilizante mayor para casos de urgencia, para plancharlo”. Sobre los cócteles que el imputado admitió haber recibido en 1976 y 1977 dijo que eran “para bajar casos de enorme agresividad, de excitación psicomotriz”.

Jorge Mutuverría, amigo de Timarchi desde la infancia, dijo que a partir del accidente de 1975 su actitud fue de “autismo”, “locura”, “una persona extraviada”. Durante “más de dos años” no tenía “ni voluntad de ser agresivo”. Descartó que hubiera podido estar en la masacre: “Habría sido una especie de Superman que volaba desde su casa, hacía eso y a la mañana estaba otra vez encerrado”, afirmó. Cerró la jornada el policía Claudio Schiavoni, quien detuvo “al comisario general Lapuyole” en 2004. Ante la pregunta de los defensores admitió que el ex director de inteligencia, de 78 años y con silla de ruedas, no se resistió al arresto.

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Juicio a los asesinos de Paco Urondo

TRES MILITARES Y SEIS POLICIAS EN EL BANQUILLO

Por Diego Martínez

Tres militares y seis policías retirados de Mendoza serán juzgados por el homicidio del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo y la desa-parición de su compañera, Alicia Raboy, en junio de 1976. El juez federal Walter Bento clausuró la etapa de instrucción y dio vista a fiscal y querellantes para que formulen su acusación, paso previo al comienzo de las audiencias. Entre los imputados sobresale el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo de Ejército, del que dependían los asesinos del poeta. La investigación fue promovida por su hijo Javier Urondo, patrocinado por los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara (h), del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza.

En mayo de 1976 Montoneros trasladó a Paco Urondo a Mendoza con la misión de rearmar una regional desangrada. Cayó el 17 de junio en una cita envenenada en Guaymallén. Iba en un Renault 6 verde con su compañera, la hija de ambos, Angela, y otra militante. Al llegar vio que su contacto estaba sentado en el asiento trasero de un Falcon. Era un operativo conjunto del Ejército y la policía. Los persiguieron treinta cuadras. Al verse cercado, hizo bajar a las mujeres para que escaparan. Raboy alcanzó a dejar a la beba en un corralón. Fue secuestrada, trasladada el Departamento de Informaciones (D2) de la policía y permanece desaparecida. La versión original de los hechos señala que Urondo ingirió cianuro para no caer vivo a una mesa de tortura. La autopsia del médico Roberto Bringuer lo desmiente. Sostiene que murió por “contusión craneoencefálica”, víctima de golpes en la cabeza.

Los otros dos militares retirados que serán juzgados son los coroneles Tamer Yapur, segundo comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, y Orlando Dopazo, jefe de inteligencia. Los policías son todos ex miembros del D2, donde funcionó el mayor centro clandestino de Mendoza. El comisario general Juan Agustín Oyarzábal era su segundo jefe. El sargento Celustiano Lucero es quien admitió haberle pegado “un cachazo” a Urondo en la cabeza. Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda eran los encargados de la “inteligencia subversiva” del D2 y enlaces con la Brigada. El sargento Luis Rodríguez conducía el auto desde el que los ametrallaron. El médico Raúl Corradi será juzgado por encubrimiento, por documentar heridas de bala para justificar la versión del enfrentamiento.

Bento calificó los hechos como homicidio simple en el caso Urondo y privación ilegítima de la libertad en el de Raboy. “Coincidimos con el relato de los hechos pero pedimos que se considere la muerte como homicidio calificado por el concurso premeditado de varias personas, y el caso Raboy como homicidio criminis causa, porque su ingreso consta en registros del D2 e inferimos que la mataron para ocultar su secuestro”, informó Salinas. Urondo fue sepultado como NN en Mendoza. Sus restos fueron identificados en 2002. Tenía 46 años.

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La desaparición del cura Adur

Para que se investigue el caso del secuestro del “capellán montonero”

El hermano del cura Jorge Oscar Adur, desaparecido en 1980, se presentó ante la Justicia de Paso de Los Libres, Corrientes, para reclamar que se investigue el caso.

Por Diego Martínez

La causa se enmarca en lo sucedido en el centro clandestino conocido como La Polaca. La foto pequeña, Adur.

Mientras la Corporación de Abogados Católicos rezonga por el avance de los expedientes que investigan delitos de lesa humanidad y la Iglesia Católica se resiste a impulsar causas para obtener justicia terrenal por sus obispos, sacerdotes, monjas y seminaristas asesinados y desaparecidos, el hermano del cura Jorge Oscar Adur, capellán de la organización Montoneros, se presentó como querellante ante la Justicia federal de Paso de los Libres para que investigue su desaparición. Adur fue secuestrado en esa ciudad el 26 de junio de 1980, cuando salía del país con un listado de desaparecidos que había recibido de manos de Madres de Plaza de Mayo y que pretendía entregarle al papa Juan Pablo II y difundir por el mundo.

Hugo Adur vive en Nogoyá, Entre Ríos, donde también nació Jorge el 19 de mayo de 1932. La querella en su nombre la presentó Guillermo Germano, coordinador del Registro Unico de la Verdad de Paraná. La causa se caratula “Waern Carlos Fidel y otros s/supuesta comisión de delitos de lesa humanidad”, más conocida como La Polaca. Se inició en 2004 impulsada por la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes y llegó a tener ocho detenidos. A principios de 2007, cuando la Cámara Federal de Corrientes declaró la nulidad de los procesamientos por falta de fundamentos, el juez Juan Angel Oliva los liberó. El 23 de abril la Cámara revocó la medida pero Oliva aún no ordenó las detenciones.

Noveno de doce hijos, Adur se recibió de bachiller y viajó a Buenos Aires para ingresar como seminarista a la congregación francesa de Los Agustinos de la Asunción: los asuncionistas. Además de músico, pintor, dibujante, poeta y profesor de latín, Adur fue párroco de la Iglesia San Miguel de Tournes, en el barrio de Belgrano. Pronto se desvinculó de los curas tradicionales para conformar el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del cual fue uno de sus principales redactores.

Comenzó a ser perseguido luego del asesinato de Fernando Abal Medina, en septiembre de 1970. Adur (junto con el sacerdote Hugo Mugica) celebró una misa durante el velorio de Abal Medina y Gustavo Ramus. Ante el riesgo de que fuera secuestrado, un grupo de curas lo resguardó en el interior de la provincia de Buenos Aires. En 1976 el nuncio apostólico Pío Laghi lo trasladó en auto hasta el avión que lo llevó a su exilio en Francia.

En junio de 1980, mientras Juan Pablo II viajaba a América del Sur, Adur llegó a Brasil, donde había acordado encontrarse con su hermana. Pero no fue a la cita. Viajó a la Argentina y se reunió con las Madres, que le dieron un listado de desaparecidos. Adur debía dárselo al Papa y lograr que circulara en el exterior. Sacó boleto con destino a Porto Alegre, pero fue secuestrado en la frontera entre Paso de Los Libres y Uruguayana el mismo día que Lorenzo Ismael Viñas. Ambos fueron llevados al centro clandestino La Polaca, dependiente del Batallón de Inteligencia 601, a pocos kilómetros de Paso de Los Libres. La sobreviviente Silvia Tolchinsky creyó reconocer su voz durante una sesión de tortura en una quinta cercana a Campo de Mayo. Permanece desaparecido.

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“A los muchachos, los dinamitaron en Pilar”

LOS TESTIMONIOS EN EL JUICIO POR LA MASACRE DE FATIMA

Por Diego Martínez

“Nos pararon contra la pared y empezaron: usted sí, usted no, usted sí, usted no. Yo tuve suerte, pero se llevaron a un montón de muchachos. Después los dinamitaron en Pilar.” El relato pertenece a Daniel Hopen y ocurrió durante su cautiverio en la Superintendencia de Seguridad Federal a fines de agosto de 1976. Profesor de Sociología de la UBA, Hopen permanece desaparecido. Su testimonio, en cambio, volvió a cobrar vida ayer en boca de Alberto Poggi, sobreviviente del centro clandestino de la Policía Federal que funcionó en Moreno 1417, durante la tercera jornada del juicio por la Masacre de Fátima a cargo del Tribunal Oral Federal 5.

A primera hora el TOF-5 desestimó una solicitud del fiscal Félix Crous para hacer una inspección ocular en el edificio. El comisario Miguel Angel Timarchi fue el único imputado presente. Juan Carlos Lapuyole, con prisión domiciliaria, obtuvo el visto bueno para no volver hasta los alegatos, y Carlos Gallone, preso en Devoto, para escuchar a los testigos que desee.

La jornada comenzó con el testimonio de Noemí Pedrini. Contó que el 28 de julio de 1976 caminó hasta un teléfono público para decirle “feliz cumpleaños” a su hermana Susana, pero nadie respondió. La habían secuestrado junto con su compañero José Daniel Bronzel y su suegra Cecilia Podolski. Pedrini y Bronzel, dos de las 16 víctimas identificadas de Fátima, eran arquitectos y docentes. “Trabajaban en problemáticas de vivienda popular, iban a las villas, estaban comprometidos pero hasta donde sé no tenían militancia orgánica”, dijo. Podolski nunca reapareció.

Graciela Lara y su esposo Alberto Poggi fueron secuestrados una semana después de la masacre. La buscaban a ella, pero Poggi gritó “mi mujer no se va si no es conmigo”. Lo encapucharon y lo cargaron en un Falcon. Ambos coincidieron en que por las noches los gritos de los torturados eran brutales e intentaban taparlos con la canción “Libre” de Nino Bravo. “Torturaban y violaban a todo el mundo”, dijo Lara. Para comer los ponían en fila. Al primero le daban una olla con guiso. A la tercera bocanada debían pasar la olla. El secuestrado del otro extremo la recibía vacía.

Hopen reconoció en cautiverio la voz de Poggi, quien compartía un estudio jurídico con el hermano de su compañera Evangelina Carreira. Luego de relatar cómo seleccionaron a las víctimas le confirmó que “fue en represalia por la muerte del general (Omar) Actis”, titular del Ente Autárquico Mundial’78 asesinado la mañana anterior a la masacre. Moni Carreira también estaba en Superintendencia y permanece desaparecida. Una baldosa en Medrano 441 recuerda que ambos fueron secuestrados allí.

Ayer también declararon tres policías retirados. El comisario Norberto Aldo Lucchesi, director de Asuntos Jurídicos de 1975 a 1980, explicó a pedido de la defensa de Timarchi que un agente en disponibilidad por licencia médica “no puede trabajar”. Esa era la situación de Timarchi. El comisario Osvaldo Gregorio Lafuente, ex superintendente de Bienestar, dijo ignorar cada uno de los trámites por los que fue interrogado. El subcomisario Luis Augusto Weckesser, jefe de la sub-brigada de Investigaciones de Campana que intervino tras la masacre, logró exasperar al juez Guillermo Gordo con sus respuestas. Admitió que durante su carrera no supo de un crimen más brutal que el de Fátima, pero cuando el juez le preguntó qué medidas adoptó para investigar respondió: “Lo de siempre: consultas a buchones, confidentes. No logramos absolutamente nada”.

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Un careo con los ánimos caldeados

SE DESARROLLO LA SEGUNDA AUDIENCIA DEL JUICIO POR LA MASACRE DE FATIMA

El sargento Armando Luchina declaró haber visto al comisario Miguel Timarchi salir de la Superintendencia de Seguridad Federal con “detenidos que están desaparecidos” y complicó su situación. Ambos mantuvieron un tenso contrapunto.

Por Diego Martínez

Carlos Gallone, el policía que aparece abrazando a una de las Madres, está acusado por la Masacre de Fátima.

“Estoy totalmente convencido de que lo he visto en ese lugar. Lo vi salir un montón de veces con detenidos que están desaparecidos”, afirmó el sargento (R) Armando Luchina con la mirada clavada en los ojos del comisario (R) Miguel Angel Timarchi, a medio metro de los suyos. El careo entre testigo e imputado fue el momento más tenso de la segunda jornada del juicio por la Masacre de Fátima, a cargo del Tribunal Oral Federal 5. En su empeño por refutar la acusación, Timarchi hizo público un dato sorprendente: el jefe del cuartel de la Policía Montada de Palermo, que durante años alojó a represores procesados por delitos de lesa humanidad, le facilitó luego de su detención el legajo del policía que lo acusaba.

Luchina reiteró durante cuatro horas el testimonio que en los últimos 25 años repitió ante quien quisiera oírlo. Contó que la madrugada del 20 de agosto de 1976 vio cómo sacaban de Superintendencia de Seguridad Federal a treinta personas adormecidas y las cargaban en un camión. Entre los miembros de las brigadas presentes incluyó a los imputados: comisarios Timarchi, Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone. Al concluir, la defensa de Timarchi pidió un careo con la esperanza de lograr que se rectificara. Timarchi sostiene, y así consta en su legajo, que para la fecha de la masacre llevaba diez meses de licencia médica y no había vuelto a la SSF.

El tribunal los sentó frente a frente, casi pegados. Luchina, testigo, juró no mentir. Timarchi, imputado, no tenía esa obligación. “Es probable que me haya visto durante 1974 y 1975, pero nunca en esa fecha porque llevaba diez meses de licencia por un acto de servicio: fui herido con una granada. Al principio pensé que se equivocaba pero cuando me dictaron la falta de mérito y usted agregó nuevos hechos, me demostró que no quería aceptar su equivocación. Si es hombre de bien, le pido que se rectifique. Si de verdad pelea por los derechos humanos, realizando una tarea comunitaria, como realiza en su barrio, debe admitir su equivocación. Si lo hace, va a honrar a la Policía Federal”, afirmó el imputado.

Luchina manifestó su sorpresa de saber que conocía sus actividades sociales. Timarchi le dijo que tienen “un amigo común que me visita en la cárcel”.

–¿Los hermanos Filipelli? –preguntó el testigo.

Timarchi asintió.

–Uno estaba en Garaje Azopardo, otro centro clandestino –acotó Luchina.

–Lo desconozco. Oscar Filipelli manejaba el vehículo cuando fui atacado –apuntó.

Cuando el juez pidió que volvieran al punto del careo Luchina explicó que estaba “totalmente convencido” de haberlo visto en Superintendencia.

–¿Y por qué imputa en el hecho al principal De la Llave, que estaba en otro destino? –quiso saber Timarchi.

–Mucha gente figura en otro destino y estaba en Superintendencia –respondió, seguro, Luchina.

–Usted miente. ¡Tiene una actitud canallesca! –se enfureció Timarchi.

Luchina lo miró fijo. El juez puso fin al careo. Timarchi le murmuró unas palabras que el micrófono no captó. El ex carcelero-testigo se retiró escoltado por los gendarmes que lo habían llevado hasta tribunales.

Para demostrar que falseaba la realidad Timarchi no ocultó que conocía el legajo de Luchina: “A la fecha del hecho figura como numerario de la Dirección de Inteligencia y no de la guardia de seguridad como dice”.

–¿Cómo llegó a su conocimiento el legajo? –le preguntó su defensor Carlos Broitman antes de que el fiscal lo planteara.

–Luchina prestó servicio en la Policía Montada, donde se acostumbra tomar notas de los legajos del personal. El jefe de ese cuerpo, al comentarle mi situación de detenido, me dijo “conozco a Luchina. ¿Cómo pudo haber hecho esto?” y me comentó que tenía su legajo.

Timarchi no especificó si él estaba detenido en el cuartel de la Policía Montada (donde durante años Gallone fue bien servido por subordinados) y quien debía custodiarlo le facilitó el legajo, o si estaba en Marcos Paz y tanto diálogo como favor fueron por medio de un tercero. En uno u otro caso, la confesión pone de manifiesto cómo transcurre la custodia de los represores cuando se deja en manos de sus propias fuerzas.

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Gallone apeló a las “alternadoras”

Segunda jornada del juicio oral por la masacre de Fátima

Por Diego Martínez

“Tengo 84 años y lucho hace 33. Doy gracias de haber llegado hasta acá para saber quiénes son los represores. Nunca les deseé la muerte. Sólo pido que se los juzgue y que estén en cárceles comunes”, dijo, serena, Aurora Morea, Madre de Plaza de Mayo. Fue durante el segundo día del juicio contra los policías Juan Carlos Lapuyole, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi, sindicados como autores mediatos de los secuestros y homicidios de treinta personas que fueron sacadas de Superintendencia de Seguridad Federal, asesinadas y dinamitadas en la madrugada del 20 de agosto de 1976, en la tristemente célebre “Masacre de Fátima”.

Gallone volvió ayer a pedir la palabra. No respondió preguntas, pero aclaró, Página/12 del miércoles pasado en mano, que no fueron “varias”, sino dos las indagatorias en las que omitió informar su franco en Mar del Plata, que justamente coincide con la noche de la masacre. Luego redondeó su relato anterior, que había iniciado la semana pasada. Del casino, dijo, fue con su padre al cabaret Las Vegas. Al salir le habían robado el auto a Amadeo Mandarino, tanguero amigo que animaba el show de las “señoras alternadoras”. Pidió al tribunal que rastree la denuncia “en la jurisdicción de la boite”.

Morea relató el secuestro de su hija Susana Pedrini, su yerno, José Bronzel, y su consuegra, Cecilia Podolsky. Supo que estuvieron en Superintendencia, separados, y que “mi consuegra lloraba día y noche”. Un sobreviviente relató que Susana, en un baño, le dijo “Chola no llores. Cuando vean que no andamos en nada nos largan”. El portero del edificio le pidió “mil disculpas”, porque los secuestradores lo llamaron para preguntarle si un domingo la pareja había estado en su casa y “por miedo” respondió “no sé nada”. Sabía, claro. A los militares que entrevistaba les decía “júzguenla y si es culpable la cuelgan en la plaza, pero a la gente se la juzga”, explicó. Gallone, bastón en mano, la miraba sin pestañear.

“Corre la bola de que el Negro perdió”, le confió un compañero a Hugo Argente. Su hermano Jorge, 20 años, flaquito, alias Biafra, había desaparecido. Poco después se generalizó “esto de dejar de estar”, contó. Durante años “tuve más miedo a desaparecer que a morir”. En 1983, cuando se exhumaron los cuerpos en Derqui, “llegué hasta la puerta y volví”. Agradeció “a mi compañera y mis tres hijos que me apuntalaron para que me fuera a sacar sangre” en 1999. Un año después el Equipo Argentino de Antropología Forense le confirmó la identificación. “Como no podíamos quedarnos con un montón de huesos” recurrió al CELS para iniciar la causa.

Haydeé Gastelú y Oscar García Buela declararon sobre su hijo Horacio, conscripto de la Base de Infantería de Marina en Bahía Blanca. Lo secuestraron durante su licencia junto a su novia Ada Victoria Porta, de 17 años. “Si es desertor, búsquenlo”, exigieron durante un año en el edificio Libertad. Sabían por Horacio que un oficial de inteligencia de apellido De León lo interrogaba. Insistieron hasta que Enrique de León los atendió. “Dijo que era un chico extraordinario, que al no volver habían abierto su gaveta y ‘las cartas de su novia eran normales’, dijo. ‘¿Las cartas? Qué raro’, le expliqué. ‘En la licencia las trajo a casa. Están en mi mesa de luz’. De León concluyó la entrevista y me abrazó con lágrimas en los ojos’”, relató. Recuperar los restos de Horacio “fue como salir de un agujero negro”. Confesó que visita con su marido el lugar de la masacre. “Es como encontrar algo de mi hijo. Es una ruta abierta, llena de sol, con árboles regados por la sangre de nuestros hijos”, concluyó.

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Para homenajear a dos víctimas de Patti

EL ACTO EN MEMORIA DE CAMBIASSO Y PEREYRA ROSSI QUE ORGANIZA JUAN PUTHOD EN ZARATE

El sobreviviente de la dictadura que estuvo secuestrado durante 28 horas fue interrogado por sus captores sobre este evento, que se realizará el 16 de mayo. Esta semana, Puthod recorrió campos para buscar el lugar donde estuvo cautivo.

Por Diego Martínez

Mientras los teléfonos de la Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate siguen sonando en busca de Juan Evaristo Puthod, el testigo secuestrado el martes y liberado 28 horas después, los integrantes del organismo retomarán esta semana la organización del homenaje a los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, asesinados por Luis Abelardo Patti el 14 de mayo de 1983. La investigación para dar con los responsables del secuestro, sobre la que no trascendieron más detalles que las recorridas del fiscal Martín Zocca por campos cercanos a Zárate para ubicar el lugar donde Puthod permaneció más de un día atado a una cama, pasará esta semana a la Justicia federal. El único interrogante es si la recibirán en Campana, departamento judicial donde ocurrieron los hechos, o en San Martín, donde se instruye la megacausa Campo de Mayo en la cual Puthod declaró en 2004 como testigo.

“¿A quién se le ocurrió la idea del homenaje a Cambiasso y Pereyra Rossi? ¿Qué tiene que ver (Sara Derotier de) Cobacho (secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires) con ese monumento? ¿Para qué refrescar la muerte de esos dos terroristas”, fueron algunas de las preguntas que uno de los secuestradores le formuló a Puthod durante su cautiverio. El hombre, atado a una cama en el piso de una habitación, les respondió que la idea era de los miembros de la Casa y que Derotier de Cobacho no tenía “nada que ver”. Agregó que el homenaje era por los 25 años de uno de los crímenes con los que se despidió la dictadura militar y que debía ser parte de la memoria del pueblo. Ante la sospecha de que el interrogador fuera un íntimo de Patti, Puthod le aclaró que la organización del acto había comenzado en febrero, cuando nadie en la Argentina podía imaginar que la actual Corte Suprema de Justicia fuera capaz de facilitar la liberación temporaria del represor.

En la mañana del 14 de mayo de 1983, Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados frente a varios testigos en el bar Magnum, de Rosario, en un operativo combinado de los Cuerpos I y II del Ejército. Horas después fueron asesinados, cerca de Zárate, por una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre integrada por el entonces oficial principal Luis Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. El comunicado del Ministerio del Interior y de la policía bonaerense informó que habían sido “abatidos en un enfrentamiento”. Sin embargo, el peritaje de los tejidos estableció que antes de morir ambos habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica y atados con cuerdas que dejaron sus rastros en la piel, y que los disparos mortales habían sido efectuados a quemarropa.

Ese mismo año Patti estuvo preso en la cárcel de San Nicolás por ambos crímenes. Pero luego de recibir enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió de posición y lo sobreseyó. Pese a las evidencias del caso, el brazo corto de la Justicia consideró que no se había probado la relación entre el secuestro y los asesinatos. Bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, conseguido un vehículo, armas, y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala fortuna de toparse con el enérgico policía, quien siempre en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara Segunda de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

Dos décadas después, tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, el fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, pidió la reapertura de la investigación por “privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio”. Al mismo tiempo que comenzaron a organizar el acto por los 25 años de los crímenes, Puthod junto con su compañera Graciela Lencina y con Martín Labró, miembros de la Casa de la Memoria, recorrieron los campos aledaños al lugar del fusilamiento en busca de testigos. “Se sorprendieron de que alguien los escuche. Es increíble pero en treinta años nadie les preguntó qué vieron”, contó Labró a Página/12 durante la tensa vigilia del miércoles.

El homenaje a Cambiasso y “Carlón” Pereyra Rossi comenzará a las once de la mañana del viernes 16 de mayo. Será en el kilómetro 103 de la Ruta 9, mano izquierda camino a Rosario, por donde entraron los patrulleros con los policías que los terminaron de matar. Allí se inaugurará un monumento recordatorio que modela por estos días un grupo de cinco personas encabezado por el artista plástico zarateño Mauro Cuadrelli, autor de una serie de pinturas a la vera del río Paraná y de una escultura de Ernesto Guevara en la plaza principal de Zárate. Labró apuntó que la obra será una estrella federal con ramas como prolongación de sus ocho puntas. Agregó que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, cuya titular Derotier de Cobacho es amiga y madrina política de Puthod, adheriría al homenaje. El mismo viernes, a las ocho de la noche, músicos de Zárate y de Campana se presentarán en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima (AJyPLI), la localidad más cercana a los crímenes. El cierre del recital correrá por cuenta de la cantante y compositora Teresa Parodi.

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Puthod a la Justicia federal

La investigación por el secuestro del militante de derechos humanos

Debido a la “connotación política”, explicó Puthod, su caso será investigado en el fuero federal. Ayer recorrió la zona del secuestro.

Por Diego Martínez

Juan Evaristo Puthod estuvo 28 horas secuestrado.

La investigación sobre el secuestro del presidente de la Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate, Juan Evaristo Puthod, pasará la próxima semana a la Justicia federal. El motivo: la connotación política del caso, ya que se trata de la desaparición de una víctima de la última dictadura militar. Puthod fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 y pasó por siete centros clandestinos de detención antes de ser blanqueado a disposición del Poder Ejecutivo. Pero hasta que el traspaso se concrete y un fiscal federal tome la posta, el fiscal bonaerense Martín Zocca continuará buscando indicios sobre los potenciales captores. El dato lo confirmó a Página/12 el propio Puthod tras tratar el tema con Zocca.

Durante la tarde de ayer el militante peronista secuestrado en la tarde del martes y liberado el miércoles por la noche recorrió junto con el fiscal y agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires campos cercanos a Zárate con el fin de identificar el lugar donde transcurrió su cautiverio. “Si digo algo el fiscal me mata, pero hay posibilidades” de ubicarlo, sugirió Puthod, quien admitió que se emocionó al recibir un llamado telefónico del hijo de Jorge Julio López, el testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006 (ver recuadro).

La versión sobre la intervención de la Justicia federal comenzó a circular en la mañana del miércoles, luego de medio día sin rastros de Puthod. Según ese trascendido, por la militancia política de la víctima no podía considerarse un delito común sino una “desaparición forzada de persona”, un delito federal. El traspaso de la causa a la Justicia federal implica no sólo mayores recursos para investigar sino también una admisión sobre la gravedad institucional del caso. Los organismos de derechos humanos reunidos en Justicia Ya!, querellantes en el caso López, tuvieron que esperar 19 meses hasta que la Cámara Federal de La Plata aceptó el cambio de carátula que les había negado el juez federal Arnaldo Corazza. Ese mismo día el tribunal platense resolvió apartar de la investigación a la policía bonaerense, que aún actúa en el caso Puthod pese a las sospechas sobre la intervención de esa fuerza que el presidente de la Casa de la Memoria hizo públicas en la entrevista publicada ayer por Página/12.

Una vez que la Justicia de Garantías de Zárate acepte la declinación de competencia, el interrogante es si la causa pasará al juzgado federal de Campana, por el lugar donde ocurrieron los hechos, o al de San Martín, que instruye la megacausa Campo de Mayo en la cual Puthod declaró como testigo. “El fiscal me explicó que por la connotación política la causa va a pasar a la Justicia federal pero hasta que se sortee un juzgado y empiece a intervenir un fiscal federal él va a seguir investigando”, relató Puthod, quien ignora qué magistrado está hoy a cargo de su caso. “Sé que es una jueza pero no le conozco la cara”, aclaró.

Hasta el momento la víctima no cuenta con un abogado que lo asesore. “Recién lo voy a buscar cuando intervenga otro fiscal. En esta etapa quiero estar yo mismo al frente de la investigación. Creo que es la mejor garantía de que se investigue: salir a buscar, romperle las bolas al fiscal, joder a la DDI. Cuando golpearon a mi señora hicimos la denuncia en la fiscalía de Campana, se cajoneó y no se hizo nada. Ya pasé por esa experiencia y no quiero que se repita”, explicó.

Cuando Página/12 le preguntó si por su cercanía personal y política con Sara Derotier de Cobacho podía llegar a ser patrocinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Puthod adelantó que “lo vamos a charlar, yo les tengo mucha confianza, en especial al abogado Eduardo Rezses, un muchacho que trabaja muy bien”. Ante la consulta Rezses dijo que aún no se había analizado la posibilidad de actuar como querellantes. “Por lo general sólo somos parte en causas por terrorismo de Estado. En casos de delitos actuales, ya sean de violencia policial, torturas en cárceles u otros, nos limitamos a hacer seguimientos, pedidos de informes, presentaciones a las fiscalías. Pero en este caso no lo descartamos. Tenemos que analizarlo”, explicó el abogado.

Luego de declarar por la mañana a una agencia de noticias que “la seguridad mía y de mi familia es prioridad número uno” y anunciar que se iba a reunir con el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, Puthod informó en diálogo con Página/12 que “se tomaron algunas medidas” aunque se negó a tener custodia personal.

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Un llamado especial

Entre la infinidad de llamados y muestras de solidaridad que recibió desde el miércoles a la medianoche, cuando retornó a la Casa de la Memoria tras permanecer 28 horas secuestrado, Juan Puthod destacó la conmoción que le produjo escuchar vía telefónica al hijo de Jorge Julio López, el testigo clave del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz desaparecido hace 19 meses. “Recibí muchísimas muestras de cariño, gente que pasó por la Casa para preguntarme cómo estaba y saludarme, pero me emocionó especialmente el llamado del hijo de Julio López”, contó Puthod. “Yo tuve la suerte de aparecer, en cambio su papá no. Pero le aseguré que lo vamos a seguir buscando, que no vamos a bajar los brazos”, concluyó.

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“Lo vinculo con la policía y no lo desvinculo de Patti”

EL RELATO DE JUAN PUTHOD, EL SOBREVIVIENTE DE LA DICTADURA QUE ESTUVO SECUESTRADO DURANTE 28 HORAS

Cuenta que sus captores lo interrogaron sobre un homenaje que estaba organizando a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi. Le pusieron una gorra, una venda y le ataron las manos con soga. “Nosotros los cuidamos. Nosotros los secuestramos”, le dijeron.

Por Diego Martínez

Juan Evaristo Puthod, sobreviviente de varios centros clandestinos, testigo en causas judiciales como Campo de Mayo y presidente de la Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate, fue secuestrado por desconocidos durante 28 horas. Pese al amplio despliegue policial, sus secuestradores nunca perdieron la calma, lo liberaron a las once de la noche a quince cuadras de la Casa de la Memoria, desbordante de compañeros pero también de policías, y al cierre de esta edición no había ningún indicio firme sobre los responsables del hecho.

Puthod y sus compañeros habían anunciado días atrás un homenaje a los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi y recorrieron los campos de la zona donde los fusilaron en busca de testigos. Según relató a Página/12, el acto fue uno de los cuestionamientos más concretos que le formularon los captores. La Casa difundió hace un mes un documento titulado “Crónica de un fusilamiento anunciado” en el cual acusan al subcomisario Luis Abelardo Patti como responsable de esa ejecución.

“Tengo sentimientos superpuestos. Estoy contento de estar con mi familia. Desde que aparecí no pude parar. Estuve internado anoche por mi corazón, porque aparecí con casi 500 de diabetes. Y desde que salí no paré”, explicó Puthod en diálogo con Página/12.

–¿Cómo fue el secuestro?

–Fue a dos cuadras de la Casa, camino a la radio. Me agarraron de atrás. Me pasaron una mano por el hombro, creo que me pusieron una pistola en las costillas y dijeron “tranquilizate, flaco, caminá”. Me bajaron la gorra de lana en los ojos, quedé prácticamente ciego. Además por la tortura en la dictadura perdí el ojo izquierdo. Me subieron a un auto y me llevaron, supongo que a un campo. Me metieron en una casa, en una pieza.

–¿Lo vendaron?

–Primero estoy con la gorra baja. En la casa me ponen la venda y me atan las manos con soga, separadas, a un elástico en el piso.

–¿Ahí lo interrogan?

–Primero me dicen “quedate tranquilo, flaco, está todo bien. No hagas boludeces, no te saques la venda, no te la levantes, no te arrimes la mano porque sos boleta. Si hacés todo bien no pasa nada”.

–¿Qué edad le sugerían las voces?

–Cuarenta y pico de años, calculo. Pero muy controlados, serenos. Evidentemente había alguien en la habitación, pero nadie me habla durante muchas horas. El día que aparezco, ya perdí noción del tiempo, me dan un sandwich. Como a la hora aparece el tipo a hacerme una especie de interrogatorio, 15 o 20 minutos. “¿Cómo está?”, pregunta. “Bien, aguantando, pero mal porque estoy acá.” “Bueno, estás mal porque no entendiste los mensajes que te dejamos. Vos te salvaste en la dictadura, te salvaste de tu corazón (en referencia a los cinco infartos que sufrió hace menos de un mes), tal vez te salves ahora. Vos no entendiste que nosotros somos dueños de tu vida. Vos vivís o morís si nosotros lo decidimos, flaco.” Después me preguntó por la Casa de la Memoria, por qué hinchábamos las pelotas, a quién se le ocurrió el tema del homenaje. Le respondí que el proyecto era nuestro, que no tenía relación con la liberación o el encarcelamiento de Patti, que lo veníamos organizando desde antes. Me preguntó por mi relación con ex dirigentes montoneros. Ninguna, le dije. “¿Qué tiene que ver Cobacho con el monumento?” (Por Sara de Cobacho, secretaria de derechos humanos de la provincia) Nada, respondí. “¿Por qué si la sociedad se había olvidado del caso tiene que salir a refrescar la muerte de esos dos terroristas?”, preguntó. Le dije que es parte de la memoria, que se cumplían 25 años.

–¿Antes del diálogo le dijeron que lo iban a liberar?

–No, no. Después me volvió a reiterar que a ellos les pertenece nuestra vida. Y dijo algo que me dejó pensando: “Nosotros los cuidamos. Nosotros los secuestramos”`. ¿Quién se adjudica cuidarnos? La policía, nadie más. Desgraciadamente ellos son dueños de nosotros. Ellos te levantan, te secuestran, te liberan o te matan cuando quieren.

–¿Así terminó el diálogo?

–El tipo se comunicó con su gente y dijo “sáquenlo”. Uno le respondió “ahora no se puede, Zárate está hirviendo”. Ahí me di cuenta de que me estaban buscando. Me tuvieron un par de horas más hasta que me cargaron al auto y me liberaron en el barrio Villa Fox.

–¿Vincula su secuestro con policías?

–Lo vinculo con la policía y no puedo desvincularlo de Patti. Pero les dejé en claro que nuestro homenaje a Cambiasso y Pereira Rossi no tenía relación directa con Patti. El año pasado quisimos recordar a Dardo Cabo, no pudimos por una cuestión presupuestaria. Este año el gasto es menor y vamos a hacerlo.

–¿Por qué cree que estuvo en un campo?

–Por el silencio, por el frío, la brisa. Cuando me bajaron del auto hacía mucho frío.

–¿Lo golpearon?

–En el auto, me pegaron una patada cuando intenté levantar la cabeza.

–¿En algún momento pensó que podían matarlo?

–Estuve tres meses desaparecido y seis años preso. Cuando me pusieron la venda empecé a acordarme desde mi secuestro el 27 de marzo de 1976 hasta el 9 de julio de 1981 cuando salí en libertad. Me acordé de todo. En ese momento esperás que entren, que empiecen los golpes, la picana, el submarino. Es un momento que no le deseo a nadie. Vos esperás lo peor. La tortura y la muerte.

–¿Le dijeron por qué lo liberaban?

–Me dijeron que no querían otro López, que no me iban a hacer mártir. Es una demostración de poder y un mensaje para meter miedo.

–¿Cómo siguen sus días? ¿A qué se dedica además de la radio y la Casa de la Memoria?

–Soy carpintero metálico. Trabajo con fierros, sí.

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COMO FUE LA BUSQUEDA

Las 28 horas de inquietud

Por Diego Martínez

Juan Evaristo Puthod denunció que fue secuestrado el martes, a las 18.45, mientras se dirigía hacia la FM 93.9 donde conduce un programa junto con su esposa Graciela Lencina y Martín Labró, los fundadores de la Casa de la Memoria. A las 20, cuando concluyó la emisión, comenzaron a buscarlo en clínicas y hospitales. “Pensamos que se había descompuesto. Tuvo tres infartos hace menos de un mes y no dejó de fumar”, contó Labró a Página/12. A las 22.30 se presentaron en la departamental para denunciar la desaparición. Les costó convencer a la policía. “Dígame la verdad. ¿Seguro que no tiene una amante?”, indagó a Labró un comisario de apellido Pittá. Recién cuando lograron que atendiera por teléfono a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, comenzó la búsqueda. “A la una de la madrugada salieron los primeros móviles”, describió Labró.

El operativo incluyó más de trescientos efectivos y varios helicópteros. El miércoles, el olfato de los perros policiales guió a los investigadores a una casa deshabitada de la misma manzana de la Casa de la Memoria. Pero no había nada. El paso siguiente fue detener e indagar a un represor a quien Puthod denunció ante la Justicia e increpó más de una vez en las calles de Zárate: Aníbal Cabutti o Gabutti, quien junto con otros tres prefectos integra un grupo folclórico. “Lo vio en el Instituto de Formación de Prefectura, donde violaba todas las mañanas a una mujer al lado de él. Un día, de una patada, le corrió la venda y pudo verlo”, contó Labró. Los investigadores encabezados por el fiscal Martín Socca le tomaron declaración, pero no encontraron vínculos y lo dejaron en libertad.

Al anochecer del miércoles en la Casa de la Memoria reinaba un total desconcierto. Poco antes de las 23 recibieron el llamado de Puthod, desde una remisería. Minutos después lo recibieron sus compañeros. Derotier de Cobacho, amiga y madrina política, lo estrechó en un fuerte abrazo. Luego fue internado en el hospital Virgen del Carmen, donde lo visitó el ministro de seguridad Carlos Stornelli, quien poco antes declaró que “los secuestradores no resistieron el operativo cerrojo y por eso lo soltaron”. A las 9.50 fue dado de alta y volvió a la Casa de la Memoria. Desde allí fue trasladado a la fiscalía de ZárateCampana, donde declaró durante casi tres horas.

Lo habían secuestrado por primera vez el 27 de marzo de 1976, cuando se presentó en la Prefectura Naval de Zárate para el reclutamiento del servicio militar. Tenía 17 años y militaba en Montoneros. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense describió su cautiverio en un comunicado. Primero estuvo en la comisaría de Zárate. El 28, en un camión lo llevaron a una base de la Armada que hoy está dentro del Instituto de Formación de Prefectura. Un lanchón lo transportó hasta el patrullero ARA Murature, donde pasó varios días con medio cuerpo en el agua. De allí lo llevaron al Arsenal Naval y luego al Tiro Federal de Campana, donde funcionaba un centro de detención del Ejército. El lugar fue demolido el año pasado por la empresa Techint, pese a que recaía sobre él una medida de no innovar, informó la secretaría. Su periplo siguió por Puente 12 y Pozo de Banfield. Al hospital de Campo de Mayo lo llevaron sólo para intentar reconstruirlo. De allí salió en avión rumbo al Regimiento de Caballería 10 de Azul, donde lo blanquearon. Estuvo en el penal de Sierra Chica y luego en la unidad 9 de La Plata, hasta su liberación el 9 de julio de 1981.

Desde la inauguración de la Casa de la Memoria en 2005 recibió varias amenazas, que denunció ante la Justicia de Campana. “Dejate de joder con la Casa de la Memoria o te voy a reventar”, le advirtieron por teléfono. Varias veces lo siguió un Renault 19 gris sin patente. Puthod y Labró participaron de apenas dos reuniones de la Comisión de Campo de Mayo. “Un día presenciamos un debate sobre un espacio para la memoria donde sostenían que las Fuerzas Armadas habían cambiado y que no era descabellado compartir instalaciones con ellos. Casi me vuelvo loco”, explicó Labró. “Además, no quisieron pagarnos ni los pasajes para ir a las reuniones”, agregó.

A principios de este año, la Casa de la Memoria comenzó a organizar el acto en homenaje a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, militantes montoneros secuestrados en un bar de Rosario, que luego de ser torturados aparecieron fusilados en inmediaciones de Lima, partido de Zárate. El acto está previsto para el 16 de mayo e incluye la inauguración de un monumento en el kilómetro 103 de la ruta 9. “Ahí nace un camino de tierra. Dos kilómetros hacia adentro los mataron”, explicó Labró. También contó que junto con Puthod recorrieron los campos vecinos en busca de testigos que nunca declararon. “Se sorprendieron de que alguien los escuche. Es increíble pero en treinta años nadie les preguntó qué vieron”, agregó. El mes pasado la casa difundió un documento titulado “Crónica de un fusilamiento anunciado”, en el cual acusan al subcomisario Luis Patti de haberlos fusilado el 14 de mayo de 1983. Patti estuvo preso por ese hecho en 1983. Tras recibir enormes presiones el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. El fiscal federal de San Nicolás Juan Murray solicitó la reapertura de esa investigación.

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“Con una idea revolucionaria”

La Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate fue creada en junio de 2005 por Puthod, su esposa Graciela Lencina y Martín Labró, ex militante del PRT-ERP. “La casa nació con una idea revolucionaria. Acá no somos las viudas de los ’70. No lloramos, no es lo nuestro”, explicó Labró, que estuvo preso entre 1974 y 1981, durante la larga vigilia del miércoles. Labró explicó que su compañero es peronista y él marxista “pero igual tenemos ideas afines”. Desde hace dos años y medio los tres conducen de 19 a 20 un programa en FM 93.9 radio de Zárate. Hacía allí iba Puthod cuando lo secuestraron. “Callarse hoy sería cobarde”, se explica desde una cartulina que cita a la monja Léonie Duquet. Las paredes están empapeladas por fotos de centros clandestinos locales: la ex fábrica de tolueno, los pabellones del ex Tiro Federal de Campana, la comisaría, el frente de la “Casa de Piedra”, los galpones del instituto de formación de la Armada y el buque patrullero ARA Murature. “Baño privado en el que fueron vejadas infinidad de mujeres”, reza la leyenda.

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