viernes, 25 de julio de 2008

Un claro día en que se hizo justicia

CONDENARON A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ Y OTROS SIETE REPRESORES Y LOS ENVIARON A LA CARCEL

El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército deberá cumplir prisión perpetua por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a cuatro militantes del PRT que estuvieron cautivos en La Perla. Hubo festejos dentro y fuera del tribunal.

Por Diego Martínez
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“Por fin justicia”, gritaron en la sala cuando el juez leyó el fallo. En la calle se armó el festejo.

Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.

Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó “¡Por fin justicia!”. Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.

El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras (ver aparte). En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.

Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de “operativos especiales” (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un “operativo ventilador”, como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).

La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. “Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más”, celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.

A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.

Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció que los fundamentos se conocerán el 31 de julio y comenzó a leer. En los ocho primeros puntos de la resolución, que fue unánime, rechazó planteos de los defensores. Cuando llegó el noveno, consciente de que iba a leer la sentencia más importante de su vida, hizo una pausa y respiró hondo. Una mano sabia apagó el aire acondicionado para que todos escucharan. “Noveno. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez coautor mediato penalmente responsable (ayastrando la eye cordobesa) de los delitos”, y enumeró: “privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, por uso de violencia, por la duración (más de un mes) y por compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio doblemente calificado, por alevosía y por pluralidad de partícipes”.

Y siguió: “imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua”. Y la sala explotó en un aplauso que se mezcló con abrazos y llantos. Pero faltaba la frutilla: “En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”.

El tribunal leyó por orden de jerarquías. Dictó cinco prisiones perpetuas, por los mismos delitos que a Menéndez, para los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y para el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, todos ex miembros del OP3. Al coronel Hermes Oscar Rodríguez y al capitán Jorge Ezequiel Acosta los condenó a 22 años de prisión y al suboficial Carlos Alberto Vega a 18 años, porque para las fechas de los homicidios habían cambiado de destino. Los cuatro años a favor de Vega son por su jerarquía, menor a la de los oficiales. El tribunal resolvió que todos cumplan su condena en la cárcel de Bower, la más moderna de la provincia. Hasta el comienzo del juicio, cuando por seguridad el tribunal concentró a los imputados en el Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación. “Señores, el juicio ha terminado”, cerró Díaz Gavier, quien miró a los ojos a cada imputado mientras leía las condenas. La sala se puso de pie, los H.I.J.O.S. levantaron sus pañuelos, los familiares las fotos de sus víctimas, y a coro entonaron “como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”. Fue entonces cuando Díaz, el torturador de cogote macizo, se dio vuelta, sonrió y levantó los brazos con los dedos en V. Nadie le respondió. La música siguió con “Siga el baile siga el baile, al compás del tamborín, que tenemos la cabeza, de Luciano Benjamín”. Mientras las cámaras de concentraban en el gobernador Schiaretti, con lágrimas en los ojos, Orosz arengó para salir a la calle “donde está la gente que hizo posible este juicio”. Toda Córdoba lo siguió.

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Atrasa treinta años

LA ARENGA DEL REPRESOR ANTES DE QUE SE LEYERA LA SENTENCIA
Luciano Benjamín Menéndez aprovechó sus “últimas palabras” para hacer una defensa del terrorismo de Estado. Habló de “la guerra contrarrevolucionaria” y de los “guerrilleros que hoy están en el poder”.

Por Diego Martínez
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El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército llevó ayer un crespón negro.

Con su reloj detenido desde hace treinta años, el general Luciano Benjamín Menéndez tomó el micrófono y se despachó con su vieja arenga. Igual que en los palcos oficiales de la dictadura, igual que en los del gobernador Eduardo Angeloz en los ’80, igual que en la mesa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en 1984, cuando intentó acuchillar a los militantes que fueron a repudiarlo, el general de ojeras grandes y mirada fría reivindicó lo que llamó “una guerra contrarrevolucionaria” contra “el terrorismo marxista”, dijo que “tenemos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos” y se preguntó: “¿Para quién ganamos la batalla?”. No le faltará tiempo para pensarlo.

A las 10.34, la sala se paró para recibir a Su Señoría. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal, anunció “la última oportunidad de formular cualquier manifestación”. Los imputados estaban debajo de una innecesaria jaulita de vidrio, escoltados por una fila de policías y un puñado de íntimos. Se ubicaron por orden de jerarquía: general, coronel, capitán, suboficiales y civil. Todos menos Exequiel Acosta hicieron uso de la palabra. La mayoría elogió el papel de los defensores oficiales, Mercedes Crespi y Máximo Liva. “Inteligente e intensa”, dijo Menéndez. “Excelente”, el coronel Hermes Rodríguez.

Menéndez repasó su versión de la historia de las luchas populares, criminalizó a la militancia, pero no negó los secuestros, torturas y asesinatos por los que sabía que sería condenado. Fue el único que no desmintió los hechos. “Hace cincuenta años, la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país”, arrancó. El “asalto de los subversivos marxistas” se ideó “en la Unión Soviética y su filial: Cuba”. “No se trataba de arrancarnos territorio”, sino que “apuntaban al alma de nuestro pueblo”. Pretendían “revolucionar nuestro modo de vida” para “asaltar el poder e instrumentar un régimen comunista”. “Se equivocan quienes creen que el pueblo fue un convidado de piedra en esta guerra”, aclaró.

Para reforzar la idea citó al ministro de Defensa Facundo Suárez, en 1964, cuando anunció “la inminencia de una guerra revolucionaria, silenciosa, pero inexorable, global y permanente”. Siguió por un documento del PRT de 1970 con el anuncio de que “se comenzó a combatir para hacer posible la insurrección del proletariado”; una nota de El Combatiente de 1974 sobre el aumento de poder de fuego de las unidades guerrilleras; una breve historia de Montoneros publicada en Cristianismo y Liberación que anuncia “la ofensiva para la toma del poder” a partir de 1969; y dos “partes de guerra” de organizaciones armadas. “Nos declararon la guerra y ahora hablan de persecución de opositores políticos y represión ilegal”, rezongó. “La subversión actuó desde los ’60 con distintos gobiernos. ¿De quiénes eran opositores? ¿Los perseguía Frondizi, Illia, Perón?” Aseguró que “la Nación ensayó todos los métodos para defenderse”, recordó que “el actual procurador Esteban Righi disolvió la Cámara Federal Penal que procesó y condenó a 1600 guerrilleros y amnistió a los subversivos”. (Aquí una abogada del Ceprodh gritó varias veces “genocida” hasta que fue expulsada de la sala.) “La subversión desbordó todos los sistemas y prohibiciones”, continuó Menéndez. Destacó los decretos de Isabel, Luder & Cía., que “ordenaron el aniquilamiento de la subversión”. “Los marxistas ensangrentaron al país y nosotros estamos siendo juzgados”, dijo. “Ya derrotados, abandonaron la lucha armada y se mimetizaron como pacíficos civiles, siguiendo la doctrina de Gramsci”, redondeó, para deleite del pasquín Cabildo y del diario La Nueva Provincia.

Y volvió al presente. “Los marxistas no conciben la armonía y la concordia. No se sacaron la piel de cordero porque les falta controlar algunos resortes del poder. Son enemigos de la Constitución porque niegan a Dios, reemplazan la paz interior por el conflicto y apuntan a disolver la familia y la propiedad”, dijo. Anunció que en el futuro “van a abandonar el disfraz de la paz y van a volver a la violencia” porque “el comunismo internacional persiste en sus objetivos: antes en la ilegalidad, ahora se apropiaron de la legalidad y desde esa ficción intentan destruir nuestra forma de vida y nuestro ser nacional”. Creyente al fin, manifestó su confianza “de que los argentinos detengamos esta marcha al abismo a la que nos conducen los guerrilleros que hoy están en el poder”.

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jueves, 24 de julio de 2008

A Menéndez le llegó la Justicia

Hoy se conocerá la sentencia por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Tercer Cuerpo

Los siete responsables del centro clandestino de detención La Perla escucharán hoy el veredicto del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. Será el primer fallo por terrorismo de Estado en la Justicia del interior del país.

Por Diego Martínez
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El general retirado Luciano Benjamín Menéndez fue indultado por Menem.

Desde Córdoba

A los 81 años, luego de decidir sobre vidas y muertes en diez provincias norteñas y gozar de impunidad desde el indulto dictado por Carlos Menem en 1989, Luciano Benjamín Menéndez aprenderá hoy qué es la Justicia. A las 9.30 el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba le dará la oportunidad de volver a expresarse, sin picanas ni vendas de por medio. Por la tarde el juez Jaime Díaz Gavier le leerá su sentencia, junto con la de otros siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 que operaban en el centro clandestino La Perla. Tanto los fiscales como la acusación de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba solicitaron para el “Cachorro” de ojeras gigantes la pena de prisión perpetua y, por tratarse de delitos de lesa humanidad, su cumplimiento en una cárcel común. Será la primera sentencia por delitos de lesa humanidad del interior del país e, igual que la acusación y los alegatos, toda la provincia la podrá escuchar y ver en vivo por radio y televisión. Quienes no puedan acceder a una de las 160 butacas de la sala podrán ver la audiencia desde una pantalla gigante en el hall de ingreso.

El ex comandante del Cuerpo III de Ejército, uno de los asesinos más célebres del Norte argentino junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, es juzgado desde fines de mayo por los secuestros, torturas y fusilamientos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en diciembre de 1977. Lo acompañan en el banquillo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, el capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, jefe de la patota de “operativos especiales” (OP3), los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován, y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. El general de brigada retirado Arturo Gumersindo Centeno y el civil Ricardo Andrés Luján, torturador de La Perla, murieron impunes antes del juicio. El coronel César Emilio Anadón, jefe del Destacamento 141, se suicidó en 2004 mientras cumplía arresto domiciliario. No podrán ser condenados por la Justicia, pero sus nombres ya forman parte de la historia.

Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del PRT, fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. Varios sobrevivientes los vieron deshechos tras las sesiones de torturas. En la madrugada del 15 de diciembre los hombres de Menéndez los sacaron del centro clandestino y los asesinaron en un “operativo ventilador”, como llamaban al método de fusilar y simular enfrentamientos en la vía pública. La ejecución fue en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino, óptima esquina para obtener justicia terrenal. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. El resto permanece desaparecido.

Los acusadores pidieron que se condene a Menéndez y a Rodríguez como autores mediatos, por sus cargos jerárquicos, y al resto como coautores materiales. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega no solicitaron prisión perpetua sino 21 años de prisión porque no se les imputan los homicidios. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, que aquel año estuvo un mes arrestado por ladrón, el abogado Claudio Orosz solicitó que se investigue su rol en los homicidios, ya que varios sobrevivientes declararon que lo vieron hasta fines de 1977.

La Perla fue el mayor centro de exterminio del interior del país. Los organismos de derechos humanos calculan que pasaron por el lugar más de 2000 personas. Muchas de las víctimas asesinadas por orden de Menéndez fueron enterradas en el cementerio de San Vicente Catorce, incluida Palacios, y fueron identificadas por el EAAF. Otras, según testimonios de testigos, tuvieron que cavarse su propia fosa en distintos lugares del predio del cuartel, que hoy tiene varias hectáreas cubiertas con plantaciones de soja.

A la sentencia acudirán miembros de organismos de derechos humanos de todo el país, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. También el gobernador Juan Schiaretti, dato no menor en una provincia donde Menéndez con uniforme de gala llegó a compartir un palco oficial con Eduardo Angeloz. Hay más de un centenar de periodistas acreditados. La jornada incluirá arte callejero en las afueras de tribunales, con actividades organizadas por la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos”, que reúne a decenas de organizaciones sociales. La sentencia se conocería alrededor de las cuatro de la tarde.

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miércoles, 23 de julio de 2008

Rastros de un pasado indeleble

Descubrieron en la ESMA inscripciones hechas por un desaparecido

Los responsables del mantenimiento del ex centro clandestino de detención descubrieron en una viga de hierro dos firmas de Horacio Domingo Maggio, un desaparecido que se fugó de la ESMA y luego fue recapturado.

Por Diego Martínez
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En una inscripción se leen las últimas tres letras de su nombre, su apellido y la fecha “27/12/77”. En la segunda sus iniciales y “3/3/78”.

Treinta años después de su muerte, Horacio Domingo Maggio sigue dando batalla. El delegado bancario y militante montonero que en 1978 se fugó de la ESMA para denunciar ante el mundo las torturas y crímenes de la Armada en el corazón de Buenos Aires también dejó sus huellas en las vigas de hierro de la “Pecera”, un sector del Casino de Oficiales donde los marinos obligaban a trabajar a los secuestrados. Miembros del equipo de conservadores del Instituto Espacio para la Memoria, responsables del mantenimiento del ex centro clandestino, descubrieron a principios de mes dos inscripciones con su firma. En la primera se leen las últimas tres letras de su nombre, luego su apellido y la fecha “27/12/77”, cuando ya llevaba diez meses en cautiverio. En la segunda apuntó sus iniciales y “3/3/78”, dos semanas antes de su fuga.

Maggio nació el 5 de enero de 1948 en Santa Fe. Miembro de la comisión interna del banco provincial, su militancia comenzó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, luego de la fusión de las dos organizaciones, continuó en Montoneros. Fue secuestrado en Santa Fe el 15 de febrero de 1977. Desde allí fue trasladado a la ESMA.

Jaime Dri lo había dado por muerto pero para su sorpresa volvió a verlo en la ESMA, luego de su secuestro, en diciembre de 1977. “Era de cuerpo pequeño y magro y tenía un rostro discepoliano, que adornaba con una sonrisa constante”, le describió Dri al periodista y diputado nacional Miguel Bona-sso, que desmenuzó su relato en Recuerdos de la muerte.

–La tortura se aguanta. Te juro que se aguanta –le repetía el Nariz, como apodaban a Maggio. Dri relató que, lejos de comportarse como un condenado a muerte, parecía “un ser todopoderoso”, capaz de sembrar esperanzas en el contexto más horroroso.

–Hay que ganar, ¿entendés? Hay que ganarles la batalla –le explicaba Maggio a Dri, que meses después también logró burlar la inteligencia del capitán Jorge Acosta y fugarse de la ESMA.

El 17 de marzo de 1978, dos semanas después de escribir sus iniciales en la viga de la Pecera, le pidió permiso a uno de sus captores para ir al baño del Correo, adonde lo habían enviado, y logró fugarse. Durante los meses siguientes se dedicó a denunciar todo lo que vio y supo durante su cautiverio, a informar a las familias de los secuestrados dónde estaban sus seres queridos, y ni siquiera se privó de llamar a los marinos que lo habían torturado para insultarlos.

“Con los bolsillos llenos de cospeles y monedas, llamaba a sus verdugos, se identificaba, los insultaba y les preguntaba cuánta gente más habían matado desde que él no estaba en la ESMA. Y como una premonición, decía al teléfono: ‘Va a haber un Nuremberg para todos ustedes, asesinos’”, escribió Bonasso.

El testimonio de Maggio fue fundamental en varias causas judiciales, incluido el juicio de Italia contra los marinos de la ESMA. Ma-ggio relató que en la ESMA conversó con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes le relataron el secuestro en la iglesia de la Santa Cruz, y tras varios días de tortura fueron trasladadas “no sé dónde”. También contó que Norma Arrostito había soportado “heroica y estoicamente durante más de un año de cautiverio la tortura y presión física y psíquica de los oficiales de la Marina” hasta que la inyectaron y murió en el Hospital Naval, según contó el Tigre Acosta a sus víctimas.

De boca del prefecto Gonzalo Sánchez, alias Chispa, hoy prófugo de la Justicia, supo los métodos de los marinos para deshacerse de los cadáveres. “Se les coloca una inyección (somnífero), se los envuelve en una lona y se los tira al mar”, escribió en abril de 1978. Poco antes del mundial de fútbol su testimonio recorrió el mundo gracias a una entrevista que le realizó el subdirector de la agencia Associated Press.

Convertido en objetivo prioritario para los militares, volvió a caer el 4 de octubre de 1978. Pero no lograron secuestrarlo con vida. Estaba desarmado pero se resistió a piedrazo limpio hasta que una patota del Ejército lo asesinó. Su cadáver fue trasladado a la ESMA, donde Acosta lo expuso como trofeo de guerra ante el resto de los cautivos. “El que lo imite va a terminar como él”, sonreía el Tigre. Un año después, el 11 de septiembre de 1979, fue secuestrada la esposa de Maggio, Norma Valentinuzzi, docente de 28 años que permanece desaparecida. Le sobreviven sus hijos Facundo y María Eva.

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viernes, 18 de julio de 2008

“Este lugar no estaba denunciado”

DOS SOBREVIVIENTES RECONOCIERON EL LUGAR DONDE ESTUVIERON SECUESTRADOS EN LA TABLADA

En el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que investiga el juez Rafecas, Víctor Hugo Díaz y Alcira Ríos volvieron al lugar donde estuvieron secuestrados en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada.

Por Diego Martínez
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La abogada Alcira Ríos estuvo detenida-desaparecida en 1978.
Víctor Hugo Díaz logró escaparse a horas de su secuestro, en 1977.

“La maquinaria de la muerte tenía grietas. Por una de ellas salí yo”, relató Víctor Hugo Díaz, ex militante de la Juventud Peronista que en la mañana del 4 de febrero de 1977, a horas de su secuestro, se fugó del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. Tres décadas después, Díaz volvió ayer a la ex guarnición militar, no en un baúl, sino como testigo de una inspección ocular que encabezó el juez federal Daniel Rafecas. El edificio del que logró huir ya no está en pie y en su lugar hay un hipermercado de colores furiosos. “Pero siempre quise volver y estar acá es una gran victoria –aclara–, porque este lugar no estaba denunciado.”

El Regimiento General Belgrano, en la intersección del Camino de Cintura y Crovara, en La Matanza, pasó a la historia por el asalto del Movimiento Todos por la Patria en 1989. Años antes, durante la dictadura, había cobijado a los cerebros de El Vesubio. El centro clandestino tenía línea directa con la Central de Reunión de Inteligencia (CRI) a cargo del mayor Pedro Durán Sáenz, que alternaba trabajos sucios entre ambas sedes y viajaba a Azul los fines de semana para asistir a misa y visitar parientes. Por encima suyo estaba el coronel Federico Minicuchi, jefe del Regimiento. Durante el menemato el predio pasó a manos de la cadena francesa Auchan, que en 2004 lo revendió. Hoy el terreno de la CRI y la “enfermería”, que alojó a decenas de secuestrados, pertenecen a otro mercado. El resto de las construcciones se mantienen en pie: siete edificios de dos plantas, lúgubres, pero con rastros de maderas y alfombras que delatan su pasado.

Beto Díaz entró por primera vez en el baúl de un auto. Durante la tortura se le subió la venda y alcanzó a ver un rostro y un tablero con fotos. Lo abandonaron desnudo, vendado, en un catre de lona. Cuando escuchó roncar al guardia se desa-tó las manos con los dientes. Le sacó el arma, le dio un golpe en la cabeza y le preguntó dónde estaba.

–Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. No me mate –le rogó.

Díaz se puso la camisa verde oliva del militar, le sacó la billetera y salió. Amanecía. No eran las siete. “Corrí trescientos metros hasta el alambrado. Al saltar me corté las manos con alambre de púas”, relató ante Rafecas. Cruzó la ruta a los gritos. “¡Soy Víctor Díaz, me secuestró el Ejército!”. Pidió plata y se tomó un colectivo hasta Once. En el camino abrió la billetera y vio el DNI del guardia: capitán Alberto Juan, que pasó a retiro en 1979 y nunca rindió cuentas a la Justicia. Horas después, en su casa, secuestraron a dos de sus hermanos, liberados un día después.

Díaz volvió en 1999, con su hijo, a filmar el edificio de la fuga. Hoy sólo quedan ruinas. La principal tiene cuatro columnas y una escalinata señorial para mirar a la tropa desde arriba. En el interior, un tosco mural de Belgrano y sus batallas. Detrás de una puerta que indica “área restringida” un graffiti señala “Pañol San José” encima de frases de adoctrinamiento. “La guerra es algo muy remoto, pero el día menos pensado, pasa”, por ejemplo. En el piso de una sala, hojas de un álbum de fotos inservibles: una visita protocolar de los ’60. En el ex patio de armas, restos de un mástil con una virgen triste. El juez ingresa a todos los edificios menos a uno, al fondo, que tiene puertas y ventanas tapiadas.

“Acá nos hicieron bañar, con toallas del Ejército y un guardia armado que no nos sacaba la vista de encima”, recordó ayer Alcira Ríos, abogada de Abuelas durante más de dos décadas que pasó un mes de septiembre de 1978 secuestrada en La Tablada. A Ríos y a su compañero los sacaron de La Cacha y simularon liberarlos a dos cuadras del Regimiento. “Armaron un operativo con uniformes y camiones ‘¡Tienen armas!’, gritaba el milico”, recordó ayer. Mientras les armaban un sumario por “actividades terroristas” los encerraron treinta días en una pieza, detrás de la salita de guardia pegada a la “enfermería”. Nada de eso quedó en pie.

“Sólo reconocí el baño. Fue como volver en el tiempo, aunque a esta altura lo cuento como si fuera una película”, desdramatiza y sonríe. Desde su vuelta al país en 1984, Ríos se dedicó a investigar apropiaciones y exigir justicia. Díaz también se corre del rol de víctima. “La fuga fue una pequeña victoria en medio de tanta muerte –reflexiona–. El marco de mi historia es la resistencia a la dictadura, no como víctima sino como persona que vive, que milita, que resiste, que lucha ante la muerte.”

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jueves, 17 de julio de 2008

Un “festejo indecoroso”

El Tribunal Oral 5 pidió sanciones para un defensor de represores

Los jueces denunciaron ante el Colegio Público de Abogados a los defensores del comisario Miguel Angel Timarchi por festejar su absolución. Lo consideraron una “falta de respeto” hacia el tribunal y a los familiares de las víctimas.

Por Diego Martínez
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El abogado Carlos Broitman encabezó la defensa de Timarchi. El tribunal denunció a sus dos socios.

Tres días después de dictar sentencia por la masacre de Fátima, el Tribunal Oral Federal 5 denunció el lunes ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a dos miembros del estudio jurídico que encabeza Carlos Broitman, por lo que consideró “una grave falta de respeto” hacia los jueces y “en especial” hacia los familiares de las víctimas de una de las más brutales ejecuciones sumarias de la última dictadura. Los magistrados calificaron como “inaceptables” los festejos desmesurados de los letrados Héctor Amarelle y Alejandro Martín Broitman tras conocer la absolución de su cliente, comisario Miguel Angel Timarchi.

Página/12 informó el sábado que cuando el presidente del tribunal Daniel Obligado, comenzó a leer la absolución de Timarchi, Amarelle saltó como quien festeja el gol de su vida, gritó “¡Vamos todavía!” y le dio un beso a Carlos Broitman. Según la denuncia del tribunal, se trató de un abrazo y no con Carlos, sino con su hermano Alejandro. Los jueces describen “un salto al grito de ‘vamos carajo’, a la vez que se abrazaban entre sí, mirando hacia el público”, compuesto por los sobrevivientes de la Superintendencia de Seguridad Federal y familiares de los masacrados. Agregan que “esa conducta y la consecuente reacción del público desembocó en el de- salojo de la sala y, por supuesto, de tales letrados”. En realidad expulsaron a la comitiva que secundó a Broitman, pero no a Amarelle, que luego del festejo le manifestó sus condolencias al comisario Carlos Gallone, condenado a cadena perpetua por secuestrador y asesino.

El escrito de Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías calificó los “gestos indecorosos” de los abogados como expresiones “inapropiadas y por ende inaceptables en una audiencia judicial”. Se trató de “una grave falta de respeto hacia los integrantes del tribunal, sus contrapartes y, en especial, los familiares de las víctimas que se encontraban presentes y debieron soportar tamaño insulto”. La actitud “exacerbó el comprensible y justificado ánimo de los asistentes”, que comenzaron a cantar “Como a los nazis, les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar”.

El TOF-5 solicitó al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados –que preside el constitucionalista peronista Alberto García Lema– que “analice las conductas” y determine “el correctivo pertinente”. Consideró que se violaron “deberes específicos de los abogados, entre los que se destaca el comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional, y de un incumplimiento a las normas de la ética profesional”.

Amarelle presenció varias audiencias y descolló durante el alegato, cuando calificó al proceso de “desastroso”, y llegó a decir que “se han plantado pruebas” para “cubrir a los verdaderos responsables” y condenar a “tres chivos expiatorios”, incluido su cliente absuelto. Alejandro Broitman, en cambio, sólo apareció el día de la sentencia. Broitman es secretario de ORY, un centro de contención para discapacitados mentales de origen judío. El año pasado, luego de recibir una donación, reflexionó que “unos pocos muchachos con capacidades diferentes son capaces de humanizar multitudes. Las personas que los pueden ver actuar en sociedad, realmente se conmueven y logran volver a ese estado natural de humanización y de valores que quizá, con el día a día, nuestra sociedad va perdiendo”.

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domingo, 13 de julio de 2008

Un crimen que no se investigó

MARIA DEL CARMEN MAGGI, SECRETARIA ACADEMICA DE LA CATOLICA
Por Diego Martínez

El 9 de mayo de 1975 a la madrugada, dos horas después de la explosión de una bomba en la casa de Eduardo Cincotta, miembro de la CNU y secretario general de la Universidad Provincial, un grupo armado que se movía en tres autos secuestró a María del Carmen Maggi, secretaria general y decana de Humanidades de la Universidad Católica. Maggi era mano derecha del rector honorario, monseñor Eduardo Pironio. Ambos resistían el intento de unificación de ambas universidades que propiciaban los miembros de la CNU.

Selva Navarro, amiga de Maggi, gestionó una reunión entre el rector de la Universidad Provincial, José Cattuogno, y el de la Católica, Hugo Grinberg. Cattuogno los recibió acompañado por Gustavo Demarchi, coordinador académico, y Cincotta, secretario general. Demarchi, que también era fiscal, le negó el saludo a Grinberg. Lo presionó para que se trasladaran a Buenos Aires a firmar el traspaso de la Católica a la Provincial y se enojó ante la negativa, relató Navarro. De pronto se apagaron las luces y la mujer comenzó a gritar. “La universidad se va a nacionalizar por las buenas o por las armas”, les aclaró Demarchi.

El secuestro de Maggi tuvo amplia difusión. Pese a que sus padres y un vecino describieron a los secuestradores, el identikit se publicó una sola vez. Al mes de los hechos, con la víctima desaparecida, Demarchi pidió sobreseer la causa. “La actividad de la Justicia fue prácticamente nula”, apuntó el TOF. El cadáver, enterrado en Mar Chiquita, apareció un día antes del golpe de Estado. Los diarios publicaron la noticia, pero “insólitamente el sumario no fue reabierto”. La operación se cerró con la desaparición del sumario provincial sobre el hallazgo del cuerpo.

Un testigo de identidad reservada detalló ante el TOF qué miembros de CNU participaron del secuestro. Dijo haber escuchado a Mario Durquet confesar que había asesinado a Maggi y que Piero Assaro “vomitó al presenciar el homicidio”. Durquet usaba una credencial de la SIDE con el apellido Villagra. Un informe de Inteligencia de Prefectura redactado al calor de los hechos destaca la “actividad izquierdizante” de Maggi y diagnostica: “Todo indica que pasará a engrosar la nómina de ‘ajusticiados’ por motivaciones políticas y su cuerpo arrojado a algún paraje desolado de la ciudad”. Los prefectos sabían de qué hablaban. El crimen de Coca Maggi permanece impune.

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La pata marplatense de la Triple A

EL TRIBUNAL ORAL DE MAR DEL PLATA DENUNCIO A CIVILES DE LA CNU QUE ASESINARON ANTES DE 1976

El tribunal señaló que la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria cometió crímenes de lesa humanidad al amparo del Estado. Involucran a abogados influyentes en el fuero local, entre ellos un ex fiscal.

Por Diego Martínez
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El ex fiscal Gustavo Demarchi, acusado de encubrir los crímenes, dice que no fue necesario investigar a la CNU.

Los civiles de Mar del Plata que al amparo del Estado asesinaron con garantías de impunidad antes del 24 de marzo de 1976 deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Así surge de una denuncia formulada por el Tribunal Oral Federal local ante el juez Norberto Oyarbide, quien ya declaró imprescriptibles los crímenes de la Triple A. El tribunal que integran Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela desempolvó viejos expedientes, los cruzó con documentos de inteligencia, con testimonios que desde 2001 recibe en el Juicio por la Verdad y concluyó que los asesinatos cometidos por la Concentración Nacional Universitaria contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.

Tras el asesinato del jefe de la CNU, Ernesto Piantoni, el 20 de marzo de 1975, “parte” del grupo “se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados” y contó “con la estrecha vinculación de la organización que funcionaba bajo la sigla A.A.A.”, sostienen los jueces. Ya en 1971 la CNU había asesinado a la estudiante Silvia Filler, pero fue durante el velorio del jefe cuando se gestaron los primeros crímenes de una seguidilla que derivó un año después en la integración de varios de sus miembros al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601.

La madrugada del 21 de marzo, ostentando credenciales policiales, el grupo secuestró y ejecutó a cinco personas. Un testigo de identidad reservada cercano a los asesinos declaró que “todos los integrantes de CNU fueron a vengar el homicidio de Piantoni”. Incluyó al entonces fiscal federal Gustavo Demarchi, que dos meses después pidió el sobreseimiento de la causa, y a su oficial segundo Eduardo Ullúa.

El suboficial Orestes Vaello, que pasó de CNU al Batallón 601, declaró ante la Conadep que el grupo marplatense “dependía del Destacamento de Inteligencia” y que Ullúa era su jefe. Entre los miembros recordó a un “gerente vinculado al SUPE”, que según el tribunal es Armando Nicolella. Según registros de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), la madrugada de enero de 1976 en que fue detenido con siete camaradas, Nicolella llevaba armas de guerra y tarjetas de Demarchi, con quien pidió comunicarse. “Lejos de excusarse”, el fiscal “actuó como su abogado de confianza”, explica el tribunal.

“La violencia de la CNU fue fomentada y tolerada por las más altas jerarquías de la Universidad Provincial”, sostienen. Eduardo Cincotta, miembro de CNU, era secretario general. Demarchi, coordinador académico. Los CNU fueron contratados para realizar “tareas de inteligencia ilegal”. Uno apuntó como domicilio la sede de la agrupación. Otros dos, el del abogado Luis Coronel. Los legajos de los CNU son los únicos que no tienen foto. Cincotta se integró en 1976 al GADA y aún luce en su estudio una distinción por servicios “en la lucha contra la subversión”.

La CNU “actuaba dentro de las estructuras del Estado”, en particular “de la Justicia Federal y de la Universidad de Mar del Plata”, con “cobertura” de las policías bonaerense y Federal, sostienen los jueces. Llegan a esa conclusión tras analizar varios homicidios:

- El 5 de junio de 1975 varios hombres secuestraron y ejecutaron de treinta disparos a Héctor Sanmartino, profesor de Psicología del Trabajo. Un informe de la Dipba lo vincula a “un elemento marxista” y otro lo tilda de “elemento terrorista”. Esa es toda la causa. Un mes después, previo dictamen de Demarchi, el juez Adolfo González Etcheverry la sobreseyó. “La premura, como en otros homicidios de militantes de izquierda, estaba dada por el archivo”, apuntan los jueces.

- El 12 de junio cortaron el tránsito y secuestraron de un décimo piso a Víctor Kein y Jorge Dell Arco. Los fusilaron vendados y con las manos atadas. La instrucción muestra “que se investigó a las víctimas”, dice la denuncia. Alguien que los vio dijo que se presentaron como policías y le ordenaron: “váyase a su casa”. Ni el fiscal ni el juez lo citaron. La esposa de Kein supo que la patota entró primero a una oficina donde había una reunión de la Asociación Marplatense de Rugby. Nadie los citó.

- Roberto Wilson y otros obreros del Frigorífico San Telmo estuvieron once días presos por reclamar blanqueos salariales. Dos días después de ser liberado, fue secuestrado. Nunca apareció. Su mujer describió a los captores y su madre le aportó dos nombres al juez: un miembro del Sindicato de la Carne y un militante de la CNU. El 8 de abril, previo dictamen de Demarchi, el juez sobreseyó la causa.

- El 13 de marzo de 1976 dos personas bajaron de un Falcon azul para secuestrar a Juan Manuel Crespo. Resistió hasta que lo mataron, junto a Emilio Azorín, frente a decenas de testigos que el comisario de la 1ª prefirió no escuchar. Dos días después los mismos muchachos hirieron a Ricardo Leventi. La Capital publicó que se movilizaban en el mismo Falcon azul y apuntó la patente: C-746.329. Leventi declaró que quien intentó matarlo hacía inteligencia en Humanidades. Fue en vano. El 21 de abril el fiscal admitió la “implicancia política-gremial” de los crímenes pero pidió sobreseer la causa. Así fue. El TOF investigó que la patente correspondía a un Fiat Berlina robado, y que el Falcon, con la misma chapa pero pintado de blanco, terminó en el Sindicato de la Carne porteño.

La denuncia incluye más de veinte nombres pero sobresale el eje Demarchi-Ullúa-Cincotta. Los CNU “convivían en la universidad con quienes debían investigarlos”, explican. La actividad en la fiscalía fue “imprescindible para asegurar la impunidad” del grupo. Ante la prensa Demarchi negó haber integrado la CNU y dijo que “no hubo que investigarla en ese momento”. La denuncia sugiere lo contrario. Ante la “estrecha relación” de los denunciados con la Justicia, los miembros del TOF enviaron copia a la Procuración General de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia.

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sábado, 12 de julio de 2008

Dos condenas, una absolución, 30 asesinatos

Dos ex policías recibieron prisión perpetua por la Masacre de Fátima, pero el tercer acusado quedó en libertad

Los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone fueron declarados culpables de 30 asesinatos y secuestros. El tribunal consideró que la participación del comisario Miguel Angel Timarchi en los crímenes estaba en duda.

Por Diego Martínez
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Aurora Morea, madre de Susana Pedrini, y Fátima Cabrera, sobreviviente de Superintendencia, después del fallo, en los tribunales de Comodoro Py.

Luego de treinta y dos años de impunidad, cuando la mayor parte de los asesinos disfruta del anonimato y muchos identificados mueren antes de ser juzgados, los familiares de las víctimas de la Masacre de Fátima –como pasó a la historia la ejecución sumaria de veinte hombres y diez mujeres arrancados de tubos de Superintendencia de Seguridad Federal en la madrugada del 20 de agosto de 1976– recibieron ayer dos granitos de justicia y un bofetazo del que no será sencillo reponerse.

El Tribunal Oral Federal 5 condenó a la pena de prisión perpetua a los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, pero absolvió de culpa y cargo, gracias a la duda sembrada por una oportuna licencia médica, al comisario Miguel Angel Timarchi. El festejo desmesurado de sus abogados Carlos Broitman y Héctor Amarelle ante decenas de madres, hermanos e hijos de los masacrados hizo explotar la bronca contenida en la sala. “¡Asesinos!”, gritaron jóvenes y ancianos. Daniel Obligado, presidente del tribunal, pidió permiso a su colega Guillermo Gordo y con su visto bueno ordenó desalojar la sala. Expulsó a los colaboradores de Timarchi que habían contenido la emoción, pero no les llamó la atención a los efusivos letrados.

Las “últimas palabras” de los imputados (ver aparte) estaban previstas para las 13 pero, como en el resto de las audiencias, los magistrados ingresaron una hora más tarde. A pedido del tribunal, que también integra Ricardo Farías, las Madres de Plaza de Mayo guardaron sus pañuelos, los familiares guardaron las fotos de los masacrados y los reporteros gráficos no pudieron ingresar a la sala. La gerencia de noticias de Canal 7 solicitó al Tribunal una negativa por escrito, que hasta ayer a la tarde no había obtenido respuesta. Las tres horas de receso también sumaron. A las 17.55, cuando el secretario ordenó ponerse de pie para recibir a Sus Señorías, varias butacas estaban vacías.

Tras rechazar los planteos de Adrián Tellas y Martín Cardoso, abogados de Gallone, el juez Obligado, con voz firme, anunció la condena a perpetua de Lapuyole, que ya se había ido a su casa, donde goza de arresto domiciliario. El ex director de Inteligencia de Superintendencia fue sentenciado como autor mediato de las treinta privaciones ilegítimas de la libertad y los treinta homicidios agravados por la alevosía de ejecutarlos contra personas que tenían las manos atadas y los ojos vendados. Luego leyó la condena a perpetua para Gallone, jefe de una brigada, como coautor de los secuestros y partícipe necesario de los homicidios.

Cuando el juez leyó “absolviendo libremente y sin costas a Miguel Angel Timarchi”, Amarelle gritó “¡Vamos todavía!”, saltó como quien festeja el gol de su vida y le dio un beso a Broitman. Timarchi permaneció inmutable. El juez intentó seguir pero en medio de gritos y llantos desconsolados los H.I.J.O.S. comenzaron a cantar: “Como a los nazis... les va a pasar... a donde vayan los iremos a buscar”. Obligado ordenó desalojar la bandeja superior y luego la inferior, repletas de Madres sin pañuelos.

–¡Asesino! ¡Mataste a mi tío! –gritó una mujer desencajada.

–¡Vos sos cómplice, hermano! –le aclaró un hombre al juez–. ¡A ellos les tenés que decir ‘nunca más’! Se te están cagando de risa en la cara.

–¡Los tres son cómplices! –rectificó desencajada Aurora Morea, de 84 años, madre de Susana Pedrini, víctima de la masacre.

Con la sala vacía y el canto “a los nazis” de fondo el juez terminó de leer la sentencia. Para absolver a Timarchi invocó el artículo 3 del Código Procesal Penal, que en caso de duda juega a favor del reo. “Estamos conformes con las condenas, pero vamos a apelar la absolución. Antes tenemos que conocer los fundamentos, ya que el tribunal dejó entrever dudas sobre su rol aquella madrugada. Para condenar la Justicia exige pruebas contundentes que después de treinta años no es fácil conseguir. Son las reglas de juego”, reflexionó en medio de abrazos y llantos la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“Siento bronca, dolor. La Justicia fue injusta. Fue terrible tener que soportar el discurso político” de Timarchi, relató Fátima Cabrera, ex cautiva de Superintendencia. “Tiene el típico perfil de los ideólogos del terrorismo de Estado, de quien cumplía el rol de ‘bueno’ en los interrogatorios. Pocos llegan a juicio, otros están prófugos (en referencia a Luis Alberto “El Japonés” Martínez), este hombre se da el lujo de llamar ‘testigos falsos’ a las víctimas, y ahora queda suelto”, lamentó. “Pero tenemos que seguir, pese a la Justicia”, concluyó.

“Se logró que dos culpables paguen, pero cuesta creer que alguien que actuó en Superintendencia haya sido liberado. El camino de la Justicia es muy lento pero la lucha sigue, eso es lo importante”, rescató Franco Castiglioni, también sobreviviente. “Es indignante. (El ex guardia de superintendencia Armando) Luchina denunció a este tipo durante 25 años. ¿Cómo lo pueden absolver?”, razonó Hugo Argente, hermano de Jorge, víctima de la masacre. “Durante muchos años estuve alejado de mi familia, siempre les expliqué que era para conseguir verdad y justicia. ¿Qué les digo ahora?”, se preguntó.

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viernes, 11 de julio de 2008

“Por la República y la democracia”

LOS ABOGADOS DE HIJOS Y FAMILIARES PIDIERON PRISION PERPETUA PARA MENENDEZ

Los querellantes solicitaron que los acusados cumplan su pena en una cárcel común. Hablaron del “plan ilegal, sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política”. Hoy es el turno de los alegatos de los fiscales.

Por Diego Martínez
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Luciano Benjamín Menéndez está siendo juzgado junto con otros siete represores.

Prisión perpetua y cárcel común. Esa fue la pena solicitada por los querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba para el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otros cuatro integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por la privación ilegítima de la libertad, las torturas y el homicidio de Hilda Flora Palacios en diciembre de 1977. Para los tres militares que a la fecha de la ejecución habían cambiado de destino, los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz pidieron al Tribunal Oral Federal 1 la pena de 21 años de prisión. El juicio continuará hoy con el alegato de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Asís y Graciela López de Filoñuk, que también deberán solicitar condenas por los secuestros, torturas y de- sapariciones de otros tres militantes del PRT ejecutados en el mismo tiroteo fraguado que Palacios.

La primera parte del alegato, a cargo de Fresneda, se centró en la descripción del “plan ilegal, sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política llevada a cabo desde el Estado”, que en Córdoba tuvo epicentro en La Perla. El relato fue presenciado por 160 personas que colmaron el salón de los Tribunales Federales, incluidas las diputadas nacionales Cecilia Merchán y Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur. Miles de cordobeses siguieron la audiencia en vivo por radio y por el Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Los imputados optaron por retirarse del recinto y rememorar sus tropelías desde una sala contigua.

Orosz detalló los hechos, explicó la calificación legal que merecen y pidió que se condene como autores mediatos de delitos de lesa humanidad a Menéndez, comandante del Cuerpo III, y al coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento. Como coautores al capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, a los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega pidió sólo 21 años de prisión porque no se les imputa el homicidio. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, Orosz solicitó que se investigue su rol en los homicidios, ya que varios sobrevivientes declararon que lo vieron en La Perla hasta fines de 1977.

Para argumentar su oposición a la prisión en dependencias de Fuerzas Armadas o de seguridad, Orosz recordó al tribunal el antecedente del prefecto Héctor Febres, muerto a fines de 2007 tras ingerir una alta dosis de cianuro en su dúplex VIP de Prefectura. Para fundamentar contra la prisión domiciliaria recordó el caso del coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento 141, quien luego de ser procesado se pegó un tiro en su casa para evitar una condena ineludible. Orosz citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que la prisión domiciliaria no debe aplicarse de manera automática. El ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, declaró a la prensa tras presenciar el alegato que “si la Justicia toma la decisión de enviarlos a cárceles comunes no habría inconvenientes en hacerlo”. Hasta fines de mayo, cuando por “razones de seguridad” el tribunal ordenó trasladar a los imputados al Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación.

A diferencia de Fresneda y Orosz, que representan a las hijas de Palacios, los fiscales también acusarán a los imputados por los casos de Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo. Los cuatro militantes del PRT fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. El 14 de diciembre los mataron en un “operativo ventilador”, como llamaban al método de fusilar y arrojar cuerpos en la vía pública. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. “Entre el público están quienes hicieron posible la memoria y la verdad. Ahora es la hora de ustedes, señores jueces. Por la salud de nosotros, por los propios imputados, por la República y la democracia: ¡Que se haga justicia!”, concluyó Orosz.

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domingo, 6 de julio de 2008

Ni patria ni Dios

Cine > 4 de julio, el documental sobre el asesinato de los padres palotinos
Por Diego Martínez
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Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”, firmaron los asesinos de San Patricio. “Estos surdos (sic) murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes”, agregaron. Los agentes de la 37ª intentaron borrar las inscripciones pero ya era tarde. Había demasiados testigos. En otra foto del sumario, sobre un cadáver, Mafalda señala un bastón policial. “¿Ven? Este es el palito de abollar ideologías”, enseña.

La bomba en el comedor de Superintendencia de Seguridad Federal, Moreno 1417, había explotado tres días antes. El ex guardia Armando Luchina contó el mes pasado ante la Justicia que los camaradas de las patotas de la Policía Federal discutieron cómo vengarse. “Triunfó la posición más belicosa”, explicó. Más tarde escuchó cuando “se atribuían” la masacre.

Otra versión la vincula con la ESMA. El acusado, Antonio Pernías, reivindica sus trabajos sucios pero niega cualquier relación con los palotinos. Como dos sobrevivientes lo escucharon ufanarse de los crímenes, el fiscal Eduardo Taiano los incluyó en su dictamen como casos a investigar. Pero San Patricio no lleva el sello de la Armada. La ostentación de salvajismo tiene más que ver con masacres como la de Fátima, donde los hombres de Superintendencia también dejaron su explicación por escrito, “30x1”, que con la cristiana muerte en los vuelos anunciados por el almirante Luis María Mendía en la base naval de Puerto Belgrano.

La Iglesia supo la verdad desde el primer momento. El Ejército adjudicó la masacre a “elementos subversivos” que “además de no tener Patria tampoco tienen Dios”. Monseñor Juan Carlos Aramburu aceptó públicamente la versión oficial pero le confesó al ministro Albano Harguindeguy que la Iglesia sabía “sin lugar a dudas que los sacerdotes habían sido asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno”, según informó el nuncio Pio Laghi al embajador norteamericano Robert Hill.

Para neutralizar una eventual reacción del Episcopado el gobierno militar ofreció implantar la enseñanza religiosa optativa en las escuelas públicas. Los obispos se tentaron pero no al punto de perder la cordura. Consideraron inoportuno “aparecer debiéndole un favor al Estado en los momentos presentes”, apuntaron. En una carta a la Junta Militar, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal transmitió su convicción de que “el gobierno y las Fuerzas Armadas participan de nuestro dolor y, nos atreveríamos a decir, de nuestro estupor”. Conocían “los altos ideales y la generosa actitud para con la Patria, sus instituciones y ciudadanos” de Videla, Massera & Cía. Así consta en sendos documentos oficiales que la Iglesia siempre negó conservar, rescatados para la sociedad por el escritor Horacio Verbitsky, que los publicó en su libro Doble Juego.

¿Por qué silenciar semejante masacre? Los sacerdotes tenían en la parroquia un mimeógrafo y ejemplares de la revista Evita Montonera. Laghi le comunicó al embajador Hill su preocupación de que uno de los seminaristas pudiera tener “conexiones tercermundistas”. Sin mencionar su apellido, el documental 4 de julio: la masacre de San Patricio blanquea la militancia de Emilio Barletti. Una imagen sugiere la organización: la bandera de Montoneros. “Emilio era un idealista con los cojones como para llevarlo hasta las últimas consecuencias”, explica un compañero. “La discusión de fondo era si, llegado el caso, había que tomar un arma o no”, agrega. “La comunidad le había pedido a Emilio que definiese su situación”, cuenta el sacerdote Rodolfo Capalazza, quien compartió la última cena con las víctimas. “Estoy muy cansado y tensionado por Emilio y su decisión. Acabamos de conversar sin hacerle mucha luz, creo”, escribió el padre Alfredo Kelly en su diario el 11 de junio.

Kelly tampoco aceptaba la política oficial de anular los sentidos al pueblo cristiano. Cuando el padre Alfie se enteró de que miembros de su feligresía del barrio de Belgrano participaban de remates de bienes robados a desaparecidos, les explicó que, lejos de ser evangélico, era una forma de contribuir con los asesinatos, hacerse cómplices. La homilía trascendió con el nombre de “sermón de las cucarachas”. Poco antes de morir Kelly recibió una carta con varias firmas de vecinos de Belgrano. Lo acusaban de “comunista”. “Si a mí me matan, se van a arrepentir”, comentó.

El único condenado por la masacre de San Patricio fue el periodista que reconstruyó la historia: Eduardo Kimel. El mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la persecución en su contra, que inició el juez Guillermo Rivarola y consintió la corporación judicial. El cardenal Jorge Bergoglio inició en 2005 el trámite tendiente a la canonización de los palotinos. Nadie, en cambio, solicitó aún la reapertura de la investigación judicial, que debería tramitar junto al resto de los crímenes de Superintendencia en el juzgado de Daniel Rafecas. El documental dirigido por Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta, para mejor feligreses de San Patricio, ilumina una historia que la Iglesia se empeñó en ocultar.

4 de julio: La masacre de San Patricio, se estrenó esta semana en el cine Gaumont (en todos los horarios) y durante julio se dará todos los sábados a las 20 y los domingos a las 18.30 en el Malba. Av. Figueroa Alcorta 3415.

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Se acerca la hora de la Justicia

ARRANCA EL TRAMO FINAL DEL JUICIO AL GENERAL LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

Está acusado, junto a otros siete represores, por los crímenes cometidos en La Perla. El próximo jueves comenzarán los alegatos de los abogados querellantes. Serán televisados en vivo y en directo para toda la provincia de Córdoba.

Por Diego Martínez
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Menéndez (último de la fila) y los siete miembros del Destacamento de Inteligencia 141 sometidos a juicio.

El histórico juicio al general Luciano Benjamín Menéndez y siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba ingresará esta semana en su etapa final. Luego de un mes y medio de audiencias testimoniales, durante las cuales varios sobrevivientes del centro clandestino La Perla reconocieron a los imputados y describieron su participación en secuestros y torturas, el jueves a las 9 de la mañana comenzarán los alegatos de los abogados querellantes, que serán televisados en vivo y en directo para toda la provincia.

Los acusados, además de Menéndez, son el coronel Hermes Oscar Rodríguez, el capitán Jorge Exequiel Acosta, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován, y el personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. Con 160 personas presentes desde el comienzo hasta el final de cada audiencia, los ex represores delegaron sus defensas en los abogados y prácticamente no hicieron uso de su derecho a hablar. La primera excepción fue el general Menéndez, que el primer día leyó un discurso con los mismos términos que usaba durante la dictadura. “Fue una guerra revolucionaria” en la cual “se combatió y venció al terrorismo marxista”, arengó solitario.

Sólo el capitán retirado Acosta demostró conservar una mínima esperanza de salir absuelto. Según su legajo y un Boletín Reservado del Ejército, el ex jefe de La Perla fue trasladado a otro destino el 5 de noviembre de 1977, el día anterior a los secuestros de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo, los cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que luego de cuarenta días de cautiverio en La Perla fueron asesinados en un tiroteo fraguado, en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino.

El problema del Rulo Acosta no son sólo los sobrevivientes que lo recuerdan en La Perla después de esa fecha. El único testigo ofrecido por su defensa, coronel retirado Heraldo Ernesto Biolatto, lo terminó de incriminar: confirmó que hasta el 5 de diciembre estuvo asignado al Destacamento 141 y recién entonces fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires. Sólo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, pidió declarar para decir que tras un arresto de un mes, que concluyó el 22 de octubre, Acosta fue relevado y reemplazado.

Acosta es, además, el único de los imputados con abogados privados, lo cual no necesariamente lo beneficia. Uno de sus defensores es Jorge Agüero, ex candidato a gobernador menemista en las últimas elecciones. En los afiches de campaña Agüero aparecía con un rifle en la mano, se presentaba como “El Mesías” y proponía “libre portación de armas y grupos de autodefensa”. El jueves pidió incorporar a la causa dos disparatadas denuncias contra la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quienes acusa de armar causas y preparar testigos.

Las audiencias testimoniales concluyeron el jueves. Ana Beatriz Iliovich, sobreviviente de La Perla, contó que tener apellido judío implicaba ser torturado con más saña. “Fue un plus a las humillaciones a las que fui sometida”, dijo. La testigo reconoció a sus victimarios por nombre, apellido y apodo, y solicitó que se retiraran de la sala. Luego recordó que Rodríguez, al volver de un operativo, le dijo “con vos vamos a hacer jabón de tocador”. El coronel presenció el relato desde una sala contigua. Al volver pidió la palabra, los presentes pensaron que iba a desmentir a la testigo, pero no: era para defender a Acosta.

El jueves comenzarán los alegatos de Martín Fresneda y Claudio Orosz, abogados de Hijos y Familiares que representan a las hijas de Hilda Palacios, y Mauro Ompré, abogado de la familia de Carlos Lajas. El viernes será el turno de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Asís y Graciela López de Filoñuk. El lunes siguiente será el turno de las defensas y el lunes 21 podría llegar a conocerse la sentencia. Antes los represores podrán hacer uso del derecho a decir sus últimas palabras.

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