Las patotas de Camps y Etchecolatz

Entre los acusados están el interventor en la gobernación Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único imputado civil. Se juzgan 280 casos, entre ellos los jóvenes de la Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y Jorge Julio López.

Por Diego Martínez

El centro clandestino de detención de Arana, donde fueron vistos los secundarios secuestrados en la Noche de los Lápices.

A 35 años de los crímenes, 24 de la condena al general Ramón Camps y un lustro desde la última condena al subcomisario Miguel Etchecolatz y la segunda desaparición de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata comenzará a juzgar el 12 de septiembre a un grupo de veintiséis policías y militares por delitos de lesa humanidad en el llamado “Circuito Camps”, como pasó a la historia el conjunto de campos de concentración que comandó durante la dictadura el entonces jefe de la Policía Bonaerense. El proceso oral y público tendrá en el banquillo al interventor militar en la gobernación de la provincia, general Ibérico Saint Jean, y a su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único civil entre los imputados. Entre las 280 víctimas por las que rendirán cuentas, se encuentran los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y la sobreviviente Adriana Calvo, quien murió en diciembre luego de luchar durante el tercio de siglo posterior a su cautiverio para llevar a los genocidas a la cárcel. También se juzgará la masacre de calle 30 en la que policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y secuestraron a la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, a quien desde entonces busca incansablemente su abuela María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani.

El 2 de diciembre de 1986, a un año del juicio a los ex comandantes y mientras el presidente Raúl Alfonsín se aprestaba a anunciar la Ley de Punto Final, la Cámara Federal porteña condenó a Camps y a su sucesor, el general Ovidio Ricchieri, a 25 y 14 años de prisión; al ex director de investigaciones Etchecolatz, a 23 años, y a los policías Jorge Antonio Bergés y Norberto Cozzani a seis y cuatro años, en tanto absolvió a los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse. Lejos de la interpretación de la obediencia debida que el jefe de Estado radical intentaba imponer por medio de instrucciones a los fiscales, el tribunal destacó que “matar a un enemigo en el campo de batalla y en el fragor de la lucha no es situación que guarde identidad alguna con la de aplicar crueles tormentos a personas inermes en la tranquilidad y seguridad de cuatro paredes”.

No habían pasado seis meses cuando la Corte Suprema de Justicia, con votos de José Severo Caballero, César Augusto Belluscio y Carlos Santiago Fayt, aplicó por primera vez la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y absolvió por “falta de capacidad decisoria” a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés, que controlaba que los secuestrados no murieran durante la tortura, y al resto de los subordinados. Camps y Ricchieri purgaron su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del “día de protesta y duelo nacional” convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, el presidente Carlos Menem los indultó junto con los ex comandantes condenados y el ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros.

La impunidad de los miles de policías bonaerenses que secuestraron y torturaron durante la dictadura tuvo un primer quiebre en 2004, cuando Bergés y Etchecolatz fueron condenados por la apropiación de una menor. Dos años después, tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida, el tribunal presidido por Carlos Rozansky comenzó a jugar a Etchecolatz en el primer proceso oral y público a represores del país (luego comenzó en Buenos Aires el de Julio Simón, alias “el Turco Julián”). El 26 de septiembre de 2006, días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo central del proceso, el tribunal condenó al ex subcomisario a la pena de prisión perpetua, que purga en el penal de Marcos Paz.

En noviembre de 2007, en otro proceso con un solo acusado, el mismo tribunal sentenció a pasar el resto de sus días en la cárcel al capellán Cristian Von Wernich, quien a pesar de tener condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia continúa en actividad como sacerdote de la iglesia Católica. El primer proceso platense con un número significativo de imputados fue recién el año pasado y concluyó con la condena a catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezados por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, por torturas y asesinatos de presos políticos.

La demora en concretar el primer juicio por el Circuito Camps es consecuencia de la lentitud en las instrucciones a cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, pero también de las internas en el TOF1, cuyo presidente, Carlos Rozansky, afronta un sumario en el Consejo de la Magistratura por el elevado número de causas prescriptas bajo su responsabilidad y por el maltrato a sus empleados, denunciado por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato.

El juicio que arranca el 12 de septiembre se desarrollará en el teatro platense de la AMIA, donde se juzgó a los penitenciarios. Acompañarán a Rozansky los jueces Roberto Falcone y Mario Portela. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. También participarán como querellantes abogados de Justicia Ya!, la APDH de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más allá de los 26 imputados que llegan a juicio por secuestros, torturas y asesinatos en la Comisaría 5ª, el Destacamento de Arana, las brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata y los centros clandestinos Puesto Vasco y COT 1 Martínez, hay ya un listado de más de cincuenta procesados del Circuito Camps en condiciones de ser juzgados, pero también de morir si el proceso judicial no se acelera.

Todos los acusados.

- Ibérico Manuel Saint Jean, 88 años, abogado y general del Ejército, ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires.

- Jaime Lamont Smart, 75 años, civil, abogado, ex ministro de gobierno de Saint Jean.

- Rodolfo Aníbal Campos, 83 años, coronel del Ejército, ex segundo jefe de la policía debajo de Ramón Camps.

- Alejandro Agustín Arias Duval, 82 años, coronel del Ejército, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

- Miguel Osvaldo Etchecolatz, 82 años, subcomisario, ex director general de Investigaciones de la policía, condenado a prisión perpetua.

- Hugo Alberto Guallama, 64 años, changarín, ex chofer de Etchecolatz.

- Domingo Almeida, 72 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, responsable de los calabozos.

- Luis Vicente Patrault, 82 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, alias “Tío” o “Patrú”.

- Carlos García, 70 años, comisario retirado, ex miembro de la Unidad Regional La Plata, alias “Oso”.

- Horacio Elizardo Luján, 69 años, comisario mayor, ex jefe de la Unidad Regional La Plata.

- Eros Amílcar Tarela, 75 años, policía, alias “Capitán Trimarco”.

- Roberto Antonio Cabrera, 75 años, oficial, ex miembro de la Brigada de Investigaciones de Lanús, actuó en el CCD Puesto Vasco.

- Sergio Arturo Verduri, 65 años, comisario retirado, ex oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata.

- Norberto Cozzani, 59 años, ex cabo, alias “Beto”.

- Jorge Antonio Bergés, 68 años, comisario y médico, condenado en 1986 por torturador y en 2004 por apropiador.

- Rubén Oscar Páez, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP).

- Pedro Ferriole, ex jefe de la BILP.

- Miguel Kearney, subcomisario, actuó en la BILP

- Fernando Svedas, segundo jefe de la BILP.

- Bernabé Jesús Corrales, ex segundo jefe de la BILP.

- Raúl Orlando Machuca, oficial subinspector, segundo en la BILP.

- Julio César Argüello, ex cabo de la BILP.

- Mario Víctor Sita, sargento primero.

- Roberto Omar Grillo, oficial.

- Daniel Jorge Lencinas, oficial ayudante.

- Santiago Antonini, oficial.

La peor elección de su vida

La líder de la Coalición Cívica no apareció en el bunker. Adrián Pérez, su candidato a vice, salió a explicar que “la ciudadanía no nos ha votado” y felicitó “a la fórmula ganadora”. Ni siquiera Patricia Bullrich, candidata a diputada, estuvo ante la prensa.

Por Diego Martínez

Adrián Pérez dijo que las PASO “nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje”.

Cuatro años después de anunciar que la Coalición Cívica era “la segunda fuerza nacional” detrás del Frente para la Victoria, Elisa Carrió hizo ayer la peor elección de su vida como dirigente. La chaqueña obtuvo veinte puntos menos que en 2007 y al cierre de esta edición se ubicaba en el sexto lugar entre los candidatos presidenciales, con un 3,3 por ciento de los votos, la misma cifra que consiguió María Eugenia Estenssoro en la elección porteña. El clima de anoche en el bunker de la Coalición Cívica combinó tristeza con impotencia, al punto que Carrió prefirió no dar la cara. Fue Adrián Pérez, candidato a vice, quien pasadas las diez de la noche salió a reconocer la derrota y a felicitar “al Gobierno” y a “la fórmula ganadora”, sin nombres propios. Rodeado por un puñado de dirigentes, ante las notorias ausencias de candidatos y referentes como Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay o Mario Llambías, el lilito elogió la reforma política que permitió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, dijo que “nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje” y admitió que, a diferencia de 2007, no tenían ningún faltante de boletas que denunciar. “El problema hoy fue otro: la ciudadanía no nos ha votado.”

Carrió fue la última presidenciable en ingresar al cuarto oscuro. Al salir, calificó las Primarias como “un amistoso en términos futboleros”, aunque admitió que no sabe de fútbol. Aseguró que cualquiera fuera el resultado se sentiría “en paz y feliz”, pronosticó un lento recuento de votos y recomendó a la ciudadanía “que no digan lo que votaron, para garantizar la paz del escrutinio”. Cuando le preguntaron si había detectado irregularidades, destacó que estaba “todo en paz, todo maravilloso, todo lindo... qué sé yo, estoy bárbara, con la felicidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer”. Anunció que se iría a almorzar y a dormir la siesta “con camisón y Padrenuestro”. “Es sagrada”, aclaró.

Cinco minutos después del cierre de la votación, Pérez se asomó ante los periodistas en el Hotel Savoy. Al mejor estilo Scioli, dijo que era “optimista en que la ciudadanía nos acompañe”, pero advirtió que había “muchas fuerzas políticas”. “Hicimos la campaña que queríamos hacer, recorrimos todo el país”, agregó, y prefirió no difundir bocas de urna ni blanquear expectativas. Durante las tres horas siguientes, los cívicos no se dejaron ver. Hubo empanadas, sandwiches, bocaditos de alta gama, notebooks para pasear por Internet, todo menos voceros de la Coalición. Ni dirigentes, ni banderas, ni militantes, ni juventud, ni simpatizantes. Sólo periodistas, reporteros gráficos, mozos y mozas almidonados.

A las 21 se conoció la primera cifra oficial: 2,97 por ciento. Mientras hablaba la Presidenta apareció el primer (y último) puñado de señoras tristes. Los cronistas arriesgaban títulos de Carrió: “Fraude en todo el país” o “El cincuenta por ciento no votó al gobierno”. Cuando trascendió que hablaría Pérez, un periodista propuso dejarlo solo. No hubo quórum. El lilito entró rascándose la nuca, con sonrisa de azafato y la piel inmaculada. “Primero quiero felicitar y agradecer la amplia participación ciudadana”, valoró. Repitió que “hicimos la campaña que queríamos hacer, recorrimos el país como nunca”. Celebró que “fue una campaña sin mayores agresiones” y que “la decisión de la reforma política, que nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje”. Las señoras aplaudieron. Pérez acomodó los dos micrófonos y fue al grano: “Somos una fuerza que siempre valoró la verdad, y la verdad es que no ha sido una buena elección; la ciudadanía eligió otras opciones y respetamos absolutamente la voluntad ciudadana”. Felicitó “al gobierno nacional”, recordó que “fuimos claramente opositores desde la convicción” y anunció que hoy habrá conferencia de prensa de Carrió y la mesa nacional de la CC.

–¿Por qué Carrió decidió no venir? –preguntó un cronista.

–No decidió eso. Esperamos todos los resultados puestos para que hable Carrió y la mesa nacional –repitió, y el puñado de dirigentes que lo acompañaba partió a paso lento, en clima de caravana fúnebre.

La derrota de ayer fue, por lejos, la más dura en la carrera de Carrió. En 2003, cuando Menem se bajó del ballottage, fue quinta, con 2,7 millones de votos, el 14,14 por ciento del padrón. Entonces disputaba el voto de centroizquierda con Kirchner, a quien dijo que apoyaría en segunda vuelta. “Entre el mal absoluto y el mal menor, no tengo dudas”, dijo. Al día siguiente reiteró su certeza sobre el camino inexorable a la Presidencia y celebró haber superado “una bisagra histórica: tenemos una mujer con casi 3 millones de votos”. “La otra etapa es aceptar que será presidenta”, dijo con razón, aunque no sería sino CFK. En 2005 hizo una buena elección en la Ciudad (segunda detrás de Macri). Dos años después, tras la fractura del ARI, volvió a competir por la presidencia y aumentó su caudal: 23,04 por ciento contra 45,3 de CFK. “La Coalición Cívica se ha constituido en la segunda fuerza nacional”, anunció. En 2009, aliada con radicales y socialistas, su derrota pasó desapercibida por la del kirchnerismo, aunque la advertencia del electorado fue clara. Incluso en la Ciudad, donde venía de sacar un 36 por ciento, pagó caro haber colocado a Prat Gay como cabeza de lista y fue tercera con 19 puntos. Los 3,3 por ciento de Estenssoro este año confirmaron una caída sin retorno. Resta ahora saber si la diáspora de la Coalición Cívica será inmediata o posterior a octubre.

Una nueva oportunidad para hacer justicia

El represor Alejandro Duret, ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, fue identificado como el responsable de la desaparición de Carlos Labolita, pero fue absuelto. Casación debe resolver si mantiene ese fallo.

Por Diego Martínez

Alejandro Guillermo Duret al declarar en el juicio por Carlos Labolita, quien había vivido en casa de los Kirchner.

El 27 de abril de 1976, como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, el teniente Alejandro Duret recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron constancia de entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto el 24 de marzo cuando detuvo a su esposo y al que identificó luego como Duret, acusación que confirmó durante un careo en 1985. El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo hicieron propios los argumentos del defensor y absolvieron al militar. Ayer, ante una sala colmada por familiares y amigos de víctimas de la dictadura de Las Flores pero también por militares retirados y por la apologista del genocidio Cecilia Pando, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal tomaron nota de las pruebas y argumentos de las partes. Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda tienen ahora veinte días, bien para anular el fallo y condenar a Duret, bien para confirmar la absolución que represores y cómplices celebraron hace dos años como el comienzo del fin del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo, treinta hombres al mando de Duret detuvieron a su padre. El militar admitió en los ’80 que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció la información que ordenaba las capturas. La del padre era por “su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista”. “De Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. “Al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el 24 de marzo –agregó–, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores.”

Labolita visitó a su madre el 25 de abril. Media hora después lo detuvo la policía. En la comisaría dejaron constancia de que estaba “a disposición del área militar 125”. Dos días después se lo entregaron a dos uniformados en el cuartel de Azul. Policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que vieron cuando lo encapuchaban y que les negaron un recibo de entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio oral cuando le leyeron su testimonio.

Cinco días después, una patota a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le confió a Gladis. Rosa Banegas, madre de Carlos, reconoció entre los secuestradores al joven alto y rubio que se había llevado a su esposo. Cuando ambas mujeres pidieron explicaciones, el jefe del cuartel les dijo que lo habían liberado. Sobrevivientes del centro clandestino de Azul fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

En 1981, Rosa denunció la última visita de su hijo ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por crímenes en Necochea. Contó que incluso increpó a Duret: “¿Qué buscás si ya estuviste?”. En 1985, en un careo frente a frente, Rosa no dudó en identificarlo. Duret respondió “casi con seguridad” que no había vuelto al hogar de Labolita tras el 24 de marzo y ante la firmeza de la mujer concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura, Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y Gladis, en cambio, describieron al oficial que daba las órdenes. Los legajos de oficiales de Azul de 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

En 2009, el juez Carlos Rozanski votó en minoría por la condena. Esmoris y Jarazo, igual que el defensor Gerardo Ibáñez, pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor, desacreditaron el relato de la madre de Labolita, que no podía ratificarlo, y el de los policías que entregaron al detenido por ser posibles imputados, objeción que debieron formular antes de citarlos. El fiscal Horacio Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron ayer las incongruencias de la absolución, la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena de Duret, que prefirió no pisar la sala. Ahora Casación tiene la palabra.

El coronel Duret, en la senda de Carrascosa

Casación revisará la absolución de Alejandro Duret, imputado por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Labolita en 1976. La audiencia, oral y pública, es mañana al mediodía en Comodoro Py.

Por Diego Martínez

Foto de Marcelo Núñez

El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al general Pedro Mansilla por secuestrar, torturar y asesinar en 1976 a Carlos Alberto Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nélson Jarazo, con disidencia de Carlos Rozanski, absolvieron entonces al coronel Alejandro Duret, encargado de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul donde Labolita estuvo en cautiverio, reconocido por los policías que le entregaron al detenido y también por la madre y la esposa del militante de la Juventud Peronista cuando un grupo de tareas allanó la casa familiar con el secuestrado descalzo y encapuchado. La Cámara de Casación Penal revisará esta semana la absolución que represores y cómplices interpretaron como el comienzo del fin del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Mañana al mediodía, en una audiencia oral y pública en Comodoro Py, los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda escucharán al fiscal federal Horacio Azzolín y al abogado querellante César Sivo, que exigen la anulación del fallo y la condena a prisión perpetua de Duret. También pedirán que se revoque el arresto domiciliario que Mansilla cumple en el piso 21 de avenida Dorrego 2699.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe de Estado, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo treinta hombres al mando de Duret secuestraron en Las Flores a Labolita padre, que estuvo cuatro años preso. El militar admitió por escrito ante el juez federal de Azul que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y luego “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció “el origen de la información” que ordenaba las capturas de padre e hijo. “La vinculada al padre tenía relación con su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista; de Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. Aclaró Duret que “al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el día 24 de marzo, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores”.

El 25 de abril, Carlos se animó a visitar a su madre. Media hora después lo detuvo la policía. El comisario Aníbal Lista declaró que tenía “expresas instrucciones” para capturarlo del teniente coronel Mansilla, jefe del cuartel. En la comisaría de Las Flores dejaron constancia que estaba “a disposición del área militar 125” y dos días después lo entregaron en la Sección Inteligencia del regimiento, a cargo de Duret. Dos policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que alcanzaron a ver cuando dos uniformados lo encapuchaban y que les negaron una constancia de la entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio cuando le leyeron su testimonio.

En la madrugada del 1º de mayo, una patota militar a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le contó a Gladis, ambos en la cocina, mientras los militares buscaban “una valija con fierros” que no encontraron. Rosa Banegas, la madre de Labolita, reconoció entre los secuestradores sin uniforme al joven alto y rubio que había detenido a su esposo. Cuando las dos mujeres pidieron explicaciones en el cuartel, Mansilla les dijo que lo habían liberado. Nadie volvió a verlo. Sobrevivientes del centro de detención de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

Rosa Banegas denunció la última visita de su hijo en 1981 ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por delitos de lesa humanidad en Necochea. Aseguró que el joven oficial que se llevó a su esposo era el mismo que volvió con su hijo destrozado y que incluso lo increpó: “¿Qué buscás si ya estuviste acá?”, le dijo. El 9 de abril de 1985, en un careo frente a Duret ordenado por el juez federal Jorge Ferro, Rosa afirmó con certeza que era el secuestrador al que había denunciado en plena dictadura. Duret atinó a responder “casi con seguridad” que no había vuelto a la casa de los Labolita tras el golpe de Estado y, ante la firmeza de la mujer, concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura porque Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y la mujer de Labolita, en cambio, describieron con precisión en las audiencias al joven rubio y alto que daba órdenes a la patota. María Inés Labolita lo reconoció en una foto durante la instrucción de la causa. Los legajos de los oficiales del cuartel en 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

Esmoris y Jarazo hicieron propios todos los argumentos del defensor de Duret. Dejaron de lado el testimonio de los policías que lo entregaron vivo, desacreditaron el de la madre, sugirieron que pudo haber más de un oficial joven rubio y alto en Azul, confiaron en la “precaria capacidad operativa” de la sección inteligencia descripta por amigos de Duret, y minimizaron el rol del militar que admitió haber sido encargado de inteligencia, que fue sancionado por saltear jerarquías para reportar directamente a Mansilla, que en 1978 ingresó a un grupo de elite especializado en “lucha contra la subversión” y al que tres sobrevivientes identificaron como quien los interrogó bajo torturas. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribió el fiscal Daniel Adler al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizó. El Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló hace dos años la absolución de Carlos Carrascosa y lo condenó a prisión perpetua por asesino. El de Duret podría ser el primer ejemplo similar en un proceso por delitos de lesa humanidad.

Un final que se demora

Por Diego Martínez

Los terrenos ocupados fueron desalojados con una violenta represión.

La promesa del gobernador Walter Barrionuevo de otorgar “un lote a cada familia que lo necesite” con la condición de abandonar los terrenos ocupados no logró descomprimir la crisis política y social en Jujuy. Mientras dirigentes partidarios se cruzan acusaciones y la oposición abandonó en tiempo récord la comisión parlamentaria creada para investigar las responsabilidades políticas por las muertes de Libertador General San Martín, que terminó con cuatro muertos y casi setenta heridos, en la sociedad civil comienza a tomar fuerza el rechazo a la “ola ocupa” y a los “intrusos”, conceptos que utilizan con naturalidad los medios de comunicación. Ayer se realizó en San Salvador de Jujuy una “marcha por la paz”, a la que desde las redes sociales se convocaba a participar con velas, con ropa blanca y aclarando que no habría líderes ni oradores.

La multiplicación de tomas, sumada a los dimes y diretes entre funcionarios y opositores a una semana de las primarias abiertas, relegaron a un segundo plano la investigación penal sobre los asesinatos de un policía y tres civiles durante el intento de desalojo, el jueves 28, de quince de las más de 150.000 hectáreas que la familia Blaquier posee en Jujuy. Antes de retomar la instrucción de la causa, el juez penal Jorge Samman deberá pronunciarse mañana sobre el pedido de recusación en su contra presentado por la abogada de la madre de una de las víctimas por la presunta responsabilidad del magistrado en las muertes: Samman firmó la orden de desalojo un día antes del comienzo de la feria judicial.

Si bien el expediente sigue bajo secreto de sumario, el discurso del oficialismo jujeño se inscribe en la línea que sugiere la carátula de la causa: “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado provincial Jorge Casas aseguró que información recolectada por la difunta comisión “determina claramente que la policía no había reprimido, que no había orden superior de represión, que la policía había accedido al lugar del desalojo sin armas y que en todo momento estuvo a la defensiva”. Testigos citados por Página/12 en los últimos días aseguraron que las balas que asesinaron a Félix

Díaz y Ariel Farfán partieron desde donde se apostaban sólo policías, frente a una seccional que terminó incendiada. La hipótesis oficial, sin embargo, podría apuntalarse gracias a la semana que las armas usadas en el operativo estuvieron en manos de la fuerza de seguridad, antes de que el juez ordenara el peritaje a Gendarmería.

El retiro de la oposición de la comisión parlamentaria se gestó en simultáneo con la decisión de no prestar quórum para tratar el proyecto oficial para expropiar tierras, que el senador radical Gerardo Morales calificó de “inconstitucional e irresponsable”. Carlos Snopek, del Frente Primero Jujuy, explicó que “repartir lotes sin infraestructura y sin las mínimas condiciones de habitabilidad” era “una medida de clientelismo preelectoral” que generaba “la concepción de que hay que salir a ocupar tierras”. La diputada Carolina Moisés justifició la disolución de la comisión por las negativas a declarar por parte del jefe de policía al momento de la masacre y del ex ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, quien renunció el día de las muertes.

Desde el oficialismo, en tanto, criticaron la “ingratitud e irresponsabilidad” de la UCR. Destacaron que los radicales tenían mayoría en la comisión, en la cual aseguraron que se estaba demostrando la ausencia de responsabilidad del Ejecutivo en la represión, y sugirieron que los opositores renunciaron porque “el resultado final no les iba a convenir”. El legislador Miguel Rioja dijo que si la UCR se oponía al proyecto de expropiaciones, debió haberlo debatido, y destacó que “el peor error del radicalismo fue demostrar que detrás de todo existe un interés político”, que ejemplificó con el pedido de renuncia de Morales al gobernador Barrionuevo. También repudió a “los funcionarios municipales que están disponiendo a través de secretarios y punteros la toma de terrenos y viviendas en la ciudad de San Salvador”. Ante la insistencia de los periodistas, identificó al secretario general de gobierno del municipio, Carlos Toconás, y se negó a dar más nombres.

La promesa del gobernador de comenzar a lotear terrenos a quienes acrediten dos años de residencia y “necesidades reales” disminuyó las tensiones, pero derivó en menos levantamientos de tomas de las esperadas. Ayer se mantenían no sólo en El Triángulo, donde ocurrieron las muertes, sino también en localidades del interior como Monterrico, Perico y El Carmen. Tampoco rindieron frutos los rumores de la llegada de Gendarmería para ejecutar desalojos. Para peor el incipiente censo lleva el mismo nombre que el programa que la Legislatura no llegó a tratar. Varios municipios ya anunciaron que no pueden inscribir a nadie hasta que el programa “Un lote...” se apruebe y reglamente. Por debajo de las declaraciones de los políticos y de la incapacidad para gestionar la crisis, crece en la sociedad la estigmatización contra “los ocupas”.

Masacre de Ledesma, condenada a la impunidad

Por Diego Martínez

El gobernador Walter Barrionuevo anunció que impulsará un plan de entrega de lotes.

A una semana de la represión en Libertador General San Martín, que se cobró la vida de tres manifestantes y un policía, ninguna autoridad demuestra mayor interés por investigar los crímenes. La causa está todavía en manos del juez penal Jorge Samman, quien debe investigar las consecuencias de la orden de desalojo que él mismo emitió antes de irse de vacaciones. Las organizaciones sociales marcharán hoy hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial para exigir la destitución del magistrado, que caratuló el expediente como “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado radical Alberto Bernis, titular de la Comisión Parlamentaria Investigadora creada para indagar sobre los responsables políticos de la masacre, se manifestó “preocupado por la situación en que se encuentra la policía de la provincia de Jujuy como institución, más allá de las personas”. Las ocupaciones de tierras, mientras tanto, se multiplican e incorporan nuevos actores, desde trabajadores de la sanidad, docentes y profesionales hasta las esposas de los policías provinciales y los bomberos voluntarios de Perico, que ayer tomaron un predio de la finca El Pongo, de administración estatal.

Sobre el expediente, bajo secreto de sumario, el único dato certero es la carátula. Rumores que trascienden desde el Poder Judicial y la dirigencia política indican que las víctimas cayeron por balas calibre 22, distintas de las que usa oficialmente la policía. Desde el hospital donde se realizaron las autopsias, sin embargo, informaron a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que la bala que asesinó a Ariel Farfán era calibre 9 milímetros. Más allá del secreto, ni el gobierno provincial ni las familias de los muertos ni las organizaciones sociales se presentaron aún como querellantes. “Aún no se le hicieron las pruebas de parafina a ningún policía. Sí a los manifestantes presos, pese a que fueron detenidos antes de las muertes”, destacó Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma).

La responsabilidad del juez por las consecuencias del desalojo que ordenó un día antes del comienzo de la feria judicial estuvo desde el comienzo en la mira de manifestantes y funcionarios. El mismo jueves de la represión, el gobernador Walter Barrionuevo destacó que le “llamó la atención” que, tras ordenar la medida, Samman “se fuera tan livianamente” de vacaciones. El viernes fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez”, que anticipó su regreso para asumir la instrucción. Hasta el momento, ni los jueces del STJ ni el fiscal general ante el máximo tribunal, Alejandro Ficoseco, pidieron su apartamiento.

“Es de una gravedad institucional tremenda que un juez investigue los excesos derivados de su propia orden de desalojo. Es imprescindible garantizar la preservación de la prueba y la transparencia del proceso”, consideró ante la consulta de Página/12 el abogado Andrés Reynoso, responsable de la oficina jujeña de Abogadas y Abogados del No- roeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). El letrado de Andhes contrastó la pasividad del STJ y de la clase política con la premura con que la Legislatura solicitó el año pasado el jury de enjuiciamiento a tres jueces en lo Contencioso que le ordenaron al Poder Legislativo provincial respetar la ley de cupo femenino en la distribución de bancas.

La comisión parlamentaria, por su parte, escuchó durante dos horas al jefe de la Unidad Regional de la policía local, Osvaldo Vera. Testigos de la interpelación, el lunes por la noche, contaron que las preguntas de los diputados apuntaron a determinar la responsabilidad de las víctimas y la presencia o no del personal de seguridad del ingenio Ledesma durante el operativo policial. Vera afirmó primero que los trescientos efectivos actuaron “sólo con escudos y bastones”, luego admitió que los únicos desarmados eran los agentes de la comisaría local, no el Cuerpo de Infantería ni el Grupo Especial de Operaciones. Cuando le preguntaron por la presencia de mujeres y niños durante el desalojo, sugirió que no había ninguno, para luego admitir que no había estado presente.

Mientras las ocupaciones se multiplican, funcionarios de Libertador General San Martín y miembros de organizaciones sociales se reunieron ayer para decidir qué terrenos se le expropiarán al ingenio Ledesma. El gobierno provincial propuso y la Legislatura aprobó la expropiación sin determinar antes dónde se ubican las cuarenta hectáreas en cuestión. “En la reunión se llegó a un preacuerdo, aunque tentativo porque el gobierno sugirió que tiene que pedirles el visto bueno a la empresa”, explicó Gutiérrez, quien participó del encuentro. Los terrenos propuestos por las organizaciones, en la zona oeste de la ciudad, son contiguos a otras 18 hectáreas que ya habían sido cedidas para la construcción de viviendas.

Un día de duelo y organización en la toma

El féretro del joven Ariel Farfán fue despedido en las tierras ocupadas. La familia de Reyes no permitió la entrada a la CCC.

Por Diego Martínez

Los ocupantes debieron afrontar ayer la ola polar y esperaban ayuda oficial.

Ya sin las carpas, frazadas y colchones que les quemó la policía de Jujuy, pero con la decisión intacta de resistir hasta conseguir su objetivo, las setecientas familias que ocupan tierras del Ingenio Ledesma para construir allí sus viviendas se concentraron ayer a las cuatro de la tarde para despedir a Ariel Farfán. La madre del pibe de 17 años que hace diez días se instaló para exigir un terreno no quiso dejarlo en el cementerio sin antes pasar con el féretro por el lugar donde su hijo pensaba vivir y perdió la vida. Algunos gritos de “asesinos” tuvieron como destinataria a la familia Blaquier, otros al gobierno de Walter Barrionuevo, todos a la policía. Mientras el municipio de Libertador General San Martín organizaba ayer la provisión de agua y luz en las quince hectáreas, los ocupantes se las ingeniaban para enfrentar la ola polar y seguían esperando ayuda por parte de los gobiernos de la provincia y de la Nación.

Ayer fueron enterrados tres de los cuatro muertos. Todos fueron velados en sus casas. Los familiares de Félix Reyes, de 21 años, se negaron a permitir el ingreso de una delegación de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezó las negociaciones durante los últimos días. Marcela y Karina Reyes afirmaron no tener dudas de que a su hermano lo mató la policía, pero le ordenaron al líder de la CCC, Enrique Mosquera, que se alejara del lugar. La hipótesis de la familia es que Félix fue asesinado en represalia por la muerte del policía Alejandro Farfán, de 22 años, quien también fue velado ayer en la localidad de Fraile Pintado. Hoy será enterrada en Calilegua la cuarta víctima, Juan José Velázquez, de 37 años.

“Vi cuando mataron a Félix y a Ariel, yo estaba parado a escasos diez metros”, relató Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma). “El disparo salió del sector de la Comisaría de Infantería, que después la gente del barrio prendió fuego. Ahí no había manifestantes”, afirmó. “La versión del fuego cruzado, los francotiradores o las balas perdidas que difundió el jefe de policía es una total mentira. No hubo ningún enfrentamiento con armas de fuego. A la gente de Libertador le gusta la caza y sabe usar armas, pero si las hubieran usado, esto habría sido una verdadera masacre, de manifestantes y de policías”, explicó.

El dirigente de Capoma, organismo de derechos humanos que necesita un abogado para poder constituirse como querellante en la investigación de los asesinatos, calculó al atardecer que quedaban “ocho o nueve compañeros internados, todos con heridas de bala de plomo, aunque fuera de peligro”, e informó que ya habían ubicado a otros dos que estaban desaparecidos. “Julio Fernández estaba irreconocible porque le desfiguraron el rostro, le dieron una paliza atroz. El cumpa Tolaba se había escondido en la casa de un amigo, no quería ir al hospital por miedo a que lo detuvieran. Hoy lo llevaron y quedó internado con las piernas llenas de perdigones”, contó.

“La policía no nos dio tiempo a nada. Vinieron y empezaron a tirotearnos. La caballería se nos vino encima y arrasó con mujeres y niños, no les importó nada”, recordó ayer Patricia Jacu, de la comunidad guaraní. “Les pedimos por favor que nos dejaran sacar las frazadas, pero no, nos insultaron, nos faltaron el respeto, y en un momento empezaron a quemar todo, también las banderas argentinas y de la comunidad”, relató. “Desarmaban todo, hacían un bulto y prendían fuego”, coincidió Gutiérrez. “Todo esto fue a la madrugada, estaba oscuro. La gente corría por las calles de los barrios. Alrededor de 8.30 comenzó a aclarar, pero la represión continuó hasta la una de la tarde, fueron siete horas”, precisó.

La jornada de ayer fue de duelo pero también de organización para seguir resistiendo. “No nos vamos a ir porque estas tierras nos pertenecen, la empresa nos las prometió hace cuatro años”, recordó Jacu, que además de golpes recibió heridas de balas de goma en una pierna y un brazo. “Estamos alertas, preparados por si viene otra represión. Nos preparamos con piedras, hondas y palos para defendernos. Estamos chupando frío, pero de acá no nos saca nadie”, aseguró la mujer, madre soltera, que intentaba armarse un refugio rodeada por sus hijos de 3, 6, 7 y 8 años.

“La gente está confiada en que la expropiación se va a concretar, pero con estas quince hectáreas no se soluciona el problema habitacional. Según nuestro análisis hacen falta entre cincuenta y cien hectáreas sólo en Libertador”, advirtió el representante de Capoma. El proyecto de ley presentado por el gobernador Barrionuevo, que esta semana trataría la Legislatura, incluye también terrenos en Fraile Pintado, donde ya hubo cuatro ocupaciones que terminaron en desalojos, y en Pampa Blanca. “Hay un fuerte déficit en Calilegua, en Caimancitos, por eso no se entiende lo de Pampa Blanca, que está muy lejos. Sospechamos que hay detrás algún manejo político que no entendemos”, concluyó.

Otro muerto por la represión en Ledesma

Los participantes de la toma celebraron la decisión del gobernador, aunque la consideraron insuficiente. Repudio de la Rosada. Postergan internas del PJ y la UCR.

Por Diego Martínez

El gobernador Walter Barrionuevo.

Juan Velázquez, 37 años, empleado municipal de Calilegua, se convirtió ayer en la cuarta víctima fatal de la masacre de Libertador General San Martín, como pasará a la historia la brutal represión de la policía de Jujuy a quinientas familias que ocupaban terrenos del Ingenio Ledesma para que la familia Blaquier les cediera quince de las 130 mil hectáreas que posee. Al tiempo que se conocía la noticia, el gobierno que encabeza Walter Barrionuevo remitía a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se produjeron las muertes, y otros terrenos en las localidades de Fraile Pintado y Pampa Blanca. Fuentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezaban las negociaciones hasta el momento de la represión, informaron a Página/12 que los participantes de la toma celebraron la decisión aunque la consideraron insuficiente. También decidieron en asamblea solicitar al gobernador kirchnerista que les exija a los Blaquier el pago actualizado por las tres décadas de impuesto por alumbrado, barrido y limpieza que hasta su desaparición en 1977 pretendía cobrarles el ex intendente Luis Arédez. A los cortes de ruta y la toma en Ledesma se sumaron ayer ocupaciones en Caimancito y Calilegua.

De los 63 heridos que dejó como saldo el intento frustrado de desalojo ordenado por el juez penal Jorge Samman quedaban ayer seis personas internadas, dos con heridas de bala, según informó el ministro de Salud jujeño Víctor Urbani. Velázquez murió víctima de un balazo en la cabeza. El mismo jueves habían fallecido Félix Reyes, de 21 años, Ariel Farfán, de 17, ambos por impactos de armas de fuego, y el policía Alejandro Farfán, de 22, también herido de bala. La madre del civil Farfán, que anoche esperaba el cuerpo de su hijo para velarlo, tenía previsto pasar con el féretro por los terrenos de la toma, donde Ariel se había instalado con una carpa. Ayer se realizaron las autopsias de los cuerpos.

La Casa Rosada repudió los “hechos de violencia”, le reclamó a la Justicia “que de forma inmediata se investiguen y esclarezcan”, y pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”, en referencia a Samman, que firmó la orden de desalojo el último día antes del comienzo de la feria judicial. “Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”, subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El secretario del Interior jujeño, Hugo Echavarri fue designado ayer provisoriamente a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia que ocupaba el renunciante Pablo La Villa, responsable de la policía hasta el jueves. Las juntas electorales del PJ y de la UCR locales, en tanto, resolvieron postergar para el 7 de agosto las internas previstas para el domingo.

El fondo

El mismo jueves, después de la represión, cientos de familias volvieron a instalarse en los terrenos de producción de caña de Ledesma. Ayer fueron liberados los últimos detenidos, informaron desde la CCC. La jueza Carolina Pérez Rojas, sin embargo, aclaró que cuatro de los internados estaban detenidos. Fuentes de la CCC y del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) contaron a Página/12 que participan de la toma desocupados pero también docentes, municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Julio Gutiérrez, de Capoma, relató que incluso mujeres de policías se manifestaron al anochecer para que se esclarezcan los hechos, pero también por el reclamo de fondo.

“Los ocupantes volvieron con sus carpas. Son alrededor de quinientas familias, aunque la cifra fue creciendo. Se van turnando”, explicó Mariana Vargas, abogada de la CCC en Jujuy. “La gente estuvo feliz cuando supo del proyecto (de expropiación), aunque también está claro que con quince hectáreas no alcanza para resolver el problema de vivienda”, explicó. Según un empadronamiento que la organización puso en marcha el año pasado, en el que hubo inscripciones hasta los últimos días, “hay más de mil familias con problemas de vivienda”, calculó. “También hay que tener en cuenta que cuando las quince hectáreas estaban ocupadas vino gente que se instaló en terrenos cercanos y los empleados de seguridad de Ledesma vinieron con camionetas y los sacaron carpiendo”, agregó.

La empresa Ledesma, propietaria de 130 mil hectáreas, difundió ayer un comunicado para aclarar que “donó a la provincia de Jujuy cerca de 200 hectáreas para urbanizar y construir viviendas”. Los Blaquier aseguraron que “son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la empresa” con el operativo policial. “Ni el personal que cumple funciones de vigilancia ni sus vehículos participaron del desalojo”, escribieron. Desde la CCC informaron que en la represión participaron policías uniformados y de civil, mientras que los empleados de seguridad de Ledesma, que en los días previos recorrieron el campamento en cuatriciclos, “estaban mientras se reprimía y miraban como si fuera una película”.

“Esta violencia indigna. Lamentablemente la historia de violencia y represión vuelve a repetirse en la provincia”, expresó el párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo. El titular de la Pastoral de Desocupados jujeña calificó de “injusto” y “descabellado” el operativo policial, explicó que los ocupantes son personas “desesperadas” que necesitan tierras para “levantar su ranchito”, y reclamó que se aclaren “de modo urgente” las responsabilidades por la represión. “Acá todos se lavan las manos. Los jueces le echan la culpa al poder político, el poder político a los jueces”, describió, y sugirió que estos hechos “indignantes” ocurren cuando “llamativamente se unen los poderes económicos y políticos”.

“Es el comienzo de una nueva vida”

El tribunal de General Roca juzgó a siete represores por los secuestros y las torturas a dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para Lucio Gerardo Pedernera, ex jefe de la policía provincial. Un comisario fue absuelto.

El gremialista Daniel Avalos, secuestrado y torturado en 1976, y Gladys Cofré, secretaria de DD.HH. provincial.

Por Diego Martínez

El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó ayer a penas de entre cinco y ocho años y medio de prisión a dos oficiales superiores del Ejército y a cuatro ex policías de la provincia de Río Negro, por delitos de lesa humanidad contra dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para el general de brigada retirado Lucio Gerardo Pedernera, de 85 años, ex jefe de la policía de Río Negro. “Para mí es el comienzo de una nueva vida porque me pude sacar de encima una pesada carga”, explicó el ex secretario general de la seccional Atlántica de la Uocra, Daniel Avalos. “Pienso en mi compañero (Carlos) Lima, que ya no está”, dijo en referencia a la segunda víctima, que murió en 2010, y destacó que “los imputados no tuvieron coraje para venir a escuchar el fallo, pero están en todo su derecho, los mismos derechos que nos quitaron a nosotros y que hoy gozamos todos los argentinos”.

Lima era colaborador de la Uocra seccional Sierra Grande, la ciudad donde fueron detenidos el 2 de abril de 1976. A Avalos lo llevaron de su casa. “La dieron vuelta”, declaró. Lima supo que lo buscaba la policía y se presentó en la comisaría. “¿Así que vos sos Lima?”, alcanzó a escuchar, rodeado por el cuerpo de Infantería. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba rapado. El viernes 5 fueron trasladados en camiones del Ejército hasta Viedma. En el trayecto, Avalos fue autorizado a defecar, aunque esposado a un soldado y apuntado con armas largas. En la Comisaría 1ª de Viedma, ocupada por militares, escucharon los primeros gritos de personas torturadas. Antes de que le colocaran la venda, Avalos alcanzó a ver el cable de una picana eléctrica.

Por las noches, vendados y atados, ambos fueron sacados de la comisaría durante varios días. Los trasladaban en jeep, presumen que a la desembocadura del Río Negro, a una zona conocida como La Boca, donde fueron interrogados, torturados y donde escucharon simulacros de fusilamiento. Avalos fue llevado luego a un sótano de la Escuela de Cadetes, bajo control militar. Durante la estadía lo trasladaron a la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, donde lo mostraron ante una secuestrada joven que se llamaría Graciela, para ver si lo reconocía. Lima no llegó a declarar en el juicio, pero por el testimonio de su esposa se supone que también lo llevaron al centro clandestino de la Armada. Avalos fue liberado el 20 de abril. Lima siguió preso en la Comisaría 1ª hasta el 5 de julio. Antes de liberarlo, el coronel Padilla Tanco le advirtió que se olvidara de los padecimientos “si es que aprecia a su familia”.

El comisario Rubén Alcides Codina (alias “Negro”, 71 años) y el oficial principal Víctor Manuel Lobos (75 años), jefe y subjefe de la comisaría de Sierra Chica, fueron condenados a ocho años y siete años y diez meses de prisión. Los suboficiales Sixto y Elfio Enrique Navarrete, que hoy tienen 82 y 51 años, prestaban servicios en el Cuerpo de Infantería. Los jueces Armando Márquez, Noberto Ferrando y Orlando Coscia condenaron al padre a siete años y medio de prisión y a siete años al hijo, quien según testimonios de secuestrados y admisión de sus superiores era el más violento con los detenidos. El coronel Néstor Rubén Castelli, de 81 años, que ya estaba retirado el 24 de marzo de 1976 cuando los dictadores lo designaron interventor militar de Río Negro, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Fue absuelto el comisario Alberto Mario Marasco, ex director de la Escuela de Cadetes de la policía. “La Justicia al fin puso orden en este caso. Después de tanto tiempo llegan los castigos”, celebró Avalos. “En este momento pienso en mi compañero Lima, que ya no está, y en tantos miles de compañeros de mi generación que ya no están, que nunca sabremos qué pasó con ellos y no tuvieron oportunidad de justicia”, añadió.

Esa mujer

Por Diego Martínez

La Presidenta estuvo acompañada por Amado Boudou, Hugo Moyano y Daniel Filmus, entre otros. (foto Leandro Teysseire)

La voz solemne del locutor por cadena nacional retumbó en la Avenida 9 de Julio a las 20.25. “Ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación”, arrancó lágrimas igual que hace 59 años. Las pantallas mostraron el velorio, los bombos guardaron silencio. Miles de hombres y mujeres levantaron antorchas y dedos en “V”. La imagen precedió la inauguración de la nueva postal de Buenos Aires: el retrato de Eva Perón, gigante, silueteado en hierro, sobre el lateral sur del Ministerio de Desarrollo Social. “Que sea símbolo de unidad de todos los argentinos, de superar viejas antinomias”, exhortó Cristina Fernández. “Que desde la historia nos enseñe que es necesaria la unidad nacional para lograr los grandes objetivos”, deseó la Presidenta, única oradora del acto.

Las imágenes de Evita que transformarán para siempre la iconografía urbana de Buenos Aires, inspiradas en el retrato de Ernesto Guevara en la Plaza de la Revolución cubana, serán en realidad dos. Anoche se descubrió la de rostro apacible que ilustró la segunda página de La Razón de mi Vida. “La quise mirando al sur, hacia las fábricas, hacia los puentes que miles de trabajadores cruzaron el 17 de octubre para liberar a Perón”, explicó la Presidenta. La otra imagen, en construcción, en la cara opuesta, se verá desde zona norte: la Eva Perón desafiante del 22 de agosto de 1951, aquella que les advirtió a dos millones de “queridos descamisados” que renunciaba a los honores, pero no a su puesto de lucha.

El acto de anoche, masivo, fue ante todo sobrio, prolijo. Hombres, mujeres y niños del conurbano, con banderas de caudillos, sindicatos y agrupaciones, bajaron de colectivos escolares y se mezclaron con otros miles que llegaron de a pie. Un chico rubio de unos cuatro años miró desde abajo y le pidió al cronista que le encienda su antorcha. “Todavía no”, ordenó la madre. Al pie del elefante blanco se escuchó el Discurso del Renunciamiento y se despacharon choripanes. La Juventud Sindical avanzó con Hugo Moyano y Omar Viviani a la cabeza, rodeado de camperas amarillas y negras de peones de taxis. Alguien ordenó “pasan los dirigentes, los demás se quedan”. Los acompañantes del líder de la CGT también acataron.

Minutos antes de la hora H, en el escenario sólo faltaba la Presidenta, que ingresó secundada por su ministro de Economía y compañero de fórmula, Amado Boudou. En primera fila se sentaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La acompañó todo el gabinete, más el senador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Daniel Filmus, y los gobernadores de Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos: Daniel Scioli, José Luis Gioja y Sergio Urribarri.

El video que repasó la vida de Eva despertó las emociones más profundas de la noche. “Se que recordarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, leyó un hombre de piel curtida antes de gritar “grande, Evita”. Las imágenes de su breve carrera política se intercalaron con las del armado del retrato de acero de cobre de quince toneladas, obra del escultor Alejandro Marmo y del pintor Daniel Santoro. Un aplauso cerrado acompañó el descubrimiento de la imagen, de 31 metros por 24 de ancho, y se transformó luego en canto: “Borombombom/ para Cristina/ la reelección”.

“Va a ser una noche absolutamente inolvidable”, arrancó la Presidenta, y recordó cuando declaró a Evita como “Mujer del Bicentenario”. “Entonces vi la maqueta, hecha con inmenso amor y respeto”, dijo. “No es sólo una representación política, Eva Perón es un ícono cultural e histórico de todos los argentinos”, precisó acentuando el todos.

La idea surgió frente a la imagen del Che en el Ministerio del Interior cubano, recordó. “¿Cómo es posible que una sociedad rinda homenaje a un hombre que no es de su país y nosotros no lo hagamos con una mujer que significó no sólo el ingreso de la mujer a la política, no sólo la revolución social más importante del país, sino que asumió sin cortapisas la representación del pueblo y de la patria, tal vez con más pasión y amor que nadie?”, se preguntó aquella tarde de 2009 la Presidenta. Encomendó la misión al secretario Oscar Parrili. Luego descubrieron que el herrero Marmo ya había planteado la propuesta.

La mandataria contó que ella misma eligió las imágenes. La que inauguró fue la primera que vio en su vida, dijo. “Fue la Evita hada, dadora de dones, generosa”, describió. La que se podrá ver desde las torres de la Recoleta y Avenida del Libertador será “la Evita profunda, política, combativa, que se envolvía en la bandera y ofrecía generosa su vida, consumiéndose”, recordó. Celebró la premonición del locutor que anunció el “pase a la inmortalidad” y describió las pasiones encontradas que entonces generaba Evita: “La más odiada pero la más amada, la más agraviada pero la más venerada, hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a decir, de todos los argentinos”, machacó el todos.

“Esa mujer, desde el fondo de la historia, nos enseña que nada se obtiene sin sacrificio, que enfrentarse a los poderosos tiene un precio”, explicó. “Queremos rendirle homenaje en nombre de todas las mujeres, de los jóvenes que levantan su nombre, de los millones de trabajadores que han recuperado sus puestos de trabajo, de los intelectuales, de los científicos que confían en que una patria mejor merece y puede ser construida”, concluyó.

Los represores votan Midachi

La “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, que simpatiza con la candidatura de Eduardo Duhalde, anticipó su apoyo a Del Sel en las elecciones del domingo en Santa Fe. Revelaron que están trabajando en su campaña.

Por Diego Martínez

El candidato del PRO, Miguel Del Sel, tiene el respaldo de los involucrados en causas por la represión.

Los nostálgicos de la capucha anticiparon su voto para las elecciones santafesinas. Según la “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, creada por condenados y/o procesados por crímenes de lesa humanidad con el fin supremo de “lograr la libertad” de sí mismos, “la Familia Militar, de las Fuerzas de Seguridad y muchos civiles tiene tomada la decisión de votar por el candidato que representa la voluntad plenamente opositora al Gobierno”. El elegido por los seguidores de Eduardo Duhalde, que en la presentación de su fórmula abogó por “cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia” pero para los represores “ha asumido un compromiso concreto en relación con nuestros intereses finalizando definitivamente con los juicios” (Circular 12, 7/7/11), no es otro que Miguel Del Sel, el cómico a quien Mauricio Macri convenció para que se postulara en nombre del PRO, según contó el jueves ante la animadora Susana Giménez. El PRO tiene al menos otro candidato consustanciado con la causa de la impunidad: el abogado Néstor Oroño, defensor de represores santafesinos, entre otros el condenado civil de inteligencia y violador de secuestradas Horacio Américo Barcos.

La Uppra es el último sello de los militares y civiles que reivindican el terrorismo de Estado y que a un lustro del inicio de los procesos sigue teniendo como mascarón de proa a Cecilia Pando. La primera “circular” de la agrupación, el 13 de mayo, puede leerse en la web de la más antigua “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos” (AFyAPPA), que incluye entre sus secciones a la revista B1, ahora rebautizada como Madriz, y a la columna de reflexiones “Pensando con Cecilia”.

“Somos más de mil procesados, encarcelados, etcétera”, se presenta la Uppra, sin nombres y apellidos. “Estamos transitando una nueva etapa del conflicto iniciado en los setenta”, explican, y “queremos involucrarnos directamente” debido a “la extrema importancia que adquiere el próximo proceso electoral en razón de las consecuencias que su resultado pueda tener en el futuro de la Patria y en particular sobre el nuestro”, se sinceran en su carta de presentación. Admiten que en procesos penales son indefendibles (“sabemos que la solución del problema es de carácter esencialmente político”) y agradecen a los sellos que los precedieron: AFyAPPA, los Hijos y Nietos (HyNPPA), y los Abogados por la Justicia y la Concordia, el “apéndice para tareas sucias” de la Corporación de Abogados Católicos, según la definición del titular del CELS Horacio Verbitsky.

“La creación de la Uppra tiene por objeto lograr la libertad de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles que permanecen en cautiverio debido a supuestos ‘delitos de lesa humanidad’”, precisaron a principios de mayo los represores, que sólo omitieron a los religiosos en la enumeración. La liberación “deberá producirse en un plazo perentorio –rogaron–, mediante el pleno restablecimiento de la vigencia de la Constitución y de los Derechos y Garantías que de ella emanan”. Aseguraron que “no habrá en nuestra Patria plena vigencia del Estado de Derecho y la correlativa Seguridad Jurídica mientras perdure nuestra situación” y propusieron “apoyar a todas las organizaciones, personas y fuerzas políticas que se comprometan activamente a promover nuestra libertad y que exhiban para ello las acciones y compromisos pertinentes”.

Las circulares posteriores sugieren escasa acogida. El 1º de junio informaron sobre la creación de “pelotones en cada localidad con tareas de reclutamiento y propaganda” pero nunca informaron a qué candidatos apoyan. Ante las elecciones porteñas aclararon que no apoyaban a López Murphy porque nunca mencionó “el tema de los presos políticos” y reivindicaron a Duhalde sin mencionar a su delfín, Jorge Todesca. Del Sel es el primer candidato al que apoyan explícitamente. “Hay camaradas, familiares y amigos trabajando intensamente en Santa Fe y Rosario, involucrándose en la campaña y como fiscales”, escribieron. “Las elecciones en Santa Fe serán un nuevo hito en la carrera descendente del kirchnerismo”, se esperanzan.

El riesgo de develar secretos

En julio de 2004, el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz expuso en la televisión el rostro de Antonio Stiuso y apuntó a la Secretaría de Inteligencia como responsable de su renuncia. El martes empieza el juicio por violación de secreto.

Por Diego Martínez

El ex ministro de Justicia Gustavo Beliz se radicó en los Estados Unidos.

“Me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina: SIDE”, dijo el flamante ex ministro Gustavo Beliz el 25 de julio de 2004 en el programa Hora Clave. Diez días antes un centenar de supuestos manifestantes había atacado la Legislatura porteña con piedras y bombas caseras. Beliz era debajo del presidente Néstor Kirchner la máxima autoridad en materia de seguridad interior y un grupo de encapuchados lo había ridiculizado. “Es la palabra maldita porque en ese ámbito se ocultan las cajas más negras y los manejos más sucios”, denunció Beliz ante Mariano Grondona. “La maneja un hombre al que todo el mundo le tiene miedo y es bueno que todos conozcan su cara”, agregó, y mostró en cámara la foto de Antonio Horacio Stiuso, alias El Ingeniero, Aldo Stiles o Jaime. Por hacer público el rostro de Stiuso, que en 2012 cumplirá cuarenta años en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Beliz será juzgado a partir del martes por el Tribunal Oral Federal 3, acusado de “revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad”, penado con entre uno y seis años de cárcel.

La actual Secretaría de Inteligencia es el único organismo del Estado sobre el que aún resulta imposible conocer los nombres de sus agentes durante la dictadura. El CELS lo solicitó formalmente en 2006 y todavía espera respuesta. En el caso de Stiuso, según publicó el periodista Gerardo Young en el libro SIDE. La Argentina secreta, se sabe que prestó servicios en 1978 para el general de brigada Carlos Alberto Martínez, entonces jefe de la central que concentraba junto al Batallón 601 la información sobre la represión ilegal. Debajo de Martínez operaba el coronel Rubén Visuara, de quien dependía el centro clandestino Automotores Orletti, quien falleció en febrero antes de escuchar su sentencia. Se ignora el destino específico de Stiuso en 1976 y 1977. Se sabe, en cambio, que en mayo de 2004 participó del casamiento del hijo de Visuara.

Beliz fue el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del presidente Kirchner, quien “lo echó sin darle oportunidad de respuesta”, según informó entonces Página/12. “Me echaron por teléfono, por nombrar la palabra maldita”, se desquitó ante Grondona. “Dejo la política, estoy desilusionado”, confesó. Antes dijo que la SIDE manejaba “más de 200 millones de pesos”. “Es una especie de agujero negro, se manejan fondos sin rendición de cuentas”, denunció. “La SIDE le ha hecho cometer al presidente papelones internacionales, como la causa AMIA”, dijo, y agregó que “constituye un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control”. “La maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los gobiernos y se llama Jaime Stiuso”, declaró, antes de radicarse en los Estados Unidos. Beliz fue procesado por el juez Sergio Torres. Durante su declaración indagatoria argumentó que no era ningún secreto que Stiuso era jefe de contrainteligencia de la SIDE y que su foto la había recibido en un sobre anónimo. El TOF-3 que lo juzgará está integrado por Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere y Miguel Pons.

Vuelos: Poch vuelve a Marcos Paz

Por Diego Martínez

Julio Poch fue detenido en España en 2009 pero después consiguió recuperar su libertad.

El ex piloto naval Julio Alberto Poch volvió al penal de Marcos Paz. Siete meses después de que la Cámara Federal porteña ordenara liberarlo y encomendara profundizar la investigación sobre su participación en los vuelos de la muerte, que relató en 2003 ante compañeros de la aerolínea holandesa Transavia, el juez federal Sergio Torres lo procesó con prisión preventiva y embargó sus bienes por 41 millones de pesos. El magistrado les volvió a tomar declaración por exhorto a todos los testigos que había escuchado en persona a fines de 2009 y refutó uno a uno, en 1130 fojas, los argumentos de los tenaces abogados del piloto. Poch es el tercer marino procesado gracias a los testimonios de quienes escucharon relatos en primera persona sobre ejecuciones desde aviones en vuelo y en lugar de llevarse el secreto a la tumba decidieron colaborar con la Justicia.

Poch fue detenido en España durante su último vuelo como piloto comercial en septiembre de 2009. Torres escuchó a los testigos y nueve meses después lo procesó. En octubre pasado, luego de un arduo trabajo del abogado Gerardo Ibáñez, que viajó al Reino de los Países Bajos y gestionó declaraciones ante escribano de compañeros y amigos de su cliente, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun declararon la nulidad del procesamiento y le ordenaron a Torres reforzar la prueba. El juez cursó entonces a Holanda una serie de cuestionarios con medio centenar de preguntas para una docena de testigos.

Tim Weert y Edwin Reinoudt Brouwer, pilotos de Transavia, volvieron a reconstruir el diálogo, que comenzó cuando el segundo elogió la belleza de la princesa Máxima. “Lástima que tenga ese padre”, dijo, en referencia a Jorge Zorreguieta, ex ministro de Videla. Poch “se transformó en un fanático”, recordaron.

–Desapareció tanta gente. Zorreguieta debe haber sabido...

–No sabía nada –intervino Poch–. Yo sí sé –agregó, y empezó a hablar de los vuelos en primera persona del plural.

–¡Qué espantoso que hayas tenido que hacer eso! –reaccionó Weert.

–Ustedes no saben nada. Tienen que comprender que era una guerra, donde muere gente de ambos bandos, es normal. Vos ni habías nacido –apuntó a Weert, paralizado. Poch habló luego de personas “que murieron a su lado”.

–Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso? –insistió Weert.

–Eran terroristas de izquierda. No merecían nada mejor –respondió Poch.

–¿Por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas Madres de las pancartas?

–Deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas. Deberíamos haberlos matado a todos –retrucó Poch.

–Es un modo inhumano de ejecutar gente...

–Estaban drogados –justificó.

–¿Cómo hiciste eso? –preguntó Brouwer.

“Julio estrechó su mano derecha horizontalmente hacia adelante e hizo un movimiento rotatorio. El costado derecho de su mano se inclinó un poco hacia abajo. Aún se lo veo hacer”, recordó. Weert se levantó sobresaltado. Brouwer lo empujó para que sentara. “Sentí que la situación se iba de las manos”, explicó. “Fue el final del diálogo”, agregó. “Julio fue muy auténtico y hasta hoy creo su historia”, ratificó Weert. “Hay personas que saben más y no se atreven a comparecer”, sugirió. Brouwer escuchó “a copilotos y personal decir ‘a mí me lo contó’” pero no dio nombres.

La resolución de Torres desmenuza los relatos gestionados por Ibáñez. Todos los testimoniantes tienen buen concepto de Poch, pero poco aportan sobre la confesión: siete no estuvieron en la cena, el octavo estuvo, pero no presenció el diálogo. Frederik van Heukelom dijo no haber escuchado la confesión, pero de sus e-mails surge que recibió indicaciones sobre qué declarar y encomendó a sus destinatarios borrar los correos. Torres deja constancia de que “amigos o conocidos de Poch” trataron “de influir sobre los testigos para mejorar la comprometida situación del imputado”.

Otra “prueba fundamental” es una nota agregada al legajo de Poch firmada por el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Antonio Vañek, quien destacó que Poch había desempeñado una “comisión” entre el 2 de mayo y el 1º de junio de 1978. “Evidenció buenas condiciones para adaptarse y obtener positivos logros en las especiales tareas impuestas”, apuntó. Para Torres, la “felicitación” es “muy sugestiva” porque de los legajos de Poch “no surge dato alguno que permita inferir a qué lugar o misión estuvo destinado en ese período” y porque la nota la firmó un marino “cuyo vínculo con el grupo de tareas 3.3 se encuentra sobradamente acreditado”.

diemar75@gmail.com

Duhalde-Das Neves, cruzados del orden

Con un discurso con eje en la idea de reprimir el delito y poner orden, Duhalde se mostró junto al gobernador de Chubut en el Sheraton. Anunció también la candidatura de Camaño en la provincia y de Todesca en Capital.

Mario Das Neves y Eduardo Duhalde anunciaron el respaldo de la Democracia Cristiana y el MID.

Publicado en PáginaI12.

Eduardo Duhalde y Mario Das Neves anunciaron ayer formalmente en el Hotel Sheraton la fórmula para competir en las elecciones presidenciales. “Necesitamos poner orden en este bendito país”, arengó el eterno piloto de tormentas de Lomas de Zamora, que enarboló como banderas “el hambre cero”, “la prevención y represión del delito” y la “concepción integral de los derechos humanos”. El gobernador de Chubut arremetió contra el gobierno nacional, al que calificó como “una banda”, y parafraseó a Beatriz Sarlo para dirigirse al jefe de Gabinete: “Conmigo no, Aníbal. Con nosotros no. Somos peronistas y nos conocemos”. Duhalde hizo un último guiño a los partidos que enfrentan “la caída de las instituciones” y anunció las candidaturas de Graciela Camaño en la provincia y de su ex viceministro de Economía Jorge Todesca en la ciudad de Buenos Aires.

Primero habló Das Neves, ovacionado por sus seguidores, mayoría en el Sheraton. “Les ganamos dos veces y vamos a seguir”, arrancó el chubutense, que amagó con renunciar a la política cuando vio peligrar la continuidad en sus pagos. Luego introdujo un matiz más bien K: “Pertenezco a una generación donde las utopías tenían un peso importante”, recordó y criticó “el falso progresismo”. “Nos quieren vender cosas con metodología propagandística”, dijo, y reivindicó a Martín Redrado, en primera fila. Dijo que el ex presidente del Central “puso el banco a trabajar para la gente” contra la voluntad de Néstor Kirchner, quien ante un pedido de “una mano” de Das Neves le habría respondido “dejá ese banco a los privados”.

Das Neves describió al Gobierno como “una banda que se sirve del Estado”. “Conmigo no, Aníbal. Con nosotros no. Somos peronistas y nos conocemos”, parafraseó a Sarlo para desmentir “que acá están los malos y allá los buenos”, idea que atribuyó al jefe de Gabinete. El chubutense aseguró que “el Estado oculta en forma perversa hechos de corrupción”, recordó que “fui parte de la gloriosa JP” y provocó a una juventud que no identificó: “Nosotros no peleábamos por cargos, no nos daban chequera ni nos mandaban de buchones a las empresas”. Por último, dijo que “con el blanqueo de los aportes no remunerativos” consiguió pagar “el 82 por ciento móvil a los jubilados”, logro que pretende aplicar en la Nación.

Los alfiles de Duhalde se sentaron en primera fila: Chiche, Camaño, los gremialistas Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas, Ramón Puerta, Carlos Brown, Miguel Angel Toma, Redrado y Javier Castrilli. “Dos presidenciables han tomado la decisión de trabajar juntos”, celebró Duhalde. Saludó a los trabajadores y dijo que “es mentira que haya un siete por ciento de desocupación”. Fundó su certeza en “las cartas que recibe Chiche con pedidos de trabajo”. Saludó “a los jóvenes” y aseguró que “no necesitamos más enfrentamientos ni más muertes”, aclaración relevante para quien debió adelantar su salida por la masacre del Puente Pueyrredón (luego diría que un objetivo de su interinato fue “construir la paz sin cascos ni bayonetas”). El tercer saludo fue para las Fuerzas Armadas. “Se las confunde con las de la dictadura”, dijo para alegría del Ñato Rico (ver aparte). Sugirió que están “arrinconadas” y “las estamos desperdiciando, igual que a las fuerzas policiales”. Contó que los policías tucumanos hicieron una huelga porque cobran 1800 pesos y reflexionó que por los bajos sueldos “se pasan a las filas del adversario”.

Duhalde agradeció a “dos partidos muy importantes” que lo respaldarán en la campaña: la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que “dio el más grande estadista que tuvo la Argentina”, en referencia a Arturo Frondizi, cuya imagen complementó los rostros de los candidatos en la pantalla de fondo. Después anunció las postulaciones: Camaño en provincia, Todesca en Ciudad, Puerta en Misiones y el midachi Miguel Del Sel por Unión-Pro en Santa Fe. Elogió a Camaño por el reconocimiento de sus pares y la diferenció del gobernador Daniel Scioli, sin nombrarlo: “Necesitamos un gobernador real. El actual, con suerte va a poder elegir a su secretario”, chicaneó.

“Necesitamos poner orden en este bendito país”, arengó. Vinculó orden con “competitividad” y propuso “terminar con el fantasma de la inflación”. Prometió “hambre cero” a partir de la “renta básica del ciudadano”. “Lo segundo lo pide la gente: prevención y represión del delito. Debemos gastar mucho dinero en eso”, recetó. Tercero: derechos humanos “integrales”.

Cerró con un mensaje al resto de la oposición. “A pesar de que naturalmente tuvimos problemas con otras fuerzas partidarias, hago llegar mi respetuoso saludo a las fuerzas que enfrentan la caída de la institucionalidad”, dijo y enumeró: socialismo, radicalismo, Frente Cívico y al “compañero de tantas batallas”, al que dejó plantado en la interna del fenecido Peronismo Federal: Alberto Rodríguez Saá. “Suerte”, le deseó.

El Ñato Rico, sin betún y resignado

“Hay que cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia”, afirmó Eduardo Duhalde, quien meses atrás visitó en la cárcel a condenados por crímenes de lesa humanidad, quien supo contar con el apoyo de la apologista del genocidio Cecilia Pando y convenció a represores presos para que pidieran votar en la interna del Peronismo Federal. El único matiz que agregó a la consigna de los organismos fue “sin aprietes políticos e ideológicos a los jueces”, tema que había mencionado durante su lanzamiento en el Luna Park, siempre sin precisiones ni ejemplos.

–¿Qué piensa de la política de memoria, verdad y justicia que Duhalde acaba de respaldar? –le preguntó Página/12 al ex carapintada Aldo Rico, candidato a intendente de San Miguel.

–Pienso lo mismo que le dije a Alfonsín en 1987: tiene que haber una solución política.

–¿Le preocupa no compartir la política de su aliado?

–Yo pienso lo mismo. Hubo 16 mil muertos, tiene que haber justicia de los dos lados.

–¿Hablan del tema con Duhalde?

–No, no lo hablamos.

Cinco procesados por los vuelos

El abogado Gonzalo Alvarez de Tolosa, que visitaba la ESMA, y los pilotos de Aerolíneas Enrique de Saint Georges y Mario Arru –en funciones hasta su detención– están entre los procesados. Tres prefectos ahora en la mira judicial.

Por Diego Martínez
El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.

El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.

El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.

El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los embargó por 56 millones de pesos.

diemar75@gmail.com